Silvia Navarro Alcalá
Expediente 1363/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1363/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvia Navarro Alcalá
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1363/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora: La determinación dada en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes 555/2022, de ratificar el acuerdo de abstención de investigación del ministerio público. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo anterior, queda evidenciado con los registros de audio y video de la audiencia de impugnación de actos del ministerio público de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, así como del cuaderno de antecedentes 555/2022, remitidas en discos versátiles digitales. CUARTA. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. Por lo tanto, los conceptos de violación pueden sintetizarse de la siguiente forma: La resolución reclamada confirma el acuerdo de abstención de investigar bajo el argumento de que de los hechos narrados en el escrito de querella no se desprenden datos de prueba idóneos y eficaces mediante los cuales se acreditan los elementos estructurales del tipo penal denunciado, lo cual viola el artículo 1° de la Constitución Federal, por indebida aplicación e interpretación del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no fundar y motivar debidamente con razonamientos claros y precisos tal confirmación de abstención. De igual forma se vulnera el artículo 14 Constitucional, ya que con su proceder, la juez responsable no observa las normas establecidas y se le priva de su derecho a una tutela judicial efectiva, al darle eficacia sin fundamento y motivación alguna a la omisión por parte de la Representación Social de llevar a cabo actos de investigación tendentes a acreditar los elementos estructurales del fraude que establece el artículo 217-I del Código Penal vigente en el Estado, lo cual se traduce en un acto de impunidad al convalidar una abstención de quién se dice representa a la sociedad. Cita la tesis de rubro: "DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS. CUANDO SE SOMETE A CONTROL JUDICIAL, EL JUEZ DEBE ABORDAR LA TOTALIDAD DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LAS VÍCTIMAS O RECURRENTES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONANTE PREVISTA EN LA LEY PARA JUSTIFICAR ESA FACULTAD QUE EJERCIÓ LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA)." También señala que la autoridad responsable pasó por alto que, el derecho de impugnar las resoluciones judiciales tiene un primer sustento en el artículo 17 de la Constitución Federal, mismo que consagra el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, ese derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del recurso judicial. No obstante que en el presente asunto opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, los conceptos de violación resultan inoperantes, como se explica a continuación. En efecto, los conceptos de violación ameritan esa calificativa, dado la parte quejosa se limita a citar el contenido de los artículos señalados y a emitir consideraciones genéricas sobre la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado; sin embargo, es omisa en manifestar las razones por la cuales estima que la autoridad responsable violó dichos dispositivos. Ello, ya que no basta citar un precepto legal sin que se controviertan las razones esgrimidas por la responsable para la emisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa se limita a citar diversos dispositivos sin emitir razonamiento alguno que concatene los numerales con alguna argumentación en la que se combata lo expuesto por la responsable. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." No obstante lo anterior, lo cierto es que contrario a lo que sostiene, la determinación reclamada cumple con los principios de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Conclusión a la que se arriba de la audiencia de impugnación de actos del ministerio público de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que la juez responsable ratificó el acuerdo de abstención de investigar por parte del ministerio público, al considerar en esencia: Que una vez hecho el análisis sobre la impugnación, encontró justificada la determinación del ministerio público con base en la propia relatoría que hizo el abogado de la aquí quejosa, tomando en consideración lo indicado, esto es, que el hecho deriva de una cuestión contractual, porque se le indica que existe un contrato de promesa de venta en el cual se especificó la entrega de un inmueble para el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y la posible firma de escrituras para el veinticinco de septiembre de ese año, mismo que fue modificado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y con posterioridad a esto es que no se dio cumplimiento al contrato; por ello, concluyó que la materia de ese hecho era civil. Por ello -dijo la juez responsable- comparte la determinación del ministerio público, pues de toda la información que le dio el sustentante, podía advertir que no corresponde a la materia penal, no obstante que indique que el artículo 217 del Código Penal vigente en el Estado contiene los elementos típicos del fraude, pues en la relatoría realizada no se advierte -señaló- dónde se encuentra el engaño. Luego -precisó-, no basta que los elementos de ese delito estén en el código, sino que deben estar en los hechos para que se pueda subsumir a la hipótesis que prevé el código. Abundó que en el caso, no se advertía el dolo que se requiere para que se configure el fraude de manera específica o genérica tal como lo prevé la norma penal. Por tanto es que, tomando en cuenta la información referenciada en la audiencia resolvió ratificar la determinación del ministerio público de abstenerse de investigar, facultad prevista -señaló- en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues reiteró que al encontrarse ante una relación contractual reclamable en otra materia, no era facultad del ministerio público hacer un ejercicio de la acción penal, no obstante que se hubiera presentado una querella por esta vía. Finalizó diciendo no advertir vulneración de derechos humanos de la aquí