Stacy Linne Lebaron Jones

Expediente 576/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
576/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Stacy Linne Lebaron Jones

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, respecto de la sentencia emitida el treinta y uno de octubre de este año, toda vez que al haberse constituido la Actuaria de la adscripción en el domicilio señalado no logró advertir el número señalado, luego de recorrer en su totalidad la calle ************. Por ende, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las ulteriores, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, incluso las que sean de carácter personal, hasta que la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ***/2019-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el día hábil siguiente, ******************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en Chihuahua, Chihuahua, de quienes reclamó: 4. ACTOS RECLAMADOS.De la señalada autoridad responsable ordenadora reclamo: Todo lo actuado en el expediente ****/2015, así como la sentencia dictada en el mismo y la ejecución que se pretenda dar a la misma y que inclusive hoy me he enterado que se ordenó por acuerdo de fecha 12 DE AGOSTO DEL 2019, dictado en el juicio agrario 194/2015, y en donde señala las 16:00 horas del día 14 de agosto del 2019; para que se lleve a cabo una diligencia de ejecución de sentencia y en donde se intenta desposeerme de la superficie de ****** hectáreas y que conforma la parcela ***********1, en el ejido *****, Municipio de *****, ***** misma que la suscrita tengo la posesión derivada de un contrato de arrendamiento desde el día 05 de Enero del 2015. De la señalada autoridad Responsable ejecutora reclamo: La ejecución que se pretenda dar a la sentencia derivada del juicio *****/2015, y que inclusive hoy me he enterado que se ordenó por acuerdo de fecha 12 DE AGOSTO DE 2019, dictado en el juicio agrario ******/2015, y en donde señala las 16:00 horas del día 14 de agosto del 2019; para que se lleve a cabo una diligencia de ejecución de sentencia y en donde se intenta desposeerme de la superficie de ******** hectáreas y que conforma la parcela ********, en el ejido ****, Municipio de **********, misma que la suscrita tengo la posesión derivada de un contrato de arrendamiento desde el día 05 de Enero del 2015. SEGUDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, previo se admitió la demanda, bajo el consecutivo *****/2019-III, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual, después de diferida, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que los conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, todo lo actuado en el juicio agrario ****/2015 promovido por *******en contra *******, respecto de la parcela ******, ubicada en el poblado de *********, con una superficie de ***********), la sentencia definitiva, la ejecución de la misma y la desposesión de la referida superficie. b) Del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, la ejecución de sentencia y de la orden de desposesión del referido inmueble, llevada a cabo el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en dicho juicio. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el informe con justificación señalaron que son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Para corroborar su dicho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco ofreció como prueba todo lo actuado en el juicio agrario ******/2015 de su índice, el cual se trae a la vista, ya que obra en el diverso juicio de amparo 400/2019 que se tramita en este juzgado, así como copia certificada del juicio agrario que el Magistrado responsable remitió a solicitud de este juzgado, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que la aquí quejosa, si bien se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, carece de ese carácter. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, al promover el juicio de amparo, se ostentó como tercera extraña al juicio de origen, al vincular la protección constitucional solicitada con el hecho de que no fue parte en tal procedimiento natural y que, por ende, no fue oída ni vencida en juicio. Sin embargo, como a continuación se verá, la quejosa no es tercera extraña al juicio agrario en el que se dictaron los actos reclamados, en virtud de haber sido oída y vencida en aquél por conducto de la parte actora y demandada, respectivamente, con quien ha establecido una relación de causahabiencia, por las razones que a continuación se expresan. El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; De lo transcrito se obtiene que el tercero extraño a juicio puede promover la acción constitucional contra los actos ejecutados dentro o fuera del mismo que le causen afectación. Por ello, en sentido contrario, cuando el juicio de amparo se promueva por una persona que no tenga tal carácter de extraña a juicio, el procedimiento constitucional será improcedente con apoyo en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, antes transcrito. En este contexto, es menester señalar que tercero extraño es aquella persona que no figuró como parte en el procedimiento en estricto sentido material, pero resiente un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Ahora bien, en la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama todo lo actuado, la sentencia definitiva, la ejecución de la sentencia y la orden de desposesión dictada en el juicio agrario ****/2015 promovido por ******* en contra *******, esta última el doce de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la parcela ********, ubicada en el poblado de ********, con una superficie de *************), del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, orden que se ejecutó el catorce de agosto de este año. Al respecto, afirmó ocupar el inmueble materia del litigio, en calidad de arrendataria de ********, respecto de la parcela *********, ubicada en el poblado de *********, con una superficie de ************). El perjuicio que alega, lo hace derivar de que no fue oída ni vencida en el juicio agrario en donde se dictó la orden de desposesión del bien inmueble en mención. Ahora bien, de las constancias del expediente ******, se advierte que: 1. ********* demandó a ********** la desocupación total y entrega con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones de la superficie de ********** que constituye la parcela *******, ubicada en el poblado de **********, (foja 1 del expediente agrario ***/2015). 