Socorro Carmona Antonio

Expediente 120/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
120/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Socorro Carmona Antonio
  • Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a las partes quejosa y tercera interesada a efecto de que realizaran manifestaciones en relación a la vista ordenada en proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo haya hecho; por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis con relación a si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. En la ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la protección de la justicia federal para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Dejara sin efectos el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, reiterando lo que no fue materia de análisis en la presente sentencia, acto seguido debería dictar un nuevo auto en el que se pronuncie sobre lo solicitado por la parte actora respecto a hacer efectiva la multa con que se apercibió al Ayuntamiento demandado, por incumplir con el pago de la condena, así como la vinculación de las autoridades prealudidas y en los términos establecidos en el considerando sexto de esta resolución. 2. Trámites de la responsable. Con el fin de dar cumplimiento a los efectos de la sentencia de amparo, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, remitió copias certificadas del auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 798/2010. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes con las documentales antes señaladas, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa de manera electrónica el nueve de febrero de dos mil veintidós, y tercero interesada mediante oficio 2647/2022, recibido el uno de marzo de dos mil veintidós, sin que realizaran manifestación alguna al respecto. 4. Verificación del cumplimiento. Analizada que fue la mencionada determinación se advierte que la responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que por auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 798/2010, dejó sin efectos el auto de diez de enero de dos mil veinte, únicamente en los puntos que fueron materia de análisis en el presente juicio y dictó un nuevo auto en el que se pronunció sobre lo solicitado por la parte actora respecto a hacer efectiva la multa con que se apercibió al Ayuntamiento demandado por incumplir con el pago de la condena, acordándole que no había lugar a acordar favorable dicha petición toda vez que en el citado proveído no le fue hecho requerimiento de pago a la parte demandado; asimismo, procedió a vincular al cumplimiento del laudo de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al Presidente, Síndico Procurador y Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero; concluyendo que el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuuajinicuilapa Guerrero, tiene facultades legales ordinarias y extraordinarias para asignar los recursos o para autorizar ampliaciones presupuestales, así como utilizar sus facultades para se ejecute el laudo condenatorio y lo conminó para que en caso de que no puedan pagar con la partida establecida en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, demostrara haber contemplado el pago del laudo en el presupuesto de egresos del año en curso o los trámites de preparación para ello en la iniciativa de Ley de Egresos del siguiente Ejercicio Fiscal; colmando con ello los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en el cumplimiento y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 798/2010; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexos, dese vista y córrase traslado a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de su presidente Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a realizar lo siguiente: Deje sin efectos el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, reiterando lo que no fue materia de análisis en la presente sentencia Acto seguido deberá dictar un nuevo auto en el que se pronuncie sobre lo solicitado por la parte actora respecto a hacer efectiva la multa con que se apercibió al Ayuntamiento demandado, por incumplir con el pago de la condena, así como la vinculación de las autoridades prealudidas, en los términos establecidos en el considerando sexto de la sentencia de amparo. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Se apercibe a Miriam Cortés Cisneros ,Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las doce horas del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 120/2020, promovido por Socorro Carmona Antonio, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el período de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial, las que remitió la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, como anexo a su informe justificado, asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la quejosa, las remitidas por la autoridad responsable; y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; ahora, no existiendo pruebas por desahogar, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el período de alegatos, el Secretario relaciona el alegato ministerial 118/2020, formulado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, hace constar que las demás partes no realizaron manifestaciones. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el alegato del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 120/2020, promovido por Socorro Carmona Antonio, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, remitida por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, por Socorro Carmona Antonio, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTOS RECLAMADOS: "EL AUTO DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2020, QUE NIEGA HACE EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. LA NEGATIVA DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones , en la esfera de su competencia, PARA PROVEER LO CONDUCENTE PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de treinta de enero de dos mil veinte, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 120/2020; se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que la promovente reclama: Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de hacer efectiva la multa decretada en auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen. La omisión de dictar las medidas de apremio necesarias en contra del Ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio primigenio. El auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 798/2010, en el cual no acordó favorables las medidas de apremio solicitadas por la parte actora, en su escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, a fin de lograr el cumplimiento del laudo. Al fijar los actos reclamados no se desatiende que la parte quejosa pretende el análisis directo de la omisión de hacer efectivo el apercibimiento a la demandada; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función de los actos reclamados y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. En ese sentido, para que la autoridad responsable continúe con la siguiente etapa del juicio de origen y pueda ser de análisis mediante el juicio de amparo, es necesario conocer, primero, la respuesta dada por la autoridad laboral sobre la medida solicitada por la parte quejosa para así estar en condiciones de analizar si existe o no la omisión relativa a tal medida. Por tanto, de obtener una hipotética concesión de la protección de la Justicia Federal, ésta sólo podría abarcar el acto reclamado como fue señalado. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, precisado como 2) consistente en la omisión de dictar las medidas de apremio necesarias en contra del Ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio primigenio. Al efecto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado, mismo que fue recibido en auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, negó dicho acto que se le atribuye. Negativa que se corrobora tomando en consideración que los artículos 74, 97 y 98 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 74.- Prescribirán en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos, con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. III. Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución." "Artículo 97.- El Tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 98.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que lo obtuvo se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá a lo dispuesto en los artículos anteriores." Del análisis conjunto de dichos preceptos, es factible considerar que, si bien la primera actuación para ejecutar el laudo es oficiosa; también lo es que las subsecuentes requieren de la intervención necesaria del ejecutante, pues en caso de no hacerlo, puede operar la prescripción una vez transcurrido el plazo de dos años, al evidenciar su falta de interés. Así, se estima que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de laudo, sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez agotada la primera etapa, a que se refiere el artículo 97 de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en la subsecuente, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución. Luego, partiendo de lo antes expuesto y considerando además que para la ejecución del laudo se requiere indefectiblemente la solicitud expresa del ejecutante, pues el derecho a la ejecución de la condena está sujeto al término prescriptivo que marca la propia Ley 51, en su artículo 74; se concluye que el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo atañe de manera exclusiva a la parte que hubiere obtenido laudo favorable. Por lo expuesto, no puede existir el acto que se atribuye al Presidente del Tribunal responsable, consistente en 2) la omisión de dictar las medidas de apremio necesarias en contra del Ayuntamiento demandado, para lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 798/2010. Al respecto, se cita la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con fecha de publicación: viernes 25 de septiembre de 2015 10:30 h, Materia Común, registro: 2010025, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." En las narradas circunstancias, al resultar inexistente el acto reclamado por la quejosa, precisado como 2) con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados 1) omisión de pronunciarse respecto de la solicitud de hacer efectiva la multa decretada en auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, al Ayuntamiento demandado, por no dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen y 3) el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral 798/2010, en el cual no acordó favorables las medidas de apremio solicitadas por la parte actora, en su escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, a fin de lograr el cumplimiento del laudo. Al respecto el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó haber dictado el auto que se combate en esta instancia constitucional. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 798/2010, constancias que remitió el Tribunal de Conciliación en alcance a su informe justificado, de las que se advierte que obra el proveído de diez de enero de dos mil veinte, en el que se tuvo por recibido entre otros, el escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, presentado por la parte actora, por medio del cual se solicitó se hiciera efectiva la multa con que se apercibió a la autoridad demandada, así como la implementación de diversas medidas para lograr la ejecución del laudo, actuaciones que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Octava, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al efecto el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, alude que en el presente juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo; sin embargo, toda vez que no vierte argumentos que justifiquen dicha afirmación, y sin que este órgano jurisdiccional advierta su obvia y objetiva constatación, en consecuencia, se encuentra imposibilitado para analizar el sobreseimiento solicitado por la autoridad responsable. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos siguientes: "Época: Novena Época Registro: 174086 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Página: 365 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación expresados por la parte promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos, sin embargo se sintetizan a continuación: En esencia, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio, el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que al no pronunciarse sobre la aplicación de la multa con que se apercibió a la parte demandada, y no vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ello impide que la actora en el de origen tenga acceso a un procedimiento de ejecución de laudo efectivo. Que resulta violatorio de sus garantías el acto reclamado, toda vez que la ejecución del laudo no implica solamente que el Tribunal Burocrático deba limitarse a realizar el apercibimiento de multa para el caso de incumplimiento por parte del demandado, por lo que está obligado a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que considere procedentes. Aduce que la Ley Laboral establece la obligación de las autoridades administrativas para auxiliar al Tribunal de Conciliación a cumplir sus determinaciones en la esfera de su competencia, por lo que la responsable debe vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para lograr el cumplimiento del laudo. Sus argumentos son fundados. Para corroborar lo afirmado, resulta menester precisar, que de la narrativa de antecedentes formulada por la solicitante en su demanda de amparo, así como de las constancias remitidas por el Tribunal Laboral responsable, se advierte entre otras cosas, que la quejosa el nueve de diciembre de dos mil diez, presentó demanda laboral en contra del ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, radicándose bajo el número 798/2010, continuado el juicio en sus etapas procesales el veinte de enero de dos mil quince, se dictó el laudo correspondiente. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se emitió auto de ejecución y requerimiento de pago. Entre otros, la parte actora en el de origen presentó un escrito ante la autoridad responsable el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual, ante el incumplimiento por parte del Ayuntamiento demandado, solicitó (se hiciera efectiva la multa con que se apercibió en caso de incumplimiento del laudo, así como la imposición de una medida más efectiva para lograr la ejecución del laudo y que se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para lograr el cumplimiento del laudo). En las condiciones anotadas, es conveniente precisar que cuando se reclaman omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral al no observar los plazos y términos legales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 44/2007 y 45/2007, de su índice, consideró que debido a la conexión de las etapas y actos de que se compone el procedimiento laboral, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, se proyecta sobre los actos subsecuentes, que, en el caso, impacta a todo el procedimiento de ejecución hasta su culminación. De tal forma que si se reclama la dilación u omisión en la ejecución de un laudo, bajo la afirmación de dilación, abstención u obstaculización, y la autoridad responsable no agota correctamente y a plenitud dicho procedimiento, esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso de ejecución. Esto último, porque la promovente aún conservará legitimación para solicitar la tramitación expedita de dicho procedimiento por el que se pretende se materialice la cosa juzgada declarada en un procedimiento laboral, pues la dilación perdura en perjuicio del solicitante del amparo. Se reitera, en el caso, se reclaman omisiones que se traducen en dilación en la ejecución del laudo debido a la conexión de las etapas y actos de que se compone el procedimiento de ejecución, el retraso u omisión en la realización de los actos previos y coetáneos se proyecta sobre los actos subsecuentes. En ese marco jurídico, conviene señalar que cada asunto podría