Sofia del Carmen Monsivais Treviño
Expediente 459/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 459/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Actuario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que anexa el oficio mediante el cual el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS-Femenil Morelos", rinde el informe respecto a la suspensión de plano. En atención a su contenido, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el quince de enero del año en curso, se declaró ejecutoriado el presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente.
- Principal
S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 459/2020. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Sofía del Carmen Monsivais Treviño, por conducto de su defensor particular, Víctor Hugo López Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos reclamados siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen el carácter de ordenadoras y ejecutoras. A).- EL DIRECTOR DEL CEFERESO 16 MORELOS. B).- EL ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CEFERESO 16 MORELOS. 4.- ACTOS RECLAMADOS: De la responsable citada en el inciso A) y B) se reclama: I.- LA OMISIÓN REALIZAR ESTUDIOS DE LABORATORIO Y GABINETE A LA QUEJOSA ORDENADOS POR LA GINECÓLOGA ANTE UN POSIBLE CANCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO. II.- LA OMISIÓN DE LAS RESPONSABLES DE HACER LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE LA FAMILIA O DEFENSORES DE LA QUEJOSA DEPOSITEN DINERO PARA EL PAGO DE LOS ESTUDIOS Y ANALISIS DE URGENCIA". Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 2. Incompetencia, admisión de la demanda y trámite del juicio. De la referida demanda inicialmente tocó conocer al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual, por auto de siete de julio de dos mil veinte, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del asunto. En consecuencia, de la referida demanda tocó conocer a este juzgado y mediante auto de ocho de julio siguiente, aceptó la competencia para conocer del asunto y admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa, en el que se reclaman actos de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado y con ejecución material en dicha jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: La omisión de prestar a la quejosa atención médica, concretamente 1).- de realizar estudios de laboratorio y gabinete ordenados por la ginecóloga ante un posible cáncer de mama y cervicouterino y 2).- de hacer las gestiones necesarias para que la familia o defensores de la quejosa depositen el dinero para el pago de los estudios y análisis de urgencia. III. Acto reclamado existente. Es cierta la omisión reclamada, pues así se desprende de lo manifestado por las autoridades responsables en su informe justificado, con independencia de que de manera dubitativa lo hubieran negado; aunado a que, al tratarse del reclamo de una omisión por parte de esas autoridades, para que se hubiera demostrado su inexistencia, éstas debieron haber remitido las constancias necesarias para acreditar que, al momento de promover la demanda de amparo, la conducta omisiva reclamada sí había sido realizada; sin embargo, ello no fue así y, por ende, al no contar con prueba alguna que pudiera desvirtuar la existencia de los hechos argumentados por la quejosa, se tiene por cierta la omisión reclamada. IV. Improcedencia del juicio. Tal y como lo hacen valer las autoridades responsables, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la quejosa antes de presentar su demanda de amparo fue omisa en agotar a cabalidad el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas. En efecto, del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. Sobre esa base, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones, a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones, cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo. Asimismo, el artículo 114 de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el Director del centro de reclusión está obligado a contestar la petición administrativa que le fuera realizada, lo cual notificará al interesado. Y también dicho precepto legal prevé que si la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución; igualmente que si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el aludido juzgador y demandar esa omisión, lo cual debe ser resuelto en un término no mayor de setenta y dos horas. Véase que cualquiera que sea el contexto que permeé en la petición administrativa se tiene al alcance del promovente, como medio de impugnación, la controversia en sede jurisdiccional, prevista en el numeral 116; y, a su vez ésta puede ser apelada, en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que los agraviados consideren como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos y en caso de omisiones determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. Así, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Con base en todo lo expuesto, en el caso que nos ocupa, lo reclamado en este juicio, como ya se precisó, es la omisión de prestar a la quejosa atención médica, concretamente 1).- de realizar estudios de laboratorio y gabinete ordenados por la ginecóloga ante un posible cáncer de mama y cervicouterino y 2).- de hacer las gestiones necesarias para que la familia o defensores de la quejosa depositen el dinero para el pago de los estudios y análisis de urgencia. Y ello es, pues, una cuestión inherente a las condiciones de internamiento de la quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentran y el supuesto específico se encuentra previsto en el artículo 114, tercer párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Debido a lo anterior es inconcuso que la quejosa está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer los mecanismos de defensa que establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Cabe mencionar que si bien se admitió a trámite este juicio de amparo; ello fue en razón de que un análisis preliminar arrojaba la posibilidad de que las omisiones reclamadas pusieran en riesgo su vida; sin embargo, el análisis de las constancias allegadas al juicio no arroja evidencia de ello, sino de que en realidad solo son inconformidades que pueden resolverse por las vías ordinarias antes descritas. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Y además de lo anterior, con fundamento en los artículos 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sofía del Carmen Monsivais Treviño, respecto a los actos reclamados precisados en el II Considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de noviembre de dos mil veinte, por así permitirlo las labores del Juzgado, ante Macario Oviedo González, Secretario que autoriza y da fe. mog
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