Silvia Lucero Hernández Vara
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silvia Lucero Hernández Vara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de octubre del año en curso, mediante la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el expediente electrónico y libro de gobierno respectivo, agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual informa el cumplimiento al requerimiento de veintidós de los actuales y al efecto informa que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó fallo absolutorio en favor de **********, por el delito de robo calificado, se levantó la medida cautelar de prisión preventiva que padecía y se ordenó su inmediata libertad y al efecto remite dos discos compactos; por tanto, en el caso, este Juzgado de distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que, mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el uno de septiembre de dos mil veintiuno y turnado a este órgano el mismo día, Silvia Lucero Hernández Vara, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Oral (Juez de Enjuiciamiento) del Distrito Judicial Bravos, de quien reclamó la omisión de fijar fecha para la celebración de la audiencia de debate de juicio oral, dentro del plazo a que se refiere el artículo 349 del Código Nacional de Procedimiento Penales, en el juicio oral 178/2021. Así, mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, mediante el oficio y anexo que se atiende, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, hace del conocimiento de este Juzgado que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó fallo absolutorio en favor de **********, por el delito de robo calificado, se levantó la medida cautelar de prisión preventiva que padecía y se ordenó su inmediata libertad, y a efecto de acreditar lo anterior remite los discos de las audiencias de diecinueve y veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en las que se aperturó audiencia de juicio oral y se dictó fallo absolutorio en favor de la ahora quejosa dejándola en libertad, respectivamente. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En ese aspecto, en el disco compacto en el que se advierte el inicio de la audiencia de apertura de juicio oral y el diverso en el que se dictó fallo, en el cual, se declaró la absolución de la ahora quejosa dejandola en libertada, se le reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable. Todo lo anterior, actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues a partir del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno la autoridad apertura la audiencia de juicio oral, además de que, en veinticinco de los actuales, declaró la absolución de la ahora quejosa dejando en libertada; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, por lo que, al aperturar el juicio oral y dictar el fallo absolutorio el veinticinco de octubre del año en curso, dejándola en libertad, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual informa que el diecinueve de los actuales dio inicio el Juicio Oral ******* que deriva de la causa penal *******, el cual se sigue contra de *******, por el delito de Robo Calificado. Ahora, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto y en su caso advertir alguna causal de improcedencia que impida que el suscrito entre al estudio del fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, a fin de que dentro del término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten el inicio el Juicio Oral *******, de su índice; o en su caso, informe el impedimento que tuviere para tal efecto. Apercibida que una vez que fenezca el plazo concedido y no cumplir con lo que este auto ordena, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de Amparo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional ($8,962.00). Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que consten como correspondan, el oficio y anexo enviados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado el cuatro de los actuales. Lo anterior, pues acredita que *******, quien tiene el carácter de defensor particular de la quejosa, dentro del juicio oral *******, cuenta con las credenciales atinentes para ejercer como licenciado en derecho. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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