2. Seguido el trámite, se dictó sentencia definitiva el once de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió PRIMERO. Ha sido procedente la vía en que se tramitó el presente juicio agrario, en el que el actor en el principal ******, acreditó los elementos constitutivos de su pretensión, no así la actora en reconvención ********, quien si bien acreditó parcialmente la misma, ello solo es para los efectos declarativos y no constitutivos, esto al tenor de lo fundado y razonado dentro del SEXTO y SÉPTIMO considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Se absuelve al demandado en reconvención ********, de las pretensiones que le fueron reclamadas por parte de *******, en torno a la parcela número ***********, ubicada dentro del poblado de ******, municipio de su nombre, ****** conforme a los argumentos vertidos y esgrimidos dentro del SEXTO considerando de la presente sentencia. TERCERO. Se procede a condenar a ******, a que entregue y desocupe a *********, la parcela motivo de litis; por lo anterior una vez que cause estado la presente sentencia, cuentan (sic) la demandada en cita con un término de quince días, para entregar voluntariamente la parcela en litigio, con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, entregándoles copia certificada de este pronunciamiento; y en su oportunidad ejecútese y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Así lo resolvió y firma la Licenciada **********, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, ante el licenciado ***********, Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe. 3. En contra de la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, ***********, promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, quien la registró como amparo directo administrativo 349/2017 y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, resolvió negar el amparo (folio 604 ídem). 4. Por acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en el acta de audiencia en incidente, el Magistrado responsable ordenó con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria que el actuario se constituyera en la superficie motivo de la controversia y procediera a la ejecución de la sentencia, debiendo al efecto poner en posesión *************, para lo cual señaló las dieciséis horas del catorce de agosto de dos mil diecinueve 8. En diligencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, el Actuario hizo constar que se constituyó en la parcela **********, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* y procedió a poner en posesión material, física, legal y jurídica del inmueble objeto del contrato de arrendamiento materia del juicio a **********, quien presente recibió dicho bien (folios 80 y 81 del cuaderno de amparo). Así pues, el doce de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto entre otros actos, contra la orden de desposesión y su ejecución dictada en el juicio agrario *****/2015, que dio origen a la orden de desposesión del bien inmueble en mención, con motivo de la diligencia que se llevaría a cabo el catorce de agosto de este año, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve. En su demanda de amparo, la inconforme dijo tener derechos de posesión del inmueble cuya desposesión se ordenó en los actos reclamados, y para justificar su derecho de posesión, anexó el contrato de arrendamiento celebrado el cinco de enero de dos mil quince, respecto de la parcela **********, ubicada en el poblado de ******, con una superficie de ************, lo cual pretendió acreditar con la copia del referido contrato, certificada por notario público el dieciocho de marzo de dos mil quince, data en la que dicho contrato adquirió fecha cierta. Sobre el particular, cabe recordar que el Alto Tribunal ha sustentado en repetidas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede otorgarse al documento privado valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos dan certeza jurídica acerca del momento en que ocurren, evitando de esta forma actos fraudulentos o dolosos. Tales actos son necesarios para dar certeza sobre el momento en que ocurren los actos. La fecha de un documento consignada en él, no es prueba suficiente del momento mismo de su suscripción, porque el documento privado es elaborado por las partes que en él intervienen y, por lo mismo, no pueden al mismo tiempo dar fe del instante de su creación. Por tanto, al ocurrir cualquiera de las tres eventualidades señaladas, surge la presunción de que el documento existía en esos momentos, con lo cual, tal instrumento genera un principio de prueba sobre el instante de la existencia de los actos jurídicos. En abundamiento, las hipótesis establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen como elemento común, dar certidumbre de la materialidad de los actos jurídicos a través de su fecha, al intervenir un elemento ajeno a los intervinientes que proporciona esa certidumbre, como la fe dada por un tercero (fedatario público) o un acto público (inscripción registral) o acontecimiento indudable e irreversible (fallecimiento de un interviniente). Ahora bien, en el presente caso, la documental exhibida es de fecha cierta porque se actualizó una de las hipótesis antes señaladas, al certificarse el original del contrato de arrendamiento por un notario público, de manera que se crea la certeza de que, por lo menos a partir de la fecha de certificación, existía el documento. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.44/2005, visible en la página 77, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 178201, que rubro y texto siguiente: DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." (lo subrayado es propio de este tribunal). Sin embargo, la fecha cierta del contrato de arrendamiento (dieciocho de marzo de dos mil quince) con el que la quejosa comparece a promover el juicio de amparo, ostentándose como tercera extraña al procedimiento de origen, es posterior a la iniciación del juicio agrario ****/2015 seguido en contra de la arrendadora, a decir, el veinte de febrero de dos mil quince, al cual compareció mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil dieciséis, a solicitar copia simple de todo lo actuado en el juicio agrario y posteriormente por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dio contestación a la demanda. En dicho juicio natural, la demandada ******** y/o ********* (arrendadora de la quejosa) compareció al procedimiento haciendo valer sus excepciones y defensas correspondientes, respetándose en él su derecho de audiencia -como se desprende de las constancias exhibidas en original- por lo que la peticionaria de amparo es causahabiente de la citada demandada. En este