Simon Varela Valenzuela
Expediente 361/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 361/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Simon Varela Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficios de cuenta suscrito por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual por los motivos expuestos devuelve el oficio número 11124/2021, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, reenvíese nuevamente el oficio en mención dirigido a la autoridad responsable Secretaria de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente Constitucional de lo Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentre agregado el acuse de recibo de las autoridades responsables, en el cual se haga constar que fue debidamente notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, en virtud de que resulta innecesario, pues carecen de legitimación para que en un momento dado, interpongan el recurso de revisión, toda vez que la sentencia no les perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría en su caso, agraviar a la parte quejosa, a la que ya le transcurrió el término para interponer el medio de impugnación correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO.". Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso a), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.
- Principal
Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Simón Varela Valenzuela, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Director del Diario Oficial de la Federación, ambos con residencia oficial en la Ciudad de México y Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado, Delegación Sinaloa, con sede en Culiacán, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, los oficios suscritos por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Subdirector de Coordinación y Análisis en representación del Director del Diario Oficial de la Federación y la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, todos con residencia en Culiacán, mediante los cuales los dos primeros acusan recibo de los oficios número 8508/2021 y 7272/2021 y el restante rinde informe justificado, y exhibe documentales. De conformidad con los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por recibidas en este acto las documentales que anexa, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional, en tal razón dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de su contenido. Ahora bien, a fin de que las partes se imponga del contenido, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Por similitud Jurídica, cobra aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 151 del Tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.". Asimismo, la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 5 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ...), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
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