Silvia Guadalupe Galaz Holguin
Expediente 539/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silvia Guadalupe Galaz Holguin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******hez. Doy fe.
- Principal
SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 539/2020-VI, promovido por *******.RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado por razón de turno, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad.SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 539/2020-VI; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó al fiscal federal y tercero interesado; y previo diferimiento, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional relativa, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la promovente reclama a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad, la determinación dictada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, al resolver los autos del toca *******, relativo al recurso de apelación interpuesto por la víctima *******, en contra del auto no vinculación a proceso dictado por la jueza de control, en audiencia del doce de julio de dos mil diecinueve, en la cual revocó el auto apelado, y vinculó a proceso a la quejosa por el delito de abuso de confianza. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama; y, para corroborar lo anterior, remitió copia certificada del toca *******, así como del registro de audio y video en formato DVD de la audiencia de segunda instancia; documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto que se tiene como cierto, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y su estudio se realizará en orden diverso al propuesto. Por ello, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión del auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III.De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que: III.1. Se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; III.2. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos distintos a los consagrados en el artículo 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la ley suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y, c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXIII, de abril de 2001, materia constitucional, página 1228, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: I. Formulación de la imputación. En audiencia de doce de julio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando presente *******, ante la Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la quejosa. II. Rendición de la declaración del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En la audiencia de ley, celebrada el doce de julio de dos mil diecinueve, la imputada asistida de su defensora pública penal se reservó el derecho a emitir declaración en relación a los hechos que se le atribuyen. III. 1. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Con relación a este tópico, atendiendo al criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es oportuno destacar que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página: 36, cuyo rubro es el siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Atento a lo anterior, este tribunal de amparo analizará si la responsable encuadró la conducta a lo previsto y sancionado por el artículo 220 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual establece lo siguiente: Artículo 220. A quien con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrán: . En la especie, la responsable consideró que existían hechos constitutivos del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el artículo 220 del Código Penal del Estado de Chihuahua, toda vez que tuvo por acreditado que entre el periodo de la primera quincena de enero de dos mil quince a la última semana del mes de octubre de dos mil dieciséis, en la Instalaciones del IMSS, ubicado en Avenida Benito Juárez y Calle Victoria número 1701, de la colonia Centro, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, probablemente, la quejosa, en perjuicio de *******, dispuso de dinero ajeno, del cual se le transmitió la tenencia, pero no el dominio. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen del auto de vinculación a proceso, se colige que la Magistrada responsable estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el artículo 220 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esa etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten advertir la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido a la quejosa, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos de la imputada; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por la Magistrada responsable en ese aspecto. III.2. Que de la investigación se desprendan los datos que establezcan la probabilidad de que la imputada participó en la comisión de los hechos. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que la imputada participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que la ahora quejosa haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la determinación de vincularlo a proceso. En el caso, el Magistrada responsable estimó que quedaba debidamente acreditada la existencia de un hecho que la ley penal señala como delito de abuso de confianza, y la participación al menos de manera probable de *******, bajo las siguientes consideraciones: C O N S I D E R A N D O I. Son parcialmente fundados y operantes los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente. Esto, por lo siguiente: A. De la revisión integral del registro audiovisual de la audiencia donde se resolvió la situación jurídica de la imputada, efectivamente se advierte que el Ministerio Público al formular imputación señaló circunstancias de tiempo, modo y lugar de un hecho específico, pues indicó que: En la primera quincena de enero de dos mil quince, en el interior del lugar 1, la imputada invitó, entre otras personas, a la víctima a participar en una caja de ahorro que ella organizaría entre compañeros de trabajo de la referida clínica (IMSS), para generar un interés del 5% (cinco por ciento) quincenal, esto con el objetivo de incrementar la caja de ahorro. Que a la víctima le resultó bastante atractivo y confió en la imputada, ya que además le dijo que ella misma se encargaría de la administración de dicho dinero ahorrado, de los préstamos y de la cobranza, tanto de su dinero como el de otros compañeros. Que en esa tesitura la víctima le entregó $******* (*******) cada quincena, en el interior de su oficina en el lugar 1. Que la imputada llevó marca HP, pero no entregaba recibo de dichas cantidades. Que la víctima le entregó ininterrumpidamente $******* (*******) de ahorro quincenales, hasta la última quincena de diciembre de dos mil quince, lo que sumó $******* (*******). Que la víctima le requiere en múltiples ocasiones su ahorro y los intereses, ya que sabía que varios médicos habían solicitado préstamos. Que, entre abril y julio de dos mil dieciséis, la imputada entregó a la víctima $******* (*******) por quincena y le dijo que era parte de los intereses, que no desconfiara, que su esposo había prestado el dinero a unos maestros. Con ello la imputada realizó operaciones perjudiciales al patrimonio de la víctima, pues una de las condiciones era que el dinero lo iba a prestar únicamente a empleados del IMSS, por lo que la cantidad a pagar con intereses acumulados es de $******* (*******), esto debido al 5% (cinco por ciento) de interés quincenal que se había pactado. Que pasó el tiempo y la imputada siguió con evasivas para no entregarle el dinero, ni los intereses generados y le firmó unos pagarés, el primero, del doce de mayo de dos mil dieciséis por $******* (*******), el segundo, del quince de octubre de dos mil dieciséis, por $******* (*******) y, el tercero, por veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por $******* (*******). Que en la última semana de octubre de dos mil dieciséis, al pedir su dinero y los intereses la imputada le respondió que le hiciera como quisiera, que no le iba a pagar. Que de este modo la imputada logró obtener un lucro en perjuicio de la víctima, pues al tener a cargo la administración de la caja de ahorros, ha retenido la cantidad antes referida de manera indebida, a pesar de que la víctima le cobró en reiteradas ocasiones. Hechos que la fiscalía calificó como constitutivos del delito de administración fraudulenta, en términos del artículo 227 del Código Penal del Estado. B. Para sustentar su petición, expuso los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación e hizo referencia a la querella presentada por la víctima y las entrevistas de los testigos 2, 3 y 4 que recabó el testigo 1. La juzgadora estimó que dichos datos no fueron suficientes para acreditar el hecho que el Ministerio Público atribuyó a la imputada, entre sus razones, refirió los efectos del auto de vinculación a proceso que, conforme al artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo es el de establecer el hecho o hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación, la apertura a juicio o el sobreseimiento y cuestionó la suma total de la reparación del daño, lo que a su estima vulneró el principio de contradicción en perjuicio de la imputada. C. La Sala concuerda con el apelante entorno a que el principio de contradicción no posee el contenido que la Jueza le otorga, toda vez que implica la posibilidad de que las partes, en condiciones de igualdad, intervengan en el proceso para realizar alegatos, oposiciones o peticiones en relación con las diligencias que se trate o sobre los alegatos o peticiones de la contraparte. Principio consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos 8, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para robustecer este razonamiento, se tiene en cuenta en lo que importa, la tesis aislada 1a. CCL/2011 (9a.) con el siguiente de rubro y texto: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.1 - En este orden de ideas, de la audiencia inicial se advierte el principio de contradicción, desde el momento en que la imputada, debidamente asistida de una defensora pública penal, escuchó el hecho que se le atribuye, se le permitió rendir declaración o asilarse en su derecho a guardar silencio y, en la misma audiencia, la defensa técnica tuvo la posibilidad de presentar argumentos de refutación. Por lo que no se estima que el principio de contradicción fuera vulnerado, pues, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 309 del Código nacional de Procedimientos Penales, el acto de intimación lo constituye la comunicación que la fiscalía realiza a la persona imputada, en presencia del Juez de control sobre la investigación en su contra, respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En el particular, se indicó la fecha de inicio: primera quincena de enero de dos mil quince. La forma de comisión, una caja de ahorro que administraría y que tendría por objeto realizar préstamos al personal de la institución en la que ambos laboran y así obtener ganancias por los intereses, a razón del 5% quincenal; que la víctima ahorro a lo largo de ese año $******* (*******) y que sucedió en el lugar 1. Transcurrido el periodo por el cual se realizaría el ahorro, en el mes de octubre de dos mil