Sujey Fuentes Ramírez y Otros.
Expediente 212/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sujey Fuentes Ramírez y Otros.
- Sujey Fuentes Ramírez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de dos de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, se advierte que el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declinó la competencia legal al Juzgado de Distrito en turno, con residencia la misma localidad, para conocer de la demanda de amparo promovida por *******. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, se admite la competencia planteada, por lo que regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 212/2018-IV, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y envíese acuse de recibo al Tribunal Superior, con transcripción de este auto. Ahora bien, una vez examinada la demanda de amparo, así como los anexos que remitió el Tribunal Colegiado indicado, consistentes en el Toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y copia certificada delo actuado en el expediente *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla, pues se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, se precisa que la promovente de amparo reclamó del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: IV.- Actos reclamados. La omisión de A quem de fundar y motivar debidamente su resolución, confirmar el auto combatido; dictar una resolución incompleta; las omisiones de la autoridad responsable, de ocuparse en la resolución combatida, de todos y cada uno de los agravios expresados por la suscrita; la incongruencia de la resolución que confirma el auto combatido; el dejar a la suscrita en estado de indefensión, el consentir que se emita una resolución que carece de formalidades esenciales del procedimiento y con ello evitar que la suscrita sea oída y vencida en juicio. (sic) Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la promovente de amparo relató lo siguiente: Con fecha 28 (veintiocho) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, a las quince horas, fui notificada de la demanda de pensión alimenticia, interpuesta por el C. ******* en contra de la suscrita, que con fecha siete de diciembre del mismo año, la suscrita promoví escrito de contestación de la demanda, escrito que contiene la excepción perentoria de cosa juzgada, a esta promoción le recayó el auto de fecha ocho de diciembre del mismo año (.). Que de la lectura del mencionado auto, se advierte, que se omitió tenerme contestando la demanda. Que inconforme con las determinaciones de la C. Juez Tercero de lo Familiar por audiencias, interpuse el recurso de apelación en contra del mencionado auto, que en escrito de expresión de agravios, específicamente en el señalado como "TERCERO AGRAVIO": La C. Juez recurrida, violenta en perjuicio de mi autorizante los artículos 1, 14 y 16 y 17 constitucionales al dejar a la C. ******* en estado de indefensión, al omitir tenerla contestando la demanda interpuesta en su contra, pues si bien es cierto, se promovió la excepción de cosa juzgada, también es cierto que esta constituye una contestación al escrito inicial de demanda.", tal como se desprende de lo antes transcrito, se hizo valer como agravio, la omisión de tenerme contestando la demanda interpuesta en mi contra, y siendo este, uno de los agravios en los cuales debió la autoridad responsable pronunciarse, omitiendo hacerlo, entonces, debemos concluir que el C. Magistrado omitió entrar al estudio de todos y cada uno de los agravios y dictó una resolución incompleta, incongruente con lo expresado en el mencionado escrito y en consecuencia dictó el A quen, una resolución que dista de cumplir con el principio de exhaustividad, y fundando y motivando adecuadamente la resolución emitida. La incongruencia en la resolución de segunda instancia se advierte, específicamente en el considerando III, en el cual se lee, "Pero no debe emitirse una conclusión en tal sentido desde el auto admisorio el que estuvo contestada la demanda", pues como se mencionó en el párrafo anterior, no se tuvo en el auto combatido, admitida la contestación de la demanda, más bien se tuvo, como si la suscrita hubiera omitido hacer manifestación alguna, lo cual evidentemente me deja en total estado de indefensión, siendo un hecho incuestionable, que no seré oído y vencida en juicio, pues el procedimiento se instaura, manifestó lo que a mi derecho corresponde, y se me dice que no ha lugar a tenerme interponiendo excepción perentoria de cosa juzgada, sin sustanciación de la cosa Juzgada y sin tener por contestada la demanda, esto es, la C. Juez abusa de su autoridad, y el C. Magistrado confirma este proceder, pues aun a sabiendas, de que no se me tuvo por contestada la demanda, en su resolución dice que se me tuvo contestada la demanda, y más aún, confirma el auto, en el que se me dice que no ha lugar a tenerme por interpuesta la excepción perentoria de cosa juzgada, lo cual evidentemente vulnera el derecho de obtener una resolución debidamente fundada y motivada. Todo esto, independientemente de que, la suscrita di contestación a la demanda al manifestar, en mi escrito de excepción de cosa juzgada, lo siguiente: "Ahora bien, las prestaciones que me solicita el acto, en el sentido de que se decrete el pago de una Prensión Alimenticia Provisional y la condena al pago de la Pensión Alimenticia Definitiva no menor al 40% del total de los ingresos y percepciones ordinarias y extraordinarias que en su caso reciba la suscrita, SON IMPROCEDENTES, y se dice que carece de acción y derecho el actor para promover en mi contra