Sofia del Carmen Monsiváis Treviño
Expediente 86/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sofia del Carmen Monsiváis Treviño
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, hubiese recurrido el auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se advierte la notificación personal a la directa quejosa Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, realizada por el actuario adscrito, de la cual se desprende que sí ratifica la demanda de amparo promovida en su nombre en cuanto a la alimentación, en este contexto ante la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que únicamente ratifica la demanda en los términos ya descritos, y además de que el actuario dio fe de las condiciones físicas de la solicitante de amparo y constató que no se encuentra incomunicada ni sujeta a malos tratos, por tanto se provee como sigue: 1). Desechamiento. El estudio oficioso de las causales de improcedencia, previo al del fondo del asunto, constituye una obligación para esta juzgadora, por mandato del artículo 62 de la Ley de Amparo, pues se trata de una cuestión orden público. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque no se acató el principio de definitividad que rige este medio de control constitucional, ya que la parte quejosa antes de presentar su demanda de amparo, fue omisa en agotar el procedimiento de ejecución penal que contiene el mecanismo de control denominado peticiones administrativas. Del numeral citado se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridad distinta de las judiciales, administrativas o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual aquéllos puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal correspondiente, con los mismos o menores requisitos que los exigidos para ello por la Ley de Amparo. Ahora, en el caso, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo de peticiones a través del cual los sujetos a quienes pueda afectar en mayor o menor medida las condiciones de internamiento en un centro, -cuestiones como las de infraestructura suficiente, suministros, ubicación, acceso a servicios básicos y alimentación, atención médica, educación, capacitación y opciones para el trabajo, recreación y actividades culturales, régimen de visitas, higiene en las instalaciones del centro y servicios sanitarios, etcétera-, puedan reclamar ante las autoridades penitenciarias hechos, actos u omisiones respecto de esas condiciones cuando se relacionen con la vida digna y segura dentro del centro, y a través de ella, una vez substanciado el procedimiento previsto en los artículos 110 a 113 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, tener la posibilidad de su modificación, anulación o cesación según se trate de un acto positivo, negativo u omisivo; resolución que incluso, puede ser impugnada en sede jurisdiccional por medio de la controversia prevista en el numeral 116, y a su vez ésta puede ser apelada en caso de considerar que la resolución es contraria a sus intereses. Además, tratándose de casos que la agraviada considere como urgentes, el artículo 115 de la multicitada norma indica que la petición podrá realizarse ante el Juez de Ejecución o Control, según sea el caso, quien de oficio suspenderá el acto o hecho que motivó la petición y sus efectos, y en caso de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Mecanismo de control que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Ahora bien, en el caso, del contenido del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, en esencia, la abstención por parte de las autoridades responsables a proporcionar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad- ya que la manera en que esta se suministra por parte de la autoridad responsable, a través de la empresa que contrata para ello, ha cambiado de forma drástica, siendo esta disminuida a pesar de las prescripciones médicas con que cuenta la persona privada de la libertad de mérito-; sin embargo, conforme a lo antes citado, toda vez que lo reclamado es una cuestión inherente a las condiciones de internamiento de la parte quejosa en el centro de reclusión en el que se encuentra, es inconcuso que está en aptitud de acudir ante la autoridad correspondiente para hacer valer la petición administrativa que establece a su favor la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal como se desarrolló en párrafos precedentes, previo a promover la demanda de amparo, y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución. Es así, pues como se puede observar de autos, la parte quejosa se encuentra recluida en el Centro Federal Número 16 Femenil, Michapa, Coatlán del Río, Morelos; por tanto, está en condiciones de realizar su solicitud ante la autoridad penitenciaria, de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". Así, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio de manera manifiesta e indudable, se desecha la presente demanda. Sin perjuicio de lo anterior, y toda vez que del escrito de mérito se advierte que la verdadera pretensión de la parte quejosa, es presentar dicho escrito como una petición administrativa, con fundamento en el artículo 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, envíese el mismo a la Directora del Centro Federal Número 16 Femenil, Michapa, Coatlán del Río, Morelos, para que tenga a bien acordar lo que en derecho proceda. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos"; mediante el cual, informa sobre el cumplimento a la suspensión de plano decretada en autos; con el contenido del informe, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Sodelva de Lourdes Marin Iñiguez1931/2013
- Sofia Adame Gomez866/2018
- Sofia Blanco Rodriguez256/2021
- Sofia Brenda Cortez Resendiz789/2018
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño461/2020
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño223/2021
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño6/2021
- Sofia del Carmen Monsivais Treviño459/2020
- Sofia Garcia Mendoza1557/2019
- Sofia Gomez Adame875/2018
- Sofia Gorjon Figueroa2101/2016
- Sofia Gorjon Figueroa114/2018