Sonia Macías Reyes

Expediente 1794/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1794/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Sonia Macías Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ** ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el siete de junio de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento de ejecución de laudo del juicio laboral 155/2011, atribuida a la autoridad responsable Junta Especial Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, de conformidad con los argumentos y el fundamento contenido en el considerando cuarto de la presente resolución. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se le remita copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo 430/2017, lo anterior, al resultarle necesarias para resolver el juicio de garantías 2154/2018 de índice; por tanto, envíesele las copias certificadas que solicita para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías signada por *** se aprecia que señaló como acto reclamado la omisión de acordar el escrito que presentó el siete de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente 155/2011. En relación a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, precisó que es cierto el aludido acto de molestia, pero remitió fotocopias únicamente de los autos integrantes del sumario de origen hasta el veintiséis de marzo del año en curso, esto es, omitió adjuntar el ocurso de cuya falta de contestación se duele la agraviada en esta instancia constitucional. En este sentido, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, el Órgano Jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto, así de conformidad con el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en cita, por disposición expresa en su precepto 2, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia debidamente certificada de la totalidad de las actuaciones dictadas con posterioridad al veintiséis de marzo de dos mil dieciocho hasta la determinación que recaiga al presente auto, toda vez que resultan indispensables para resolver el presente sumario. A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el trece de agosto (fojas 116 a 119), el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de trece de agosto del presente año (foja 120 a 121), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte agraviada el diecisiete de agosto de este año (foja 125); por tanto, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como , u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 87 a 92), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que: Determinación que causó ejecutoria el trece de agosto de dos mil dieciocho (fojas 120 a 121). De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Ordenar al Actuario de su adscripción llevar a cabo la notificación del laudo de doce de septiembre de dos mil dieciséis dictado en el expediente laboral 628/2012 de su índice. Luego, a través del oficio 232/2018-A y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el trece de agosto del año en curso (fojas 116 a 119), el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y para tal efecto remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada en el juicio de origen (fojas118 a 119). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

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