quejosa, insistiendo no ser la vía para reclamar lo que se pretende; más aún, enfatizó que el derecho humano no se viola porque se tenga a su alcance y a salvo los recursos que prevé la ley en la materia que corresponde. Sentado lo anterior, es que se estima que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la determinación reclamada si se encuentra fundada y motivada. Sin embargo, la parte quejosa en el presente juicio de amparo se limitó a emitir consideraciones genéricas sobre vulneración a sus derechos fundamentales, citando artículos sin controvertir las razones dadas por la juez responsable para evidenciar su ilegalidad, específicamente en la parte sustancial donde concluye que de la relatoría realizada no se advierte dónde se encuentra el engaño, ya que no basta que los elementos de ese delito estén en el código, sino que deben estar en los hechos para que se pueda subsumir a la hipótesis que prevé el código. Más aún, tampoco debate lo determinado en el sentido de que en el caso no se advierte el dolo que se requiere para que se configure el fraude de manera específica o genérica tal como lo prevé la norma penal; de ahí la actualización de la inoperancia aducida. Incluso, no resta mencionar que en la audiencia reclamada, luego de la determinación dada por la juez responsable, la parte impugnante se limitó a solicitar copia de la audiencia virtud a no estar de acuerdo con ella, afirmando que de los hechos si se desprende el elemento toda vez que hasta la fecha -dijo- no se ha construido el inmueble ni formalizado la escritura pública y que la fiscalía se abstuvo de investigar si se trataba de una cuestión civil o penal, por lo que no compartía la determinación. Lo anterior, sin exponer en ese momento, de forma oral, mayores argumentos para que la Juez responsable resolviera en diverso sentido. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." En ese contexto, se tiene que si en la audiencia oral no se demostró lo alegado, y que en el presente juicio de amparo la parte quejosa tampoco desvirtuó las consideraciones dadas por la responsable, exponiendo los argumentos lógico jurídicos por los que considerara que esa conclusión es incorrecta, resulta procedente la calificativa de inoperantes impuesta a los argumentos contenidos en los conceptos de violación hechos valer. Por tanto, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SILVIA NAVARRO ALCALA, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1363/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora: La determinación dada en audiencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes 555/2022, de ratificar el acuerdo de abstención de investigación del ministerio público. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación. Lo anterior, queda evidenciado con los registros de audio y video de la audiencia de impugnación de actos del ministerio público de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, así como del cuaderno de antecedentes 555/2022, remitidas en discos versátiles digitales. CUARTA. Procedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, se analiza la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. QUINTA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo. Por lo tanto, los conceptos de violación pueden sintetizarse de la siguiente forma: La resolución reclamada confirma el acuerdo de abstención de investigar bajo el argumento de que de los hechos narrados en el escrito de querella no se desprenden datos de prueba idóneos y eficaces mediante los cuales se acreditan los elementos estructurales del tipo penal denunciado, lo cual viola el artículo 1° de la Constitución Federal, por indebida aplicación e interpretación del artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no fundar y motivar debidamente con razonamientos claros y precisos tal confirmación de abstención. De igual forma se vulnera el artículo 14 Constitucional, ya que con su proceder, la juez responsable no observa las normas establecidas y se le priva de su derecho a una tutela judicial efectiva, al darle eficacia sin fundamento y motivación alguna a la omisión por parte de la Representación Social de llevar a cabo actos de investigación tendentes a acreditar los elementos estructurales del fraude que establece el artículo 217-I del Código Penal vigente en el Estado, lo cual se traduce en un acto de impunidad al convalidar una abstención de quién se dice representa a la sociedad. Cita la tesis de rubro: "DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS. CUANDO SE SOMETE A CONTROL JUDICIAL, EL JUEZ DEBE ABORDAR LA TOTALIDAD DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LAS VÍCTIMAS O RECURRENTES, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONANTE PREVISTA EN LA LEY PARA JUSTIFICAR ESA FACULTAD QUE EJERCIÓ LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA)." También señala que la autoridad responsable pasó por alto que, el derecho de impugnar las resoluciones judiciales tiene un primer sustento en el artículo 17 de la Constitución Federal, mismo que consagra el derecho de acceso a la justicia; sin embargo, ese derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del recurso judicial. No obstante que en el presente asunto opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III inciso b) de la Ley de Amparo, los conceptos de violación resultan inoperantes, como se explica a continuación. En efecto, los conceptos de violación ameritan esa calificativa, dado la parte quejosa se limita a citar el contenido de los artículos señalados y a emitir consideraciones genéricas sobre la falta de fundamentación y motivación en el acto reclamado; sin embargo, es omisa en manifestar las razones por la cuales estima que la autoridad responsable violó dichos dispositivos. Ello, ya que no basta citar un precepto legal sin que se controviertan las razones esgrimidas por la responsable para la emisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa se limita a citar diversos dispositivos sin emitir razonamiento alguno que concatene los numerales con alguna argumentación en la que se combata lo expuesto por la responsable. Orienta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." No obstante lo anterior, lo cierto es que contrario a lo que sostiene, la