Sonia Sánchez Delgado

Expediente 1010/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1010/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
19/12/2019

Partes del expediente

  • Sonia Sánchez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 1010/2019, promovido por Sonia Sánchez Delgado, contra actos del Delegado y Registrador dependiente del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, Sonia Sánchez Delgado, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos y por las autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit,.." El Registrador, dependiente del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, ." "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Del Delegado del Registro Agrario Nacional, la omisión de dar respuesta a mi escrito presentado el día dos de mayo de esta anualidad. Del mismo modo se reclama, al Registrador, dependiente del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, la ilegal orden unilateral de eliminar, eliminación, orden de suprimir desconocimiento o baja de la ejidataria MARIA SÁNCHEZ DELGADO, de la lista de ejidatarios legalmente reconocida en vida por el ejido denominado "PUENTE DE CAMOTLAN", Municipio de la Yesca, Nayarit, y desde luego, la baja como ejidataria del sistema digital informativo del protocolo o archivo documental interno del departamento registral de la citada Delegación. De igual forma se reclama al Registrador, dependiente del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, las ilegal determinación unilateral de la orden de registro, registro, alta y reconocimiento del señor SALVADOR SÁNCHEZ DELGADO como ejidatario en lugar de mi extinta madre MARIA SÁNCHEZ DELGADO, e incluso en la lista de ejidatarios del ejido denominado "PUENTE DE CAMOTLÁN", Municipio de las Yesca, Nayarit y la alta como tal, al sistema digital informativo del protocolo o archivo documental interno del departamento registral de la citada Delegación. Así mismo se reclama, al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Nayarit, la ilegal expedición e inscripción y consecuentemente, la cancelación del certificado de Derechos sobre Tierras de Uso Común del Ejido denominado "PUENTE DE CAMOTLÁN", Municipio de las Yesca, Nayarit, número 000001005074, expedido el 12 de julio de 2017, a favor del señor SALVADOR SÁNCHEZ DELGADO, al parecer "DE CONFORMIDAD CON TRANSMISIÓN DE DERECHOS POR SUCESIÓN DE FECHA 26 DE ENERO DE 2004, por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, de en aquel entonces, a cargo de la Licenciada MARIA SANTOS HERNANDEZ RENTERÍA, inscrito, bajo el Folio número 18019001113111952R, ante el Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit." La parte quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los arábigos 1, 8, 14, 16, 17 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 1010/2019. Previo cumplimiento al requerimiento formulado a la parte quejosa, por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables la rendición de su informe con justificación, se dio intervención legal de su competencia al Agente del Ministerio Público de la Federación y seguido el juicio en sus etapas respectivas, se celebró la audiencia constitucional este día, con el resultado que consta en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo establecen los artículos 94 y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 52, fracción V y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve en contra de actos cuya ejecución tienen lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se observa que el quejoso reclama: Del Delegado del Registro Agrario Nacional con sede en esta ciudad. La omisión de dar respuesta a su petición de dos de mayo del presente año. La expedición e inscripción del certificado de derechos sobre tierras de uso común del ejido denominado "Puente de Camotlán", número 000001005074, expedido el doce de julio de dos mil diecisiete a favor del señor Salvador Sánchez Delgado, al parecer de conformidad de transmisión de derechos por sucesión de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro, bajo el número de folio 18019001113111952R, ante el Registro Agrario Nacional. Del Registrador adscrito al Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. La eliminación o baja María Delgado López, de la lista como ejidataria del ejido denominado "Puente de Camotlán", municipio de la Yesca, Nayarit. El registro o reconocimiento del señor Salvador Sánchez Delgado como ejidatario en lugar de su extinta madre María Delgado López, e inclusión en la lista de ejidatarios del ejido denominado "Puente de Camotlán", municipio de la Yesca, Nayarit, del sistema digital informativo del protocolo o archivo documental interno del departamento registral de la citada delegación. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Delegada y Registradora adscrita al Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad; sin que sea óbice a lo anterior que al rendir su informe justificado, haya negado el acto que se le reclamó; toda vez, que de sus manifestaciones se advierte la existencia del mismo, así como de las copias certificadas que remitieron en apoyo a su informe, las que poseen valor probatorio pleno dado su carácter de públicos al haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, visible a página trescientos noventa y uno del Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, en primer término, toda vez que en el presente juicio la parte quejosa reclamó al Delegado del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad la omisión de dar contestación al oficio presentado el dos de mayo del presente año ante el Delegado del Registro Agrario Nacional. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XXI, en relación al precepto 77, fracción II, ambos de la Ley aplicable, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "ARTÍCULO 77.- Los efectos de la concesión del amparo serán:. