Simón Fernández Ramírez

Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
466/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Simón Fernández Ramírez
  • Director del Hospital General Zona Número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En once de septiembre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió para la parte quejosa, del veinticuatro de agosto al seis de septiembre de dos mil veintitrés, en virtud de que fue notificada por medio de lista el veintidós de agosto de dicho año, y para las autoridades responsables, del veinticinco de agosto al siete de septiembre del año que transcurre, toda vez que fueron notificadas por oficio el veinticuatro de agosto del año en cita, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, once de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. ORDEN DE ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el archivo definitivo del presente expediente, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de dos de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es susceptible de destrucción. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a mayor pronunciamiento; toda vez que, no se formó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

  2. Principal

    La secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con las principales constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: Demanda de amparo, e Informes justificados. La Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con las documentales de la parte quejosa y las autoridades responsables. La Secretaria Encargada del Despacho provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las referidas documentales en razón de su naturaleza. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con el pedimento ministerial del Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. A lo anterior la Secretaria Encargada del Despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al fiscal formulando los alegatos que a esa representación social corresponden. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se declara cerrada la presente audiencia; y se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se realiza a continuación. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo promovido por********************, contra actos del Director del Hospital General de Zona número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad; y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el once de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la omisión de las siguientes autoridades: "AUTORIDADES RESPONSABLES 1. El Director del Hospital General de Zona N°8, Uruapan Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. El Subdirector Médico del Hospital General de Zona N°8, Uruapan, Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social. ACTO RECLAMADO A) De las autoridades señaladas como responsables, reclamo la orden verbal y/o escrita mediante la cual se omitió garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud a los que tengo derecho, poniendo en riesgo mi integridad física y vida al no realizarme en el nosocomio o de manera subrogada el estudio de COLONOSCOPIA, mismo que es necesario para revalorar el avance del sangrado del tubo digestivo bajo, que padezco y se pueda descartar posibles problemas, como cáncer colorrectal o pólipos, los cuales son pequeñas acumulaciones de células que pueden convertirse en cáncer. " La parte quejosa expuso que se violan sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 4º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: narró los antecedentes de la omisión reclamada; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de once de julio de dos mil veintitrés-fojas 13 a 16-, se radicó la demanda con el número 466/2023; se admitió a trámite; se decretó la suspensión de plano para el efecto de que se proporcionara al quejoso la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención del padecimiento que presentaba, esto es, se le debía realizar un estudio de colonoscopía, para revalorar el avance del sangrado del tubo digestivo bajo, para descartar posibles problemas como cáncer colorrectal o pólipos, además de realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dicho padecimiento requería; se solicitó el informe de suspensión de plano y con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en esta ciudad, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa (Hospital General) con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar la omisión que se reclama en la presente instancia constitucional. De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el quejoso******************** reclama: Del Director y Subdirector del Hospital General de Zona, número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad: - La omisión de realizarle el estudio de colonoscopía, a efecto de que se revalore el avance del sangrado del tubo digestivo bajo y, con ello, descartar posibles problemas como cáncer colorrectal o pólipos que pudieran convertirse en cáncer. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Michoacán, al rendir el informe justificado en representación del Director y Subdirector del Hospital General de Zona, número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad,-fojas 52 y 54-, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la omisión de realizarle al quejoso el estudio de colonoscopía, a efecto de que se revalore el avance del sangrado del tubo digestivo bajo y, con ello, descartar posibles problemas como cáncer colorrectal o pólipos que pudieran convertirse en cáncer. Pues al efecto señaló que en ningún momento se le ha negado el estudio de colonoscopía que el quejoso reclama, además de que en ningún momento el quejoso exhibió la documental en la que se le programó el estudio de referencia. Ahora, al tratarse de una omisión, la carga de la prueba correspondía a la autoridad responsable, pues si señala que no incurrió en la omisión que se le atribuye, debía acreditarlo; esto es, debía demostrar que brindó la atención médica al quejoso. Ilustra a lo anterior la tesis 1a. CCCXCVI/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 706, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2007973 de rubro y texto: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza." En este orden de ideas el apoderado de las responsables, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, exhibió una nota de atención médica, la cual cuenta con valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del código adjetivo civil federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, de rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". No obstante lo anterior, del análisis de dicho documento, se advierte que la atención médica se proporcionó al quejoso el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que se desvirtúe la negativa informada y se tenga por cierta la omisión combatida. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Este juzgado advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de la omisión reclamada en este sumario constitucional. El citado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la ley exija. Por tanto, en esos términos, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las precisiones realizadas con antelación, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ilustra a lo anterior, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia 9/98, de la Sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que prevé: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 71, del tomo VI, noviembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Ahora, se recapitula que el quejoso reclama del Director y Subdirector del Hospital General de Zona, número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, la omisión de realizarle el estudio de colonoscopía, a efecto de que se revalore el avance del sangrado del tubo digestivo bajo y, con ello, descartar posibles problemas como cáncer colorrectal o pólipos que pudieran convertirse en cáncer. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio de origen, se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada en este juicio de amparo indirecto, toda vez que el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, le fue realizado al quejoso el estudio de colonoscopía y el diagnóstico requeridos como se advierte a continuación: En efecto, de la nota médica de dieciséis de julio de dos mil veintitrés, se advierte que la colonoscopía requerida por el quejoso se le realizó en dicha fecha, y se emitió un diagnóstico principal de hemorragia gastrointestinal, no especificada, y un diagnóstico secundario de enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso. Por tanto, la constancia de referencia pone de manifiesto que cesaron, de manera incondicional e inmediata, los efectos de la omisión reclamada en este sumario constitucional, debido a que se logró lo que precisamente pretendía el impetrante en esta sede constitucional; esto es, que el Director y Subdirector del Hospital General de Zona, número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en esta ciudad, le realizaran el estudio de colonoscopía y se emitiera un diagnóstico. De ahí que, al haberse realizado el estudio y valoración el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, se eliminó la huella que dejó el reclamo materia de este juicio de amparo, en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia analizada; y, por lo tanto, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, en términos de la jurisprudencia sin número, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, del volumen 24, tercera parte, de la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 239006, que indica: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de dicha ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, contra la omisión reclamada de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de Rocío Guía Calderón, secretaria que autoriza y da fe. La suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se determinó sobreseer en el juicio de amparo 466/2023, promovido por********************, contra una omisión atribuida al Director y Subdirector del Hospital General de Zona número 8, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad. Conste. El veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita Rocío Guía Calderón, Secretaria con adscripción en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse de: nombres de personas físicas o morales que tienen el carácter de parte dentro del juicio de origen o del expediente de amparo o intervienen dentro del asunto, sin la calidad de autoridad; y, el expediente natural, al ser un dato que hace identificable la identidad de la parte quejosa y de las demás partes involucradas en este sumario, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 14320 y 14321 a las autoridades correspondientes. Conste. RGC/Jyct

  3. Principal

    En diez de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, diez de agosto de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de dos de agosto del año que transcurre, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Apoderado Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional y Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director y Subdirector, ambos del Hospital General de Zona número 8, de dicho Instituto; por lo que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del referido informe. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    En dos de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, se recibió un oficio, el cual quedó registrado con el número de folio 9871. Doy fe.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el Apoderado Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional y Delegación Regional en Michoacán, en representación del Director y Subdirector, ambos del Hospital General de Zona número 8 de dicho Instituto, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo INFORME JUSTIFICADO, con el que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Asimismo, como lo solicita, se le tiene por exhibidas las documentales que indica, para el efecto legal conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.

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