dieciséis, la víctima se dio cuenta que la imputada no le pagaría ni su dinero ni los intereses generados por los préstamos efectuados. Acorde a lo anterior, pese a excesos de información, la Sala estima suficientemente clara el acto de intimación penal, ya que única una temporalidad (de la primera quincena de dos mil quince a la última semana de octubre de dos mil dieciséis) precisa el lugar y el modo en que el hecho se realizó: administrar una caja de ahorros, hasta la negativa de regresar el dinero y los intereses pactados. Por lo que la imprecisión sobre el monto en la posible reparación del daño no se eleva como un obstáculo para el análisis atingente en la etapa inicial del proceso, en que únicamente es menester determinar si el hecho reviste características delictivas, que implica un estudio conceptual para estimar si el hecho materia de la imputación se adecua a la descripción típica, y puede vincularse, a nivel de probabilidad y por cualquiera de las formas de intervención penal, a la persona sujeta a intimación. Exigir, en la presenta etapa, un hecho acabado en todas sus implicaciones jurídicas carece de sentido, pues bajo esa línea de pensamiento la investigación complementaria perdería razón de ser. El hecho final en sus alcances jurídicos surge una vez que la litis se cierra: la acusación. Será en dicha etapa en la que el monto para reparar el daño nazca con claridad. Es por ello por lo que deviene intrascendente, para este momento, el error en el cálculo del monto del daño a reparar, ya que corresponde a la materia de la sentencia, en la que se tendrían que acreditar los elementos del delito, así como el daño que deba pagarse (en sus vertientes de daño material y daño moral). Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia por contradicción 1a./J. 35/2017 (10a.), con el rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE 28/03/24 18:10:02 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.77.64 ELIZABETH ORTIZ SANCHEZ15 Amparo indirecto 539/2020 MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).2 ---- ---------------------------- D. La Fiscalía estimó que el hecho posee contenido de interés penal, porque corresponde a una administración fraudulenta, en términos del artículo 227 del Código Penal. En función de ello, deviene oportuno el estudio correspondiente. Es importante mencionar que el delito de administración fraudulenta lo comete "quien por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración, de hecho o de derecho, de bienes de ajenos y con ánimo de lucro, perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente o a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero". Se atribuyó a la imputada la organización de una caja de ahorros en la que, con las aportaciones mensuales de los ahorradores, se otorgarían préstamos con interés a empelados de la institución de salud para la que laboran. Lo anterior permite apartarse de la figura típica en mención, pues, como se indicó en la resolución de amparo al evocar el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 119/2003, dicho ilícito tiene como presupuesto el vigilar los intereses patrimoniales relacionados con la obligación de quien administra o cuida bienes ajenos, a favor de una persona distinta al sujeto activo. Es decir, la obligación de efectuar una actividad dirigida a servir bienes ajenos, por lo que el agente activo no es titular de los bienes administrados y tampoco de los provechos que éstos generen, pues de lo contrario realiza una administración propia. No sólo eso, la Primera Sala también determinó que, si el activo maneja dinero ajeno, cuya tenencia se le entregó para destino determinado -como préstamos con interés- el disponer de tales valores, para el pago de deudas personales o cualquier otro diverso al objeto acordado, entraña la comisión del delito de abuso de confianza, pues habiéndose transmitido la tenencia de cosas ajenas para disponer de ellas con un fin específico, dispuso para otro distinto. Bajo ese escenario, el artículo 220 del Código Penal del Estado, vigente al momento de los hechos, establece: quien con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena, de la cual se le haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, comete el delito de abuso de confianza. Entonces, si la imputada inició una caja de ahorros para efectuar préstamos con interés a compañeros de trabajo, y la víctima le entregó $ ******* (*******) durante veinticuatro quincenas, que sumó $ ******* (*******) y, fuera del fin específico de otorgar los préstamos con interés exclusivamente a personas que laboraran en la misma institución (Instituto Mexicano del Seguro Social) dispuso de esos valores para que su esposo lo prestara a otras personas, lo que impidió la devolución del dinero y de los intereses proyectados, deviene inconcuso que dispuso de un dinero del que se le transmitió la tenencia y no el dominio. Al respecto, resulta oportuno mencionar la opinión del tratadista Jesús Zamora Pierce, quien refiere que, en el abuso de confianza, la conducta delictuosa consiste en disponer para sí o para otro, con perjuicio de alguien, de una cosa mueble ajena que previamente se le transmitió su tenencia, pero no el dominio. Luego, esa transmisión es presupuesto de la conducta, cronológicamente anterior a ésta y lógicamente indispensable para que pueda realizarse. Transmisión que debe ser tal que la propiedad de la cosa queda intocada. Así, quien la recibe tiene la obligación de conservarla y devolverla o destinarla al fin para el que le fue entregada3 . En este sentido, fue evidente que la víctima transmitió la