Socorro Carmona Antonio
Expediente 379/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Socorro Carmona Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 48 a 53), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, (foja 40 vuelta): *Procediera a emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que recibió el trece de diciembre de dos mil dieciocho, y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 798/2010. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Mediante oficio 7555/2019 adjuntó copia autorizada del auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 798/2010 de su índice, en la cual en primer término tuvo por recibidas las promociones de trece de diciembre de dos mil dieciocho y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, luego acordó que como el Ayuntamiento demandado fue omiso en dar cumplimiento al requerimiento de pago, hecho en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, procedió a hacer efectivo el apercibimiento en el citado auto y aplicó una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, en la ciudad capital, la cual debía ser cubierta por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado. Por lo cual ordenó enviar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de hacer efectiva la multa por la cantidad doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, otorgando un término de veinte días hábiles para hacer efectiva la aludida multa. Además, la responsable acordó que en lo que respecta a la solicitud de implementar como medida de apremió la ejecución forzada del laudo, así como las multas personalizadas a todo el cabildo, integrado por el Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretario General de Finanzas y Tesorero Municipal, no había lugar a acordar favorable dicha petición ello porque lo solicitado no está dentro de la Ley de la Materia "Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero"; además, dijo que si bien era cierto que dicho órgano municipal lo representan en conjunto (excepto el Secretario General quien no es electo de manera pública y directa), también lo es que dichos funcionarios quien tiene la representación jurídica es el Síndico Procurador tal y como lo establece el artículo 77 fracción II de la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente. 3.- Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató la sentencia dictada en autos, porque el doce de agosto de dos mil diecinueve, acordó las promociones que le presentó el trece de diciembre de dos mil dieciocho y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en las cuales le solicitó hacer efectiva la multa decretada en auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, de manera individualizada y proceder a la ejecución forzada del laudo; y en la que la responsable en primer término hizo efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y en relación a su diversa petición de proceder a la ejecución forzada del laudo dijo que no había lugar dado que dichas medidas no estaban contempladas en la Ley 51 del Estado. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, sentencia y acuerdo de archivo. Por otra parte, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica y tomando en consideración la certificación de cuenta se aprecia que no existen documentos originales, que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del proveído de doce de agosto dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral ****, lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias antes mencionadas dese vista y córrase traslado a las partes, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que les surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convengan; en el entendido que transcurrido el plazo este órgano jurisdiccional se pronunciara sobre el cumplimiento o no de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado de los autos del presente juicio, la segunda certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el catorce de mayo de dos mil diecinueve (fojas 48 a 53). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En ese orden de ideas, se advierte que los efectos del amparo en el presente juicio constitucional fueron para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad (foja 48 vuelta): Proceda de inmediato a emitir el acuerdo correspondiente a las peticiones que recibió el trece de diciembre de dos mil dieciocho y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral *****, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad laboral Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias legibles y autorizadas de las constancias en las que acredite que: Procedió de inmediato a emitir el acuerdo correspondiente a las peticiones que recibió el trece de diciembre de dos mil dieciocho y veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 798/2010, toda vez que como se ha visto, el plazo legal previsto para ello ha excedido en demasía. Apercibido Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se hará acreedor a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 de la Ley de Amparo; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 258, 192 y 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, con número de registro 2000099 del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por Zalea Hernández Gutiérrez, Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero, personalidad que se tiene por acreditada en términos de las constancias que anexa en copia certificada, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; visto su contenido, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b) de la misma legislación, téngasele apersonando al presente juicio de amparo en su calidad de tercero interesado. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señalan en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Por tanto, gírese oficio de notificación del presente proveído al mencionado ayuntamiento tercero interesado, mismo que deberá ser entregado por conducto del actuario judicial adscrito a este juzgado federal en el domicilio procesal ubicado en esta ciudad, debiendo levantar la razón correspondiente a efecto de que sea agregada el juicio en que se actúa. Luego, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Juan Miguel Terrazas Cuevas, Carlos Roberto Valencia Gutiérrez, Marco Antonio Chávez Manzanarez y Abigail Ojeda Texta, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Luego, por lo que corresponde a Misael Cirilo Zárate Clavel, Miguel Ángel Ávila Romero, Sigifredo Sánchez Cruz, Paulina Jhenifer Martínez Espíritu, Esther Nava De La Cruz y José Vidal Duque Valentín, sólo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tiene el autorizado en términos amplios, en razón de la certificación secretarial de cuenta; así como a los estudiantes de derecho citado en el ocurso de cuenta. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán consideradas en el momento procesal oportuno. Finalmente, con base en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto.
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