indefinidamente verse obstaculizado en la ejecución del laudo, sin que el justiciable tuviera manera de hacer efectivos sus derechos a la tutela judicial; esto es, la autoridad en mención podría ser contumaz en el cuidado del cumplimiento y materialización de las multas decretadas en el procedimiento de ejecución del laudo respectivo, en el caso concreto, contra la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, obstruyendo con ello una administración de justicia pronta y expedita. Lo anterior es así, ya que lo reclamado del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que constituye cosa juzgada, a la vez que afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, se transgrede el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente la prerrogativa a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, el artículo 17 Constitucional ordena que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para que garanticen la plena ejecución de las resoluciones que emitan los tribunales del Estado Mexicano. Esta obligación de ejecutar de manera eficaz las sentencias o laudos que decidan una controversia en cualquier materia, queda comprendido en lo que se denomina el derecho a la administración de justicia o tutela judicial efectiva, en tanto que no basta el dictado de una sentencia o laudo, y que causen ejecutoria para restablecer la paz social, sino hasta que lo condenado y decidido quede plenamente ejecutado, porque es hasta ese momento en que el gobernado materialmente puede beneficiarse de la justicia impartida por los tribunales del Estado. Esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada, es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo, porque es inherente al derecho a que se le administre justicia. Porque una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado, cuando materialmente el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa a su patrimonio de manera total y plena. De ahí que, de existir la omisión de cuidar el debido cumplimiento y la materialización de las multas decretadas en el procedimiento en contra del Ayuntamiento demandado, trae como consecuencia una infracción a los derechos sustantivos del gobernado, ya que dicha omisión tiene como consecuencia obstaculizar la ejecución del laudo y afecta el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución General. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Vigésimo Primer Circuito, registro 2017787, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Décima Época, Materia Común, página 1379, de rubro y texto siguientes: "AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El acto de carácter negativo que tiene la consecuencia de no dictar una medida eficaz para lograr el cumplimiento cabal del laudo que constituye cosa juzgada, constituye una resolución que tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que es cosa juzgada y a la vez afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y, por ende, afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente el derecho a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo al ser inherente al derecho a que se administre justicia, pues una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa materialmente a su patrimonio de manera total y plena. En consecuencia, el juicio de amparo indirecto procede contra el auto dictado en el periodo de ejecución de laudo que niega proveer sobre una medida de apremio o imponer una de mayor entidad para ejecutarlo, toda vez que afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva y porque aun cuando dicha negativa no tenga la consecuencia de paralizar en forma total la ejecución del laudo, sí tiene la de obstaculizar de manera indefinida su ejecución del laudo, con lo cual no se logra una justicia pronta y eficaz." En consecuencia, toda vez que del acto combatido se aprecia que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, emitió un auto en el cual recibió diversos escritos ente ellos uno presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, por la parte actora, mediante los cuales, ante el incumplimiento del Ayuntamiento demandado, solicitó (se hiciera efectiva la multa decretada en caso de incumplimiento, la imposición de una medida más efectiva para lograr la ejecución del laudo y que se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para lograr el cumplimiento del laudo). En respuesta a dichas solicitudes, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, emitió el acuerdo de diez de enero de dos mil veinte, el que en la parte que interesa es del tenor siguiente: "[.] Agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente laboral en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. En cumplimiento a los escritos de referencia, y previo análisis que se realiza de las actuaciones que integran el expediente laboral en que se actúa, se observa que el demandado hasta la presente fecha no ha dado cumplimiento a la condena emitida dentro de este juicio, por lo que en este acto, haciendo uso de la facultad que la Ley 51 del Estado, confiere a este H. Tribunal Laboral se requiere al H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, realice el pago por la cantidad de $6,577.318.58 pesos (SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 58/100 M.N.), a nombre de los CC. SOCORO CARMONA ANTONIO, AMELIA BELLO PALOMO, GABRIEL LOYA TERÁN y ADRIÁN RAMOS