Sonia Hernández Álvarez

Expediente 1498/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1498/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Sonia Hernández Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente de la Subdirección de Juicios de Amparo de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, en atención a su contenido, téngasele informando que no se localizó registro o datos de 1 Sou Jianning y 2 Li Yang. Sin que sea el caso de hacer mayor pronunciamiento con relación a Li Yang, ya que por acuerdo de veintiuno de noviembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento. Ahora, en atención a lo informado por la autoridad oficiante en el sentido de que no cuenta con información del quejoso Sou Jianning, y que del estado de autos se advierte que el veintitrés de octubre de dos ml veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo, Coyotepec, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Sonia Hernández Álvarez, en favor de Sou Jianning, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad y de otras autoridades, mismos que se hicieron consistir en: Detención fuera de procedimiento. Incomunicación por retención en el aeropuerto. Traslado de estación migratoria con fines de expulsión. La negativa de librar oficio de salida. Inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de la Ley de Migración. La negativa de devolver los documentos de identificación. La falta de fundamentación y motivación de la excesiva e inconstitucional garantía por el monto de $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que solicitan las responsables por cada uno, para poder salir amparados bajo el artículo 102 de la Ley de Migración. La falta de atención médica. Por lo que se decretó la suspensión de plano, la que convalidó este órgano jurisdiccional al aceptar la competencia planteada, además, de la constancia actuarial de veintitrés de octubre del año en curso, la fedataria del juzgado exhortado, hizo constar que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, fue atendido por un Agente Federal de Migración, quien le informó que después de realizar una búsqueda en la base de datos y en las listas de personas alojadas en esa estancia migratoria, no se localizaron registros del directo agraviado, asimismo, al tener acceso al área de alojamiento de dicha estación, y vocear su nombre, obtuvo resultado negativo. Lo anterior, se corrobora con el informe respecto al cumplimiento a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, del que se obtiene que de acuerdo a la información proporcionada por el encargado de la Estación Migratoria, de esta ciudad, el directo agraviado no se encuentra alojado en ninguna de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California y no cuenta con algún procedimiento administrativo, así como con el oficio que hoy se agrega. Atento a lo anterior y a efecto de proveer lo conducente sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el 112 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales artículo 108, fracción IV y 114, fracciones I, II y IV, del citado cuerpo de leyes, requiérase a la promovente Sonia Hernández Álvarez, para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computado, bajo formal protesta de decir verdad, informe los datos de los familiares de contacto del agraviado, para lograr su localización; asimismo, dé cumplimiento con lo siguiente: Primero. Precise de forma clara, cuál es el acto positivo o negativo que le reclama a cada autoridad responsable, sin calificativos ni otras circunstancias), esto es, indique los actos que afectan de manera directa la esfera jurídica del quejoso Sou Jianning. Segundo. Bajo formal protesta de decir verdad informe la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, lo anterior toda vez que hasta la fecha no se ha podido localizar al agraviado para que haga suyo el escrito de demanda instado en a su favor, sin que dicha circunstancia pudiera ser corroborada ya que, como se indicó, la fedataria de la adscripción obtuvo resultados negativos en la localización del solicitante del amparo, lo que genera incertidumbre pues no es posible, en su caso conocer si a la fecha rige esa situación jurídica respecto al directo agraviado, por lo que también deberá indicar bajo formal protesta de decir verdad, cuál es la imposibilidad que tiene el directo agraviado para firmar la demanda de amparo promovida a su favor. Tercero. Refiera si el agraviado obtuvo oficio de salida; y en su caso, si conoce el domicilio, lugar en el que se encuentre alojado y/o teléfono cierto y actual, a efecto de localizarlo, lograr la comparecencia ante este Juzgado de Distrito, y dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de octubre del año en curso, donde se le requirió a efecto de que manifieste si ratifica la demanda promovida a su favor. Se apercibe al promovente, para el caso de que no cumpla con lo anterior en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo por lo que respecta al quejoso Sou Jianning; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia. Notifíquese por medio de lista al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. Lo que notifico a la parte promovente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, por el cual remite las constancias relativas al exhorto 128/2023 (orden 284/2023), librado en el juicio de amparo 1063/2023 de su índice. Asimismo, comunica que permitió a este órgano el acceso al expediente electrónico de los autos del juicio de amparo 1063/2023 de su índice. En atención a lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, proceda a vincular el presente asunto al expediente electrónico relativo al juicio referido en el párrafo anterior. Ahora, de las constancias que integran la comunicación indicada en párrafos precedentes, se advierte que obra el oficio de salida EM/BC/TIJ/10373/2023, de diecisiete de septiembre del año en curso, emitido a favor del directo quejoso 1) ********************, por los motivos ahí expuestos. En tal virtud, se colige que el referido agraviado no se encontraba alojado en alguna estación migratoria a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (veintitrés de octubre de dos mil veintitrés). En esa tesitura, en el caso concreto, queda evidenciado que los actos reclamados por el directo agraviado no existían al momento de la presentación de la demanda, lo cual se ve corroborado con el oficio EM/BC/TIJ/10373/2023, de diecisiete de septiembre de dos mil veintitrés, documento público que detenta pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De ahí que lo procedente sea decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para el agraviado que tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el directamente agraviado esté en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto únicamente respecto del quejoso ********************; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Finalmente, no ha lugar a realizar pronunciamiento respecto a los diversos oficios de salida, ya que los mismos corresponden a otras personas que no son quejosos en este juicio. Notifíquese por medio de lista al promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Lidia Medrano Meza, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. bcsa Lo que notifico a la parte promovente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, a través de la presente lista que se fija en los estrados de este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a las nueve horas del día veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Doy fe.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa por sí y en representación de las demás autoridades de ese Instituto, que acatan la suspensión de plano decretada a favor de los quejosos 1. Sou Jianning y 2. Li Yang. En consecuencia, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe respecto al cumplimiento de la suspensión de plano de mérito; con lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, informa que los directos quejosos en cita no se encuentran alojados en ninguna de las estancias provisionales de dicho instituto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Asimismo, con sustento en el 28 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al que se anexa el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, tres tomos de pruebas y el testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión 358/2022-I, en la que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a la parte quejosa. [.]" En ese contexto, comuníquese lo anterior a las partes, acúsese el recibo correspondiente vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: "En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, procede revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: La Sala responsable deje insubsistente la sentencia de apelación recurrida. Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior o en uno diverso, pero en cualquier caso, deberá dar contestación a los agravios del Ministerio Público apelante, así como dar respuesta fundada y motivada a lo planteado como agravios por la parte ofendida, en los términos precisados en esta ejecutoria." Asimismo, deberá informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo establece el artículo 258 de la indicada Ley de Amparo, por el equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en el término que se indica, adicionalmente a la multa precisada en párrafos precedentes se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Cambio de denominación. Por último, sólo para su conocimiento, se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 3,498 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano