Síndica Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo
Expediente 697/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Verónica de la Cruz Estrada
- Síndica Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuenta. En dos de enero de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: que el plazo legal de que disponían las partes para impugnar la sentencia emitida en el presente juicio, ha fenecido, pues se les notificó de la manera, siguiente: La parte quejosa le transcurrió del quince al veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que fue notificada por lista el trece de diciembre de dos mil veintidós. A las autoridades responsables Síndico municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, los Dos Comandantes de la Policía Municipal o Estatal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo y Director de Seguridad Pública de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, le transcurrió del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que fueron notificadas el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, dentro del juicio de amparo indirecto 697/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA EJECUTORIA. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veintisiete minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Y, relaciona como principales constancias del expediente: La demanda de amparo. Asimismo hace constar que las autoridades responsables fueron omisas en rendir su respectivo informe de ley. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden y a las autoridades responsables, como omisas en rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofertó medio de convicción alguno. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la anterior constancia. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, presentó sus alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse al representante social formulando sus alegaciones y las demás partes por perdido su derecho a formularlas, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos de la Síndico Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. NOMBRE Y DOMIICLIO DE LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES ORDENADORAS: LA C. SÍNDICA MUNICIPAL DE NAHUATZEN, MICHOACÁN. AUTORIDADES EJECUTORAS: G) (SIC) LOS DOS COMANDANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL O ESTATAL DE NAHUATZEN, CON SEDE EN NAHUATZEN, MICHOACÁN EN SU CARÁCTER DE MINISTROS EJECUTORES. I) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DE NAHUATZEN, MICHOACÁN. CON DOMICILIO UBICADO EN CALLE MICHOACÁN, BARRIO PRIMERO DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, COMO PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADOS EN FRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL NUEVO DE LA CITADA POBLACIÓN". RECLAMO DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: EL REQUERIRME, SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO JUDICIAL ALGUNO, QUE ENTREGUE UN PREDIO URBANO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN ANTES SIN NÚMERO, ACTUALMENTE No. 133 BARRIO PRIMERO COLONIA CENTRO, DE LA POBLACIÓN DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, CON UNA SUPERFICIE DE 341.25 M2 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN METROS PUNTO VEINTICINO METROS CUADRADOS, EN LA INTELIGENCIA QUE DESDE HACE MAS DE 20 AÑOS LA HE VENIDO POSEYENDO, EN FORMA PACÍFICA, PÚBLICA, CONTINUA, DE BUENA FE, Y POR TODOS CONOCIDOS EN CALIDAD DE DUEÑA, AUNADO A ELLO, NO EXISTE NOTIFICACIÓN ALGUNA NI SENTENCIA, QUE SE ME HAYA HECHO LLEGAR, DONDE CONSTE POR PARTE DE ALGÚN JUEZ, LOS ACTSO DE MOLESTIA QUE PRETENDE EJERCER LA SÍNDICA MUNICIPAL. RECLAMO DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. EL PRETENDER DESPOJARME DEL PREDIO URBANO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE AQUILES SERDÁN ANTES SIN NÚMERO, ACTUALMENTE NO. 133 BARRIO PRIMERO COLONIA CENTRO, DE LA POBLACIÓN DE NAHUATZEN, MICHOACÁN, SIN MEDIAR JUICIO U ORDEN DEBIDAMENTE REQUISITADA POR UN JUEZ COMPETENTE, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECUR VERDAD QUE NO HE SIDO LLAMADA A JUICIO, DONDE HAYA SIDO VENCIDA POR NINGUNA PERSONA O AUTORIDAD COMPETENTE". Derechos fundamentales transgredidos. La promovente expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Radicación y admisión. Por razón de turno correspondió conocer del libelo constitucional de referencia a este Órgano de Control Constitucional, por lo que en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número ******************** y se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes de ley, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez realizados los tramites de ley, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, la jurisprudencia 40/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: La Síndico municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. Los Dos Comandantes de la Policía Municipal o Estatal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. Del Director de Seguridad Pública de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. La orden de desposesión del inmueble ubicado en calle Aquiles Serdán antes sin número, actualmente No. 133, Barrio Primero, centro, Población de Nahuatzen, Michoacán, con una superficie de trescientos cuarenta y un metros punto veinticino metros cuadrados. La ejecución de dicha orden. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De la Síndico, Dos Comandantes de la Policía y Director de Seguridad Pública Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, fueron omisos en rendir su informe de ley, no obstante encontrarse debidamente notificados para tal efecto. No obstante, la omisión de las autoridades responsables en rendir su informe de ley, no ha lugar a presumir cierto el acto reclamado, tal como lo dispone el artículo 117 en su párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Lo anterior, virtud a que de las constancias que obran en autos, no se advierte que la parte quejosa haya ofertado alguna a fin de acreditar aunque sea de manera indiciaria la existencia del mismo. Se estima de esa manera, ya que de la propia demanda de amparo, se pone de evidencia que la impetrante, refiere que se enteró que las autoridades responsables pretenden desposeerla del inmueble que refiere; es decir, es probable o de realización incierta la existencia de dicha orden de desposesión. En esa tesitura, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se aplica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1780, Décima Época, con número de registro digital: 2014131, del tenor siguiente: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo". El anterior sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, lo anterior de conformidad a la jurisprudencia número VI.2o. J/7, publicada en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos las autoridades y los actos precisados en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el diverso tercero de esta resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con siete minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, en el incidente de suspensión 697/2022. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, la Secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente. CUENTA ACUERDO 1 Se da cuenta que no obra en autos el informe previo de las siguientes autoridades responsables: Síndica Municipal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. Dos Comandantes de la Policía Municipal o Estatal de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. Director de Seguridad Pública de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo. Téngase por omisas a las autoridades indicadas, ante la falta de rendición de su informe. PRUEBAS 2 Se da cuenta que las partes no las ofrecieron. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 3 Se da cuenta que las partes no formularon alegatos. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En la demanda de amparo, promovida por ********************, solicitó la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de noviembre pasado, este Juzgado Federal negó a la parte quejosa la suspensión provisional de los actos reclamados, requirió a las autoridades responsables su informe previo y señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107, fracción X de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. La parte incidentista hace consistir su reclamo en: "De la autoridad ordenadora. El requerirme, sin mediar procedimiento judicial alguno, que entregue un predio urbano que se encuentra ubicado en calle Aquiles Serdán********************, actualmente No. ********************, ********************, de la población de Nahuatzen, Michoacán, con una superficie de 341.25 m2 trecientos cuarenta y un metros punto veinticinco metros cuadrados, en la inteligencia que desde hace más de 20 años la he venido poseyendo, en forma pacífica, pública, continua, de buena fe, y por todos conocidos en calidad de dueña, aunado a ello, no existe notificación alguna ni sentencia, que se me haya hecho legar, donde conste por parte de algún juez, los actos de molestia que pretende ejercer la síndica municipal, y, De la autoridad ejecutora. El pretender despojarme del predio urbano que se encuentra ubicado en calle Aquiles Serdán********************, actualmente No. ********************, ********************, de la población de Nahuatzen, Michoacán, sin mediar juicio u orden debidamente requisitada por un juez competente, manifestando bajo protesta de decir verdad, que no he sido llamada a juicio, donde haya sido vencida por ninguna persona o autoridad competente". En suma de lo anterior, este órgano de control constitucional procede al pronunciamiento sobre el acto reclamado por la parte incidentista. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. Con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Síndica Municipal de Nahuatzen, Dos Comandantes de la Policía Municipal o Estatal de Nahuatzen y Director de Seguridad Pública de Nahuatzen, Michoacán de Ocampo, en razón de que fueron omisas en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificadas. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL PETICIONADA. No obstante de presumirse cierto el acto reclamado a las referidas autoridades responsables, a efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: Los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; Los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; Las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; Las previsiones que el Juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión; Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: La petición de parte; La existencia de los actos reclamados; La naturaleza de los actos reclamados; La afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión de los actos reclamados; y La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el más Alto Tribunal. El peligro en la demora. Ahora, en cuanto al primero de los citados requisitos, se encuentra satisfecho porque existe petición expresa de la parte incidentista, ya que solicitó la suspensión del acto reclamado. Por lo que se refiere al segundo, consistente en que haya certidumbre sobre la existencia de los actos reclamados cuya suspensión se solicita; debe tenerse por satisfecho, en atención a las manifestaciones expuestas por la