Silvia Ivon Hernández Parra

Expediente 829/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
829/2023
Año
2023
Actuaciones
36
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Silvia Ivon Hernández Parra
  • Silvia Ivon Hernández Parra y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés y turnado el día siguiente hábil, a éste órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: De los Jueces de Control del Distrito Judicial Morelos, Jueces de Control del Distrito Judicial Abraham González, Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, Jueces de Control del Distrito Judicial Bravos, Jueces de Control del Distrito Judicial Galeana, Jueces de Control del Distrito Judicial Guerrero, Jueces de Control del Distrito Judicial Hidalgo, Jueces de Control del Distrito Judicial Jiménez, Jueces de Control del Distrito Judicial Manuel Ojinaga, Jueces de Control del Distrito Judicial Mina, Jueces de Control del Distrito Judicial Camargo, Jueces de Control del Distrito Judicial Andrés del Rio, Jueces de Control del Distrito Judicial Arteaga, y Jueces de Control del Distrito Judicial Rayón: La orden de aprehensión y comparecencia emitida en su contra. Del Fiscal General del Estado de Chihuahua, Fiscal de Distrito Zona Centro en la Ciudad de Chihuahua, Fiscal de Distrito Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, Fiscal de Distrito Zona Occidente, con sede en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Fiscal de Distrito Zona Sur, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Fiscal de Distrito Zona Noroeste, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Fiscal Especializado en la Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, con sede en la ciudad de Chihuahua, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia Zona Centro, con sede en la ciudad de Chihuahua, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Zona Centro, con sede en la ciudad de Delicias, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia Zona Sur con sede en la ciudad de Parral, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia con sede en la ciudad de Saucillo, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia, Zona Occidente con sede en ciudad Cuauhtémoc, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia con sede en la Población de Bocoyna, Chihuahua, Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia con sede en la ciudad de Guachochi, Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación con sede en la ciudad de Chihuahua, Fiscal Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Director de la Agencia Estatal de Investigación, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua: La ejecución de las órdenes de aprehensión y comparecencia. Segundo. Tramitación del incidente. Luego de aclarar la demanda de amparo, en los términos establecidos del auto de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, mediante auto de cinco de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fue solicitado sus informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó en fecha trece de octubre de la presente anualidad, y se difirió a la fecha en que se actúa, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe previo la agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero en Guachochi, Chihuahua, negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; sin que la parte quejosa hubiere aportado pruebas para desvirtuar tal negativa. Por ende, con fundamento en el artículo 146, fracción III, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto de tal autoridad. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, las autoridades responsables Jueces de Control del Distrito Judicial Mina y Fiscal Especializado en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y a la Familia con sede en ciudad Cuauhtémoc, fueron omisas en rendir sus informes previos, no obstante que fueron oportunamente notificados del requerimiento relativo, como se indicó en la audiencia incidental; por lo que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142, de la Ley de Amparo, se consideran cierto los actos que le fueron reclamados. Cuarto. Se concede la suspensión definitiva instada. Indicado lo previo, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (supuestos de contravención a estos dos aspectos que se prevén de manera enunciativa, más no limitativa, en el diverso numeral 129 de la propia Ley). Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Luego, es importante destacar que el artículo 147 de la legislación en cita, es del siguiente contenido: Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Dicho artículo, como se aprecia, en cuanto a la suspensión, prevé la posibilidad de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, o de reestablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado (de ser jurídica y materialmente posible. Ahora bien, para resolver en torno a la suspensión definitiva instada, respecto de una orden de aprehensión y su ejecución, se realiza una distinción a) entre la dictada por delitos de los que se consideran que ameritan prisión preventiva oficiosa, que no puede dejar de imponerse (artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada), y b) los que no llevan aparejada la imposición de oficio de esa medida. Lo anterior, atendiendo al contenido del artículo 166 de la Ley de Amparo, que efectúa dicha diferenciación; porción normativa que es del siguiente tenor: Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece que no serán objeto de suspensión las medidas cautelares concedidas por autoridad judicial, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 62/2016, analizó la porción normativa contenida en el párrafo