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija" De los numerales y fracción antes transcritos, se observa que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Lo anterior es así, en virtud de que de las constancias que para el efecto remitió la autoridad responsable se advierte que el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, la responsable dio respuesta al escrito de dos de mayo de la presente anualidad presentado por la parte quejosa, del cual se le dio vista por este órgano jurisdiccional por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve y el veintinueve de mayo siguiente, se le notificó por lista de acuerdos sin que hubiere realizado alguna manifestación. De ahí que a la fecha, ya no existe materia para analizar las violaciones constitucionales reclamadas, dado que la omisión reclamada, ha cesado, pues como se dijo la responsable el diecisiete de mayo del año en curso, dio respuesta a su petición; además, practicó la notificación respectiva. Por tanto, resulta evidente que al día de hoy, ya se cumplió el objeto que perseguía la parte quejosa mediante la promoción del presente juicio de garantías. En esas condiciones, se considera que en el caso a estudio han cesado los efectos del acto reclamado, de ahí que, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En lo conducente, resulta aplicable la Jurisprudencia 59/99, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo IX, del mes junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la tesis número II. 1°. C. T. 217 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos trece del Tomo XIV correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Por lo anterior, se concluye que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del ordinal 61, en relación con la fracción II del dispositivo 77, ambos de la Ley de Amparo; consecuentemente, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V del precepto 63, de la legislación antes citada. Por otra parte, del resto de los actos reclamados al Delegado y Registrador dependiente del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto transcrito, se obtiene que en caso de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a las leyes que los rijan por medio de los cuales puedan revocarse, anularse o modificarse, deben agotarse antes de promover la presente instancia constitucional; tal aspecto constituye el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui géneris, como lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios, para invalidar actos de autoridad violatorios de derechos humanos, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los mecanismos de defensa ordinarios. Cabe apuntar que conforme a dicho principio, es suficiente que en cualquier ley, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad, para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto. Ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 116/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447, Tomo X, octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Precisado lo anterior, se estima actualizada la citada causa de improcedencia en razón de que contra los actos del la resolución reclamada procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario competente, previsto en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. (.) VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;; (.)" Así es, para efecto combatir los actos al delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, consistentes en la expedición e inscripción del certificado de derechos sobre tierras de uso común del ejido denominado "Puente de Camotlán", número 000001005074, expedido el doce de julio de dos mil diecisiete a favor del señor Salvador Sánchez Delgado, al parecer de conformidad de transmisión de derechos por sucesión de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro, bajo el número de folio 18019001113111952R, ante el Registro Agrario Nacional. Del Registrador adscrito al Delegado del Registro Agrario Nacional, consistente en la eliminación o baja de María Delgado López, de la lista como ejidataria del ejido denominado "Puente de Camotlán", municipio de la Yesca, Nayarit; y, el registro o reconocimiento del señor Salvador Sánchez Delgado como ejidatario en lugar de su extinta madre María Delgado López, e inclusión en la lista de ejidatarios del ejido denominado "Puente de Camotlán", municipio de la Yesca, Nayarit, del sistema digital informativo del protocolo o archivo documental interno del departamento registral de la citada delegación; es necesario que la parte quejosa previamente al juicio de amparo debió promover juicio de nulidad ante los tribunales agrarios respecto a su inconformidad de los actos reclamados tanto del Delegado como del Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional, y para evidenciarlo, es menester precisar la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió. En primer término, debe decirse que el Registro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con autonomía técnica y presupuestal, al cual corresponden las funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, derivados de la aplicación de la Ley Agraria; en él se inscriben los documentos en los cuales consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 21/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, visible en la Página: 261, intitulada y del contenido siguiente: "REGISTRO AGRARIO NACIONAL. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR ÉL, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE CONTROL DE TENENCIA DE LA TIERRA Y SEGURIDAD DOCUMENTAL, HACEN PRUEBA PLENA. De conformidad con los artículos 16, 17, 78, 56, último párrafo, 68, 69, 74, 80, 82, 148 y 150 a 156 de la Ley Agraria; 1o., 2o., 7o., 9o., 12, 17, 18, 19, 20, 72 a 74, 77, 78 y 79 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; y 3o., 4o., 6o., 9o., 13, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 38, 48, 84 a 89, 90, 92, 93 y 97 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y siete, corresponde al Registro Agrario Nacional, en ejercicio de las funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, expedir certificados y títulos de naturaleza agraria, así como inscribir en sus asientos el despacho de tales documentos, las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras, los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal, comunal y las correspondientes a la propiedad de sociedades; así como inscribir la transmisión de derechos agrarios por sucesión, y extender las constancias y copias certificadas de sus inscripciones y documentos. Por ende, tanto los certificados parcelarios como las constancias relativas a la inscripción de la transmisión de derechos agrarios por sucesión, ya sea testamentaria o legítima, expedidos por aquél a través de cualquiera de las autoridades facultadas para tal efecto, como las sentencias o resoluciones de los tribunales agrarios, que hagan las veces de certificados