Sonia Yudith González García y Otros.
Expediente 577/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sonia Yudith González García y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Tal como se estableció en la cuenta, este órgano jurisdiccional califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los informes rendidos por el Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua y el Director de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Ahumada, Chihuahua, en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene al Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua autorizando a los delegados que menciona y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, en términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista elctronica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo **********/2020-VI. Ahora, en razón de que el escrito de demanda de amparo que se atiende se presentó únicamente con una firma digitalizada que aparentemente corresponde a **********, es inconcuso que tal demanda de amparo carece de firma autógrafa, de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y; tampoco tiene la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), por tanto, se reserva su admisión, hasta que sea ratificada. No obstante, es necesario proveer respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, que así lo ameritan. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos solicitan la suspensión de plano de los actos reclamados. Al respecto, es importante señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha orientado criterio -tesis aislada 2a. XXIII/2016- sobre los requisitos que deben satisfacerse para conceder la suspensión en el juicio de amparo; en la que se ha apoyado este juzgado para sostener su propio criterio acerca de los requisitos que, para otorgar la suspensión, han de cumplirse en términos del artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 128, 131, 138 y 147 de la ley que reglamenta aquel numeral. Por su parte, los ordinales 125, 126, 127, 128, 130, 131, 136, primer párrafo, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan lo relativo a la suspensión de los actos reclamados, los cuales establecen lo siguiente: 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso. 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. 127. El incidente de suspensión se abrirá de oficio y se sujetará en lo conducente al trámite previsto para la suspensión a instancia de parte, en los siguientes casos: I. Extradición; y II. Siempre que se trate de algún acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. El artículo 125 de la Ley de Amparo dispone que, en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretara de oficio o a petición de la parte agraviada. El artículo 126 y 127 del ordenamiento citado, regula lo relativo a la suspensión de oficio, que procede cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o cuando se trate de algún otro acto reclamado que, si llegase a consumarse, haría físicamente imposible restituir a los quejosos en el goce del derecho constitucional violado. Esta suspensión se tramita de plano, es decir, sin audiencia de las demás partes, y se decreta en el mismo auto en que el Juez admita la demanda. Sus efectos son ordenar que cesen los actos referidos en la primera parte del párrafo que antecede u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, caso este último, en el que el Juez deberá tomar las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. Fuera de los supuestos a que se refieren los numerales 126 y 127 de la Ley de Amparo, el artículo 128 del citado ordenamiento, establece los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran los siguientes: 1. Que la solicite el quejoso; y 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cuando se conceda la suspensión en estos casos, el Juez de Distrito procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Es importante señalar que el marco jurídico a que se ha hecho referencia es producto de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación y la posterior expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, lo que generó, en cuanto a la suspensión en el amparo indirecto, un nuevo sistema equilibrado, orientado en la preservación de los derechos humanos y contar con mayores elementos de control, con objeto de evitar el abuso en su concesión y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social. En el artículo 107, primer párrafo, fracción X, constitucional, se estableció que correspondería al legislador determinar tanto las condiciones como los casos en los que la suspensión sería procedente y, en función de esto, al expedir la ley reglamentaria en vigor, no sólo reconoció al juez de Distrito la discrecionalidad para decidir sobre ella y estableció los parámetros normativos para el desarrollo general o específico de la ponderación, sino le otorgó la facultad de determinar los supuestos en los que la suspensión era procedente en función de ciertos bienes jurídicos de índole irreductible o preponderante. Aunado a ello, el artículo 126, transcrito en el apartado anterior, dispone que, en el auto de admisión de la demanda, el juez podrá conceder la suspensión de plano, la que de otorgarse deberá comunicarse sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate de los actos siguientes: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. b) Las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales (prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). c) La incorporación forzosa en el ejército, armada o fuerza aérea nacionales. d) Tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De ese modo, la suspensión de oficio o de plano, se decide sin sustanciar incidente y sin exigir requisito alguno para que surta efectos, pues la medida tiene por objeto la protección de bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, cuya protección conlleva una urgencia y gravedad que permiten al juzgador actuar de manera inmediata. Así, el legislador estableció una serie de actos o supuestos en los que se impuso el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación y con exclusión de la discrecionalidad del juzgador, a fin de evitar que se materialicen o consumen actos que afecten bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante. Ahora, respecto de la suspensión de plano relativa a los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que hace derivar del decreto 127/2020 que impugna y que refiere trastoca sus derechos humanos al libre tránsito y al trabajo, la que suscribe considera necesario un estudio respecto de la procedencia de dicha medida cautelar en atención a la naturaleza de los actos que solicita sean suspendidos. Constituye un hecho notorio para la comunidad chihuahuense, que el cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el acuerdo 127/2020, el cual contiene las restricciones a la movilidad reclamadas por la parte quejosa, mismo que es del tenor siguiente: ACUERDO 127/2020 PRIMERO. Se establece como horario de restricción para limitar la movilidad dentro del territorio del Estado, el comprendido de lunes a jueves de las 19:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente y los viernes de las 19:00 horas hasta el lunes siguiente a las 6:00 horas. SEGUNDO. Se deberán acatar las disposiciones establecidas en el color rojo del semáforo de riesgo COVID-19 en aquellos horarios distintos al horario de restricción previsto en el presente Acuerdo. TERCERO. Se ordena el cierre y la suspensión de todas las actividades y establecimientos en el Estado de Chihuahua durante el horario de restricción. Las actividades y establecimientos que a continuación se indican serán las únicas que se podrán realizar o continuarán operando en el Estado durante el horario de restricción: I. Salud, todos los servicios hospitalarios y equipos médicos, privados o públicos; II. Clínicas, laboratorios, rayos X, veterinarias y farmacias que operen en local independiente; permanecerán cerradas las que operan dentro de centros comerciales cerrados, tiendas departamentales, supermercados y bodegas; III. Abarrotes, carnicerías, cremerías, panaderías, tortillerías y tiendas de conveniencia con menos de 300 metros cuadrados de área comercial; permanecerán cerradas las que operan en tiendas departamentales, supermercados y bodegas; IV. Producción, procesos, empaque y distribución de alimentos de la canasta básica y perecederos; V. Servicios de seguridad, públicos y privados, procuración e impartición de justicia; VI. Equipos de auxilio y protección civil; VII. Servicios básicos de generación y suministro de energía, agua y telecomunicaciones -solo conexión y mantenimiento de las redes de telecomunicación-, públicos y privados; VIII. Servicio postal, paquetería y mensajería; IX. Ajustadores de compañías aseguradoras; X. Restaurantes, únicamente con servicio a domicilio, así como servicios de plataformas digitales que transiten para este fin. Fuera de estos casos, no se permite la recolección de pedidos en el establecimiento o los pedidos para llevar; XI. Hoteles, sin actividad en áreas comunes; XII. Gasolineras y gaseras; XIII. Servicios funerarios; XIV. Obra pública; XV. Aeropuertos, servicio ferroviario, carreteras y terminales de autobuses; XVI. Transporte, en términos de lo previsto en el presente Acuerdo; XVII. Minería; y XVIII. Servicios públicos municipales. CUARTO. La actividad industrial en el Estado, con el aforo y restricciones previstas en el semáforo correspondiente, podrá laborar de lunes a viernes sin restricción de horario y deberá suspender actividades el sábado y el domingo. QUINTO. El sistema de transporte público se sujetará a lo siguiente: I. De lunes a viernes, el transporte público deberá iniciar su operación a las 6:00 horas y suspender su operación a las 21:00 horas. II. Los sábados y domingos se reducirán las rutas y frecuencias del transporte público de pasajeros conforme lo acuerde y dé a conocer la Dirección de 5 Transporte, iniciando su operación a las 6:00 horas y terminando a las 21:00 horas. III. Después de las 21:00 horas, únicamente se permitirá la circulación de las unidades de transporte para bajar a los pasajeros hasta terminar su recorrido y arribar a sus patios de encierro o zonas de pernocta. IV. Los servicios de Empresas de Redes de Transporte o Plataformas solo podrán aceptar servicios de lunes a viernes entre las 6:00 y las 20:00 horas. No podrán operar a partir del viernes a las 20:00 horas y hasta las 6:00 horas del lunes siguiente; con excepción de traslados cuyo origen o destino sea una farmacia, un centro de salud u hospital. V. La operación del servicio de taxis (excepto Empresas de Redes de Transporte o Plataformas) se brindará de manera regular, sin restricción de horario, debiendo aplicar las medidas de limpieza e higiene recomendadas e implementar el protocolo de protección y atención a usuarios. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El presente Acuerdo estará sujeto a la revisión periódica de la autoridad sanitaria, en conjunto con el Consejo Estatal de Salud, lo cual determinará su vigencia. Para tal efecto, deberá acordarse su reforma o abrogación una vez que existan condiciones sanitarias propicias para continuar con la reapertura de establecimientos y reanudación de actividades en forma gradual. SEGUNDO. Durante la vigencia del presente Acuerdo se dejan sin efecto, temporalmente, las disposiciones contrarias en materia del sistema de semaforización sanitaria previstas en el Anexo 1 del Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, reformado mediante los Acuerdos 109/2020 y 120/2020, publicados los días 31 de agosto y 22 de octubre del presente año en el Periódico Oficial del Estado. TERCERO. Continúan vigentes, en lo que no se oponga, las medidas sanitarias y el control de actividades establecido mediante el sistema de semaforización sanitaria previsto en el Acuerdo 102/2020 publicado el 10 de agosto de 2020 en el Periódico Oficial del Estado, reformado mediante los Acuerdos 109/2020 y 120/2020, publicados los días 31 de agosto y 22 de octubre del presente año en el Periódico Oficial del Estado; dichos instrumentos son de aplicación supletoria al presente ordenamiento. En lo que interesa, del punto PRIMERO del citado acuerdo, se desprende el establecimiento como horario de restricción para limitar la movilidad dentro del territorio del Estado de Chihuahua, el comprendido de lunes a jueves de las diecinueve a las seis horas del día siguiente y los viernes de las diecinueve horas hasta el lunes siguiente a las seis horas. En el caso, aunque este órgano jurisdiccional estima que la sociedad está interesada en que se adopten las medidas determinadas por las autoridades gubernativas para enfrentar la pandemia generada por el virus SARS-COV-2 (COVID 19), puesto que estas tienen por objeto proteger la salud de la población en general mediante la disminución del contacto entre personas cuya proximidad pueda acarrear la transmisión de dicho virus. A pesar de ello, no debe pasarse por alto que en el presente caso también existe un significativo interés social que respalda el interés de los quejosos. Es así, porque las medidas que restringen la movilidad reclamadas por el peticionario de amparo constituyen una restricción a la libertad de tránsito, que resulta aplicable a todas las personas, sin distinción. Por esa razón, esta juzgadora también considera que la sociedad está interesada en que prevalezca el Estado constitucional de Derecho, lo cual implica que los derechos fundamentales de cualquier persona (incluidos los quejosos) no sean objeto de restricciones que resulten considerablemente desproporcionales atendiendo a los fines que persiguen. Dicho de otra forma, la población está interesada en vivir en una comunidad en donde cada una de las personas no sea objeto de restricciones de derechos que no guardan proporción y necesidad y que, por ende, afecten de modo innecesario el contenido esencial de un determinado derecho humano. Hasta este punto, resulta suficiente entender que existen intereses sociales que subyacen tanto a los intereses de los quejosos como al acto autoritario. Para ello, hay que analizar la apariencia del buen derecho conforme a las pretensiones de los quejosos. Se considera, que existe un grado preliminar de certeza con relación a la apariencia del buen derecho en favor de la parte quejosa, en virtud de que las restricciones a la libertad de tránsito decretadas en el Acuerdo 127/2020, son desproporcionadas si se toma en cuenta su aparente finalidad. En el caso que nos ocupa, este órgano jurisdiccional estima que -en un análisis adelantado y no conclusivo-, los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, traducidos en una restricción parcial a la libertad de tránsito y derecho al trabajo no se justifica para hacer frente con efectividad a la propagación de la pandemia. En el caso, como ya se dijo, las restricciones contenidas en el citado Acuerdo establecen la infracción de la movilidad de personas de carácter absoluta en las vías públicas en los horarios consabidos, sin importar la forma o el vehículo que puedan utilizar las personas para desplazarse en la vía pública. Esto es así porque, salvo los casos enunciados en el punto TERCERO, la deambulación de una persona en la vía pública de lunes a jueves de las diecinueve a las seis horas del día siguiente y los viernes de las diecinueve horas hasta el lunes siguiente a las seis horas, aunque no se señale expresamente en el acuerdo impugnado, es evidente que su incumplimiento pudiera ser objeto de diversas sanciones, que inclusive pudieran ser la afectación de la libertad personal mediante un arresto administrativo. El hecho de que durante un periodo considerable de tiempo de la semana, las personas en el Estado no puedan transitar por las vías públicas, salvo en los casos predeterminados a los que hace alusión el punto TERCERO del aludido