tercero del numeral antes citado, en la que expresamente se establece la improcedencia de la suspensión tratándose de medidas cautelares y determinó que la norma impugnada no prohíbe de manera tajante la suspensión de los actos en contra de las medidas cautelares en el procedimiento penal, decretadas por autoridad judicial, dado que, de hacerse, se trastocaría el derecho a un recurso efectivo, por lo que, indicó que el juzgador de amparo debe determinar en cada caso, si la naturaleza del acto permite o no su suspensión y, una vez establecido ello, si la concede o no, deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con el interés social. A lo que se suma lo dispuesto en los artículos 166, párrafo segundo y 147, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, ya citados; en cuyo caso el primero no prohíbe la suspensión del acto reclamado, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada y el segundo prevé la posibilidad de otorgar la suspensión solicitada para que las cosas conserven el estado que guardan, o con efectos restitutorios provisionales (tutela anticipada), pues de esa manera se evita que el juicio de amparo se convierta en un instrumento estéril para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. Ahora, en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, a la luz de la interpretación conjunta de éste, con relación a los diversos numerales, previamente citados. Es así, en primer término, el quejoso solicitó la suspensión definitiva, con lo que se cumple el primero de ellos, ya que acreditó con eso su interés indiciario. Por lo que hace al segundo requisito, es oportuno señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los conceptos orden público e interés social se encuentran íntimamente vinculados y que, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, al momento de resolver sobre la suspensión instada; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que el Más Alto Tribunal no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Así, el "interés social" y el "orden público" se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. De esa forma, cuando se considere que existe motivo para estimar que ese requisito se incumple, el juzgador de amparo queda obligado a expresar en su determinación, de manera clara y suficiente, las razones que tiene para considerarlo así, de modo que las partes interesadas puedan ejercer las defensas que estimen necesarias en contra de la conclusión que se alcance. En términos del primer párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y ponderar la apariencia del buen derecho para emitir la determinación respectiva en torno a la suspensión solicitada; dado que, de seguirse perjuicios al interés social, o bien, contravenir disposiciones de orden público, trae como consecuencia la negativa de la medida cautelar instada. Ahora bien, de tratarse la orden de aprehensión reclamada y cuya suspensión se solicita, de las que llevan prisión preventiva oficiosa; se estima que no existe afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque como quedó demostrado en párrafos anteriores, la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se otorgue la suspensión respecto de la medida cautelar cuestionada; y por otra parte, está demostrada la inconvencionalidad de los preceptos que autorizan la prisión preventiva (el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada), como se determinó en las sentencias de siete de noviembre de dos mil veintidós y de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, pronunciadas por la "Corte Interamericana", en los casos de: i). Tzompaxtle Tecpile y otros; y, ii). García Rodríguez y otros, respectivamente, en contra del Estado Mexicano; pues dijo, que México aún no ha hecho los ajustes constitucionales y legales que se ordenan en dichas resoluciones con relación a la prisión preventiva y que por tanto su determinación se ceñía a la Jurisprudencia P./J. 20/2014 con registro 2006224 y rubro siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL". Además, no se advierte que de otorgarse la suspensión solicitada, se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiera algún daño que de otra amanera no resentiría. Pues si bien, a la sociedad le interesa que se cumplan las leyes que rigen el Estado de Derecho Mexicano, la concesión de dicha suspensión no le irroga ningún perjuicio, porque las normas que autorizan la prisión preventiva, fueron declaradas inconvencionales por un tribunal internacional; por lo que, bajo ese panorama jurídico, no se advierte transgresión alguna al interés social. En apoyo a lo considerado, se cita la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen 47, Tercera Parte, página 58, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 818680, rubro y texto siguientes: INTERES SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACION. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría. Asimismo, se estima que existe peligro en la demora ya que, de privarse de la libertad al quejoso con motivo de la orden de aprehensión reclamada, y de ser por un delito de los que conllevan prisión preventiva de oficio, se le impondría dicha medida cautelar, que, se insiste, ha sido declarada ya inconvencional. También, cobra aplicación en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 483, Décima 2 Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2015310, rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Conclusión: se concede la medida cautelar instada De manera que, ante las anteriores consideraciones, debe concederse la suspensión definitiva, de la siguiente forma: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional o por alguno de los delitos contemplados por el artículo 173 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; el diverso 167 del Código Nacional del Procedimientos Penales; o bien, aquellos que establezcan las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas, la ley en materia de delincuencia organizada; es decir, por los cuales el Ministerio Público invariablemente deba solicitar prisión preventiva: La suspensión sólo producirá el efecto de que, si la parte quejosa es privada de su libertad, con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada, no le sea aplicada la medida de prisión preventiva oficiosa. En lugar de ello, se le dicte una medida diversa a ésta; es decir la que el Juez responsable considere razonablemente adecuada, según lo expuesto en esta determinación; y en caso de que estime que otra medida sea insuficiente para alcanzar el objetivo buscado (esto es, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento -de conformidad con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales), podrá imponer la prisión preventiva, pero justificada, es decir de forma fundada y motivada, en las condiciones del caso. II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se imponen, a la parte quejosa, como medidas de aseguramiento las siguientes: a) Deberá comparecer de manera física y personal ante el juez de su causa para la celebración de la audiencia inicial, debiendo la parte quejosa acreditar ante este juzgado a más tardar el día siguiente de su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, el cumplimiento de dicha medida de aseguramiento; b) Deberá comparecer de manera física y personal también ante el juez de su causa y ante esta autoridad de amparo, cuantas veces le sea exigido. Cobra aplicación por analogía, y en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.) sustentada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, que se comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2026999, rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.2º.P.267 P (9ª), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la página 1762, del Libro I, Octubre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que estatuye: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI AL OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS IMPUSO COMO MEDIDA DE EFECTIVIDAD QUE EL QUEJOSO COMPARECIERA ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA A PONERSE A DISPOSICIÓN, PARA LA CONTINUACIÓN DE ÉSTA, ESA COMPARECENCIA DEBERÁ SER FÍSICA Y PERSONAL, NO ASÍ VIRTUAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DE AMPARO). No puede tenerse por cumplido el requisito de efectividad impuesto para el otorgamiento de la medida suspensional, consistente en ponerse el quejoso a disposición del Juez de su proceso para el seguimiento del mismo, cuando no hay una presentación física y personal del procesado, ya que procesalmente, al reclamarse una orden de aprehensión, y ponerse materialmente a disposición del Juez que la emitió, con ese solo hecho se da automática apertura a la etapa de preinstrucción del proceso penal, en la que necesariamente debe ser tomada la declaración preparatoria del inculpado, por lo que su presencia material y personal, no así virtual, es indispensable e ineludible para colmar ese requisito fijado, pues aun ante la imprecisión en cuanto a la finalidad de esa comparecencia ante el juzgador de su causa, para que surta efectos la suspensión concedida, esa prevención debe ser entendida como una determinación con tendencia a que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138 de la Ley de Amparo, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general, pues a pesar de que el segundo párrafo del citado precepto no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgador de su causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, la reflexión que se hace en cuanto a la necesidad de continuación procesal de la causa, lleva a concluir que la rendición de la inquisitiva es precisamente la finalidad buscada, toda vez que al ser dicha declaración parte de la preinstrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión, sin perjuicio de que el inculpado, por su voluntad, en uso de su garantía de defensa, se abstenga de rendir su preparatoria. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; pero dejará de surtirlo, si no cumple con las pautas que le son exigidas. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, del tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". En términos del artículo 168 de la ley de la materia y tomando en consideración que la parte quejosa es omisa en precisar el delito por el que se le sigue la causa penal de la que derivan los actos reclamados, las circunstancias del caso, la situación económica en que vive actualmente, si existe algún daño patrimonial, a cuánto asciende la reparación del daño, a fin de no poner la suspensión fuera de su alcance, y que por el momento no se cuenta con algún otro dato para su determinación, la que suscribe, estima prudente fijar a la parte quejosa una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. Asimismo, debe precisarse que esta medida cautelar no surtirá efectos si la orden reclamada obedece a un acto diverso del reclamado en la demanda de amparo, que sea dictado por distinta autoridad, o bien, si la parte quejosa es sorprendida en flagrante delito. En relación con la garantía fijada, si la parte quejosa opta por póliza de fianza, ésta deberá contener la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado, debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la quejosa" (nombre del quejoso por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023-II; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". A