Stefanie Jocelyn Arellano García

Expediente 144/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
144/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Titular del Hospital General de Zona Medicina Familiar Número 01 de la Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ensenada, Baja California. Tijuana, Baja California.
  • Stefanie Jocelyn Arellano García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 144/2023-G, promovido por Stefanie Jocelyn Arellano García, contra actos del Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social -en su denominación correcta-; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el trece de febrero de dos mil veintitrés, Stefanie Jocelyn Arellano García, por conducto de Marcos Guillermo Robertson Andrade, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal, contra el acto y autoridad que a continuación se precisan: Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social -en su denominación correcta- "IV.- ACTO RECLAMADO 1. LA OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL, EN CUANTO A QUE ME ENCUENTRO EN ESTADO DE EMBARAZO de alto riezgo ya que igualmente padezco de diabetes asi como hiertencion, ES EL CASO QUE LA NEGACION A LA ATENCION MEDICA INTEGRAL ES NECESARIA PARA PRESERVAR LA VIDA DEL QUEJOSO, ASI COMO DE SU PRODUCTO, COMO DERECHOHABIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, TAL CUAL LO ACREDITO CON EL NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL 18169931401 , PONIENDO EN RIESGO SU VIDA." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales constitucionales vulnerados, los consagrados en los artículos 1, 4 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en acuerdo de trece de febrero de dos mil veintitrés, ordenó el registro de la demanda con el número 144/2023, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se ordenó la ratificación de la misma. Mediante constancia de notificación realizada el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la directamente agraviada Stefanie Jocelyn Arellano García, ratificando la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y sin que existan terceros interesados, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos omisivos atribuidos a una autoridad administrativa con competencia en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que el acto atribuido al Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social -en su denominación correcta-, es: La omisión de brindar atención médica integral a la quejosa Stefanie Jocelyn Arellano García. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad -en su denominación correcta- fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para ello; por lo que con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierta la existencia de los actos que se les reclaman. Sin embargo, dicha presunción se desvirtúa con lo informado por la propia autoridad responsable al momento de rendir el informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como con las documentales que anexó al mismo; de los cuales se advierte que la última consulta a la que acudió la quejosa fue el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en a la unidad "HGR 1 Tijuana", además que dicha autoridad no cuenta con evidencia de que la agraviada haya acudido a solicitar atención médica de forma urgente y finalmente que después de realizar una búsqueda en los sistemas institucionales, se obtuvo que la quejosa no cuenta con afiliación como trabajadora ante ese Instituto Mexicano del Seguro Social desde el tres de febrero del año en curso y tampoco se encuentra en periodo de conservación de derechos en términos del numeral 109 de la Ley del Seguro Social. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 133, 197, 202 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar al haber sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, como se aprecia de lo antes narrado, son inexistentes los actos reclamados a la autoridad Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin que la parte quejosa ofreciera medio probatorio idóneo tendente a desvirtuar dicha negativa, no obstante que en su momento se impuso del contenido de dicho informe. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV (Febrero de 2002), visible en la página 903, cuyo rubro establece: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Lo anterior ya que con las documentales allegadas por la responsable se puso de manifiesto que son inexistentes los actos a esta atribuidos, pues por un lado no existe constancia de que la quejosa haya acudido al área de urgencias a solicitar atención médica, y por otro, que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (trece de febrero de dos mil veintitrés), la quejosa tuviera la calidad de derechohabiente activa del Instituto Mexicano del Seguro Social, para así, generar la presunción de certeza de los actos combatidos en esta instancia. Finalmente, no pasa inadvertido para la suscrita, la existencia del medio de prueba aportado por la parte quejosa consistente en: Impresión de constancia de presentación de movimientos afiliatorios del Patrón o Sujeto Obligado con Nombre o Razón Social VICOOPSE SC DE RL DE CV con Registro Patronal Z3152679109. Lo anterior porque aún y cuando el mismo goza de valor probatorio pleno en términos de los artículos 202 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el mismo por sí solo es insuficiente para tener por demostrado el acto reclamado, ya que de éste solo se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se realizó el movimiento consistente en alta afiliatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social de la quejosa Stefanie Jocelyn Arellano García, sin embargo con ello no se acredita que -al trece de febrero de dos mil veintitrés- en que se presentó la demanda de amparo, aquélla fuera derechohabiente activa del Instituto Mexicano del Seguro Social o se encontrara en periodo de conservación de dichos derechos, como lo prevé el numeral 109 de la Ley del Seguro Social. Apoya lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." En tales circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO, por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Finalmente, no se desatienden las manifestaciones de la autoridad responsable en el informe de suspensión de plano, en el sentido de que se proceda a dar vista Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en virtud de que la quejosa afirmó hechos falsos en la demanda de amparo; sin embargo, no es procedente proveer de conformidad dicha petición en virtud de que, si bien, como quedó asentado no se demostró la existencia de los actos reclamados, hasta esta etapa procesal, no se tiene conocimiento de la posible comisión de un delito en términos de lo dispuesto en la fracción I del numeral 261 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, queda expedito el derecho de la autoridad responsable, para que, en caso de advertir la posible comisión de un hecho delictivo, haga valer los medios necesarios a su alcance en la vía y forma que estime conducentes. Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63 fracción V, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Stefanie Jocelyn Arellano García, contra actos del Director del Hospital Regional Número 01 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Titular del Hospital General de Zona Médica Familiar Número 1 de la Dirección de Prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, para efecto que de manera inmediata se le preste la atención médica necesaria a ********************y, de ser necesario, se le otorgue un tratamiento especializado en relación con el resultado de la valoración médica que se le practique por parte del personal médico de dicha institución de salud; así también, se le suministren de manera inmediata los medicamentos que, en su caso, le sean necesarios con motivo de su embarazo y los padecimientos de diabetes e hipertensión que refiere el promovente; debiendo dictar la autoridad responsable "en el ámbito de su competencia" todas las medidas para que a la ahora quejosa se le brinde la atención médica necesaria para el estado de salud en que se encuentra"; asimismo, se le requirió informara el cumplimiento a lo anterior dentro del plazo de veinticuatro horas, sin que lo realizara, no obstante estar debidamente notificado el catorce del mes y año en curso, como se advierte del acuse de recibo del oficio correspondiente. En ese tenor, a efecto de que la suscrita cuente con los elementos necesarios para constatar el cumplimiento de la suspensión de plano decretada, con fundamento en los artículos 75 y 126 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Titular del Hospital General de Zona Médica Familiar Número 1 de la Dirección de Prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, para efecto que en el término de veinticuatro horas, legalmente computado informe el cumplimiento a la suspensión de plano decretada el trece del mes y año en curso; asimismo; remita fotocopia certificada, legible, completa y en orden cronológico de las constancias que acredite lo anterior. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó; es decir, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Por otra parte, vista la constancia actuarial de cuenta, se desprende que la directamente agraviada ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la misma en sus términos. Incidente de suspensión. Sin que se ordene la apertura por duplicado y por separado del incidente de suspensión, toda vez que mediante determinación de trece de febrero del año en curso, se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ende, se requiere a los intervinientes a efecto de que si es su interés acudir a la celebración de la misma, o de las actuaciones subsecuentes se tenga que desahogar alguna prueba que implique la presencia de alguna persona, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado con la debida anticipación para estar en condiciones de realizar los trámites necesarios de acceso al órgano jurisdiccional, y ordenar su desahogo mediante videoconferencia, acorde con lo establecido en el acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo. .Intervención del Agente del Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiérasele también para que remita copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Ahora, en aras de una impartición pronta y expedita en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se solicita atentamente se sirva rendir su informe justificado preferentemente a través de algún convenio de interconexión, intercomunicación y/o colaboración, incluso correo electrónico institucional 15jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; con la Firma Electrónica -de contar con ella-,dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, se hace de su conocimiento que en caso de presentar los comunicados respectivos a través de la vía electrónica, deberá estampar la firma electrónica a fin de que pueda tenerse por legalmente rendido, y en el caso de encontrarse imposibilitada para firmar electrónicamente, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se encuentra imposibilitado para firmar electrónicamente, lo que no excluye a la potestad responsable de las sanciones legales correspondientes en caso de ser omisa con lo anterior, en términos de la fracción III del numeral 52 bis del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Se apercibe a dicha responsable que de ser omisa al rendir el informe justificado solicitado, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberá aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3º.17 K (10ª.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Se apercibe a dicha responsable que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año dos mil veintidós mil veintitrés. Notificación de las autoridades. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente le serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o notoria causa de improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no comunicarla, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de treinta unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con vente centavos moneda nacional); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (para el año dos mil veintidós mil veintitrés. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado. Sin que por el momento haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto se reciba el informe con justificación y este órgano jurisdiccional advierta la existencia del mismo, en torno a lo establecido en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar a la directa agraviada Stefanie Jocelyn Arellano García, las determinaciones de trece y quince de febrero del año en curso ya que al constituirse en el domicilio respectivo, no logró ser atendido por persona alguna. Por lo anterior, dada la naturaleza de los actos en esta vía reclamados; se comisiona al actuario de la adscripción, a fin de que constante si en el número de telefónico de la directa agraviada proporcionado por el promovente (6642512030) es posible establecer comunicación con la misma, y de ser así, le cuestione sobre el domicilio o el lugar en que puede ser localizada. Por ello, en caso de que el fedatario obtenga resultados positivos, deberá constituirse en el domicilio que le indiquen sin previo acuerdo y realizar la encomienda descrita en proveído de trece del mes y año en curso. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la directa agraviada ************ y cúmplase.

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