Sofia del Carmen Monsivais Treviño
Expediente 223/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso b) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo intentada, que no tiene relevancia documental para su conservación. En mérito de lo que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Penal Administrativa en la Ciudad de México, al cual anexa el expediente 277/2021, que formó con motivo de la demanda de amparo promovida por ***** quien se ostenta como defensor particular de ******, en razón de que mediante acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, dicho juzgado se declaró incompetente para seguir conociendo de ese juicio de amparo. Acúsese recibo vía interconexión. En ese contexto, vista la demanda de amparo promovida por ****** quien se ostenta como defensor particular de ******, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, por tanto se provee. 1).- Acepta competencia y registro de demanda. En mérito de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, para los efectos legales procedentes; fórmese el expediente y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Asimismo, indíquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 277/2021, del índice del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Penal Administrativa en la Ciudad de México, deberán ser dirigidas al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, bajo el número 223/2021, para los efectos a que haya lugar. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento de la demanda. Ahora bien de la integridad del escrito de demanda presentado por ***** en representación de ****** se advierte que reclama los siguientes actos: 1) La omisión de brindar atención médica a la quejosa derivado de la migraña que padece, ya que señala que el medicamento que se le está brindando no ésta dando resultado positivo para que recobre su salud. 2) La omisión de las responsables, de realizarle el estudio denominado TAC, a efecto de poder determinar, la causa de su migraña y dolores de cabeza. En tales términos, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 Constitucionales, pues se estima que los actos reclamados no son susceptibles de combatirse en la vía constitucional, ya que antes debe agotarse el procedimiento de petición administrativa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual se puede combatir el acto que ahora reclama. Ahora bien, para un mejor entendimiento respecto a la actualización de la causal en comento, es menester señalar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario, eminentemente judicializado, al cobijo del paradigma de la reinserción social de los individuos que compurgan una pena de carácter penal, a través del cual asignó, por un lado, al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y, por otro, a las autoridades judiciales dicho régimen de modificación y duración de las penas, con la finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante su ejecución puedan surgir, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Como resultado de las citadas reformas constitucionales, entre otras disposiciones normativas, se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), cuya finalidad, en lo que interesa y de acuerdo a su artículo 1º, es la de establecer los lineamientos que deben observarse durante el internamiento de los individuos sujetos a prisión preventiva, durante la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; instrumentar los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social; prerrogativas disponibles tanto para quienes se encuentren sujetos a proceso penal en el sistema tradicional como al acusatorio, pues vale señalar que la intención de la legislación en comento y, la reforma constitucional que le dio origen, al erigir un sistema con reglas, principios, intervinientes con sus respectivos derechos y obligaciones, y finalidades propios, fue crear un régimen general de ejecución de penas y reinserción social, independiente de la naturaleza de los procesos penales de donde provenga la sanción a ejecutar. Sobre esa línea, en el afán de consolidar y favorecer los derechos a la ejecución penal y reinserción social de las personas privadas de su libertad, y al existir una relación dinámica y cercana entre los privados de la libertad y las autoridades penitenciarias, por ser éstas las obligadas, en mayor medida, a velar por la materialización de los derechos que consagran tanto el artículo 18 constitucional y 9 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, dicha ley estableció en su ordinal 107 un procedimiento administrativo de peticiones, a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante el Director del Centro penitenciario, hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones, cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116, y, a su vez ésta puede ser apelada, en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que la agraviada considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos y en caso de omisiones determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaría. Mecanismo que, cumple con los requisitos de un medio de defensa sencillo rápido y eficaz, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/208, quien concluyó que previo a acudir al juicio de amparo, las personas que se encuentran privadas de la libertad en un centro de reclusión y reclamen las condiciones de internamiento en éste, deben agotar la petición ante la autoridad administrativa, toda vez que su sustanciación no requiere excesivos formalismos; durante ella el peticionario puede ofrecer medios de prueba y la autoridad oficiosamente puede allegarse de los que estime necesarios; prevé la suspensión del acto o cesación de la omisión, de ser urgente; y además prevé la posibilidad de recurrir ante el juez de control la resolución que recaiga a la petición, y a su vez la apelación de dicha determinación. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, respecto a los actos consistentes en 1) la omisión de brindar atención médica a la quejosa derivado de la migraña que padece, ya que el medicamento que se le está brindando no le está dando resultado positivo en recobrar su salud; y 2) la omisión de las responsables, realizarle el estudio denominado TAC, a efecto de poder determinar, la causa de su migraña y dolores de cabeza; son inherentes a las condiciones de internamiento de la quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra, por lo que contra dichas cuestiones debe agotar el procedimiento de petición conforme lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, pues tratándose de la atención medica cuya omisión reclama, debió haber peticionado la misma al director del centro penitenciario en cuestión y si no obtenía lo pretendido tuvo que haber agotado la controversia judicial ante el juez de control y en contra de la resolución de ella, el recurso de apelación. Es así, pues como se puede observar del referido escrito de demanda, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos", con residencia en Coatlán del Río, Morelos, por tanto, está en condiciones de agotar el procedimiento de peticiones establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado ni el hecho de que contra aquél debe agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución para que resulte procedente el juicio de amparo; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Por lo que con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo respecto a los actos aquí analizados, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. 4).- Acceso y notificaciones mediante el expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando se realice con el usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentren registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haberlo solicitado expresamente. 5).- Autorización de copias En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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