AMADOR, otorgando para ello, un término de DIEZ días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, esto con fundamento en el artículo 91 de la Ley 51 del Estado, apercibido que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa por lo equivalente a 300 días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado. - - - Por otra parte, continuando con la petición realizada por la parte actora en los escritos a los que se hace referencia en líneas que anteceden, en este acto se reitera que este H. Tribunal se encuentra tomando las medidas necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecución del laudo, la cual se hará en base a los lineamientos que la Ley de la materia establece para tales efectos, en lo que respecta a su solicitud de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para efectos de que retenga la condena emitida en autos al Ayuntamiento en cuestión, dígasele al promovente que no ha lugar en acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que dicha municipalidad es considerada una persona moral del derecho público misma que cuenta con un patrimonio propio, además de estar dotado de autonomía jurídica, administrativa y política, lo cual lo faculta para administrar libremente su Hacienda Pública correspondiente, misma que está integrada entre otras las participaciones estatales de las cuales pretende afectar; tal y como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos en su Fracción IV, que para una mejor ilustración en este acto se transcribe el numeral en comento:. - - - Aunado a lo anterior la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado se encuentra imposibilitada jurídicamente para afectar tales partidas, pues existe prohibición expresa para ello en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que las partidas que recibe por participaciones son para fines exclusivos que no pueden distraerse para otros; de ahí que la mencionada Secretaría está imposibilitada jurídicamente, para afectar tales partidas. Notifíquese personalmente." No es óbice para este juzgador que el Tribunal Laboral responsable, en el acto que se combate en esta instancia constitucional requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, para que dentro del término de diez días, cumpliera con el laudo, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le aplicaría una multa por el equivalente a trescientos días de salario mínimo vigente en la región. Acto que sin duda se encuentra encaminado a lograr la ejecución del laudo, sin embargo, el Tribunal responsable no acordó favorable la solicitud de la parte actora, respecto a que se hiciera efectiva la multa con que se apercibió previamente al Ayuntamiento demandado, para el caso de no dar cumplimiento, la imposición de una medida más efectiva para lograr la ejecución del laudo y que se vinculara a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como al Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, para que con el carácter de autoridades vinculadas al cumplimiento del laudo, realicen los actos atingentes a dicho fin, lo que abonaría considerablemente al objetivo perseguido que es el cumplimiento de la sentencia condenatoria. En principio, en lo referente al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, de conformidad con la fracción IV, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, sin menos cabo, que en las legislaturas de los Estados aprueben los ingresos de los municipios, revisarán y fiscalicen las cuentas públicas. Asimismo, es relevante lo señalado por el artículo 117 Constitucional, toda vez que faculta a las Entidades Federativas a contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo. Siendo así, que conforme a la Legislación vigente del Estado de Guerrero, se prevé lo siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. "Artículo 61. Son atribuciones del Congreso del Estado: . XXVIII. Establecer las bases sobre las cuales se podrá autorizar a los Ayuntamientos para: . c) Contratar empréstitos cuando se paguen o garanticen con las participaciones y/o aportaciones federales susceptibles de afectarse de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y/o ingresos propios; .". "Artículo 62. El Congreso tendrá como asuntos de atención preferente: . III. Examinar, discutir y aprobar las leyes de ingresos de los municipios, las cuales no podrán establecer exenciones ni subsidios a favor de persona o institución alguna; IV. Autorizar la contratación de endeudamiento por parte del gobierno del Estado y los Ayuntamientos, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes en sesión. Cualesquiera que sea el supuesto de endeudamiento, el Congreso del Estado analizará que la petición sea fundada y motivada, a efecto de su posible autorización. La Ley de Deuda Pública del Estado establecerá, entre otros, los casos para atender circunstancias extraordinarias, incluyendo las que se deriven de los efectos de los fenómenos naturales.La contratación de obligaciones y empréstitos del Estado, Municipios y organismos públicos, será en observancia a lo previsto en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes de la materia. (sic) .". "Artículo 87. Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo, el Gobernador se auxiliará de secretarios de despacho y de los servidores públicos que las necesidades de la administración pública demanden, en los términos de la ley orgánica respectiva. 