sentido, es necesario tener en consideración que la figura de la causahabiencia, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto, ésta es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. La causahabiencia desde el punto de vista sustantivo, consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero, además, soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 722, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, Quinta Época, Materia Civil, con Número de Registro digital 360472, que establece: CAUSAHABIENTE, DERECHOS QUE ADQUIERE. Si el dueño de un predio contrae una obligación hipotecaria, esa obligación, por su naturaleza y carácter real, es válida contra cualquier propietario y poseedor del inmueble, y la persona que adquiere éste, con posterioridad, lo recibe en las condiciones jurídicas en que se encontraba, y no puede gozar de mayores derechos ni eximirse de la obligación contraída por su causante. La figura de la causahabiencia desde el punto de vista procesal, consiste, en que el causahabiente, es decir, la persona que adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, esté sujeto a las resultas de ese juicio seguido contra su causante, sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de este último y, por ello, no puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Página 2158, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, Quinta Época, Materia Civil, Número de Registro 350816, que dice: CAUSAHABIENTES. El causahabiente se encuentra sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, y no tiene el carácter de tercero extraño al juicio, que no pueda ser afectado por la sentencia pronunciada. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia tratándose del arrendamiento de inmuebles, no es necesario que se acredite que el arrendatario tuvo conocimiento de que el bien de que se trata estaba sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contraía un derecho litigioso. Esta figura jurídica se da, en el caso de que los derechos cuestionados deriven de un contrato de arrendamiento, por el simple hecho que éste se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra del arrendador. Al respecto se cita la tesis XVII.1o.C.T.54 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 3159, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Civil, con número de Registro digital 163218, que se comparte y dice: CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. Entonces, al tener la aquí recurrente el carácter de causahabiente de derechos controvertidos en el juicio agrario reclamado en el presente juicio de amparo, excluye que pueda ser considerada como tercera extraña al juicio original en el que fue llamada, o intervino como parte, su causante. Así lo ha establecido esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 243, consultable en la página 439, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que reza: ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO. ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO. El subarrendatario es causahabiente del arrendatario y, por tanto, aquel no puede ser considerado como persona extraña al juicio seguido en contra de éste. Luego, en relación el concepto de persona extraña a juicio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 196932, ha definido lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por tanto, cuando un quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento, y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de alguna de las partes a quien afecta el acto reclamado, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. En el caso, como se dijo la quejosa es causahabiente de ***********, con quien dijo haber celebrado un contrato de arrendamiento del que dedujo sus derechos, respecto del inmueble litigioso, porque al ostentarse la quejosa como arrendataria de ésta, dedujo su derecho posesorio del inmueble en litis, y no defiende un estado jurídico diverso del detentado por el arrendador. En ese contexto, la hoy recurrente como arrendataria de la demandada en el juicio natural, se convierte en causahabiente de esta respecto del inmueble litigioso, al tener como título que avala tal calidad un documento de fecha cierta posterior al inicio del procedimiento de donde se originan los actos reclamados (juicio natural) y lo hace con la categoría de causahabiente a título particular, porque su derecho se limita específicamente a la posesión del inmueble; es decir, a uno de los componentes de la propiedad, el ius utendi, referido al uso de la cosa conforme a su naturaleza. En otras palabras, tal causahabiencia se actualiza en virtud de que la calidad de arrendataria del inmueble objeto del litigio la adquirió en fecha (cierta) posterior al inicio del contradictorio de origen, en el que la ocupante (demandada) sí fue oída en defensa de sus derechos. En las condiciones apuntadas, a la recurrente como causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen, no le asiste la calidad de tercera extraña a juicio con el que se apersona a promover la acción constitucional, pues está siendo escuchada en tal contradictorio por conducto de la entonces titular del derecho de posesión del inmueble (demandada), quien sí compareció a tal procedimiento, como se precisó con antelación, aunado a que tal contradictorio actualmente se encuentra en la etapa de ejecución. En consecuencia, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 107, interpretado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, pues a quien se ostente tercero extraño a juicio sin tener ese carácter, le son aplicables las restricciones del juicio de amparo, pues supeditó la base de la procedencia del juicio a esa calidad, y al acreditarse la causahabiencia, no puede tenérsele por extraño a juicio, ya que se llegaría al absurdo de que el demandado (escuchado en el juicio de origen que se encuentra en trámite) tiene también dicho carácter. Similares criterios sostuvieron el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, ambos con residencia en esta ciudad, al resolver los amparos en revisión civil 307/2018 y 116/2018 de sus índices, respectivamente. No pasa inadvertido para este tribunal el contenido y alcance de la siguiente jurisprudencia 2a./J. 34/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 184528, de rubro y texto siguientes: CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: 'CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO', toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado. Ello porque este juzgado advierte que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, el