la demanda que nos ocupa, en virtud del convenio modificatorio elevado a categoría de cosa juzgada", pues esto implica la negación de toda la demanda, en consecuencia el A quem, debió modificada el auto combatico para tenerme por contestada la demanda y proveer sobre todos y cada uno de los agravios expresados, hasta el grado de omitir dejar a la suscrita en total estado de indefensión. (sic) De lo anterior se desprende que la quejosa reclama, en concreto, del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca *******, mediante la cual confirmó el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el expediente *******, en el cual se desestimó la excepción de cosa juzgada, que la aquí quejosa hizo valer en el escrito a través del cual compareció a dicha controversia familiar, actuaciones que se desprenden tanto del Toca, como del expediente mencionados. Aunque, al respecto, la quejosa reclama dicha resolución de segunda instancia, debido a que el Magistrado responsable, dice, no se ocupó de su agravio relativo a la omisión del Juez Familiar de referencia, de tenerla, expresamente, contestando la demanda. Indicado lo anterior, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por tales actos se entienden, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, si el Magistrado responsable, al emitir la resolución reclamada, en consideración de la quejosa, incurrió en la omisión señalada, ello no vulnera derechos sustantivos en su perjuicio, pues en caso de en las controversias del orden familiar que nos ocupan, efectivamente se considere que la quejosa no contestó la demanda, los efectos de ello son meramente procesales, lo que se corrobora teniendo en cuenta los artículos 211 y 212 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, efectos que se traducen, en su caso, en la declaración de rebeldía, la confesión de los hechos contenidos en la demanda y la imposibilidad de ofrecer pruebas al respecto. Es decir, se trata de actos que tienen que ver con la secuela del procedimiento y que en este momento se desconoce si afectarán los derechos sustantivos de la quejosa, pues el actor de las controversias del orden familiar del que deriva el acto reclamado, no necesariamente obtendrá una sentencia definitiva favorable. Cabe mencionar, a fin de demostrar el carácter meramente procesal de los efectos del acto reclamado dentro del juicio natural, que se desconoce por completo si las consecuencias procesales apuntadas se materializarán, pues en el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el expediente *******, además de desestimar la excepción de cosa juzgada que hizo valer la parte demandada, aquí quejosa, dicho Juez la tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; autorizó a la profesionista ahí mencionada en términos del artículo 39 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua; señalando incluso que la misma llevará la voz de la defensa durante la tramitación del juicio; y, con ello, dio vista a la parte actora, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera; esto es, conforme a dicho auto, la secuela del procedimiento natural, continúa, sin que tal circunstancia haya sido variada por el Magistrado responsable en la resolución que se le reclama. En consecuencia, al tratarse la resolución reclamada, de un acto intraprocesal que no vulnera, en este momento, derechos sustantivos en contra de la parte quejosa, lo procedente es, como se anunció, desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, por identidad de razones, se cita la tesis VII.2º.C.64 C (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 2179, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época y número de registro 2005481, del rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORÁNEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito que, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que éstas afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda extemporáneamente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable; máxime que al tenerse por contestada la demanda extemporáneamente, no implica una sentencia condenatoria porque -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden contestados los hechos en sentido negativo, lo cual implica revertir la carga de la prueba a la contraria, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que el acuerdo que tiene por contestada la demanda extemporáneamente dictado en forma ilegal, por sus consecuencias jurídicas, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta dictar sentencia definitiva adversa al afectado, pues es innegable que esta violación, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a la licenciada *******, por encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, se advierte que el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, declinó la competencia legal al Juzgado de Distrito en turno, con residencia la misma localidad, para conocer de la demanda de amparo promovida por *******. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 41 y 45 de la Ley de Amparo, se admite la competencia planteada, por lo que regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 212/2018-IV, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y envíese acuse de recibo al Tribunal Superior, con transcripción de este auto. Ahora bien, una vez examinada la demanda de amparo, así como los anexos que remitió el Tribunal Colegiado indicado, consistentes en el Toca *******, del índice de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad y copia certificada delo actuado en el expediente *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se determina que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla, pues se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, que enseguida se analizará. Al efecto, se precisa que la promovente de amparo reclamó del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: IV.