Socorro Teran Lira

Expediente 113/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
113/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Socorro Teran Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibidos los oficios signados por la Directora de Relaciones Laborales y Prestaciones y por la Directora de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por los que informan de manera respectiva que la parte quejosa no se ha presentado a recoger el título de crédito expedido a su favor en cumplimiento a la sentencia de amparo. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; sin embargo, se reserva proveer respecto de la omisión de la parte quejosa en acudir por el título de crédito expedido a su favor, hasta en tanto haya transcurrido el plazo que le fue concedido para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Magistrado y Secretario de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que informa el estado procesal que guarda el juicio de nulidad ****. De lo anterior, se toma conocimiento sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de dos de marzo del año en curso, se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el escrito signado por la quejosa, por el que desahoga la prevención formulada mediante auto de dieciocho de febrero del año en curso; asimismo, se recibe el oficio signado por el Magistrado de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el que en desahogo al requerimiento de esa misma fecha, realiza diversas manifestaciones. En ese sentido, se realiza el pronunciamiento siguiente respecto de la demanda de amparo: ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la ley de la materia, impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". La jurisprudencia citada establece que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entendiéndose por manifiesto cuando se advierta de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos; y por indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción de que se actualiza la causa de improcedencia. DESECHAMIENTO En el caso, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Antes de exponer las razones por las que se estima actualizada la causa de improcedencia, es necesario mencionar que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Subdirector de Pensiones y al Director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de quienes reclama la omisión de cumplir la sentencia emitida en el juicio de nulidad 25758/10-17-08-8. La quejosa afirma que "con base en el supuesto cumplimiento que ha dado la autoridad de forma dolosa y defectuosa, hemos logrado observar que los incrementos evolutivos, así como el pago señalado en los tabuladores bajo los conceptos ASIGNACIÓN BRUTA MENSUAL Y A.G.A. que se utilizaron para el incremento de mi pensión, nos percatamos que se realizó de forma errónea ya que como se desarrollará más adelante llegamos a la conclusión de que la autoridad demandada tiene un adeudo por la Cantidad total final que el acto reclama se le pague por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ****". Asimismo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los hechos siguientes: Socorro Teran Lira promovió juicio de nulidad contra la resolución que le negó la concesión de una pensión por jubilación. La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa registró el expediente con el número 25758/10-17-08-8 y mediante resolución de treinta y uno de mayo de dos mil once, declaró la nulidad del acto impugnado y condenó a la autoridad demandada otorgar a la quejosa una pensión debidamente integrada. Las autoridades demandadas interpusieron revisión fiscal, que se declaró infundada. La quejosa señala que las autoridades responsables emitieron el oficio SP/02896/2013, de veintiocho de mayo de dos mil trece, con el que pretenden dar cumplimiento a la sentencia de nulidad. De lo anterior se advierte que la quejosa no reclama la omisión total de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad, sino que se inconforma de que emitieron un oficio en supuesto cumplimiento que, según refiere, no establece las cantidades correctas que le deben ser cubiertas; incluso, el quejoso incluye en la demanda de amparo el cálculo de los montos que a su consideración deben ser pagados. En el escrito de cuenta, el quejoso menciona que el oficio SP/02896/2013 es el último acto realizado por la autoridad y no interpuso medio de defensa alguno en su contra; de igual forma, aduce que el cumplimiento fue inconcluso y solicita se le conceda el amparo ante el erróneo ajuste de pensión que le fue otorgado. La Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención al requerimiento que le formuló este juzgado, informa que el solicitante del amparo sí interpuso queja en contra del oficio mencionado, pero fue desechada porque no exhibió dicha resolución, a pesar de haber sido requerida. Por otro lado, señala que el quejoso exhibió el oficio SP/3898/2013, de veintidós de abril de dos mil trece, emitido por las autoridades, mismo que no impugnó mediante recurso de queja; no obstante, la Sala indica que no existe pronunciamiento en que se determine si con dicho acto se da cumplimiento a la sentencia, pues de manera previa, debe resolverse un incidente de reposición de autos. Con base en lo anterior, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente, porque no se reclama la resolución que concluya el procedimiento de ejecución de sentencia, que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para cumplir. Al respecto, los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada -de contenido similar a la fracción IV, del artículo 107 transcrito, de la ley vigente-, determinó que la ley establece una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual solo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En tanto que la fracción V del actual artículo 107, de la Ley de Amparo, prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De lo que se sigue, que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Las anteriores premisas derivan de la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema correspondiente a la Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, cuyo texto y reabro es del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" El Alto Tribunal ha establecido, de manera general, que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia solo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquel que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Lo anterior de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia publicada con el número P./J. 32/2001, en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Además, se ha sostenido que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, aun cuando se impugne la constitucionalidad de la ley aplicada o norma general, por lo que, incluso en estos casos, el amparo procede contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución en donde se podrán hacer valer las violaciones a la Constitución Federal que se estimen conducentes. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 17/98, en la página 187 del tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie". En esos términos, el presente juicio de amparo es improcedente, porque dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de nulidad se encuentra pendiente que la Sala de conocimiento determine si con la resolución emitida por las autoridades se acata lo ordenado en el fallo. En la especie, es necesario manifestar que el artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: "LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.]. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia". El artículo transcrito, establece que el actor en un juicio de nulidad podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó en contra de la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en defecto cuando se emita pretendiendo acatar su sentencia. De acuerdo con ello, la parte quejosa podrá interponer queja mediante escrito en el cual expresará las razones por las que considera que hubo defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad. En este contexto, el amparo es improcedente, ya que el oficio a través del cual la autoridad responsable pretende dar cumplimiento a la sentencia de nulidad debe ser calificado por la Sala administrativa y no a través del juicio de amparo. En efecto, el procedimiento para lograr el cumplimiento al fallo de nulidad al que se tiene que sujetar la autoridad responsable, a consideración de este Juzgado Federal, no está cumplido, en atención a que, se encuentra pendiente la revisión -oficiosa-, del acto reclamado por la referida Sala Regional, a efecto de determinar si con éste se dio cumplimiento, o no, al fallo de nulidad. En esos términos, es evidente que no se reclama un acto que ha puesto fin al procedimiento administrativo de ejecución, puesto que no se ha agotado el procedimiento en términos del artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es aplicable, por analogía la jurisprudencia XI.5º.(III Región) J/1, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que este juzgado hace suya, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, tomo 2, décima época, página 1071, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD, SI NO SE HA AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE NI DICTADO UN AUTO DONDE SE DECLARE EL CUMPLIMIENTO O LA IMPOSIBILIDAD PARA ACATARLA. Conforme al artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, puede pedirse amparo ante el Juez de Distrito si se trata de actos de ejecución de sentencia, y sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; hipótesis que no se actualiza cuando el acto reclamado lo constituye la omisión de la autoridad administrativa de cumplir una ejecutoria dictada en el juicio de nulidad, si no se ha agotado el procedimiento de ejecución correspondiente ni dictado un auto donde se declare el cumplimiento o la imposibilidad para acatarla, al no tratarse de la última resolución dictada en aquél. Por tanto, en esa hipótesis el amparo indirecto es improcedente, al operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII de la ley de la materia, en relación con el precepto inicialmente citado, aplicado este último a contrario sensu". También es aplicable, por analogía la jurisprudencia PC.I.L. J/50 L, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2019, décima época, número de registro 2020323, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda". Por ello es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en consonancia con el numeral 107, fracciones IV y V a contrario sensu, de la propia legislación. DOMICILIO. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda. AUTORIZADOS. De conformidad artículo 24, de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho; ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con los artículos 20 y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación al diverso artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones de carácter personal que se ordenen en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    De conformidad con lo establecido en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional en el procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora, dada la modificación en la situación de contagios por Covid-19, mediante la Circular SECNO/10/2021, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos ordenó regresar al esquema laboral establecido en el "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", que establece el levantamiento de manera escalonada de los asuntos cuya tramitación quedó suspendida; esto, a partir del dieciocho de febrero del año en curso. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. En ese sentido, se recibe el oficio signado por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales, de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, por el que informa que se notificó a la perito oficial María del Rosario Martínez Arriaga, el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, y que se le entregó la copia simple que se le envió mediante el oficio número 41919/2020; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se recibe el oficio signado por la delegada del Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, por el que pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, y al efecto remite los recibos de pago de pensión expedidos a favor del quejoso correspondientes a los meses de marzo a noviembre de dos mil veinte, así como el comprobante de la primera paga de pensión de dieciséis de abril de dos mil dieciséis, sin embargo, de dichas constancias se advierte que faltó por exhibir los recibos de pago de pensión correspondientes al periodo de septiembre de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere de nueva cuenta al Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, a fin de que en el término de tres días remita a este órgano copia certificada de los recibos de pago de pensión realizados al quejoso Juan Almaguer González, siguientes: Los correspondientes al periodo del mes de septiembre de dos mil quince a junio de dos mil dieciséis. Apercibido que de ser omiso en atender lo requerido, o bien, de manifestar el impedimento legal que le asista para ello, se le impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, conforme al decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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