Sofía Milagro Calderón Martinez

Expediente 707/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
707/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • George Henry Martinez Parco
  • Sofía Milagro Calderón Martinez
  • SOFÍA MILAGRO CALDERÓN MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la constancia actuarial suscrita por el actuario de la adscripción de la que se advierte la imposibilidad de localizar a las directas quejosas Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, para lo cual adjunta copia de los oficios de salida expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de las antes mencionadas. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta y de las actuaciones que obran en el presente juicio, quien suscribe estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De la transcripción del numeral antes mencionado se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; es decir, es necesario que la autoridad responsable destruya todas las consecuencias del citado acto de manera total e incondicional. Desde el punto de vista jurídico, este último concepto implica que tal privación de efectos sea definitiva; es decir, no sujeta a la presentación de un acontecimiento posterior con capacidad para hacerlos resurgir. Ahora bien, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en su escrito de demanda las quejosas hicieron consistir el acto reclamado en: "1.- La orden de alojamiento de manera prolongada e indefinida en la Estación Migratoria fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la ley de Migración. 2.- Cualquier orden de deportación presente o futura sin que les den posibilidades de regularizar su situación migratoria. 3.- Que les obliguen a firmar cualquier acta de abandono voluntario de México, sin consultar a cualquiera de los abogados autorizados en el presente escrito. 4.- Mantenerlos incomunicados con su abogado. 5.- El traslado a cualquier otra estación migratoria fuera de baja california. 6.- La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración. 7.- La negativa de permitir a los hoy quejosos llevar su procedimiento administrativo en libertad en términos del artículo 102 de la ley de migración." Luego, de la razón actuarial suscrita por el fedatario de la adscripción se advierte la imposibilidad de localizar a las directas quejosas Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, para lo cual adjuntó copia de los oficios de salida ORBC/EMTIJ/3508/2022 y ORBC/EMTIJ/3509/2022, expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de las antes mencionadas, de los que se advierte que las aquí quejosas fueron liberadas en uno de septiembre del año en curso, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que si bien, a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintidós de agosto de dos mil veintidós-, subsistían los actos reclamados que guardan relación directa con el aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, de las quejosas Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; cierto es también, que con posterioridad; es decir, el uno de septiembre de dos mil veintidós, las aquí quejosas fueron puestas en libertad, lo que quedó corroborado con los oficios ORBC/EMTIJ/3508/2022 y ORBC/EMTIJ/3509/2022, expedidos por el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad a nombre de las antes mencionadas, al haber cumplido con los requisitos de la Ley de Migración. De ahí que -como se anticipó-, cesaron los efectos de los actos que en esta instancia constitucional se reclaman, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. Sirve de apoyo a lo antes resuelto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (No. Registro: 193,758, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38) De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 197367 de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la tesis I.3o.C.769 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 165869 de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia de la acción constitucional referida, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo en relación con la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal, por lo que quedan sin efectos las providencias decretadas, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional para las doce horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo. Notifíquese personalmente; y por lista a las quejosas Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista certificación secretarial que antecede del que se advierte que en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas remitiera copia certificada de la constancia de salida de las directamente agraviadas Sofía Milagro Calderón Martínez y Diana Amparo Díaz Chitalogro, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a lo solicitado en autos, no obstante de estar notificada del referido acuerdo. En consecuencia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas legalmente computado, remita copia certificada de la constancia de salida de las directamente agraviadas Sofía Milagro Calderón Martínez y Diana Amparo Díaz Chitalogro, o bien, manifieste el imposibilidad que tengan para ello; apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se comisiona al actuario. Con independencia de lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se requiere a las autoridades responsables migratorias, realicen las gestiones necesarias a efecto de que brinden apoyo a los Actuarios de la adscripción para que éstos puedan realizar las siguiente encomiendas: - Acceder a la Estación Migratoria de esta ciudad, al área de alojamiento, con el propósito de que puedan vocear a los directamente agraviados Sofía Milagro Calderón Martínez y Diana Amparo Díaz Chitalogro, a efecto de que tales fedatarios puedan verificar que a la fecha aquéllos ya no se encuentran alojados en dicha estancia. - Tener a la vista el documento o en su caso el archivo que en sistema obre del cual se pueda advertir el motivo del egreso de los impetrantes mencionados, así como en su caso la toma de fotografías y copias de tales archivos o documentos. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción a efecto de que se traslade a la Estación Migratoria de esta ciudad y con copia del acuse de recibo del oficio mediante el cual se notifica a las autoridades responsables el presente proveído, solicite el apoyo solicitado del personal que en su caso se haya comisionado para tal efecto. Asimismo, se encomienda al actuario respectivo que en el caso que con motivo de la carga laboral de las autoridades responsables no pueda dar cumplimiento a lo anterior en su primera búsqueda, entonces se coordine con dicho personal, a efecto de que a la brevedad se pueda realizar lo antes precisado o bien informen el impedimento legal que se tenga para ello, a efecto de que este Órgano Jurisdiccional pueda proveer lo conducente. Apercibida la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se harán acreedores -en lo particular-, a una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización. Finalmente, el Actuario de la adscripción deberá elaborar acta circunstanciada de las gestiones realizadas a fin de lograr la encomienda planteada. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la certificación secretarial de cuenta se obtiene que del rastreo de la guía de Estafeta en la que el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitió el oficio 24198/2022 que contiene el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, dictado dentro del juicio de amparo 1344/2022 fue depositado hasta el diecinueve de septiembre del año en curso por dicho Juzgado. Por tanto, del oficio de cuenta suscrito por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por el cual anexó original del juicio de amparo 1344/2022, del cual se desprende el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual declaró carecer de competencia territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes, en representación de Sofía Milagro Calderón Martínez, George Henry Martínez Parco, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, contra actos del Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede Mexicali y otras autoridades, contra los actos reclamados consistentes en la orden de deportación, incomunicación, traslado o alojamiento ante el Instituto Nacional de Migración. Así también, de las constancias que remitió la autoridad oficiante relativas al juicio de amparo 1344/2022 se obtiene que de