Sofia Gaxiola Lopez
Expediente 102/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Sofia Gaxiola Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Visto el escrito signado por el licenciado Pablo de la Cruz Chavez Chavez, mediante el cual, en su carácter de Apoderado General Judicial para Pleitos y Cobranzas de la quejosa Sofía Gaxiola López, lo que acredita con la escritura pública número 14,751 de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, protocolizada ante el notario público número 2, licenciado Javier Alejandro Macías Preciado, en El Salto, Jalisco, solicita la entrega del billete de deposito número 823512 que se exhibió en el presente juicio, asimismo, pide se le devuelva la escritura que exhibe previo cotejo que se haga de la misma; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. Se le reconoce el carácter con el que se ostenta, hágase el cotejo de la escritura publica antes citada y devuélvase al promovente; asimismo, como lo pide, entréguese al licenciado Pablo de la Cruz Chavez Chavez, el billete número 823512, previo endoso que se haga a favor de la quejosa Sofía Gaxiola López, quien deberá acudir a este Juzgado de Distrito, debidamente identificado con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas.
- Principal
Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho y la resolución interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, por la que se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, sentencia y del proveído por el que se concedió la suspensión provisional y de la resolución donde se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Por último, al advertirse del cuaderno de suspensión, que la licenciada Pamela Real Leyva, autorizada legal de la parte quejosa, exhibió el billete de depósito N 823512, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), para garantizar la suspensión definitiva concedida; por tanto, hágasele saber a dicha parte quejosa, que tiene el término de dos años para recoger el billete de depósito en mención; en la inteligencia que deberán comparecer tanto el depositante Pablo de la Cruz Chávez Chávez y la quejosa, ante este Órgano Jurisdiccional, debidamente identificados con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas; y en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el mismo se hará efectiva a favor del Fisco Federal, atento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que en el presente juicio de amparo por sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para los siguientes efectos, para que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Guasave, Sinaloa; "Que se deje insubsistente el embargo trabado en diligencia de ocho de marzo de dos mil quince, sobre el inmueble terreno de 129.06 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 7.65 metros con calle privada; Al Sur: 7.65 metros con fracción de lote L de la misma manzana; Al Oriente: 10.00 metros con fracción de lote M y 4.27 metros con fracción de lote N; y, al Poniente 10.00 metros con fracción de lote M y 4.27 metros con fracción de lote M, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Municipalidad, bajo la inscripción número 55, Libro 200, Sección Primera, y todas sus consecuencias posteriores como diligencia de remate y adjudicación, al restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos subjetivos públicos que se conculcaron, en los autos del expediente natural número 168/2015, del índice del juzgado responsable.". Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con domicilio en Guasave, Sinaloa, a través de sus oficios presentados en este juzgado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, comunico que dejó insubsistente el embargo trabado en diligencia de ocho de marzo de dos mil quince, sobre el inmueble terreno de 129.06 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 7.65 metros con calle privada; al Sur: 7.65 metros con fracción de lote L de la misma manzana; Al Oriente: 10.00 metros con fracción de lote M de la misma manzana y 4.27 metros con fracción de lote N; y, al Poniente 10.00 metros con fracción de lote M y 4.27 metros con fracción de lote M, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guamúchil, Sinaloa, bajo la inscripción número 55, Libro 200, Sección Primera, así como los actos posteriores como la diligencia de remate y adjudicación de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho y, giró oficio al citado Oficial del Registro Público, para que se sirviera cancelar la inscripción número 88, libro 193 sección segunda de fecha veinte de marzo de dos mil quince, en la que quedo inscrito el embargo del citado bien inmueble; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión solicitado; motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión civil 351/2018, así como el original del juicio de amparo 102/2018, en la que se resuelve: ÚNICO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa con residencia en Los Mochis, en el juicio de amparo 102/2018-2 promovido por Sofía Gaxiola López, en la que se concedió la protección constitucional solicitada."; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y hágase lo anterior del conocimiento oportuno de las partes. Acúsese recibo correspondiente De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente de su legal notificación informen a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto es que dicha autoridad responsable, debe realizar la siguiente acción: "Que se deje insubsistente el embargo trabado en diligencia de ocho de marzo de dos mil quince, sobre el inmueble terreno de 129.06 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 7.65 metros con calle privada; Al Sur: 7.65 metros con fracción de lote L de la misma manzana; Al Oriente: 10.00 metros con fracción de lote M y 4.27 metros con fracción de lote N; y, al Poniente 10.00 metros con fracción de lote M y 4.27 metros con fracción de lote M, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa Municipalidad, bajo la inscripción número 55, Libro 200, Sección Primera, y todas sus consecuencias posteriores como diligencia de remate y adjudicación, al restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos subjetivos públicos que se conculcaron, en los autos del expediente natural número 168/2015, del índice del juzgado responsable.". En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciban los oficios en los que se les comunique el presente acuerdo, acusen recibo del oficio en que contenga este proveído, vía telegráfica, vía fax al teléfono 01 66-88-15 32-08 o bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, asimismo, cumplan con la ejecutoria de amparo, informen sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las nombradas autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indiquen a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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