Socorro Carmona Antonio
Expediente 855/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Socorro Carmona Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 70), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciocho, Socorro Carmona Antonio, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral 798/2010. II. Luego, el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo (fojas 41 a 45), la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, por lo que la autoridad responsable estaba obligada a realizar lo siguiente: "Proceda a acordar lo solicitado por la apoderada de la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen" (Foja 45). III. Por auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 55 a 57), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 11895/2018 de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 61), remitió copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual acordó lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 798/2010. Asimismo, por oficio 12172/2018 de diez de diciembre de dos mil dieciocho (foja 67), anexó las constancias de notificación realizada a las partes del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y haberlo notificado a las partes, lo cual fue el efecto de la sentencia amparadora. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de las cedulas de notificación realizada a las partes del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral de origen ******; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Visto el oficio y anexos que acompaña el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por el que remite copia certificada del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual acordó lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 45), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable acordara lo solicitado por la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y lo notificara a la partes. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 798/2010. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la copia certificada de la impresión de la página web http://www.estafeta.com/rastreo/resultados/, se advierte que el tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue notificado a las doce horas con treinta y un minutos del uno de octubre de dos mil dieciocho del oficio 23997/2018 (foja 46); por tanto, se le tiene notificado del oficio de referencia para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 41 a 45); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por conducto de su presidente Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Proceda acordar lo solicitado por la apoderada de la parte actora, mediante escritos presentados el dos, nueve y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho y lo notifique a las partes en el juicio laboral de origen. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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