parte incidentista, bajo protesta de decir verdad, de modo que hasta esta etapa procesal se tiene la certidumbre de la existencia de los actos reclamados. Luego, en relación a que los actos reclamados sean susceptibles de ser suspendidos conforme a su naturaleza, de igual forma, se encuentra colmado, dado que los actos de que se duele la parte incidentista pueden ser suspendidos al tratarse de actos positivos con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. Respecto del cuarto de los requisitos, relativo a la afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la medida suspensional, NO SE ENCUENTRA COLMADO, pues si bien existe solicitud de la parte incidentista, no acredita el interés jurídico o legítimo que le asiste para obtener la medida cautelar, esto es, la titularidad del derecho que estima vulnerado. En este sentido, cuando un gobernado se dice afectado por un acto de autoridad, tratándose de la suspensión provisional, es requisito indispensable para su concesión que acredite la titularidad del derecho que dice tener y se le pretende afectar, sin que sea suficiente para tener por demostrado ese extremo, la manifestación bajo protesta de decir verdad a que refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que a ese respecto se realice en la demanda, dado que esa manifestación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a cada uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, como lo dispone la tesis de jurisprudencia 609, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página: 52, Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, Materia(s): Común, Octava Época, del Apéndice 2000 de rubro y testo, siguiente: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE". El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa". De igual manera, no debe perderse de vista que cuando la parte quejosa acude al amparo, está obligada a exhibir los elementos probatorios indispensables con los cuales acredite el interés jurídico aunque sea de manera indiciaria, que le asiste para que le sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, entendiéndose por tal, el derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que ha de demostrarse en ciertos casos con el documento o medio de convicción idóneo, en que se constate aún de forma presuntiva, la titularidad que de ese derecho ostenta. Ahora, la parte quejosa no ofertó medio de prueba alguno con el que acreditara aunque sea de manera indiciaria el interés suspensional. Al caso es aplicable la tesis publicada 328, Tomo XII-Septiembre, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, que su rubro y texto dice: "SUSPENSIÓN INTERES JURÍDICO EN EL INCIDENTE DE. El hecho de promover un juicio de amparo bajo protesta de decir verdad no implica necesariamente una presunción juris tantum que acredite el interés jurídico del quejoso y proceda, por ello, el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, pues ningún precepto de la Ley de Amparo dispone que la sola presentación de la demanda y la relación de los hechos afirmados en ella, bajo protesta de decir verdad, traiga aparejada esa presunción, sino que únicamente significa que se cumple con uno de los requisitos que debe contener la demanda de garantías. Por lo que el interés jurídico de quien se dice ser extraño a un procedimiento, para obtener la suspensión provisional, debe probarlo siquiera presuntivamente". En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, SE NIEGA A LA PARTE INCIDENTISTA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis aislada visible en la página 262, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto, siguiente: "SUSPENSION PROVISIONAL. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. El promovente del amparo, al solicitar la suspensión provisional del acto reclamado, está obligado a demostrar aun en forma presuntiva su interés jurídico, cuando dada la naturaleza del acto en contra de la cual se pide, no pueda desprenderse del texto de la propia demanda tal presunción y así dejar satisfechos todos los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de amparo, por lo que no es el caso, de que a pesar de la falta de prueba, que demuestre siquiera en forma presuntiva el interés jurídico, debe concederse la suspensión provisional y dejar al quejoso expedito su derecho para que lo demuestre hasta la audiencia incidental, donde debe resolverse sobre la procedencia de la definitiva, pues esto solamente podría darse, cuando se hubiere concedido la provisional y dentro del trámite del incidente, se impugnará el derecho del peticionario de garantías, alegando que no tiene interés jurídico para pedir la medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos del considerando tercero y cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.
- Incidental
Cuenta. En veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la secretaria certifica: que se encuentra trascurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas para que las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo, con lo que se da cuenta al Juez, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 697/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra trascurriendo el plazo de cuarenta y ocho horas para que las autoridades señaladas como responsables rindan su informe previo. Audiencia incidental. En consecuencia, para dar margen a que las autoridades responsables, rindan su informe previo, o bien, a que transcurra el plazo de ley, se difiere la audiencia incidental programada para el día de hoy, señalándose en su lugar las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.
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