1. La ley establecerá los requisitos que deban cumplir los secretarios de despacho, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, así como los servidores públicos a su cargo; y, 2. Al efecto, se observarán los principios de idoneidad, experiencia, honorabilidad, especialización, profesionalismo, equidad de género e igualdad de oportunidades." "Artículo 91. El Gobernador tiene las siguientes atribuciones: I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen; . VIII. Presentar al Congreso, en la primera quincena de octubre de cada año, las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente. En el primer año de ejercicio constitucional del Gobernador, ambas iniciativas se presentarán, a más tardar en la segunda quincena de noviembre; .". "Artículo 170. El Estado de Guerrero se divide en los municipios que señala el artículo 27 de la presente Constitución. 1. Cada municipio constituye un orden de gobierno y administración propia; 2. El municipio tiene personalidad jurídica y patrimonio propios; y, 3. La distribución de recursos que asigne el Congreso del Estado a los municipios se realizará conforme a los principios de equidad y justicia social, con base en su densidad poblacional y carencias económicas, con atención preferente a los municipios con población mayoritariamente indígena o afromexicana y con evidente atraso social." "Artículo 178. Los Ayuntamientos son competentes para: I. Gobernar política y administrativamente al municipio; . III. Administrar en forma directa los recursos que integren la hacienda municipal; . VIII. Aprobar su presupuesto de egresos, de conformidad con los ingresos disponibles y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del Estado, debiendo: . IX. Contraer deuda, fundada y motivada, en los términos y condiciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las Leyes de la materia; .". LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO. "Artículo 65. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Planeación y Presupuesto las siguientes: . II. Preparar, examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus ingresos disponibles y de conformidad con el Programa Operativo Anual correspondiente y el Plan Municipal de Desarrollo y los convenios de colaboración respectivos; .". "Artículo 70. Queda prohibido a los Ayuntamientos: I. Contratar empréstitos, o enajenar bienes si para ello no cuentan con autorización del Congreso del Estado y cobrar contribuciones que correspondan al año siguiente; .". "Artículo 73. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes: I. Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en las deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y facultad de veto suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta el asunto que lo haya motivado; . XIV. Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos; . XVII. Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento y los Poderes del Estado y los demás Ayuntamientos del Estado; .". "Artículo 145. El Congreso del Estado analizará las propuestas que presenten los Ayuntamientos para la concertación de empréstitos y resolverá sobre su procedencia haciéndose llegar los elementos de juicio que considere oportunos, en particular sobre las condiciones de los créditos, plazos de amortización, tasas de interés y garantías solicitadas." "Artículo 146. Los presupuestos de egresos de los Municipios comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar los Ayuntamientos anualmente, entre las que deberá contemplarse una asignación presupuestal, con base en su capacidad financiera, destinada a cubrir las liquidaciones, indemnizaciones o finiquitos de ley a que tengan derechos los trabajadores. La falta de observancia a esta disposición será motivo de responsabilidad política de los integrantes del Ayuntamiento." "Artículo 147. Los proyectos de presupuestos de egresos de los Municipios se presentarán para aprobación de los Ayuntamientos con la siguiente información: . IV. Situación de la deuda pública municipal y el tratamiento que se le dará a la misma con la proyección que le corresponda; . VIII. La demás información que solicite el Ayuntamiento." "Artículo 148. Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados anualmente por sus respectivos Ayuntamientos y se basarán en los ingresos disponibles para el ejercicio fiscal que corresponda." "Artículo 155. Los Ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones extraordinarias y siempre que se cuente con los recursos necesarios para cubrirlas." LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 231. "Artículo 116. Además de las facultades y atribuciones que le confieren la Constitución Política General, la Constitución Política del Estado, las Leyes y demás disposiciones jurídicas, al Congreso del Estado le corresponden: . VII. Legislar sobre el Municipio Libre sujetándose a lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; . XVI. Aprobar anualmente su presupuesto, conforme lo establecido en la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal; .". LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 08. "Artículo 18. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Poder Ejecutivo las siguientes: A. Secretarías: . III. Secretaría de Finanzas y Administración; .". "Artículo 22. La Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: . VI.