más alto tribunal del país estableció lo siguiente: a) Del análisis del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y que el correlativo en la ley vigente es el 61, se advierte que en ninguna de sus fracciones se prevé la causahabiencia en sí misma como una causa de improcedencia. b) En los casos en que un quejoso promueve la demanda de amparo y se ostenta como tercero extraño al procedimiento y en la substanciación del juicio constitucional se demuestra que es causahabiente de alguna de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. c) Por tanto, sólo en caso de que no concurran causales de improcedencia que afecten al causante, el juicio será procedente. d) Se sostiene que el quejoso causahabiente de la parte oída y vencida en juicio por conducto de su causante, no es la razón de la causa de improcedencia, sino la actualización de algún dato que impida la prosecución del juicio constitucional. e) Así, una vez eliminada la posibilidad de una causa de improcedencia, entonces es procedente el estudio de fondo. Ahora, debe destacarse que toda vez que se ha demostrado que la quejosa, aquí recurrente, es causahabiente de la parte demandada que está siendo oída en el juicio de origen, debe seguir la suerte de ésta en la tramitación del juicio de amparo; entonces, no puede dársele el carácter de tercera extraña, en razón de su comparecencia al procedimiento del que deriva el acto reclamado. Por tanto, el razonamiento substancial que se sostiene en esta ejecutoria no contraviene la jurisprudencia de mérito, pues atiende a las razones torales relativas a la figura de la causahabiencia y se justifica la improcedencia del juicio de amparo, no en esta figura jurídica, sino en la falta de cumplimiento de un presupuesto procesal consistente en que *********** (causahabiente) no tiene el carácter de tercera extraña a juicio (condición con la que pretendió instar la acción constitucional) porque ************* (causante) sí compareció al controvertido de origen y, en esas condiciones, como se ha explicado, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Es aplicable al caso, conforme a los razonamientos ahí expresados, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 189916, que a continuación se transcribe: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Este juzgado no soslaya la actualización de la diversa causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de la aquí quejosa para promover el presente juicio de amparo, ya que hace derivar su posesión sobre la parcela *****, ubicada dentro del poblado de Galeana, municipio de Galeana, Chihuahua, de un contrato de arrendamiento celebrado con su causante *********** y/o *******, quien en el juicio agrario ****/2015 del índice del Magistrado responsable, del que derivan los actos que aquí se reclaman y el cual se tiene a la vista, se desprende que no demostró ser la legítima titular de dicha parcela, por lo que no podía transmitir un mejor derecho a la aquí quejosa, quien se ostenta como su arrendataria; sin embargo, no se abunda más respecto a esa causa de improcedencia, ya que basta el estudio de la actualización de una de ellas, para decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, visible en la página cuatrocientos catorce, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En esta tesitura, procede sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tal sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Actuario del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, con sede en Chihuahua, capital del mismo nombre, ya que éstos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a los actos reclamados a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, del Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, Número de Registro digital 232437, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por tanto, a ningún resultado práctico conduciría el análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, ya que es de explorado derecho que el sobreseimiento en el juicio de amparo impide el análisis del fondo del asunto. Apoya lo antes considerado la jurisprudencia V.2o. J/15, visible en la página 115, del Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 220705, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. Así como la diversa tesis que aparece publicada en la página 682, del Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 231767, que este tribunal comparte, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Una vez advertida una causa suficiente para decretar el sobreseimiento de una instancia, resulta inconducente pasar al estudio del fondo de la cuestión. Así, si la autoridad responsable consideró que la materia del recurso de inconformidad ante ella presentado, ya había sido objeto de otro recurso administrativo interpuesto con anterioridad, procede correctamente a sobreseer la causa y, en consecuencia, nada la obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causal de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, de ser fundada, opera como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que la llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; luego entonces, si como ya se señaló, el sobreseimiento que se objeta fue correctamente decretado, toda vez que lo alegado sólo era consecuencia de un recurso administrativo interpuesto y substanciado con anterioridad, tanto más correcto será no analizar el contenido de un recurso que es inoperante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la misma legislación aplicado a contrario sensu lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ****/2019-III promovido por *************, contra los actos emitidos por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en Chihuahua, Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ***/2019-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno el día hábil siguiente, ******************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en Chihuahua, Chihuahua, de quienes reclamó: 4. ACTOS RECLAMADOS.De la señalada autoridad responsable ordenadora reclamo: Todo lo actuado en el expediente ****/2015, así como la sentencia dictada en el mismo y la ejecución que se pretenda dar a la misma y que inclusive hoy me he enterado que se ordenó por acuerdo de fecha 12 DE AGOSTO DEL 2019, dictado en el juicio agrario 194/2015, y en donde señala las 16:00 horas del día 14 de agosto del 2019; para que se lleve a cabo una diligencia de ejecución de sentencia y en donde se intenta desposeerme de la superficie de ****** hectáreas y que conforma