Subsecretaria de Educación en el Estado, Morelia, Michoacán

Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1141/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Subsecretaria de Educación en el Estado, Morelia, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta se provee: AUTO CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio, en el que se desechó de plano la demanda que promovió; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. ARCHIVO DEFINITIVO. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este juzgado, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción del cuaderno en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, específicamente en el artículo 20, fracción IV. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, hágase saber a la parte promovente que, para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  2. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1141/2023. De conformidad con la fracción I, del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la integración de todo documento electrónico o digitalizado por medio de la Firma Electrónica que cuenta con los permisos necesarios, como la FIREL, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por sus características representen una imposibilidad material para su digitalización, con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General en consulta, se integrarán únicamente al expediente físico o, en su caso, al cuaderno auxiliar que se forme con motivo del presente asunto, ello en atención a la relevancia de éstas. Por tanto, el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, ya que de conformidad con la fracción XII, del artículo 3 del ordenamiento legal referido, será el expediente electrónico el que tendrá validez para consulta de las partes. CONSIDERACIONES PREVIAS. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. En términos de dicha norma, el motivo de improcedencia debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; asimismo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Lo anterior significa que aún con la tramitación del juicio, la causa de improcedencia advertida no desaparecería, es decir, ni los informes justificados o las pruebas que se alleguen, cabría la posibilidad de desvanecerla, ya que de lo contrario, no se justificaría el desechamiento de la demanda. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido establecen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado atribuido a la Subsecretaria de Educación del Estado de Michoacán, por la promovente de amparo ************** es el siguiente: La falta de contestación al ocurso presentado el diez de julio de dos mil veintitrés y, consecuentemente, la falta de notificación personal. Escrito en el que la promovente de amparo solicitó a la responsable que se diera cumplimiento a su nombramiento de *******************, con clave de centro de trabajo ************* y, de ese modo, se le adscriba a dicho centro educativo para realizar las funciones que tiene a su cargo. Una vez precisado el acto reclamado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5o., fracción II, del mismo ordenamiento legal, porque la violación al derecho de petición no nace en una relación de supra a subordinación, propia de los actos de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio constitucional. El primer precepto dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5, fracción II, párrafo primero, indica que las autoridades responsables son las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado.******** Criterio antes invocado que -desde luego- fue emitido con la vigencia de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, en la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no se hizo otra cosa más que recoger algunas de las anteriores notas distintivas para establecerlas expresamente en el artículo 5, fracción II, de la nueva Ley de Amparo. Actualmente, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u organismo del Estado (autoridad con independencia de su naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que omita el acto respectivo. Empero, la circunstancia de que no se haya establecido en la Ley de Amparo que debe de existir entre el ente de hecho o de derecho y el quejoso una relación de supra a subordinación, no significa que deje de ser un requisito fundamental para determinar si se trata o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues estimar lo contrario implicaría reconocer que cualquier acto podría ser materia del juicio constitucional, desconociendo la jurisdicción común de los órganos que dirimen controversias judiciales en el plano de las relaciones de coordinación. En ese sentido, debe mencionarse que las relaciones jurídicas de coordinación, al entablarse en un plano de igualdad, ninguno de los sujetos actúa como autoridad y, por ende, los actos realizados por los mismos no pueden ser actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; mientras que en las relaciones jurídicas de subordinación y de supraordinación, sí se pueden suscitar actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que al intervenir en ellas uno o más órganos del Estado que unilateralmente imponen su voluntad, pueden afectar la esfera jurídica de los gobernados. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia invocada en el caso particular, debe precisarse que la peticionaria de amparo reclama la falta de contestación al ocurso presentado el diez de julio de dos mil veintitrés y, consecuentemente, la falta de notificación personal. En efecto, del escrito inicial así como de los anexos adjuntos a éste, se evidencia que la promovente de amparo, resultó vencedora del proceso de selección para la promoción vertical en educación básica, de modo que le expidieron nombramiento como *******************, con clave de centro de trabajo * ************; sin embargo, a la fecha se ha visto imposibilitada para ocupar dicho cargo, de ahí que solicitó a la Subsecretaria de Educación del Estado de Michoacán se le adscriba a ese centro educativo con el objeto de realizar las funciones que tiene a su cargo, mediante ocurso presentado el diez de julio pasado, cuya omisión de respuesta constituye el acto reclamado en el juicio en que se actúa. En ese sentido, la petición contenida en el escrito cuya omisión de una respuesta reclama, nace en el plano de coordinación derivado de la relación laboral que emana del carácter de trabajador de la educación con el que la presenta, y con un contenido de la misma naturaleza, ya que solicita se dé cumplimiento al nombramiento que ostenta y, consecuentemente, se le adscriba al centro educativo estipulado en éste. De ahí que, a pesar de que reclame violación al derecho de petición, la señalada como autoridad responsable no lo es para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que la petición nace en una relación de coordinación, al ser de naturaleza laboral las cuestiones que se solicitan.**** De igual forma, para orientar lo anterior, tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que reza:***** Así pues, se insiste, la circunstancia de que la dependencia señalada como "autoridad responsable" no haya dado contestación al escrito mencionado y tampoco le hayan notificado, no son actos de autoridad de supra a subordinación, sino que surgen en una diversa, esto es, en una relación de coordinación, la cual se entabla en un plano de igualdad con la quejosa, es decir, dentro del ámbito del derecho privado que rige las relaciones entre particulares, mas no en ejercicio de funciones propias del Estado, de modo que no puede ser considerado como acto u omisión de autoridad para efectos del juicio constitucional.*** Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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