posesión del dinero -cosa mueble- ahorrado cada quincena durante el año dos mil quince con el fin de realizar préstamos -exclusivamente a personas que laboraran en la misma institución de salud- y recibir, junto a su ahorro, los intereses que de ello proviene. Sin embargo, sólo recibió durante los meses de abril y julio de dos mil dieciséis $******* (*******) por quincena4 , sin causa justificada para la retención, traducida en disposición, del dinero ajeno. En este orden de ideas, la imputada dispuso del dinero que la víctima ahorró durante el dos mil quince, para un fin distinto al previamente acordado y omitió la entrega del ahorro y los beneficios producidos. Hechos que encuadran en la conducta descrita en el artículo 220, del código sustantivo y cuyo soporte consiste en los siguientes datos: denuncia, testimonio 3, informe policial elaborado por el testigo 1, entrevistas de los testigos 2, 3 y 4, así como el pagarés: del doce de mayo de dos mil dieciséis, por $******* (*******) del quince de octubre de dos mil dieciséis por $******* (*******) y del veintidós de agosto de dos mil diecisiete por $******* (*******). Los testigos 2, 3 y 4 dieron cuenta de cómo es que la imputada organizó una caja de ahorros con sus compañeros del trabajo en el lugar 1, que el dinero se prestaría con intereses y al finalizar el año lo regresaría más los rendimientos correspondientes, lo que no sucedió en perjuicio de la víctima, de quien, hasta este momento, se carecen de motivos para dudar y menos cuando los testigos narraron hechos que les consta y que son armónicos con el principal relato de cargo. Por tanto, deviene factible estimarlo como un hecho ilícito que amerita investigación. Por lo que hace al monto total de la reparación del daño que la Fiscalía estima a razón de $******* (*******) debe señalarse que la Sala no es ajena al criterio de la Sexta Época que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se refiere en la sentencia de amparo5 , con el rubro ABUSO DE CONFIANZA. INEXISTENCIA DE DELITO DE. CAJAS DE AHORROS. Que en esencia refiere que, ante la ausencia de prueba pericial rendida en el proceso, no puede determinarse algún faltante de dinero en la administración de una caja de ahorros. Sin embargo, es menester señalar que la naturaleza del actual sistema penal de corte acusatorio y adversarial se aleja de la tasación probatoria, para reconocer la libertad en este rubro. Lo anterior arroja como resultado, el que los supuestos de hecho pueden demostrarse con cualquier medio lícito. Sin duda se reconoce que existen medios probatorios de mayor idoneidad según el tópico a develar, lo que no obsta a que otros medios, en la fase inicial, puedan colocar en el escenario del debate los puntos trascendentes, como en el caso sucede con la disposición de dinero cuya propiedad no se transmitió y que proviene del testimonio de la víctima, de quien no existió dato para asumir que manipula de forma mezquina la realidad. Por ende, establecer el monto total del dinero cuya disposición ilegal se refuta, en la fase inicial del proceso, carece de relevancia, por cuanto a que únicamente se fija la materia de la investigación, la que continua en su fase complementaria en la que, mediante un estudio contable se podrá establecer, en su caso, el detrimento exacto al patrimonio de la víctima. Por tanto, no asiste la razón a la aquí quejosa al esgrimir en su primer concepto de violación que la responsable no fundó ni motivó debidamente dicha determinación, en términos del artículo 16 Constitucional, al considerar que de los hechos no se desprenden los elementos del delito de abuso de confianza; toda vez que este Juzgado Federal comulga con la autoridad responsable, en el sentido de que los datos de prueba que narró el agente del Ministerio Público y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que *******, cometió el hecho configurativo del delito de abuso de confianza, entre el periodo de la primera quincena de enero de dos mil quince a la última semana del mes de octubre de dos mil dieciséis, en la Instalaciones del IMSS, ubicado en Avenida Benito Juárez y Calle Victoria número 1701, de la colonia Centro, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. De igual forma, contrario a lo argumentado por la quejoso, en el segundo concepto de violación, en relación a la ausencia de una prueba pericial contable, la responsable acertadamente estimó que la naturaleza del actual sistema penal de corte acusatorio y adversarial se aleja de la tasación probatoria, para reconocer la libertad en este rubro, lo que arroja como resultado, el que los supuestos de hecho pueden demostrarse con cualquier medio lícito, y que sin duda se reconoce que existen medios probatorios de mayor idoneidad según el tópico a develar, lo que no obsta a que otros medios, en la fase inicial, puedan colocar en el escenario del debate los puntos trascendentes, como en el caso sucede con la disposición de dinero cuya propiedad no se transmitió y que proviene del testimonio de la víctima, de quien no existió dato para asumir que manipula de forma mezquina la realidad, y que por ende, establecer el monto total del dinero cuya disposición ilegal se refuta, en la fase inicial del proceso, carece de relevancia, por cuanto a que únicamente se fija la materia de la investigación, la que continua en su fase complementaria en la que, mediante un estudio contable se podrá establecer, en su caso, el detrimento exacto al patrimonio de la víctima. Además, en términos de lo dispuesto por el artículo ******* del Código Nacional de Procedimientos Penales, la magistrada