- Actos reclamados. La omisión de A quem de fundar y motivar debidamente su resolución, confirmar el auto combatido; dictar una resolución incompleta; las omisiones de la autoridad responsable, de ocuparse en la resolución combatida, de todos y cada uno de los agravios expresados por la suscrita; la incongruencia de la resolución que confirma el auto combatido; el dejar a la suscrita en estado de indefensión, el consentir que se emita una resolución que carece de formalidades esenciales del procedimiento y con ello evitar que la suscrita sea oída y vencida en juicio. (sic) Ahora bien, como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la promovente de amparo relató lo siguiente: Con fecha 28 (veintiocho) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, a las quince horas, fui notificada de la demanda de pensión alimenticia, interpuesta por el C. ******* en contra de la suscrita, que con fecha siete de diciembre del mismo año, la suscrita promoví escrito de contestación de la demanda, escrito que contiene la excepción perentoria de cosa juzgada, a esta promoción le recayó el auto de fecha ocho de diciembre del mismo año (.). Que de la lectura del mencionado auto, se advierte, que se omitió tenerme contestando la demanda. Que inconforme con las determinaciones de la C. Juez Tercero de lo Familiar por audiencias, interpuse el recurso de apelación en contra del mencionado auto, que en escrito de expresión de agravios, específicamente en el señalado como "TERCERO AGRAVIO": La C. Juez recurrida, violenta en perjuicio de mi autorizante los artículos 1, 14 y 16 y 17 constitucionales al dejar a la C. ******* en estado de indefensión, al omitir tenerla contestando la demanda interpuesta en su contra, pues si bien es cierto, se promovió la excepción de cosa juzgada, también es cierto que esta constituye una contestación al escrito inicial de demanda.", tal como se desprende de lo antes transcrito, se hizo valer como agravio, la omisión de tenerme contestando la demanda interpuesta en mi contra, y siendo este, uno de los agravios en los cuales debió la autoridad responsable pronunciarse, omitiendo hacerlo, entonces, debemos concluir que el C. Magistrado omitió entrar al estudio de todos y cada uno de los agravios y dictó una resolución incompleta, incongruente con lo expresado en el mencionado escrito y en consecuencia dictó el A quen, una resolución que dista de cumplir con el principio de exhaustividad, y fundando y motivando adecuadamente la resolución emitida. La incongruencia en la resolución de segunda instancia se advierte, específicamente en el considerando III, en el cual se lee, "Pero no debe emitirse una conclusión en tal sentido desde el auto admisorio el que estuvo contestada la demanda", pues como se mencionó en el párrafo anterior, no se tuvo en el auto combatido, admitida la contestación de la demanda, más bien se tuvo, como si la suscrita hubiera omitido hacer manifestación alguna, lo cual evidentemente me deja en total estado de indefensión, siendo un hecho incuestionable, que no seré oído y vencida en juicio, pues el procedimiento se instaura, manifestó lo que a mi derecho corresponde, y se me dice que no ha lugar a tenerme interponiendo excepción perentoria de cosa juzgada, sin sustanciación de la cosa Juzgada y sin tener por contestada la demanda, esto es, la C. Juez abusa de su autoridad, y el C. Magistrado confirma este proceder, pues aun a sabiendas, de que no se me tuvo por contestada la demanda, en su resolución dice que se me tuvo contestada la demanda, y más aún, confirma el auto, en el que se me dice que no ha lugar a tenerme por interpuesta la excepción perentoria de cosa juzgada, lo cual evidentemente vulnera el derecho de obtener una resolución debidamente fundada y motivada. Todo esto, independientemente de que, la suscrita di contestación a la demanda al manifestar, en mi escrito de excepción de cosa juzgada, lo siguiente: "Ahora bien, las prestaciones que me solicita el acto, en el sentido de que se decrete el pago de una Prensión Alimenticia Provisional y la condena al pago de la Pensión Alimenticia Definitiva no menor al 40% del total de los ingresos y percepciones ordinarias y extraordinarias que en su caso reciba la suscrita, SON IMPROCEDENTES, y se dice que carece de acción y derecho el actor para promover en mi contra la demanda que nos ocupa, en virtud del convenio modificatorio elevado a categoría de cosa juzgada", pues esto implica la negación de toda la demanda, en consecuencia el A quem, debió modificada el auto combatico para tenerme por contestada la demanda y proveer sobre todos y cada uno de los agravios expresados, hasta el grado de omitir dejar a la suscrita en total estado de indefensión. (sic) De lo anterior se desprende que la quejosa reclama, en concreto, del Magistrado de la Primera Sala Civil Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca *******, mediante la cual confirmó el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el expediente *******, en el cual se desestimó la excepción de cosa juzgada, que la aquí quejosa hizo valer en el escrito a través del cual compareció a dicha controversia familiar, actuaciones que se desprenden tanto del Toca, como del expediente mencionados. Aunque, al