la parcela ***********1, en el ejido *****, Municipio de *****, ***** misma que la suscrita tengo la posesión derivada de un contrato de arrendamiento desde el día 05 de Enero del 2015. De la señalada autoridad Responsable ejecutora reclamo: La ejecución que se pretenda dar a la sentencia derivada del juicio *****/2015, y que inclusive hoy me he enterado que se ordenó por acuerdo de fecha 12 DE AGOSTO DE 2019, dictado en el juicio agrario ******/2015, y en donde señala las 16:00 horas del día 14 de agosto del 2019; para que se lleve a cabo una diligencia de ejecución de sentencia y en donde se intenta desposeerme de la superficie de ******** hectáreas y que conforma la parcela ********, en el ejido ****, Municipio de **********, misma que la suscrita tengo la posesión derivada de un contrato de arrendamiento desde el día 05 de Enero del 2015. SEGUDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Por auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve, previo se admitió la demanda, bajo el consecutivo *****/2019-III, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se solicitó a las autoridades responsables informe con justificación y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual, después de diferida, se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto en materia civil, cuya ejecución tiene lugar en el territorio sobre el cual este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que los conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: a) Del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, todo lo actuado en el juicio agrario ****/2015 promovido por *******en contra *******, respecto de la parcela ******, ubicada en el poblado de *********, con una superficie de ***********), la sentencia definitiva, la ejecución de la misma y la desposesión de la referida superficie. b) Del Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, la ejecución de sentencia y de la orden de desposesión del referido inmueble, llevada a cabo el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en dicho juicio. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el informe con justificación señalaron que son ciertos los actos de los que se duele la parte quejosa. Para corroborar su dicho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco ofreció como prueba todo lo actuado en el juicio agrario ******/2015 de su índice, el cual se trae a la vista, ya que obra en el diverso juicio de amparo 400/2019 que se tramita en este juzgado, así como copia certificada del juicio agrario que el Magistrado responsable remitió a solicitud de este juzgado, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°; por ende, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Actualización de causa de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Así, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, atendiendo a que la aquí quejosa, si bien se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, carece de ese carácter. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa, al promover el juicio de amparo, se ostentó como tercera extraña al juicio de origen, al vincular la protección constitucional solicitada con el hecho de que no fue parte en tal procedimiento natural y que, por ende, no fue oída ni vencida en juicio. Sin embargo, como a continuación se verá, la quejosa no es tercera extraña al juicio agrario en el que se dictaron los actos reclamados, en virtud de haber sido oída y vencida en aquél por conducto de la parte actora y demandada, respectivamente, con quien ha establecido una relación de causahabiencia, por las razones que a continuación se expresan. El artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; De lo transcrito se obtiene que el tercero extraño a juicio puede promover la acción constitucional contra los actos ejecutados dentro o fuera del mismo que le causen afectación. Por ello, en sentido contrario, cuando el juicio de amparo se promueva por una persona que no tenga tal carácter de extraña a juicio, el procedimiento constitucional será improcedente con apoyo en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, antes transcrito. En este contexto, es menester señalar que tercero extraño es aquella persona que no figuró como parte en el procedimiento en estricto sentido material, pero resiente un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. Ahora bien, en la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama todo lo actuado, la sentencia definitiva, la ejecución de la sentencia y la orden de desposesión dictada en el juicio agrario ****/2015 promovido por ******* en contra *******, esta última el doce de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la parcela ********, ubicada en el poblado de ********, con una superficie de *************), del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, orden que se ejecutó el catorce de agosto de este año. Al respecto, afirmó ocupar el inmueble materia del litigio, en calidad de arrendataria de ********, respecto de la parcela *********, ubicada en el poblado de *********, con una superficie de ************). El perjuicio que alega, lo hace derivar de que no fue oída ni vencida en el juicio agrario en donde se dictó la orden de desposesión del bien inmueble en mención. Ahora bien, de las constancias del expediente ******, se advierte que: 1. ********* demandó a ********** la desocupación total y entrega con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones de la superficie de ********** que constituye la parcela *******, ubicada en el poblado de **********, (foja 1 del expediente agrario ***/2015). 2. Seguido el trámite, se dictó sentencia definitiva el once de julio de dos mil diecisiete, en la que se resolvió PRIMERO. Ha sido procedente la vía en que se tramitó el presente juicio agrario, en el que el actor en el principal ******, acreditó los elementos constitutivos de su pretensión, no así la actora en reconvención ********, quien si bien acreditó parcialmente la misma, ello solo es para los efectos declarativos y no constitutivos, esto al tenor de lo fundado y razonado dentro del SEXTO y SÉPTIMO considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. Se absuelve al demandado en reconvención ********, de las pretensiones que le fueron reclamadas por parte de *******, en torno a la parcela número ***********, ubicada dentro del poblado de ******, municipio de su nombre, ****** conforme a los argumentos vertidos y esgrimidos dentro del SEXTO considerando de la presente sentencia. TERCERO. Se procede a condenar a ******, a que entregue y desocupe a *********, la parcela motivo de litis; por lo anterior una vez que cause estado la presente sentencia, cuentan (sic) la demandada en cita con un término de quince días, para entregar voluntariamente la parcela en litigio, con todos sus frutos, usos, costumbres, construcciones y accesiones con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá en términos del artículo 191 de la Ley Agraria. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, entregándoles copia certificada de este pronunciamiento; y en su oportunidad ejecútese y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Así lo resolvió y firma la Licenciada **********, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, ante el licenciado ***********, Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe. 3. En contra de la sentencia de once de julio de dos mil diecisiete, ***********, promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, quien la registró como amparo directo administrativo 349/2017 y en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, resolvió negar el amparo (folio 604 ídem). 4. Por acuerdo dictado el doce de agosto de dos mil diecinueve, en el acta de audiencia en incidente, el Magistrado responsable ordenó con fundamento en el artículo 191 de la Ley Agraria que el actuario se constituyera en la superficie motivo de la controversia y procediera a la ejecución de la sentencia, debiendo al efecto poner en posesión *************, para lo cual señaló las dieciséis horas del catorce de agosto de dos mil diecinueve 8. En diligencia de catorce de agosto de dos mil diecinueve, el Actuario hizo constar que se constituyó en la parcela **********, ubicada en el poblado de Galeana, Municipio de Galeana, con una superficie de ******* y procedió a poner en posesión material, física, legal y jurídica del inmueble objeto del contrato de arrendamiento materia del juicio a **********, quien presente recibió dicho bien (folios 80 y 81 del cuaderno de amparo). Así pues, el doce de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa promovió juicio de amparo indirecto entre otros actos, contra la orden de desposesión y su ejecución dictada en el juicio agrario *****/2015, que dio origen a la orden de desposesión del bien inmueble en mención, con motivo de la diligencia que se llevaría a cabo el catorce de agosto de este año, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve. En su demanda de amparo, la inconforme dijo tener derechos de posesión del inmueble cuya desposesión se ordenó en los actos reclamados, y para justificar su derecho de posesión, anexó el contrato de arrendamiento celebrado el cinco de enero de dos mil quince, respecto de la parcela **********, ubicada en el poblado de ******, con una superficie de ************, lo cual pretendió acreditar con la copia del referido contrato, certificada por notario público el dieciocho de marzo de dos mil quince, data en la que dicho contrato adquirió fecha cierta. Sobre el particular, cabe recordar que el Alto Tribunal ha sustentado en repetidas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se dan las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede otorgarse al documento privado valor probatorio en relación con terceros, pues tales acontecimientos dan certeza jurídica acerca del momento en que ocurren, evitando de esta forma actos fraudulentos o dolosos. Tales actos son necesarios para dar certeza sobre el momento en que ocurren los actos. La fecha de un documento consignada en él, no es prueba suficiente del momento mismo de su suscripción, porque el documento privado es elaborado por las partes que en él intervienen y, por lo mismo, no pueden al mismo tiempo dar fe del instante de su creación. Por tanto, al ocurrir cualquiera de las tres eventualidades señaladas, surge la presunción de que el documento existía en esos momentos, con lo cual, tal instrumento genera un principio de prueba sobre el instante de la existencia de los actos jurídicos. En abundamiento, las hipótesis establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen como elemento común, dar certidumbre de la materialidad de los actos jurídicos a través de su fecha, al intervenir un elemento ajeno a los intervinientes que proporciona esa certidumbre, como la fe dada por un tercero (fedatario público) o un acto público (inscripción registral) o acontecimiento indudable e irreversible (fallecimiento de un interviniente). Ahora bien, en el presente caso, la documental exhibida es de fecha cierta porque se actualizó una de las hipótesis antes señaladas, al certificarse el original del contrato de arrendamiento por un notario público, de manera que se crea la certeza de que, por lo menos a partir de la fecha de certificación, existía el documento. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J.44/2005, visible en la página 77, Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 178201, que rubro y texto siguiente: DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." (lo subrayado es propio de este tribunal). Sin embargo, la fecha cierta del contrato de arrendamiento (dieciocho de marzo de dos mil quince) con el que la quejosa comparece a promover el juicio de amparo, ostentándose como tercera extraña al procedimiento de origen, es posterior a la iniciación del juicio agrario ****/2015 seguido en contra de la arrendadora, a decir, el veinte de febrero de dos mil quince, al cual compareció mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el nueve de febrero de dos mil dieciséis, a solicitar copia simple de todo lo actuado en el juicio agrario y posteriormente por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, dio contestación a la demanda. En dicho juicio natural, la demandada ******** y/o ********* (arrendadora de la quejosa) compareció al procedimiento haciendo valer sus excepciones y defensas correspondientes, respetándose en él su derecho de audiencia -como se desprende de las constancias exhibidas en original- por lo que la peticionaria de amparo es causahabiente de la citada demandada. En este sentido, es necesario tener en consideración que la figura de la causahabiencia, se da en todas las transmisiones de derechos o de bienes. En este aspecto, ésta es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se le transmite el bien. La causahabiencia desde el punto de vista sustantivo, consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero, además, soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 722, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLII, Quinta Época, Materia Civil, con Número de Registro digital 360472, que establece: CAUSAHABIENTE, DERECHOS QUE ADQUIERE. Si el dueño de un predio contrae una obligación hipotecaria, esa obligación, por su naturaleza y carácter real, es válida contra cualquier propietario y poseedor del inmueble, y la persona que adquiere éste, con posterioridad, lo recibe en las condiciones jurídicas en que se encontraba, y no puede gozar de mayores derechos ni eximirse de la obligación contraída por su causante. La figura de la causahabiencia desde el punto de vista procesal, consiste, en que el causahabiente, es decir, la persona que adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, esté sujeto a las resultas de ese juicio seguido contra su causante, sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de este último y, por ello, no puede ostentarse como un tercero extraño en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada la Página 2158, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVII, Quinta Época, Materia Civil, Número de Registro 350816, que dice: CAUSAHABIENTES. El causahabiente se encuentra sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, y no tiene el carácter de tercero extraño al juicio, que no pueda ser afectado por la sentencia pronunciada. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, sólo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia tratándose del arrendamiento de inmuebles, no es necesario que se acredite que el arrendatario tuvo conocimiento de que el bien de que se trata estaba sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contraía un derecho litigioso. Esta figura jurídica se da, en el caso de que los derechos cuestionados deriven de un contrato de arrendamiento, por el simple hecho que éste se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra del arrendador. Al respecto se cita la tesis XVII.1o.C.T.54 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 3159, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Materia Civil, con número de Registro digital 163218, que se comparte y dice: CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. Entonces, al tener la aquí recurrente el carácter de causahabiente de derechos controvertidos en el juicio agrario reclamado en el presente juicio de amparo, excluye que pueda ser considerada como tercera extraña al juicio original en el que fue llamada, o intervino como parte, su causante. Así lo ha establecido esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 243, consultable en la página 439, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que reza: ARRENDAMIENTO. SUBARRENDATARIO. ES CAUSAHABIENTE DEL ARRENDATARIO. El subarrendatario es causahabiente del arrendatario y, por tanto, aquel no puede ser considerado como persona extraña al juicio seguido en contra de éste. Luego, en relación el concepto de persona extraña a juicio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 196932, ha definido lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Por tanto, cuando un quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento, y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de alguna de las partes a quien afecta el acto reclamado, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. En el caso, como se dijo la quejosa es causahabiente de ***********, con quien dijo haber celebrado un contrato de arrendamiento del que dedujo sus derechos, respecto del inmueble litigioso, porque al ostentarse la quejosa como arrendataria de ésta, dedujo su derecho posesorio del inmueble en litis, y no defiende un estado jurídico diverso del detentado por el arrendador. En ese contexto, la hoy recurrente como arrendataria de la demandada en el juicio natural, se convierte en causahabiente de esta respecto del inmueble litigioso, al tener como título que avala tal calidad un documento de fecha cierta posterior al inicio del procedimiento de donde se originan los actos reclamados (juicio natural) y lo hace con la categoría de causahabiente a título particular, porque su derecho se limita específicamente a la posesión del inmueble; es decir, a uno de los componentes de la propiedad, el ius utendi, referido al uso de la cosa conforme a su naturaleza. En otras palabras, tal causahabiencia se actualiza en virtud de que la calidad de arrendataria del inmueble objeto del litigio la adquirió en fecha (cierta) posterior al inicio del contradictorio de origen, en el que la ocupante (demandada) sí fue oída en defensa de sus derechos. En las condiciones apuntadas, a la recurrente como causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen, no le asiste la calidad de tercera extraña a juicio con el que se apersona a promover la acción constitucional, pues está siendo escuchada en tal contradictorio por conducto de la entonces titular del derecho de posesión del inmueble (demandada), quien sí compareció a tal procedimiento, como se precisó con antelación, aunado a que tal contradictorio actualmente se encuentra en la etapa de ejecución. En consecuencia, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 107, interpretado en sentido contrario, en relación con la fracción XXIII del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, pues a quien se ostente tercero extraño a juicio sin tener ese carácter, le son aplicables las restricciones del juicio de amparo, pues supeditó la base de la procedencia del juicio a esa calidad, y al acreditarse la causahabiencia, no puede tenérsele por extraño a juicio, ya que se llegaría al absurdo de que el demandado (escuchado en el juicio de origen que se encuentra en trámite) tiene también dicho carácter. Similares criterios sostuvieron el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, ambos con residencia en esta ciudad, al resolver los amparos en revisión civil 307/2018 y 116/2018 de sus índices, respectivamente. No pasa inadvertido para este tribunal el contenido y alcance de la siguiente jurisprudencia 2a./J. 34/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 184528, de rubro y texto siguientes: CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: 'CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO', toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado. Ello porque este juzgado advierte que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en cita, el más alto tribunal del país estableció lo siguiente: a) Del análisis del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y que el correlativo en la ley vigente es el 61, se advierte que en ninguna de sus fracciones se prevé la causahabiencia en sí misma como una causa de improcedencia. b) En los casos en que un quejoso promueve la demanda de