Acuerdo, implica una restricción personal que afecta en forma parcial la libertad personal deambulatoria de los quejosos, en perjuicio de su derecho de libre tránsito y de trabajo, puesto que durante esos horarios la deambulación por las vías públicas ya no puede entenderse como el ejercicio libre de un derecho, al quedar sujeto a los casos predeterminados por la autoridad y no por las preferencias de las personas. Sin embargo, frente a la restricción al derecho al libre tránsito y trabajo, no se observa -en un análisis superficial y no conclusivo- que la medida pueda tener el efecto de reducir significativamente la propagación del virus, de modo que la restricción resulta desproporcional al beneficio social deseado para detener la propagación de la pandemia. En pocas palabras, la restricción parcial de los derechos humanos involucrados causada por la medida cuestionada, no se justifica como una regla de efectividad para detener la propagación del virus, pues no es la única que puede tomarse para tales efectos. En efecto, resulta cuestionable que la restricción parcial de la libertad de tránsito durante los fines de semana y entre semana por las noches, reducirá significativamente el contacto de personas y, por ende, la propagación del aludido virus. Lo anterior es así porque constituye un hecho notorio que en dichos horarios son los periodos de tiempo en donde se presenta menos movilidad de personas. En otras palabras es más obvio que, si entre semana y en horas hábiles se respeta el derecho de transito sin restricción alguna únicamente con las medidas sanitarias pertinentes, no se justifica que cuando el riesgo sea menor la restricción sea mayor, a saber de las diecinueve a las seis horas, de ahí que se reitere la desproporción del acuerdo en la parte conducente, siempre y cuando se refiera a la afectación al derecho humano de libertad de trabajo que aduce transgredido por los quejosos, pues ello incide directamente en allegarse de recursos para su subsistencia. Además, existe certeza en torno a lo inminente e irreparable del perjuicio que resentiría los quejosos en caso de negarse la suspensión de plano. Y es que conforme a su naturaleza, el derecho al libre tránsito es uno que se ejerce de momento a momento, al implicar la posibilidad de viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Por otra parte, la afectación en parte a la libertad de tránsito es inminente porque no solamente se afirma la infracción del tránsito libre de personas, sino que tal situación da lugar a que las autoridades del ordenamiento jurídico chihuahuense pudieran llegar a aplicar diversas sanciones para imponer coactivamente la suspensión a la libertad de tránsito, dejando a su discrecionalidad que estas puedan ser de carácter meramente pecuniario o que consistan en restricciones a la libertad personal (arresto administrativo de hasta treinta y seis horas). Por tanto, se considera que debe prevalecer el interés de los quejosos frente al interés social que subyace al acto autoritario, primordialmente porque -con independencia de la afectación que resentiría la parte quejosa en lo individual- se causaría una mayor afectación al interés social si se negara la medida cautelar (lo cual quiere decir que el interés social que subyace al interés de los quejosos debe prevalecer sobre el interés social que subyace al acto autoritario). Es decir la prevalencia del libre tránsito sin restricciones desproporcionadas es de orden público si las reglas restrictivas al derecho humano citado adolecen de idoneidad y necesidad. Atento a las consideraciones vertidas anteriormente, de conformidad con los artículos 125 y 126, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto de los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, que de manera indirecta se causan con el acuerdo reclamado, respecto de sus derechos humanos al libre tránsito y al trabajo, para el efecto de que los quejosos no sean detenidos o sancionados de alguna manera por transitar por las vías públicas del Estado de Chihuahua, en los horarios de lunes a jueves de las diecinueve a las seis horas del día siguiente y los viernes de las diecinueve horas hasta el lunes siguiente a las seis horas; condicionado a que los recurrentes sigan, en lo conducente, las diversas medidas de distanciamiento social, con motivo de la aplicación de las medidas impuestas por el propio Estado de Chihuahua. Cabe reiterar que la medida cautelar exclusivamente resulta aplicable para suspender la aplicación del acuerdo 127/2020 para imponer restricciones a la libertad parcial de tránsito y derecho de trabajo. Lo cual implica que la concesión no surte efectos con motivo de infracciones de tránsito vehicular, ni respecto de la aplicación del acuerdo para imponer restricciones a otros derechos, o en general, respecto de cualquier otra medida tendiente a detener la propagación de la pandemia del COVID 19, que tenga un fundamento distinto a las mencionadas. Como son las decretadas por el Consejo Nacional de Salubridad. E incluso las necesarias medidas relativas al obligado distanciamiento social, el uso de cubrebocas y la restricción de estar en lugares con aglomeraciones públicas. Finalmente, la medida cautelar tampoco surte efectos si se trata de hechos distintos a los de la demanda, por lo que las autoridades estarán en libre