respecto, la quejosa reclama dicha resolución de segunda instancia, debido a que el Magistrado responsable, dice, no se ocupó de su agravio relativo a la omisión del Juez Familiar de referencia, de tenerla, expresamente, contestando la demanda. Indicado lo anterior, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, en relación con su numeral 107, fracción V, disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Conforme a la primera de las normas citadas, el juicio de amparo es improcedente, cuando la improcedencia resulte, además de las hipótesis ahí descritas, de alguna otra disposición de la Ley de la materia, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Continuando, la segunda de las normas citadas, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se reclamen actos "en juicio", cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, actos dictados dentro de la secuela procedimental o del trámite de la contienda de que se trate; sin embargo, para tales actos sean reclamables a través de la vía indicada, es necesario que sean de "imposible reparación" y tal noción la proporciona la propia norma, al establecer que por tales actos se entienden, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así pues, si el Magistrado responsable, al emitir la resolución reclamada, en consideración de la quejosa, incurrió en la omisión señalada, ello no vulnera derechos sustantivos en su perjuicio, pues en caso de en las controversias del orden familiar que nos ocupan, efectivamente se considere que la quejosa no contestó la demanda, los efectos de ello son meramente procesales, lo que se corrobora teniendo en cuenta los artículos 211 y 212 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, efectos que se traducen, en su caso, en la declaración de rebeldía, la confesión de los hechos contenidos en la demanda y la imposibilidad de ofrecer pruebas al respecto. Es decir, se trata de actos que tienen que ver con la secuela del procedimiento y que en este momento se desconoce si afectarán los derechos sustantivos de la quejosa, pues el actor de las controversias del orden familiar del que deriva el acto reclamado, no necesariamente obtendrá una sentencia definitiva favorable. Cabe mencionar, a fin de demostrar el carácter meramente procesal de los efectos del acto reclamado dentro del juicio natural, que se desconoce por completo si las consecuencias procesales apuntadas se materializarán, pues en el auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el expediente *******, además de desestimar la excepción de cosa juzgada que hizo valer la parte demandada, aquí quejosa, dicho Juez la tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones; autorizó a la profesionista ahí mencionada en términos del artículo 39 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua; señalando incluso que la misma llevará la voz de la defensa durante la tramitación del juicio; y, con ello, dio vista a la parte actora, para que manifestara lo que a sus intereses conviniera; esto es, conforme a dicho auto, la secuela del procedimiento natural, continúa, sin que tal circunstancia haya sido variada por el Magistrado responsable en la resolución que se le reclama. En consecuencia, al tratarse la resolución reclamada, de un acto intraprocesal que no vulnera, en este momento, derechos sustantivos en contra de la parte quejosa, lo procedente es, como se anunció, desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la propia Ley. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 48/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, materias Constitucional y Común, Décima Época y número de registro 2011580, que dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Asimismo, por identidad de razones, se cita la tesis VII.2º.C.64 C (10ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 2179, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Común, Décima Época y número de registro 2005481, del rubro y texto siguientes: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORÁNEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito que, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que éstas afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda extemporáneamente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable; máxime que al tenerse por contestada la demanda extemporáneamente, no implica una sentencia condenatoria porque -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden contestados los hechos en sentido negativo, lo cual implica revertir la carga de la prueba a la contraria, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que el acuerdo que tiene por contestada la demanda extemporáneamente dictado en forma ilegal, por sus consecuencias jurídicas, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta dictar sentencia definitiva adversa al afectado, pues es innegable que esta violación, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, a la licenciada *******, por encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley invocada, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del Juzgado, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente, con excepción de las detalladas supra líneas, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las jurisdicciones y determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. De igual manera, con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria en Funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa ante la Secretaria *******. Doy fe.
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