parcelarios, acreditan tanto la calidad de ejidatario, como los derechos de éste sobre la parcela, y son suficientes e idóneos para justificar en juicio o fuera de él aquello a lo que su contenido se refiere." En esa tesitura, las delegaciones son unidades administrativas para el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos de la competencia del Registro Agrario Nacional con facultades para ejercer la función registral mediante la calificación, inscripción y certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro, entre ellos, la sucesión de derechos ejidales, así como los actos jurídicos que conforme a la ley y sus reglamentos deben inscribirse. De esa manera, el procedimiento registral está a cargo de los registradores a través de la función de calificación, la cual consiste en examinar, bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rija, y se puede resolver en dos sentidos: 1. Emitiendo una calificación positiva, cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, lo cual implica que el acto de cuya inscripción se trata reunió los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rige. 2. Emitiendo una calificación negativa, cuando deniegue el servicio registral, en cuyo caso se asume que el acto de cuya inscripción se trata no reunió los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad aplicable. De lo anterior, se advierte que la autorización de la inscripción o su negativa, no son automáticas, sino que requieren pasar previamente por la aprobación del registrador, quien debe apreciar o determinar si el documento o acto jurídico de cuya inscripción se trata, satisface los requisitos tanto de forma, como de fondo, de la normatividad que los rige, de modo que en el ámbito de sus atribuciones dicha autoridad ejerce facultades de legalidad y por ende, un control de esta naturaleza, acotado a sus atribuciones registrales, pues sólo de esta manera puede cumplir su cometido de control de la tenencia de la tierra y seguridad jurídica que tiene encomendados dentro de su ámbito de atribuciones. En ese orden, contra la calificación positiva procede el recurso de revisión en términos del artículo 59 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, del cual corresponde conocer y resolver al superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o por ésta misma, cuando provenga del titular de la dependencia, lo cual implica que su resolución queda a cargo de las autoridades agrarias competentes, según corresponda, de tal forma que la confirmación de la calificación registral y la autoridad que la emite, son de naturaleza agraria. Por tal motivo, resulta evidente que la resolución o determinación que constituyen los actos reclamados y la autoridad emisora son de naturaleza agraria, pues justamente se impugna la resolución emitida por la Delegada y Registrador adscrito al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en la que determinó que conforme a la lista de sucesores de la extinta María Delgado López de acuerdo al acervo de los datos registrales ante la autoridad responsable, la inscripción y certificación de la sucesión ante él solicitada pues consideró que reunió los requisitos de forma y fondo exigidos por la normatividad que los rige. Ahora bien, de conformidad con los artículos 163 y 164 de la Ley Agraria; y 1, 2 y 18 de la ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los juicios agrarios tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y son los tribunales unitarios agrarios los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para conocer y fallar de los asuntos tramitados en términos de la Ley Agraria, entre otros asuntos, de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Luego, si el acto reclamado y la autoridad a quien se le atribuye son de naturaleza agraria, entonces, el procedimiento idóneo para controvertir dicha resolución reclamada es el juicio de nulidad previsto por la fracción IV del artículo 18 de la Ley Agraria. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 88/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, Novena Época, visible en la página 66, cuyo título y texto, rezan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, éste es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos." En este orden de ideas, deviene inconcuso que si respecto del tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya emitió jurisprudencia exactamente aplicable; por ende, en contra de la determinación de inscribir la transmisión de derechos por sucesión a favor de Salvador Sánchez Delgado por la Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en la que determinó la inscripción solicitada, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario competente. De tal forma que debieron agotarlo antes de acudir a la presente instancia, ello en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues al no haberlo hecho así, la resolución impugnada no es definitiva, motivo que hace improcedente esta vía. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan la jurisprudencia del tenor siguiente: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. En términos de los artículos 160, último párrafo, de la Ley Agraria, y 110 de su Reglamento en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, vinculados con la fracción IV del diverso 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario contra la resolución dictada por la Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en la que ordena el archivo del procedimiento de adquisición de terrenos nacionales, por estimar que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, esto es, actualizar la solicitud dentro del plazo previsto en dicho numeral, razón por la cual, en atención al principio de definitividad y al no actualizarse algún supuesto de excepción establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, debe agotarse el mencionado medio de defensa ordinario antes de promover el juicio de amparo indirecto." Ahora, en lo que respecta a la suspensión del acto reclamado, la Ley Agraria prevé en su artículo 166 lo siguiente: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el libro primero, título segundo, capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso." Del cual se desprende que se otorga a los tribunales agrarios la atribución de proveer sobre la suspensión del acto de autoridad en materia agraria en términos del libro primero, título segundo, capítulo