Sofía Pineda Pacheco
Expediente 86/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sofía Pineda Pacheco
- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se apliquen a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 38/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa, en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Gobierno del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta y cinco años, un mes y quince días, cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por tanto, si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la quejosa ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad no podrá aplicarse de manera retroactiva en su detrimento, en atención al derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos." 2. Ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado. Una vez que se recibió el testimonio de la resolución emitida en amparo en revisión, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, las responsables dejaron insubsistente el acuerdo emitido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. De igual forma, determinaron que de conformidad con el artículo 12, inciso d) de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, la jubilación concedida a la quejosa, ha sido aprobada conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete. También, informaron que el beneficio que la quejosa recibirá a partir de la primera quincena del mes de mayo del año en curso, será el pago del cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja como servidor público, misma que se ajusta a la cantidad actualizada de $21,595.94 (veintiún mil quinientos noventa y cinco pesos 04/100 moneda nacional), de manera mensual. Asimismo, exhibieron la impresión correspondiente al recibo de nómina, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós, para acreditar que con fecha quince de mayo del año en curso, se realizó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $10,797.97 (diez mil setecientos noventa y siete pesos 42/100 moneda nacional). De igual forma, adjuntaron el comprobante de pago interbancario, del que se aprecia que el dos de junio de dos mil veintidós, se realizó la transferencia a la cuenta de la quejosa por la cantidad de $54,514.20 (cincuenta y cuatro mil quinientos catorce peso 20/100 moneda nacional), relativo al pago de la pensión por jubilación a partir de la primera quince del mes de febrero de dos mil veintiuno, hasta el treinta de abril del año en curso, es decir, dicha cantidad corresponde al pago de las diferencias generadas entre el pago de jubilación inicialmente aprobada (cuatro de febrero de dos mil veintiuno) y su reconocimiento en la ejecutoria de amparo. Por su parte, El Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio 38/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se informó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación, y todas sus consecuencias. Mediante oficio 195/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, comunicó a la quejosa dichas determinaciones. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de la quejosa, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.
- Principal
En ocho de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio y anexos, registrado bajo el folio 7776. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio y anexos, signado por el Subdirector Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y al efecto exhibe diversas constancias. Con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables realizaran lo siguiente: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se apliquen a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 38/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa, en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542, publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Gobierno del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta y cinco años, un mes y quince días, cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por tanto, si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la quejosa ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad no podrá aplicarse de manera retroactiva en su detrimento, en atención al derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos." 2. Ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, confirmó la sentencia dictada por este Juzgado. Una vez que se recibió el testimonio de la resolución emitida en amparo en revisión, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables realizaron lo siguiente: Mediante sesión ordinaria celebrada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, desincorporaron de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, dejaron insubsistente el acuerdo emitido el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. De igual forma, determinaron que de conformidad con el artículo 12, inciso d), de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, la jubilación concedida a la quejosa, ha sido aprobada conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete. También, informaron que el beneficio que la quejosa recibirá a partir de la primera quincena del mes de mayo del año en curso, será el pago del cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja como servidor público, misma que se ajusta a la cantidad actualizada de $21,595.94 (veintiún mil quinientos noventa y cinco pesos 04/100 moneda nacional), de manera mensual. En ese sentido, exhibieron la impresión correspondiente al recibo de nómina, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de dos mil veintidós, para acreditar que con fecha quince de mayo del año en curso, se realizó el incremento en el pago quincenal por la cantidad de $10,797.97 (diez mil setecientos noventa y siete pesos 42/100 moneda nacional). Por su parte, El Subdirector de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán de Ocampo, efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente el oficio 38/2021, de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se informó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación, y todas sus consecuencias. Mediante oficio 195/2022 de seis de mayo de dos mil veintidós, comunicó a la quejosa dichas determinaciones. Sin embargo, las autoridades responsables fueron omisas en remitir las constancias que acrediten el pago de la pensión a partir de la fecha en que se dictó el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa. Ello es así, dado que la pensión correspondiente deberá pagarse a partir de esa fecha, pues debe tomarse en cuenta que el tiempo que transcurrió para el trámite y resolución del presente juicio, y hasta el pronunciamiento de la nueva resolución, es variable e indeterminable, lo cual puede influir en la cuantificación del pago de la pensión, pues será mayormente perjudicial para la quejosa, en cuanto al monto resultante, incluso, su subsistencia puede verse en riesgo, de modo que si bien es cierto que tendrá que esperar el pago, también lo es que su cuantía no debe afectarse. De ahí que debe ser a partir de la fecha en que se dictó el acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, ya que es en ésta donde se decidió la procedencia de dicha pensión, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la sentencia protectora, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de amparo, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes o que se deben de realizar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.16o.T.11 L (10a.), sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2428, Materia Común, Laboral, con número de registro 2018171, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CONSIDERARSE SU CUANTIFICACIÓN PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE, CUANDO SU RECONOCIMIENTO SE HIZO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO Y, ADEMÁS, SE ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR UNA CUESTIÓN AJENA A ELLO. Si en un laudo la Junta de Conciliación y Arbitraje reconoce la profesionalidad y el grado de incapacidad sólo de uno de los padecimientos profesionales diagnosticados al trabajador y, en el juicio de amparo directo interpuesto contra aquél, se concede la protección al trabajador para que se le reconozcan la profesionalidad y el grado de incapacidad de diverso padecimiento que también se le diagnosticó, además de reponerse el procedimiento para que se subsane una violación procesal ajena al padecimiento reconocido, la pensión correspondiente deberá pagarse en el porcentaje respectivo, tratándose de dicho padecimiento de origen profesional reconocido en la ejecutoria de amparo, a partir de la fecha de ésta, pues debe tomarse en cuenta que el tiempo que habrá de transcurrir luego de dar cumplimiento a la sentencia de amparo mediante la reposición al procedimiento y hasta el pronunciamiento del nuevo laudo, es variable e indeterminable, lo cual puede influir en la cuantificación del pago de la pensión por el padecimiento que en la ejecutoria se determinó, pues será mayormente perjudicial para el trabajador, en cuanto al monto resultante, en tanto más tiempo transcurra sin que se emita ese nuevo laudo, justamente por la reposición y consecuente tramitación del juicio, pues no debe perderse de vista que se trata de una persona en estado de incapacidad ya decretada de quien, incluso, su subsistencia puede verse en riesgo, de modo que si bien es cierto que tendrá que esperar el pago, también lo es que su cuantía no debe afectarse; de ahí que debe ser a partir de la fecha en que se dicta la sentencia de amparo, que se considere el pago de la pensión respectiva, pues es en ésta donde se decide la procedencia de la pensión por la incapacidad reclamada". 4. Conclusión. Del análisis del cumplimiento realizado por las citadas autoridades responsables, se desprende que incurrieron en defecto; por tanto, no se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. 5. Manifestaciones de la parte quejosa. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; atento a ello se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Requerimiento. En esa virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo en los términos establecidos en los párrafos precedentes y remitan las constancias que así lo acrediten; apercibidas que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta, a cada una, multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en término de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese personalmente.
- Principal
En veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito registrado bajo el folio 7139. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, se provee lo siguiente: Agréguese el escrito signado por Mónica Arciga Pedraza, quien se ostenta como autorizada en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a sus manifestaciones, virtud a que en auto admisorio del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que únicamente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones, sin encontrarse autorizada en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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