Silviano Castañeda Ruiz
Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silviano Castañeda Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el ocho de julio del dos mil veintidós dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio de amparo, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que los autos originales y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las nueve horas con veinte minutos del ocho de julio de dos mil veintidós, señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 583/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Asimismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de las partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Demanda de amparo promovida por Julio César Reyes Calderón, en cuanto defensor particular del quejoso Silviano Castañeda Ruiz; 2. Auto admisorio de treinta y uno de mayo del dos mil veintidós; 3. Auto del diecisiete de junio del presente año, mediante el cual se tuvo por inexistente a la autoridad responsable Administrador de Sala de la Región de Morelia, Michoacán del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral; 4. Notificación de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; 5. Pedimento de la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado; y, 6. Informes justificados del Director de Gestión y Jefa de Causa, ambos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia. Finalmente, en este acto se da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el número de folio 11228. A lo anterior, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la anterior relación de constancias; por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; y, por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. En otro aspecto, visto el oficio de la Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, por el cual, en atención al requerimiento formulado al Juez de Control de este distrito judicial, remite la certificación con la que acredita que el promovente Julio César Reyes Calderón, tiene la calidad de defensor particular del quejoso Silviano Castañeda Ruiz; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio: El secretario da cuenta con las pruebas documentales que ofertó la parte quejosa y las autoridades responsables. Acto seguido, la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa y por las autoridades responsables; cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: El secretario hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos, sin que las demás partes realizara manifestaciones en este sentido. Al efecto, la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 583/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, Silviano Castañeda Ruiz presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de la Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán y otra autoridad. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1°, 4 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 583/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que los actos tienen ejecución en la jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama de la Jefa de Causa y Director de Gestión, ambos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, lo siguiente: Las omisiones en remitir el auto de apertura a juicio oral al Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y de señalar fecha y hora de inicio del juicio oral dentro de la causa penal 355/2020. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertas las omisiones atribuidas a la autoridad responsable Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, quien manifestó que no tiene la atribución correspondiente para atender lo solicitado por el quejoso, ya que dentro de sus facultades no está la de crear tribunal de enjuiciamiento y señalar audiencia de juicio oral. En ese sentido, conviene señalar que por acto reclamado debe entenderse cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas, conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. De tal manera que los actos reclamados en el juicio de amparo pueden ser de índole positivo, consistente en una decisión o ejecución; o de índole negativo, que pueden traducirse ya sea en determinaciones negativas que implican una manifestación unilateral de la autoridad en donde expresamente no accede a las pretensiones del gobernado, o en omisiones, mismas que, conforme su naturaleza, son aquellas que implican un no hacer y a través de las cuales la autoridad rehúsa a acceder a las pretensiones de los gobernados o a un deber que la ley le obliga a realizar. Por ello, conforme a la definición antes citada, para estimar acreditada la existencia de una omisión por parte de las autoridades responsables es necesario que se actualicen dos hipótesis: La existencia normativa de un deber que le corresponde realizar a la autoridad ante determinada situación fáctica; y, La existencia de la situación fáctica descrita por la norma. En el caso que nos ocupa, se estima acertado lo planteado por la responsable, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán, no está dentro de su competencia remitir el auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento, ni señalar hora y fecha para el inicio del juicio oral. Por el contrario, en los numerales 12, fracciones XIV y XV y 15, fracciones III, VI y XI, del referido reglamento, dichas facultades competen a diversa autoridad; por lo cual, robustece la negativa formulada por la responsable. Así, del marco normativo referenciado no se aprecia que exista alguna atribución expresa para que la Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, tiene a su cargo el señalamiento del Tribunal de enjuiciamiento, ni la fijación de la hora y fecha para el verificativo del juicio oral; cuestión que constituye la materia del reclamo de la parte quejosa en el presente juicio de amparo indirecto. Dicho esto, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que una conducta omisiva solamente puede ocurrir cuando una autoridad tiene, expresamente, una obligación estipulada legalmente; cuestión que no se satisface en torno a la omisión atribuida a las responsables descritas, ya que no está prevista legalmente la obligación de emitir el certificado de vacunación correspondiente. Es aplicable la tesis aislada 1a. IV/2021 (10a.), que dice lo siguiente: "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD. Hechos: En una demanda de amparo indirecto se impugnó la omisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ejercer sus facultades de recabar y emitir información estadística sobre asentamientos humanos informales o irregulares. Criterio jurídico: Para determinar la existencia o certeza de los actos consistentes en la omisión de una autoridad de ejercer alguna de las facultades que se estime le corresponden es suficiente advertir, someramente, la coherencia o viabilidad del argumento respectivo en relación con el marco jurídico general que rija la actuación de la autoridad a la que se atribuya la referida omisión. Justificación: Lo anterior es así, porque el estudio sobre la certeza de los actos reclamados no debe propiciar denegación de justicia al involucrar en ese análisis el estudio del fondo del asunto, lo que podría ocurrir cuando se pretenda corroborar con precisión si la autoridad a la que se atribuyan actos omisivos cuenta o no con las facultades para ejercerlos" En virtud de lo expuesto, se estima que las omisiones que se le atribuyen son inexistentes; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que a dicha autoridad se refiere. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertas las omisiones atribuidas al Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al momento de rendir el informe justificado. Además, la certeza de la omisión combatida se corrobora con las documentales que adjuntó al informe justificado; a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Esto, ya que si bien las referidas constancias fueron enviadas por la responsable al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional, lo cierto es que, en términos de lo que establece el artículo 22, fracción II, en concordancia con el diverso numeral 28, ambos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, prevé el uso de medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; de ahí que dichas documentales adquieran pleno valor probatorio. Ahora, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado; empero, tal pedimento se desestima parcialmente, en virtud de que quedó demostrada la existencia de las omisiones impugnadas. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Antecedentes del acto reclamado Como antecedentes del acto reclamado, se advierte de la demanda de amparo y constancias anexas que al quejoso Silviano Castañeda Ruiz se le instruye la causa penal 355/2020 por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares; asimismo, que el siete de diciembre de dos mil veintiuno, inició la audiencia intermedia, la que fue suspendida en virtud del recurso de apelación hecho valer con motivo de la admisión y exclusión de medios de prueba. Así, una vez resuelto dicho medio de impugnación, se continuó con la etapa intermedia el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós; misma que culminó con la emisión del auto de apertura a juicio oral. Al narrar los antecedentes de los hechos, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó que no se había remitido el aludido auto de apertura ni se había señalado hora y fecha para el verificativo del juicio oral dentro de la causa penal 355/2020. Cesación de efectos Con base en lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han dejado de existir las omisiones reclamadas. En efecto, el legislador estableció la cesación de efectos del acto reclamado como causa de improcedencia del juicio constitucional, la que opera cuando los efectos del acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. En el caso concreto, el quejoso Silviano Castañeda Ruiz señaló como acto reclamado, las omisiones en remitir el auto de apertura a juicio oral al Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y de señalar fecha y hora de inicio del juicio oral dentro de la causa penal 355/2020. Sin embargo, la autoridad responsable Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, refirió que ya se remitió el auto de apertura correspondiente y ya existía hora y fecha para el inicio del juicio oral; para justificarlo, remitió las constancias que integran la causa penal 355/2020, mismas que ya fueron valoradas en el considerando anterior, pues así lo acreditan. De las referidas documentales, se advierte que con fecha uno de junio de dos mil veintidós, el Juez de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, tuvo por recibido el oficio 1776/2022 de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por el cual el Juez de Control le remitió la versión escrita del auto de apertura a juicio oral dictado dentro de la citada causa penal; por lo cual, señaló las trece horas con treinta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de debate relativa al juicio oral. Además, dicho juzgador comunicó tal situación a las partes intervinientes en el proceso penal, incluido al defensor particular del quejoso. De tal forma, es evidente que el acto reclamado -omisivo- quedó insubsistente con motivo del dictado de la resolución de que se trata y, además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis aislada P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad": Además, por las ideas que contiene, la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/2008 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Decisión Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de las omisiones reclamadas precisadas en este considerando; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. . SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Silviano Castañeda Ruiz, por las omisiones atribuidas al Jefa de Causa y Director de Gestión, ambos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, Michoacán, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y al quejoso mediante "videoconferencia" en el lugar donde guarda reclusión. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele a su costa copias simples de las constancias que solicita; previo recibo que se deje en autos. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: Informes con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes con justificación del Director de Gestiones del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y de la Jefa de Causa del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, ambos con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que las responsables adjuntan a su respectivo informe justificado, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional, mismas que se ordenan agregar al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, comunican que Claudia Lagunas Prado, auxiliar de atención al público, fungirá como enlace directo entre la autoridad federal, misma que cuenta con el número de teléfono celular 352 107 42 58 y el teléfono de oficina 443 147 88 09; de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.
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