- Presentar al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para cumplir las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; VII.- Proponer, para la aprobación y autorización del Ejecutivo, el presupuesto global, regional y sectorial del Gobierno del Estado, orientado a cumplir las prioridades marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación técnica con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para efectos de planeación, integración, seguimiento y evaluación del gasto; . XXIV.- Analizar, dictaminar y autorizar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, las modificaciones programáticas y presupuestales extraordinarias del presupuesto de inversiones, contando con la aprobación del Gobernador del Estado; XXV.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del Gobierno del Estado, informando de ello al Titular del Ejecutivo, estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; XXVI.- Concentrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno Estatal, así como los ajenos que estén al cuidado del mismo; . XLV.- Establecer normas y lineamientos en materia de control del ejercicio del gasto; .". REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN. "Artículo 8o. Corresponde en exclusiva al Titular de la Secretaría, las siguientes atribuciones y responsabilidades: . IV. Proponer al Ejecutivo los anteproyectos de la Ley de Ingresos del Estado, el Decreto del Presupuesto de Egresos, el de la deuda pública, el de participaciones a municipios y el del sector paraestatal, así como otros anteproyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos en materia de su competencia; . XXII. Contratar, previo acuerdo del Gobernador del Estado, empréstitos o créditos a cargo del Estado, que hayan sido autorizados por el Congreso del Estado; . XXVII. Las demás que le sean encomendadas por las leyes aplicables y que se encuentren dentro del ámbito de sus atribuciones, así como aquellas que con el carácter de no delegables le encomiende el C. Gobernador del Estado." LEY NÚMERO 616 DE DEUDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUERRERO. "Artículo 1. Objeto de la Ley.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto establecer las bases y requisitos para la contratación y celebración de empréstitos o créditos, emisión de valores o cualesquiera otra obligación que forme parte de la deuda pública del Estado de Guerrero y de sus Municipios, así como regular lo relativo a su gestión, administración, refinanciamiento, reestructuración, registro y control." "Artículo 2. Sujetos de la Ley.- La deuda pública está constituida, por las obligaciones directas, indirectas o contingentes, derivadas de empréstitos o créditos o emisión de valores, a cargo de: . II.- Los Municipios; .". "Artículo 9. Límites de endeudamiento de la deuda pública. - El Congreso del Estado, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno de los Municipios del Estado de Guerrero y sus Entidades Públicas, está facultado para establecer el porcentaje máximo que, como límite de endeudamiento, podrán dichas entidades contratar de la deuda pública. El límite anterior, será fijado considerando la capacidad de pago de cada Municipio o Entidad Pública, con base a sus ingresos propios, así como a las participaciones que en ingresos federales o cualquier otro ingreso les correspondan." "Artículo 14. Facultades del Congreso del Estado. Corresponde al Congreso del Estado: . III.- Analizar y en su caso, autorizar, previa solicitud debidamente justificada de parte del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de las Entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, el ejercicio de montos y conceptos de endeudamiento, no previstos o adicionales a los autorizados en la Ley de Ingresos del Estado y en las Leyes de Ingresos de los Municipios, mediante reformas a las mismas, o a través de decretos, que sean necesarios para su financiamiento, cuando se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo requieran y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán, con la finalidad de que las entidades públicas que así lo deseen, puedan incorporarse o adherirse a la autorización señalada; asimismo, autorizar la contratación de líneas de crédito global municipal o emisiones de valores conjuntas entre varios municipios, en términos de lo señalado en el Artículo 26 de esta Ley; .". "Artículo 16. Facultades de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración: . XI. Realizar, previa instrucción de los Ayuntamientos, pagos por cuenta, de los mismos, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan a los Municipios; . XXIII. Las demás que, en materia de deuda pública, le confieran la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, esta Ley u otras disposiciones legales." "Artículo 17. Facultades de los Municipios.- A los Municipios les corresponde, por conducto de los Ayuntamientos: . II.