Sofia del Carmen Monsivais Treviño

Expediente 12/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
12/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2021

Partes del expediente

  • Sofia del Carmen Monsivais Treviño

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Por recibido el telegrama remitido por la Directora de Administración, en representación del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 16 "CPS- Femenil Morelos", por el cual rinde informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos. Tomando en consideración que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se tuvo al Juzgado Primero en el estado de Morelos, aceptando la competencia declinada, en aras de no juzgar sobre el contenido del oficio de cuenta, remítase dicho telegrama, previa copia que obre en autos, al referido juzgado, para que acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el segundo oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 2/2021, derivado del presente juicio de amparo. Al respecto, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por recibido el primer oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite el diverso del índice del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, a través del cual comunica el proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 6/2021-6, en que acepta la competencia declinada; al respecto, este juzgado toma conocimiento de su contenido. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; procédase a su destrucción, una vez que transcurra el término de seis meses que se establece en el punto de referencia, aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, ocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve ******en representación de Sofía del *****, contra los actos que reclama del Director del CEFERESO 16 Morelos, por considerarlos violatorios del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 12/2021-V, fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. INCOMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho proceda respecto de la demanda de que se trata, se considera necesario señalar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentran obligados los órganos de control constitucional antes de resolver cualquier cuestión relacionada con la materia de la litis en las demandas, pues de no hacerlo, se contravendrían las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La legislación establece como reglas de competencia para el juicio de amparo, las siguientes: Competencia por territorio (prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo); Competencia por materia (civil, penal, laboral y administrativa, que está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación); Competencia por grado (la cual consiste en la instancia o vía intentada -amparo indirecto y directo); Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Sustenta lo anterior la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 94 del tomo IX, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, en el caso interesa destacar el referente a la competencia por territorio, por tal motivo, se considera necesario puntualizar que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución, así como 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan: Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución, la que se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar donde deba efectuarse. En este supuesto, será competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a realizarse en un distrito y continúa en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso que el acto reclamado carezca de ella, lo será el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto, se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado, que aduce la violación de un derecho, ocurrir ante un juez de amparo del lugar en que se ejecutará el acto reclamado. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis I.15°.A.41 K sustentada por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, marzo del dos mil once, página dos mil doscientos ochenta y ocho, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito". Ahora, del estudio integro de la demanda, se advierte que la parte promovente acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: "A).- EL DIRECTOR DEL CEFERESO 16 MORELOS B).- EL ENCARGADO DEL ÁREA MÉDICA DEL CEFERESO 16 MORELOS 4.- ACTOS RECLAMADOS: De la responsable citada (sic) en el inciso A) y B) se reclama: I.- LA OMISIÓN BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y MEDICAMENTOS PARA UN SEVERO PROBLEMA DEL CUERO CABELLUDO DE LA QUEJOSA. II.- LA OMISIÓN DE LAS RESPONSABLES, DE PROVEERLE O PERMITIRLE PAGAR SU CONSULTA DE DERMATÓLOGO DERIVADO DE UN PROBLEMA SEVERÍSIMO EN EL CUERO CABELLUDO" En ese orden, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado considera que quien debe conocer del presente asunto es un Juzgado de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, debido a que ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados En razón de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ANALIZA, declinando su conocimiento a favor del Juzgado de Distrito en el estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por tanto, remítase el expediente en que se actúa acompañado de las copias de la demanda y anexos, al juez de Distrito del lugar que se menciona, solicitándole atentamente que, en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar recibo e informe la determinación que adopte respecto de la competencia que se declina. En virtud de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. SUSPENSIÓN DE PLANO El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. A fin de determinar si en el caso procede conceder la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, es necesario tomar en cuenta los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. (.) Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Toda vez que en la demanda de cuenta se solicitó la suspensión de los actos reclamados, y atento a que se ubican en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo al tratarse de actos que importan peligro a la salud, así como riesgo inminente a integridad de Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto de la suspensión del acto reclamado. Cabe precisar que el artículo 4° de la Constitución Federal, en su párrafo cuarto, consagra uno de los más importantes derechos humanos, el derecho a la salud, el cual nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha señalado que debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Por tanto, atendiendo a que el promovente manifiesta que la quejosa padece un problema severo en el cuero cabelludo, que incluso le ocasiona sangrados, con fundamento en lo previsto por los artículos 15, 48 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, para el efecto de que el Director y el Encargado del Área Médica, ambos del CEFERESO 16 Morelos, le proporcionen de manera urgente la atención médica necesaria para tratar su padecimiento. Lo anterior, ponderando en todo aspecto el interés superior del derecho a la Salud, a efecto de salvaguardar su bienestar y necesidades e inmediatas en cuanto a su integridad física. Aunado a que los artículos 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", consagran el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción; lo que revela que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así como la obligación del estado para definir las bases y modalidades para lograr el acceso a los servicios de salud en diferentes instancias. Ahora, atendiendo a que el domicilio de las autoridades responsables se encuentran fuera de la jurisdicción de éste juzgado y debido a la urgencia del asunto, con fundamento en los artículos 158, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27 fracción II, de la Ley de Amparo, así como 289 y 298 a 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin que con copia del presente proveído NOTIFIQUE al Director y el Encargado del Área Médica, ambos del CEFERESO 16 Morelos APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES ANTE INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a cualquiera de las exigencias derivadas de la presente suspensión entraña la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de no atender este mandamiento judicial, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS . Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. AUTORIZADOS. De conformidad artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado a Víctor Hugo López Ramírez, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho; ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa al usuario "vhlopez7". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese; y por vía electrónica a la parte quejosa .

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