Socorro Garcia Garcia
Expediente 587/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 12/08/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Socorro Garcia Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, TODA VEZ QUE NO ATENDIO AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO 04-08-2020: "De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Visto el estado procesal se advierte que el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado remitió a través de los oficios registrados con los números 6446 y 7206 diversas constancias de cumplimiento a la sentencia de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo, y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se da vista a la quejosa con copia del oficio antes referido, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, se tendrá por conforme con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo y con base en las documentales que obran en el expediente se analizará si el fallo protector se encuentra cumplido o no. Hágase saber a la parte quejosa que el propósito de este Juzgado Federal radica en hacer cumplir la ejecutoria de amparo, para el efecto de que la autoridad responsable la restituya en el pleno goce de sus derechos constitucionales transgredidos; por lo que deberá coadyuvar con esta instancia para que el fallo protector quede cumplido.".- NOT.-
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, TODA VEZ QUE NO ATENDIO AL CITATORIO DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: PROVEÍDO 05-08-2020: "De conformidad con lo establecido en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se determinó que, se suspendieran las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con excepción de los casos urgentes señalados en tales acuerdos. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento del presente juicio de amparo. Ahora, mediante "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. En ese sentido, se tiene por recibido el escrito signado por el Director General de Amparos Contra Leyes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por el que devuelve el oficio 11796/2020, e informa que la citada Secretaría no cuenta con la representación presidencial en el presente asunto. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones al procedimiento y, toda vez que de autos se advierte que es diversa autoridad la que tiene la referida representación, reexpídase el oficio en comento dirigido al Titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.".- NOT.-
- Principal
Visto el estado procesal de autos, de los que se observa que en este asunto se reclaman diversos actos relacionados con la restricción y suspensión el permiso para evitar la asistencia de una trabajadora de una institución médica, para hacer frente a la enfermedad generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19), por lo que, atendiendo al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, resulta pertinente realizar el siguiente pronunciamiento. INCOMPETENCIA El análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 21/2009, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, conviene señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: a) La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. c) El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La instrucción de restringir y suspender el permiso para evitar la asistencia al centro de trabajo de la quejosa. De los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa se desempeña como Enfermera adscrita al servicio de hospitalización del Hospital General Xoco y que derivado de lo anterior las autoridades señaladas han suspendido el permiso para evitar la asistencia al centro de trabajo, no obstante padecer hipertensión arterial y herpes zoster. Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2", en el que estableció lo siguiente: Diversos mecanismos para que las trabajadores y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de dicho instrumento normativo se advierte: La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitarias, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, 11 establece que la salud en el trabajo abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la salud y estén directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud de la parte quejosa y pueden atentar contra su vida, dado que refiere que en desempeño de sus actividades laborales mantiene contacto con agentes biológicos peligrosos, lo cual implica un riesgo de contagio. En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARS- CoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. El criterio competencial que sostiene este Juzgado federal encuentra sustento además de lo expuesto, en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento" Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, que se encuentre de guardia, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Lo anterior, en cumplimiento a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintitrés de julio del año en curso. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. Finalmente, debe mencionarse que en el presente juicio se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables, permitan a la parte quejosa, a realizar resguardo domiciliario, es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de sus nombramientos, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a sus cargos y que puedan llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en los padecimientos que ponen en peligro la vida de la quejosa. No obstante, las medidas ordenadas en la suspensión de plano, no restringen la facultad del juez de Distrito competente para que, una vez que se avoque en el conocimiento del presente juicio de amparo, las limite, reduzca o amplié, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la parte quejosa. Sin que haya lugar a notificar la presente determinación, en atención a la jurisprudencia 12/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 200158, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE". Notifíquese.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Directora de Administración de Capital Humano, por sí y en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por el que en desahogo a los autos de cinco y dieciséis de junio del año en curso, remite constancias con las que aduce dan cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos. Con las documentales exhibidas dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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