la razón actuarial de veintiuno de agosto del año en curso asentada por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el exhorto 203/2022 con número de orden 273/2022 se advierte que las de nombre Sofía Milagro Calderón Martínez y Diana Amparo Díaz Chitalogro, en la Estación migratoria del Instituto Nacional de Migración con residencia en esta ciudad, ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor no así el de nombre George Henry Martínez Parco. Entonces, si de las constancias que integran el juicio de amparo 1344/2022 se advierte que los directos quejosos ratificaron su demanda en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en la que este Juzgado de Distrito tiene jurisdicción territorial; en términos del artículo 17 Constitucional y de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado federal acepta la competencia planteada, por lo que se avoca al conocimiento de la demanda. Acuse. Acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano jurisdiccional en cita. Admisión Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 707/2022-A. Suspensión de plano Ahora bien, respecto a la suspensión de plano solicitada por las quejosas respecto a los actos reclamados en esencia consistentes en la deportación, expulsión, retorno asistido en incomunicación, este juzgado convalida la suspensión de plano decretada en proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dentro del juicio de amparo 1344/2022 de su índice. Requerimiento. Luego, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, de esta ciudad, en veintitrés de agosto de la presente anualidad, rindió su informe de suspensión de plano, dentro del juicio de amparo 1344/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Sin embargo, del contenido del informe de que se trata, se advierte que la responsable acusó de recibo los oficios por los cuales se le informo la suspensión de plano decretada dentro del juicio de amparo 1344/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, no remitió documental alguna de la que se advierta el cumplimiento dado a la misma, aunado a que de la constancia actuarial que obra en la constancia enviadas por el Juzgado de referencia, se obtiene que el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en el exhorto 203/2022 con número de orden 273/2022, se constituyó en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, de esta localidad, en el que se entrevistó con las directas quejosas, y de las que se obtiene que Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, sí ratificaron el contenido de la demanda promovida a su favor, y el diverso quejoso George Henry Martínez Parco, no ratificó el contenido de la demanda promovida a su favor. Atento a lo anterior y en atención a la naturaleza de los actos reclamados; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el acto reclamado, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. Apercibimiento. Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización. Incidente de suspensión. Sin que proceda tramitar el incidente de suspensión, toda vez que los actos reclamados ya fueron materia de la suspensión de plano. Audiencia constitucional. Se fijan las doce horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento a las partes que la audiencia constitucional se celebrará con o sin la concurrencia de las partes acorde a lo establecido en el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la Ley de la materia, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida Ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiéraseles también para que remitan copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido de que podrán rendir su informe justificado ante este Juzgado de Distrito mediante correo electrónico institucional a la dirección oficial: 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se requiere a las autoridades responsables, para que al momento de rendir su informe justificado, informen la fecha en que recibieron el oficio correspondiente al presente proveído. Obligatoriedad de recibir oficios. Con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dígaseles a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en su denominación o en la cita de su nombre que no impida individualizarla o distinguirla, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o en su momento para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso se deberán aclarar la denominación correcta ante esta autoridad. Por lo anterior, se apercibe a las autoridades responsables que de no recibir el oficio que se les dirija, en términos del numeral invocado, el Actuario de la adscripción asentará tal circunstancia y se tendrá por realizada la notificación. Apoyo lo anterior por los motivos jurídicos que contiene, la tesis XXVII.3o.17 K (10a.), visible en la página 1933, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Se apercibe a dicha responsable que de negarse a recibir el mismo, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización que equivalen a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Notificación de las autoridades. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29, ambos de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, y en términos de la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", únicamente le serán notificadas de manera personal, es decir, por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos); en tanto que, los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista que se fije en los estados de este Juzgado de Distrito. Asimismo, tomando en consideración que el segundo de los numerales en consulta, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx) o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ---------------------------------------------------------(https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentre capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64, 238 y 251, de la Ley de Amparo se previene a las partes que en caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o notoria causa de improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten, apercibidas que de no comunicarla, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos moneda nacional), equivalente a treinta unidades de medida y actualización, la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Conocimiento previo Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Sin que por el momento haya lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto se reciba el informe con justificación y este órgano jurisdiccional advierta la existencia del mismo, en torno a lo establecido en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las demás partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notificaciones electrónicas y Acceso expediente electrónico. Ahora, en virtud de que las directas quejosas ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor, y dado que mediante auto de veintiuno de agosto último, se autorizaron las notificaciones electrónicas, así como el acceso al expediente electrónico en el juicio de amparo 1344/2022, del índice del Cuarto Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; y para tal efecto se proporcionó el nombre de los usuarios "cruztrillanes", "josuamoy", y "ayudamigratoria"; por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización respectiva en el expediente electrónico de los usuarios de mérito, únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. No obstante lo anterior, se ordena notificar la presente notificación a los directos quejosos en el lugar en el que se encuentran alojados ante la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Señalamientos de domicilio y autorizados. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de amparo a José Bernardo Cruz Trillanes, Jesús Omar Marure Troncoso, Jonathan Tadeo Josué Moya Ortiz y Sandro Alberto García Lara, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que citan en su escrito de cuenta. Asimismo, se le tiene proporcionando número telefónico para el contacto respectivo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), página 197, libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Expedición de Copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las directas quejosas Sofía Milagro Calderón Martínez, y Diana Amparo Díaz Chitalogro, en las instalaciones de la Estación Migratoria dependiente del Instituto Nacional de Migración.

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