amparo y se ostenta como tercero extraño al procedimiento y en la substanciación del juicio constitucional se demuestra que es causahabiente de alguna de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. c) Por tanto, sólo en caso de que no concurran causales de improcedencia que afecten al causante, el juicio será procedente. d) Se sostiene que el quejoso causahabiente de la parte oída y vencida en juicio por conducto de su causante, no es la razón de la causa de improcedencia, sino la actualización de algún dato que impida la prosecución del juicio constitucional. e) Así, una vez eliminada la posibilidad de una causa de improcedencia, entonces es procedente el estudio de fondo. Ahora, debe destacarse que toda vez que se ha demostrado que la quejosa, aquí recurrente, es causahabiente de la parte demandada que está siendo oída en el juicio de origen, debe seguir la suerte de ésta en la tramitación del juicio de amparo; entonces, no puede dársele el carácter de tercera extraña, en razón de su comparecencia al procedimiento del que deriva el acto reclamado. Por tanto, el razonamiento substancial que se sostiene en esta ejecutoria no contraviene la jurisprudencia de mérito, pues atiende a las razones torales relativas a la figura de la causahabiencia y se justifica la improcedencia del juicio de amparo, no en esta figura jurídica, sino en la falta de cumplimiento de un presupuesto procesal consistente en que *********** (causahabiente) no tiene el carácter de tercera extraña a juicio (condición con la que pretendió instar la acción constitucional) porque ************* (causante) sí compareció al controvertido de origen y, en esas condiciones, como se ha explicado, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Es aplicable al caso, conforme a los razonamientos ahí expresados, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página 93, Tomo XIII, Abril del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 189916, que a continuación se transcribe: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Este juzgado no soslaya la actualización de la diversa causa de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico de la aquí quejosa para promover el presente juicio de amparo, ya que hace derivar su posesión sobre la parcela *****, ubicada dentro del poblado de Galeana, municipio de Galeana, Chihuahua, de un contrato de arrendamiento celebrado con su causante *********** y/o *******, quien en el juicio agrario ****/2015 del índice del Magistrado responsable, del que derivan los actos que aquí se reclaman y el cual se tiene a la vista, se desprende que no demostró ser la legítima titular de dicha parcela, por lo que no podía transmitir un mejor derecho a la aquí quejosa, quien se ostenta como su arrendataria; sin embargo, no se abunda más respecto a esa causa de improcedencia, ya que basta el estudio de la actualización de una de ellas, para decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, visible en la página cuatrocientos catorce, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. En esta tesitura, procede sobreseer en el juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Tal sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se atribuyen al Actuario del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, con sede en Chihuahua, capital del mismo nombre, ya que éstos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a los actos reclamados a la ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, del Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, Número de Registro digital 232437, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por tanto, a ningún resultado práctico conduciría el análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, ya que es de explorado derecho que el sobreseimiento en el juicio de amparo impide el análisis del fondo del asunto. Apoya lo antes considerado la jurisprudencia V.2o. J/15, visible en la página 115, del Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 220705, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado. Así como la diversa tesis que aparece publicada en la página 682, del Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 231767, que este tribunal comparte, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Una vez advertida una causa suficiente para decretar el sobreseimiento de una instancia, resulta inconducente pasar al estudio del fondo de la cuestión. Así, si la autoridad responsable consideró que la materia del recurso de inconformidad ante ella presentado, ya había sido objeto de otro recurso administrativo interpuesto con anterioridad, procede correctamente a sobreseer la causa y, en consecuencia, nada la obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causal de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, de ser fundada, opera como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que la llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; luego entonces, si como ya se señaló, el sobreseimiento que se objeta fue correctamente decretado, toda vez que lo alegado sólo era consecuencia de un recurso administrativo interpuesto y substanciado con anterioridad, tanto más correcto será no analizar el contenido de un recurso que es inoperante. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la misma legislación aplicado a contrario sensu lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción V, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo ****/2019-III promovido por *************, contra los actos emitidos por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco y Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Cinco, ambos con sede en Chihuahua, Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por el tercero interesado, mediante el cual señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******* de esta ciudad, y autoriza para tales efectos a ******* y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******; asimismo, solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión. Atento a lo anterior, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como autorizada para tales efectos a *******, así como a *******, toda vez que no se encontraron registrados en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, en relación con la solicitud de copias certificadas, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en el auto de catorce de agosto del año en curso, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, de conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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