Sonia Macías Reyes

Expediente 1613/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1613/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Sonia Macías Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el uno de agosto del año en curso y anexo al mismo (fojas 88 y 89), el Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha dependencia gubernamental, comunicó la forma en que las aludidas responsables dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Luisa Viteri González. Mediante proveído de dos de agosto de la presente anualidad (foja 90), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó de manera personal a la parte quejosa el ocho de agosto de la presente anualidad (foja 93), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional terminada de engrosar el treinta y uno de mayo del presente año (fojas 50 a 65), en el que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, ambos con residencia en esta ciudad, devuelvan a la quejosa la cantidad de $18,316.42 (dieciocho mil trescientos dieciséis pesos 42/100 moneda nacional), que pagó el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "Restaurante Bar", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit"." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 23, fracción IV de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que no le aplicaran en el presente ni en el futuro, tales preceptos, hasta en tanto no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle a la parte quejosa la cantidad de $18,316.42 (dieciocho mil trescientos dieciséis pesos 42/100 moneda nacional), que pagó el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por concepto de derechos del giro de "Restaurante Bar", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada, menos el cobro de comisión bancaria de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional); la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/3883/2018, de treinta de julio de la presente anualidad, recibido el uno de agosto actual, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal (fojas 88 y 89), el Secretario y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $18,350.32 (dieciocho mil trescientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $*,menos la suma de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional, que corresponde al concepto de comisión bancaría, da como resultado un total $*, cantidad sobre la cual las responsables debían de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y el diecisiete de julio de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a julio de dos mil dieciocho; Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de junio de presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil dieciocho fue de 131.508; y para el mes de junio actual de 132.282. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00588. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $18,313.42 (dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $18,421.10 (dieciocho mil cuatrocientos veintiún pesos 10/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $18,313.42 (dieciocho mil trescientos trece pesos 42/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $107.68 (ciento siete pesos 68/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las citadas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvieron a la quejosa la cantidad $18,350.32 (dieciocho mil trescientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver a la quejosa era de $18,421.10 (dieciocho mil cuatrocientos veintiún pesos 10/100 moneda nacional); sin embargo, éstos reintegraron la diversa de $18,350.32 (dieciocho mil trescientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $70.78 (setenta pesos 78/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta suscrito por *****************, en su carácter de delegado de la responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, por las razones que expone, informa que no le ha sido posible remitir las constancias relativas al acto que se le reclama; en consecuencia, envíensele copia de las constancias conducentes del presente expediente, de donde se advierte con claridad cuál es el acto que se le reclama, asimismo, manifieste si éste es cierto o no, y en su caso, remita las copias certificadas, completas y legibles de las constancias en que apoye el acto que se les reclama, incluyendo las que se tengan al momento de recibir el oficio de notificación de mérito. En el entendido de que continúa vigente el apercibimiento decretado en auto de doce de julio de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Directora Jurídico de la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. De igual manera, con fundamento en los ordinales 9 de la ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, téngase como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, los que se indican en su informe de cuenta.

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