responsable, asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba de manera libre y lógica, justificando adecuadamente el valor otorgado, explicó y justificó su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de la denuncia realizada por la victima *******; testimonial de *******; informe policial realizado por ******* Agente de la Policía Estatal de Investigación, al cual se anexaron las entrevistas a cargo de *******, ******* y *******; pagaré de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis por $******* (*******), pagaré de fecha quince de octubre de dos mil dieciséis, por $******* (*******) y, el pagaré de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete por de $******* (*******). Datos de prueba de los que debidamente la Magistrada responsable, consideró que revelaban que se cometió un hecho que la ley señala como abuso de confianza, y que existía la probabilidad de que la imputada participó en su comisión. Finalmente, la suscrita considera ajena a la litis materia del presente asunto, la circunstancia referida por la parte quejosa, relativa a que la responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo ******* del índice de este juzgado, al no analizar la figura de la prescripción. Ello es así, toda vez que constituye un hecho notorio para la suscrita misma que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector emitido en el citado juicio de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que, una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictaría la resolución que declararía que la sentencia estaba cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo de la ley de la materia. Ante ello, el once de diciembre de dos mil veinte, se declaró que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo ******* había quedado cumplida. No obstante, en la resolución impugnada, en ese tenor se advierte que la Magistrada responsable, conforme a las pautas del artículo 316 del Código Nacional de procedimientos Penales, en relación a la prescripción del delito en estudio, refirió que esa figura fue materia de análisis previo en sentencia que esa misma alzada emitió y que hasta ese momento se encontraba firme. Circunstancia que se encuentra acreditada en autos con la copia certificada de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve dictada por la responsable al resolver el toca *******, en la cual revocó el auto apelado que decretó la caducidad de la querella y el sobreseimiento de la causa penal. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Finalmente, en lo relativo a que para el libramiento del auto de vinculación a proceso es necesario que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, conviene precisar que las partes no adujeron la actualización de alguna hipótesis diversa que se configurara en el presente asunto, y este Juzgado Federal no advierte que se actualice en el caso; por tanto, resulta innecesario hacer mayor pronunciamiento sobre este aspecto. En tal orden de ideas, hasta ese estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por el artículo 220 del Código Penal del Estado de Chihuahua, en perjuicio de *******, y la probabilidad de que la imputada, aquí quejosa, lo realizó, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la vinculación a proceso el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales de la quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la citada peticionaria, sin advertir deficiencia de la queja que suplir; por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XVII, 63, fracción V, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve:ÚNICO.La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado a la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, consistente en el auto de vinculación a proceso de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, pronunciado en el toca *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se emplazó al tercero interesado *******, por lo que, no han transcurrido los ocho días que tienen las partes para imponerse de los autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, existe imposibilidad para llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del seis de mayo de dos mil veintiuno, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de abril de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio ******* signado por el Juez Primero Civil por Audiencia del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, al que anexa el despacho ******* del índice de este órgano jurisdiccional, acúsese de recibido y dese de baja en el libro de gobierno que corresponda, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Al respecto, se tiene por emplazado al tercero interesado *******, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que no señaló domicilio en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de tres de febrero de dos mil veintiuno, se ordena que las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, se practiquen por lista, sin perjuicio de que el tercero interesado pueda señalar un domicilio para tal efecto, en términos de la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Silvia Cruz González370/2016
- Silvia Elena Arias Romero20/2022
- Silvia Elena Tapia Ponce De León381/2019
- Silvia Gabriela González de la Cruz y Otros.603/2021
- Silvia González Medina989/2016
- Silvia González Medina51/2022
- Silvia Guadalupe Galaz Holguin730/2019
- Silvia Irene Puente Enriquez16/2017
- Silvia Irene Puente Enrriquez1047/2016
- Silvia Ivon Hernández Parra829/2023
- Silvia Ivon Hernández Parra943/2023
- Silvia Janeth Portillo Borjón y Otros.459/2023