- Enviar al Congreso del Estado a través del Poder Ejecutivo del Estado, la iniciativa de decreto, o decreto de reforma o adición a las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos, para incluir montos y conceptos de endeudamiento no previstos o adicionales a los autorizados, que sean necesarios para el financiamiento de los Municipios y en su caso, de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal a su cargo, cuando se considere que existan circunstancias económicas extraordinarias que así lo justifiquen y/o cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán. Asimismo, podrán gestionar la obtención de la autorización para la contratación de créditos o financiamientos en la cual se determinen los montos máximos de endeudamiento para cada municipio de la entidad y que se gestione de manera conjunta por lo menos por dos de ellos, con la finalidad de que los Municipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse con posterioridad al esquema autorizado, incluyendo la posibilidad de afectar participaciones y/o aportaciones federales de conformidad a la legislación aplicable, incluido el mecanismo de fuente de pago o garantía; III.- Contratar empréstitos, en forma individual o conjunta con otros Municipios, previa autorización del Congreso del Estado; . XII.- Instruir al Poder Ejecutivo del Estado para que, por cuenta del municipio, realice pagos con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan; .". De la normativa transcrita, se obtiene que los municipios constituyen un orden de gobierno investidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley; goza de diversas facultades para allegarse de recursos, tales como: contratar obligaciones a corto plazo; contratar empréstitos; solicitar una ampliación presupuestal; o bien, la implementación o ampliación de una partida presupuestal para hacer frente al endeudamiento por virtud de los laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, para realizar cualquiera de las posibles alternativas, se requiere la autorización del Cabildo y del Congreso Local. Bajo ese tenor, es válido concluir que de conformidad con la normatividad vigente para el Estado de Guerrero, el Cabildo puede solicitar empréstitos, o una ampliación presupuestal mediante autorización del Congreso del Estado de Guerrero. Ello es así, porque de una interpretación armónica de la fracción IV, del artículo 62 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como de la fracción I del artículo 70, 145, 146 y 155 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, tomando en cuenta el artículo 116, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, y los artículos 9 y 14 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, el Congreso del Estado se encuentra facultado, no sólo para la aprobación del presupuesto de egresos para cada Municipio, sino que también le corresponde la autorización para la contratación de endeudamiento y ampliación presupuestal para que los Municipios puedan hacer frente a sus obligaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. Asimismo, de conformidad con las fracciones VI, VII, XXIV y XXV artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero y la fracción XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración presentar, proponer, analizar y dictaminar el Presupuesto Anual de Egresos para el Estado de Guerrero. En ese orden de ideas, se reitera que resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, toda vez que tanto la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, así como el Cabildo del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, con el carácter de autoridades vinculadas al cumplimiento del laudo, deben intervenir en el procedimiento de ejecución del laudo y realizar dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para tal objetivo. Por tanto, es evidente que el actuar de la autoridad responsable vulnera el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita de la quejosa, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, porque no obstante que existe solicitud de la parte actora para que se acordaran diversas acciones por parte del Tribunal Laboral, tendentes a lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio de origen; sin embargo, la autoridad responsable no acordó favorables dichas solicitudes, aun cuando, como quedó apuntado, existe obligación de las autoridades que pueden ser vinculadas para cumplir con la ejecución solicitada. En las narradas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación analizados, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal que solicita la promovente, para el efecto de que: el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: Deje sin efectos el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral de origen, reiterando lo que no fue materia de análisis en la presente sentencia, acto seguido deberá dictar un nuevo auto en el que se pronuncie sobre lo solicitado por la parte actora respecto a hacer efectiva la multa con que se apercibió al Ayuntamiento demandado, por incumplir con el pago de la condena, así como la vinculación de las autoridades prealudidas y en los términos establecidos en el considerando sexto de esta resolución. OCTAVO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio de amparo, promovido por Socorro Carmona Antonio, contra el acto y autoridad señalados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y fundamentos contenidos en el diverso considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y Protege a Socorro Carmona Antonio, contra el acto precisado en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de la presente sentencia. TERCERO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. CUARTO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa ante el licenciado César Hernández Serrano. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano