Sofía Rivera Aguilar
Expediente 693/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/07/2023
Partes del expediente
- Sofía Rivera Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veintiocho de junio anterior, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones de rigor. En tal virtud, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en los artículos 14 y 15 del Acuerdo General, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el segundo de los numerales citados. Asimismo, se establece que el expediente principal, es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en consulta. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
a las nueve horas del cinco de julio de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 693/2023del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, precisa las autoridades responsables y aclara que los actos reclamados son los siguientes: "ACTO RECLAMADO: LE RECLAMO AL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LA NO NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LA QUE ORDENA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA UNA SENTENCIA QUE SE DICTÓ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO ******************** DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y COMO CONSECUENCIA Y DERIVADO DE DICHO AUTO ORDENA SE PROCEDA A LA EJECUCIÓN FORZOZA PAR PONER EN POSESIÓN MATERIAL Y JURÍDICA A LA PARTE ACTORA MATERIA DEL PRESENTE JUICIO DE UNA CASA UBICADA EN: CALLE GALILEO NÚMERO 243 A, DEL FRACCIONAMIENTO LOPEZ LEYVA DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. De los C. Actuarios adscritos a dicho Juzgado Segundo de lo Civil de este partido judicial de Tijuana baja california se le reclaman LA NO NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ******************** DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO TODO LANZAMIENTO QUE PRETENDEN EJECUTAR DEL INMUEBLE QUE TENGO LA POSESIÓN LO CUAL TENGO EL PELIGRO INMINENTE Y TEMOR FUNDADO, SE EJECUTE EN MI PERJUICIO LA ORDEN DE REFERENCIA ANTERIORMENTE MENCIONADA, SIN QUE LA SUSCRITA HAYA SIDO NOTIFICADA NOTIFICAD, OÍDA Y VENCIDA EN JUICIO Y SIN QUE DICHA ORDEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR LO CUAL LE REITERO SU SEÑORIA Y LE SOLICITO DE UNA MANERA URGENTE SE SIRVA CONCEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO POR ASÍ PROCEDER CONFORME A DERECHO Y JUSTICIA Y A LOS LINEAMIENTO CONSTITUCIONALES ". Ahora bien del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en el caso, atendiendo a la aclaración realizada, esta Juzgadora advierte conforme a esos lineamientos, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior .;" (Lo destacado es propio). Al respecto, las disposiciones invocadas prevén que el juicio de control constitucional en la vía indirecta procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, o después de concluido; así también, que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Para el estudio de este asunto cabe hacer alusión a lo que dispone la fracción V del citado numeral 107, pues establece que el juicio amparo procede en contra de actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente si se generan consecuencias de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al respecto se transcribe ese precepto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Es importante hacer referencia a esa porción normativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la amplitud de la norma contenida en la fracción V, da pauta para interpretar la fracción IV de la Ley de Amparo y no a la inversa, de modo tal, que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así también, determinó que la excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine; pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto cuya ejecución sea irreparable, esto es, de un acto que afecte derechos sustantivos. En ese sentido, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia, el que declara la imposibilidad de cumplirla o que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes en esta vía exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, en el caso concreto, de la narración de los hechos que realiza la parte quejosa, se desprende, por una parte, que ella ya ha participado en el procedimiento de origen, es decir, no es tercera extraña ni en sentido estricto ni equiparado; por otra, que ya fue incoado el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así, ponderando el status procesal en el que se encuentra el procedimiento de origen, se pone en evidencia que los actos reclamados en la vía de amparo indirecto no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución, pues en modo alguno aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del negocio, ni tampoco el derecho alegado deviene ajeno a la sentencia dictada el juicio de origen, tomando en consideración que éste bajo protesta de decir verdad la quejosa refiere se trata de un juicio de desahucio, el cual evidentemente de no ser resuelto a su favor, conlleva el desalojo del bien inmueble materia de éste. De ahí que, resulta inconcuso que se torna improcedente la mencionada acción constitucional, pues estimar lo contrario implicaría entorpecer el trámite del procedimiento de ejecución y, consecuentemente, se desatendería el obstáculo legal contemplado en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 19/2001, visible en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." De igual manera es aplicable a lo anterior, la tesis I.8o.C.22 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2015962, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2115, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de veintitrés de junio del año en curso, precisa las autoridades responsables y aclara que los actos reclamados son los siguientes: "ACTO RECLAMADO: LE RECLAMO AL C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LA NO NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2023, EN LA QUE ORDENA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA UNA SENTENCIA QUE SE DICTÓ EN EL EXPEDIENTE NÚMERO ******************** DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y COMO CONSECUENCIA Y DERIVADO DE DICHO AUTO ORDENA SE PROCEDA A LA EJECUCIÓN FORZOZA PAR PONER EN POSESIÓN MATERIAL Y JURÍDICA A LA PARTE ACTORA MATERIA DEL PRESENTE JUICIO DE UNA CASA UBICADA EN: CALLE GALILEO NÚMERO 243 A, DEL FRACCIONAMIENTO LOPEZ LEYVA DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. De los C. Actuarios adscritos a dicho Juzgado Segundo de lo Civil de este partido judicial de Tijuana baja california se le reclaman LA NO NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023, DERIVADO DEL EXPEDIENTE NÚMERO ******************** DEL INDICE DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO TODO LANZAMIENTO QUE PRETENDEN EJECUTAR DEL INMUEBLE QUE TENGO LA POSESIÓN LO CUAL TENGO EL PELIGRO INMINENTE Y TEMOR FUNDADO, SE EJECUTE EN MI PERJUICIO LA ORDEN DE REFERENCIA ANTERIORMENTE MENCIONADA, SIN QUE LA SUSCRITA HAYA SIDO NOTIFICADA NOTIFICAD, OÍDA Y VENCIDA EN JUICIO Y SIN QUE DICHA ORDEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR LO CUAL LE REITERO SU SEÑORIA Y LE SOLICITO DE UNA MANERA URGENTE SE SIRVA CONCEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO POR ASÍ PROCEDER CONFORME A DERECHO Y JUSTICIA Y A LOS LINEAMIENTO CONSTITUCIONALES ". Ahora bien del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, en el caso, atendiendo a la aclaración realizada, esta Juzgadora advierte conforme a esos lineamientos, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los aludidos preceptos legales, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior .;" (Lo destacado es propio). Al respecto, las disposiciones invocadas prevén que el juicio de control constitucional en la vía indirecta procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio, o después de concluido; así también, que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Para el estudio de este asunto cabe hacer alusión a lo que dispone la fracción V del citado numeral 107, pues establece que el juicio amparo procede en contra de actos de tribunales judiciales emitidos dentro de un juicio, solamente si se generan consecuencias de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al respecto se transcribe ese precepto: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Es importante hacer referencia a esa porción normativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que la amplitud de la norma contenida en la fracción V, da pauta para interpretar la fracción IV de la Ley de Amparo y no a la inversa, de modo tal, que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así también, determinó que la excepción consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos intermedios, sin esperar a que el procedimiento culmine; pero dicha regla de excepción se actualiza únicamente cuando se esté ante un acto cuya ejecución sea irreparable, esto es, de un acto que afecte derechos sustantivos. En ese sentido, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia, el que declara la imposibilidad de cumplirla o que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes en esta vía exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia; esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, en el caso concreto, de la narración de los hechos que realiza la parte quejosa, se desprende, por una parte, que ella ya ha participado en el procedimiento de origen, es decir, no es tercera extraña ni en sentido estricto ni equiparado; por otra, que ya fue incoado el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio ********************, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Así, ponderando el status procesal en el que se encuentra el procedimiento de origen, se pone en evidencia que los actos reclamados en la vía de amparo indirecto no revisten la cualidad de ser la última resolución dictada durante el periodo de ejecución, pues en modo alguno aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento u ordena el archivo definitivo del negocio, ni tampoco el derecho alegado deviene ajeno a la sentencia dictada el juicio de origen, tomando en consideración que éste bajo protesta de decir verdad la quejosa refiere se trata de un juicio de desahucio, el cual evidentemente de no ser resuelto a su favor, conlleva el desalojo del bien inmueble materia de éste. De ahí que, resulta inconcuso que se torna improcedente la mencionada acción constitucional, pues estimar lo contrario implicaría entorpecer el trámite del procedimiento de ejecución y, consecuentemente, se desatendería el obstáculo legal contemplado en el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 19/2001, visible en la página 34, del Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." De igual manera es aplicable a lo anterior, la tesis I.8o.C.22 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital: 2015962, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2115, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA. El propósito de la Ley de Amparo, la razón que la inspira, al establecer en su artículo 107, fracción IV, que en tratándose de ejecución de sentencia el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, y excluir, por ende, la procedencia del juicio constitucional contra las violaciones que anteriormente se hayan cometido durante ese mismo procedimiento, no es otro que el de impedir el abuso del amparo, evitar que se obstruya el curso del procedimiento, porque de otra suerte sería imposible llegar a culminar la ejecución de las sentencias. Siendo ésa la intención de la norma, es claro que en ésta no pueden quedar comprendidas las resoluciones que tiendan a negar, obstaculizar, entorpecer o retardar la ejecución, porque esto implicaría un fraude a la ley, en el que se incurre cuando so pretexto de respetar la letra se viola su espíritu. Por tanto, si en un caso la resolución reclamada tiende a obstaculizar o dificultar la ejecución de la sentencia, debe concluirse que no se está en la hipótesis de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación el numeral 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, del citado ordenamiento, procede desechar de plano la presente demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Sofía Rivera Aguilar, en contra del Juez Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial de Tijuana, Baja California y de otras autoridades, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 693/2023-C. Ahora, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III, así como el diverso 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.]" De una lectura minuciosa efectuada al escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló en los capítulos de autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: "A).- COMO AUTORIDAD ORDENADORA. EL C. JUEZ DE CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. B) COMO AUTORIDAD EJECUTORA. LOS C ACTUARIOS ADSCRITOS AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. C) COMO AUTORIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.. ACTO RECLAMADO: LE RECLAMO A C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE ESTE PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, EL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL PRESENTE ANO 2023, EN LA QUE ORDENA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA UNA SENTENCIA QUE SE DICTAD EN EL EXPEDIENTE NUMERO 00566/2029, DEL INDICE DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL, Y COMO CONSECUENCIA Y DERIVADO DE DICHO AUTO, ORDENA SE PROCEDA A LA EJECUCION FORZOZA PARA PONER EN POSESION MATERIAL Y JURIDICA A LA PARTE ACTORA MATERIA DEL PRESENTE JUICIO DE UNA CASA UBICADA EN: CALLE GALILEO NUMERO 243 A. DEL FRACCIONAMIENTO LOPEZ LEYVA DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. De los C. Actuarios adscritos a dicho Juzgado Curto de lo Civil de este partido judicial de tijuana baja california, se le reclaman TODO LANZAMIENTO QUE PRETENDEN EJECUTAR DEL INMUEBLE QUE TENGO LA POSESION LO CUAL TENGO EL PELIGRO INMINENTE Y TEMOR FUNDADO, SE EJECUTE EN MI PERJUICIO LA ORDEN DE REFERENCIA ANTERIORMENTE MENCIONADA. SIN QUE LA SUSCRITA HAYA SIDO NOTIFICADA, OIDA Y VENCIDA EN JUICIO Y SIN QUE DICHA ORDEN ESTE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA POR LO CUAL LE REITERO SU SENORIA Y LE SOLICITO DE UNA MANERA URGENTE, SE SIRVA CONCEDERME LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO POR ASÍ PROCEDER CONFORME A DERECHO Y JUSTICIA Y A LOS LINEAMIENTO CONSTITUCIONALES." (sic) En consecuencia, tomando en consideración que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, lo que al parecer es el auto que le causa agravio, esto es el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************, sin embargo de éste se advierte que fue dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y no así por el Juez de Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de este Partido Judicial de Tijuana Baja California, que señala como responsable. Por tanto, a efecto de estar en posibilidad de fijar la Litis en este Juicio y no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en las fracciones I y IV, del artículo 114, en relación con el 108, fracciones III, de la Ley de Amparo, se requiere a la impetrante de amparo, para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane su demanda en los términos siguientes: Primero. Bajo protesta de decir verdad precise con claridad la o las autoridades responsables a quienes les atribuye el acto que reclama, así como en su caso los conceptos de violación correspondientes y antecedentes respectivos, relacionados con éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII. 1º. 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Tomo III, Noviembre de 2018, página dos mil doscientos once, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguiente: ''DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda proveer lo conducente a la demanda que se atiende y establecer con claridad la Litis; asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. En el entendido que lo anterior deberá de ser subsanado por la parte quejosa por ser un acto personalísimo, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se tiene por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, así como para oír y recibir notificaciones a ******************** dado que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual manera se hace del conocimiento del promovente que se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico "courtdrugrecordlawyer @gmail.com", para establecer comunicación no procesal con este Órgano Jurisdiccional, ello no obstante de que lo señale para oír y recibir notificaciones, sin embargo dicho medio no está autorizado por la ley. Ahora, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Con independencia de lo anterior se hace del conocimiento de las partes que pueden proporcionar un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que este juzgado establezca el contacto respectivo en los casos que estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Asimismo, en atención al Acuerdo General 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al artículo 3° de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena priorizar la tramitación electrónica del juicio en Línea. En cumplimiento a lo ordenado en las disposiciones generales establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos, se informa a las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, el horario de atención al público será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos (artículo 6 del primer ordenamiento) y que las listas de acuerdos quedarán a disposición del público para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal; y que tendrán validez legal al ser las mismas que se encuentran en los Estrados de los Juzgados y Tribunales Federales (artículos 209, 209 bis, ídem). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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