ejercicio de sus atribuciones para hacer cumplir las decretadas como reglas sanitarias conducentes. De igual forma, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que, de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, visto el escrito de demanda de amparo que se atiende se desprende que se presentó únicamente con una firma digitalizada que aparentemente corresponde a **********, por lo que es inconcuso que tal demanda de amparo carece de firma autógrafa, de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y; tampoco tiene la "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), lo que impide tener certeza de la identidad de los signantes. No obstante, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. El Consejo de la Judicatura Federal ha reconocido que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. De tal forma que, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, los justiciables pueden promover juicios de amparo y consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios y a los diversos asuntos relacionados con ellos, así como recibir, en su caso, notificaciones electrónicas; ello, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). A partir del quince de julio de dos mil veinte, en el Poder Judicial de la Federación se tiene la posibilidad de realizar a distancia el trámite para la obtención de la FIREL, que antes se realizaba únicamente de forma física; sin embargo, actualmente, sólo es necesario ingresar a la página web: https://www.firel.pjf.gob.mx y seguir los diez sencillos pasos que se indican en la plataforma, pues sólo de esa forma podrá continuarse con la tramitación y resolución del juicio, en atención al principio de instancia de parte agraviada que rige en el proceso de amparo y que, en el presente asunto, no ha quedado plenamente acreditado, hasta este momento procesal. Entonces, dado que no se puede soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo, se requiere a los quejosos **********, para que, en el término de cinco días legalmente computado, realicen el trámite de su FIREL, la obtengan y presenten a través del Portal de Servicios en Línea del Artículo 6º, un escrito firmado electrónicamente por el cual ratifiquen el escrito de demanda, apercibidos que de no cumplir con ello o informar la imposibilidad que tienen para ello, la demanda se tendrá por no presentada, de conformidad con lo que establece el diverso numeral 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, y se dejarán sin efecto las providencias dictadas. Por otra parte, no pasa inadvertido para la suscrita que los promoventes **********, se desempeñan como secretarios de la adscripción, sin embargo, se reserva a proveer respecto al impedimento para conocer de la presente demanda de amparo, hasta en tanto sea ratificada en los términos expuestos. Por otra lado, en relación con las medidas relativas a la etapa de contingencia, cabe hacer mención, que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). En esa medida, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, y 35 de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones que este juzgado realice a las partes quejosa, tercera interesada y/o autoridad, en las que se precise tengan pleno conocimiento, se efectuaran por cualquier medio electrónico que resulte eficaz. Así, primeramente, se privilegiará la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico; mientras que, a las autoridades se les hará la notificación por intercomunicación o interconexión, siempre que exista el convenio que así lo establezca. De no ser posible esa comunicación electrónica que genera acuses automáticos de la recepción de las determinaciones que este juzgado envía, entonces, la notificación se realizará por medio del correo y/o teléfono de las partes, para lo cual, se requiere a las partes en este juicio para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea indicado en líneas; o bien, en la primera promoción que dirijan a este juzgado manifiesten tanto el correo en el cual recibirán las notificaciones que este juzgado les dirija, así como el número telefónico, incluyendo en su caso la extensión en el que se les podrá contactar, para atender aspectos no procesales o su manifestación expresa de que es su deseo que así le sean realizadas las notificaciones en el presente asunto, ello de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2. Dado que este tipo de notificación no genera acuses en automático, las partes deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 15 del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID 19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. En términos del artículo 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, dada la contingencia que actualmente se vive a nivel mundial, siendo ésta la pandemia denominada virus SARS-CoV2 (COVID-19), notifíquese el contenido del presente acuerdo a la parte quejosa vía electrónica. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará hasta que se levante la contingencia de salud actual, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que se reanuden las labores normales del juzgado. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y por correo electrónico a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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