tercero, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; además, para el otorgamiento de la medida cautelar, deberán considerar las condiciones socioeconómicas de los interesados. Cierto que la referencia que efectúa hacia la Ley Agraria es aquella que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, pero la legislación actual, en vigor al día siguiente al recién señalado, regula la suspensión del acto reclamado en la sección tercera, primera parte, reglas generales; entonces, es evidente que actualmente la suspensión en materia agraria se rige por las mismas reglas que el juicio de amparo indirecto, por ende, los requisitos para la suspensión son iguales. Es decir, para acordar la suspensión del acto en materia agraria, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario correspondiente deberá emplear la Ley de Amparo; por ende, no se requiere efectuar la comparación de los requisitos. Por las razones expuestas, resulta procedente la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo vigente; lo que conduce a decretar el sobreseimiento del presente asunto, conforme a lo establecido en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, como es que no se les dio intervención o audiencia para la resolución que ahora se combate, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio de los peticionarios del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala. "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así, por lo expuesto y con apoyo, además, en los dispositivos 65, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Sonia Sánchez Delgado, respecto de los actos reclamados precisado en el considerando segundo de la presente resolución atribuidos a la Delegada y Registrador adscritos, al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y procédanse a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria María Martha Salas Rodríguez, que autoriza y da fe hasta el día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve en que lo permitieron las labores de este juzgado.- Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Tepic, Nayarit, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 1010/2019 (foja 92), promovido por Sonia Sánchez Delgado; la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistida de la Secretaria Luz Adriana Puga Magaña, que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito de demanda, aclaratorio y documentales adjuntas (fojas 2 a 22 y 29 a 31). Informe justificado signado por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad y documentales (fojas 41 a 57). Informe con justificación remitido por la Registradora Integral adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos (fojas 65 a 79). Además, se hace constar que el término de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veintitrés de mayo de este año (fojas 58 a 59), para que ampliará su demanda, transcurrió del treinta y uno de mayo al veinte de junio de este año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado y se resolverá el presente juicio tal como fue planteado. Acorde lo anterior, la Juez acuerda: Se tienen por rendidos los informes justificados y por relacionadas las constancias de autos. Sin más circunstancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio y con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas, las probanzas exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables, en razón de su propia naturaleza; se cierra dicha etapa y se abre la de alegatos, sin que ninguna de las partes los hubiera formulado. Se cierra dicho período y se da por terminada esta diligencia, de la que se levanta la presente acta para constancia, de conformidad con el artículo 124 de la propia legislación. Firmando para constancia las personas que en ella intervinieron y se declaran vistos los autos para dictar sentencia. Doy Fe. LA JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que por acuerdo de treinta de mayo del presente año (fojas 1141 y 1142, del tomo III), se ordenó girar despacho al Juez Mixto de Primera Instancia de Tecuala, Nayarit, para que por su conducto emplazara a juicio a los terceros interesados ********, ambos de apellidos **********; sin que al día de hoy obre constancia de dichos emplazamientos, no obstante de que ese medio de comunicación fue recibido el diez de junio del año en curso, tal y como se advierte del acuse de recibo de la pieza postal que contenía el despacho 113/2019-IX (foja 1147, del tomo III). En consecuencia, con fundamento en el arábigo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo su dispositivo 2°, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia de Tecuala, Nayarit; para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las constancias del emplazamiento practicado a los terceros interesados de referencia, apercibido que en caso de ser omiso, o bien, de no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, acorde con la fracción I del ordinal 237, en relación con los preceptos 238 y 259 de la Ley de la Materia. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión al referido tercero interesado, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos se advierte que se giró oficio al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a efecto de que designara un trabajador social (foja 96) y diera acatamiento al proveído de doce del mes y año en curso (fojas 89 y 90), sin que a la fecha haya informado lo conducente, no obstante de estar notificada desde el veintiuno siguiente (foja 97); en consecuencia, de conformidad con el numeral 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2, requiérase al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para que informe los trámites de la designación de un trabajador social, para que realice un estudio socioeconómico al solicitante del amparo Alfredo Santillán Meza, a efecto de valorar su situación pecuniaria, esto es, analizar su entorno social, familiar o laboral, asimismo, a través de sus sentidos, corroborara dónde, cómo, en qué condiciones vive, a qué se dedica actualmente, qué bienes tiene, así como el lugar en que se haya y el estatus económico de la zona, entre otras particularidades, de igual forma, cuántos y quiénes son sus dependientes económicos o bien, de ser el caso remita la valoración efectuada por el trabajador social que haya designado para tal efecto. Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. **

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