determinación reclamada cumple con los principios de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener. Conclusión a la que se arriba de la audiencia de impugnación de actos del ministerio público de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en la que la juez responsable ratificó el acuerdo de abstención de investigar por parte del ministerio público, al considerar en esencia: Que una vez hecho el análisis sobre la impugnación, encontró justificada la determinación del ministerio público con base en la propia relatoría que hizo el abogado de la aquí quejosa, tomando en consideración lo indicado, esto es, que el hecho deriva de una cuestión contractual, porque se le indica que existe un contrato de promesa de venta en el cual se especificó la entrega de un inmueble para el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y la posible firma de escrituras para el veinticinco de septiembre de ese año, mismo que fue modificado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, y con posterioridad a esto es que no se dio cumplimiento al contrato; por ello, concluyó que la materia de ese hecho era civil. Por ello -dijo la juez responsable- comparte la determinación del ministerio público, pues de toda la información que le dio el sustentante, podía advertir que no corresponde a la materia penal, no obstante que indique que el artículo 217 del Código Penal vigente en el Estado contiene los elementos típicos del fraude, pues en la relatoría realizada no se advierte -señaló- dónde se encuentra el engaño. Luego -precisó-, no basta que los elementos de ese delito estén en el código, sino que deben estar en los hechos para que se pueda subsumir a la hipótesis que prevé el código. Abundó que en el caso, no se advertía el dolo que se requiere para que se configure el fraude de manera específica o genérica tal como lo prevé la norma penal. Por tanto es que, tomando en cuenta la información referenciada en la audiencia resolvió ratificar la determinación del ministerio público de abstenerse de investigar, facultad prevista -señaló- en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues reiteró que al encontrarse ante una relación contractual reclamable en otra materia, no era facultad del ministerio público hacer un ejercicio de la acción penal, no obstante que se hubiera presentado una querella por esta vía. Finalizó diciendo no advertir vulneración de derechos humanos de la aquí quejosa, insistiendo no ser la vía para reclamar lo que se pretende; más aún, enfatizó que el derecho humano no se viola porque se tenga a su alcance y a salvo los recursos que prevé la ley en la materia que corresponde. Sentado lo anterior, es que se estima que, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la determinación reclamada si se encuentra fundada y motivada. Sin embargo, la parte quejosa en el presente juicio de amparo se limitó a emitir consideraciones genéricas sobre vulneración a sus derechos fundamentales, citando artículos sin controvertir las razones dadas por la juez responsable para evidenciar su ilegalidad, específicamente en la parte sustancial donde concluye que de la relatoría realizada no se advierte dónde se encuentra el engaño, ya que no basta que los elementos de ese delito estén en el código, sino que deben estar en los hechos para que se pueda subsumir a la hipótesis que prevé el código. Más aún, tampoco debate lo determinado en el sentido de que en el caso no se advierte el dolo que se requiere para que se configure el fraude de manera específica o genérica tal como lo prevé la norma penal; de ahí la actualización de la inoperancia aducida. Incluso, no resta mencionar que en la audiencia reclamada, luego de la determinación dada por la juez responsable, la parte impugnante se limitó a solicitar copia de la audiencia virtud a no estar de acuerdo con ella, afirmando que de los hechos si se desprende el elemento toda vez que hasta la fecha -dijo- no se ha construido el inmueble ni formalizado la escritura pública y que la fiscalía se abstuvo de investigar si se trataba de una cuestión civil o penal, por lo que no compartía la determinación. Lo anterior, sin exponer en ese momento, de forma oral, mayores argumentos para que la Juez responsable resolviera en diverso sentido. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." En ese contexto, se tiene que si en la audiencia oral no se demostró lo alegado, y que en el presente juicio de amparo la parte quejosa tampoco desvirtuó las consideraciones dadas por la responsable, exponiendo los argumentos lógico jurídicos por los que considerara que esa conclusión es incorrecta, resulta procedente la calificativa de inoperantes impuesta a los argumentos contenidos en los conceptos de violación hechos valer. Por tanto, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que todavía no transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán. Por tanto, para dar margen a que éstas se impongan del contenido de los autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se rinde informe justificado. Visto lo de cuenta, téngase a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Zamora, Michoacán; rindiendo informe justificado, con el que se ordena dar vista a las partes, para el efecto legal conducente. 1.1. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba, la documental consistente en los registros de audio y video de la carpeta digital, derivada del cuaderno de antecedentes ZAM/555/2022, que en copia certificada, remite como complemento a su informe justificado, misma que se tiene por ofrecida y admitida en este acto, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su desahogo por reproducción en la audiencia constitucional, la que se encuentra a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional a fin de que si estima necesario, puedan consultar la información contenida en el referido formato digital. No pasa inadvertido que le reviste el carácter de imputada a la persona moral Grumesa Sociedad Anónima de Capital Variable, empero, dada la naturaleza del acto reclamado no se hace necesario su llamamiento a juicio. Notifíquese, y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Mayra Stephany Medel Hernández.
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