Silviano García Tello

Expediente 233/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
233/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
12/04/2018

Partes del expediente

  • Silviano García Tello
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que en proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, se desechó parcialmente la demanda de amparo, por lo que ve al acto reclamado consistente en la notificación realizada a la parte trabajadora que recayó del acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, notificación que obra en autos misma que fue realizada de manera incorrecta debido a que no pertenece al expediente ordinario laboral 1B-444/20134, si no al diverso 1148/2015. Asimismo, por lo que ve al diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ordinario1B-444/20134, mediante el cual se decreta su archivo, por éste se dijo que una vez que cause estado el citado auto, deberá escindirse la demanda constitucional al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que sea quien conozca del acto reclamado al ser una cuestión que debe analizarse mediante el juicio de amparo directo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; y, toda vez que mediante auto de seis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa; por tanto, regularícese el procedimiento para el efecto de que de inmediato sean remitidos los presentes autos, al Tribunal correspondiente para la substanciación del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Susana Nidia Guillén Chávez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...se desecha parcialmente... este juszgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: CUMPLIMIENTO DE PREVENCION. Por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por Aldo César González López, Verónica García Hernández e Indira González López, apoderado jurídicos del quejoso, mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de marzo de la presente anualidad, precisa como actos reclamados. El acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ordinario 1B-444/20134, mediante el cual se decreta su archivo. La notificación realizada a la parte trabajadora que recayó del acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, notificación que obra en autos misma que fue realizada de manera incorrecta debido a que no pertenece al expediente ordinario laboral 1B-444/20134, sino al diverso 1148/2015. DESECHAMIENTO PARCIAL En primer término, este Juzgado Federal se limitará únicamente al análisis del segundo acto reclamado consistente en la notificación realizada a la parte quejosa, relativa al acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, pues constituye un acto emitido después de concluido el juicio, por lo que se actualiza el supuesto de competencia para este órgano, no así respecto del acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del juicio ordinario 1B-444/20134, en el que se decretó el archivo, pues al constituir una determinación que puso fin al controvertido laboral de origen es objeto de estudio exclusivo de los Tribunales Colegiados de Circuito al ser uno de los supuestos contemplados en la Fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo; y, por ende, existe incompetencia legal para quien suscribe la presente resolución. En ese tenor se considera que se trata de un asunto de jurisdicción escalonada por lo que en primer término se debe analizar el acto consistente en la notificación impugnada competencia de amparo indirecto, y una vez firme la determinación que corresponda escindirla demanda y remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para que de estimarlo procedente tenga bien asumir su competencia respecto del auto que puso fin al juicio laboral. Orienta lo anterior la Jurisprudencia P./J. 70/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo contenido expresa: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Establecido lo anterior, en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal de la quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa sustituibles de modificar o revocar el acto reclamado. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de garantías, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Por ello, se actualiza la citada causal de improcedencia, pues mediante el incidente de nulidad, se prevé el medio de defensa para que sea modificado o revocado el acto reclamado, y, que se debió de agotar antes de acudir al juicio constitucional atento al principio de definitividad. Ello es así, porque de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la notificación realizada a la parte trabajadora que recayó del acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, que obra en autos, la cual fue realizada de manera incorrecta debido a que no pertenece al expediente ordinario laboral 1B-444/20134, sino al diverso 1148/2015. Por ello, la parte quejosa previo a acudir a esta instancia de control constitucional a fin de impugnar el acto reclamado, debió agotar el incidente de nulidad, pues a través de él es factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado; y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, como deriva de lo establecido en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2002 de la Novena Época emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002, visible en la página 259 que en lo que interesa establece "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." En consecuencia, al no haber agotado el incidente de nulidad, y que resulta ser el idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto tildado de inconstitucional (la notificación realizada a la parte trabajadora que recayó del acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, notificación que obra en autos misma que fue realizada de manera incorrecta debido a que no pertenece al expediente ordinario laboral 1B-444/20134, sino al diverso 1148/2015), trae como consecuencia que el mismo no tenga el carácter de definitivo, a efecto de hacer procedente el juicio de amparo biinstancial. Es aplicable la jurisprudencia PC.VI.L. J/7 L IV.2o. J/4, emitida por los Plenos de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el viernes 09 de marzo de 2018, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE AMPAROS CONTRA ACTOS QUE AFECTEN, ENTRE OTROS, DERECHOS DE TRABAJADORES. De la interpretación literal y sistemática de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171 de la Ley de Amparo, se concluye que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen procede exclusivamente cuando en amparo directo se impugnen laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que vulneren las defensas del quejoso, cuando se trate de amparos contra actos que afecten, entre otros, derechos de trabajadores. Por tanto, como sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el trabajador queda eximido de preparar el juicio de amparo, es inconcuso que la citada excepción no puede hacerse extensiva a los casos en los que por la vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales laborales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias en las que el quejoso sea el operario, pues fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción aludida procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Asimismo, la interpretación adicional referente a la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, no debe entenderse en función de la duda que pudiera generarse sobre si puede hacerse o no extensiva al juicio biinstancial la excepción al principio de definitividad prevista en el numeral 171 de la ley indicada para el amparo directo, sino que dicha interpretación adicional debe enfocarse únicamente a la duda de la procedencia del recurso o medio de defensa; por lo cual, la excepción al principio de definitividad en el amparo directo a favor de los trabajadores no puede utilizarse para considerar que se requiere interpretación adicional para determinar la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones; por lo que éste debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo biinstancial. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En tales condiciones y por lo que refiere al primer acto reclamado, una vez que cause estado el presente auto, deberá escindirse la demanda constitucional al Tribunal Colegiado de Circuito competente para que sea quien conozca del acto reclamado al ser una cuestión que debe analizarse mediante el juicio de amparo directo, como quedó estipulado en el razonamiento emitido al inicio del presente. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.

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