fin de que quien suscribe en el momento de decidir sobre la suspensión definitiva se encuentre en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe previo, precisen el delito por el que se le sigue proceso a la quejosa así como el monto de la reparación del daño, si es el caso, siempre y cuando ese concepto se encuentre cuantificado en autos. Lo anterior para estar en posibilidad de fijar en la suspensión definitiva las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime convenientes, a fin de que la quejosa no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado los actos reclamados, con apoyo en la facultad que le concede al juez de amparo el artículo 136 de la ley de la materia. Orden de comparecencia. Se concede la suspensión defiitiva solicitada, toda vez que la comparecencia ante un Representante social, obtenida a través del cumplimiento de una orden de presentación, entrevista o búsqueda, si bien no tiene como propósito lograr la detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Por tanto, la medida suspensional se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Por otra parte, si la orden de comparecencia es con motivo de una orden librada por el agente del Ministerio Público, procede otorgar la suspensión definitiva solicitada, aun cuando se tratara de delitos de pena alternativa o que no ameriten pena privativa de la libertad, en virtud de que concurren los requisitos de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, pues constituye un acto que puede causar daños y perjuicios de difícil reparación, ya que su ejecución implica una afectación material y temporal del derecho fundamental de la libertad personal. La medida suspensional se concede para el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal y a disposición del agente del Ministerio Público que integra la averiguación previa o carpeta de investigación, únicamente respecto a la continuación del procedimiento que le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Además, para que no cesen los efectos de la suspensión concedida, la parte quejosa debe cumplir con los siguientes requisitos: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional); la que deberá exhibir ante este Juzgado de Distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, arriba explicadas. b) Asimismo, deberá comparecer ante el agente del Ministerio Público, en la fecha que le señale, para la continuación del procedimiento, lo que deberá acreditar ante este Juzgado Federal dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva de la que se advierta el sello del representante social responsable; c) De igual forma, deberá presentarse ante el referido fiscal cuantas veces sea citado, y en caso de inasistencia éste deberá informarlo al Juez de amparo para que revoque la concesión de la suspensión decretada. También deberá presentarse ante este juzgado, tantas veces como le sea instado. Se apercibe a la quejosa que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. En la inteligencia de que de no existir alguna causa legal que lo impida, debidamente justificada, la responsable deberá permitir a la parte quejosa retirarse del lugar cuando concluya la diligencia para la que fue ordenada su comparecencia; lo anterior es así, porque de esta manera no se impide continuar con las diligencias correspondientes hasta que se culmine con la etapa respectiva. Por lo expuesto, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, en contra de los actos atribuidos a la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución incidental. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, en contra de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución incidental. Tercero. Respectos de las restantes autoridades foráneas, que no han rendido su informe previo, se difiere la presente audiencia y se fijan las nueve horas con cinco minutos del tres de enero de dos mil veinticuatro, a efecto de dar margen a ello. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables; personalmente al agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el sobre cerrado devuelto por Correos de México, que contiene el oficio 24990/2023 dirigido a los Jueces de Control del Distrito Judicial Arteaga, del cual se desprende la leyenda "no existe jueces de control en chinipas, chih" (sic). Ahora, visto el estado de autos, en el informe previo rendido por dicha autoridad responsable señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el kilómetro 3.5 de la carretera Estatal Once, tramo Guerrero-Madera, en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, código postal 31680. Por lo tanto, se ordena el reenvío de dicho oficio al citado domicilio. Ahora, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de quince días, que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que la autoridad responsable, Jueces de Control del Distrito Judicial Mina, rindiera su informe con justificación. Por lo que, en ese sentido, se le requiere para que, con sustento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en un término de tres días, computados legalmente, remita copia certificada completa y legible de las constancias de los actos que les fueron endilgados. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica, y por oficio a la autoridad responsable en cita. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por la agente del Ministerio Publico de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero en Guachochi, Chihuahua; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar su contenido, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

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