Silvia Ibarra Vega
Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Silvia Ibarra Vega
- Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
CERTIFICACION
- Principal
MESA V. Toluca, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa ********************, no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de cuatro de julio del año en curso, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La inconstitucionalidad del artículo 95, fracción II, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el capítulo respectivo de tarifa o concepto, inciso 6, y tercer párrafo, mediante el cual se impone a la quejosa la obligación de pagar derechos de registro. 2. Su aplicación mediante la determinación de pago respecto del referido precepto legal. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, mediante auto de doce de julio del año pasado, se tuvo a la quejosa Silvia Ibarra Vega, interponiendo recurso de revisión en contra de la misma. Motivo por el cual, en proveído de tres de junio pasado, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitiendo el testimonio en versión digital con evidencia criptográfica de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de doce mayo de la presente anualidad, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio, respecto de los actos que se atribuyeron al Secretario de Finanza, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, Secretario General de Gobierno) y Director General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", todos del Estado de México por los motivos precisados en el considerando décimo. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Silvia lbarra Vega, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por las consideraciones expuestas en el penúltimo considerando de la misma, y para los efectos precisados en el último de tales considerandos. CUARTO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva." Y, en atención a lo resuelto a dicha ejecutoria, se advierte que la superioridad determinó los siguientes efectos: ". que la autoridad responsable Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma, Estado de México realice lo siguiente: a) No aplique a la quejosa, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil veintiuno. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del embargo; por ende, deberá devolver la cantidad que pago por el concepto referido, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación; cantidad que deberá encontrarse debidamente actualizada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deben pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberán hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. [.]" Por lo que, en la referida fecha, es decir, el tres de junio del año en curso, se requirió a la autoridad responsable, su cumplimiento. Posteriormente, el diecisiete de junio pasado, la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante oficio con número 222C0101030105T/713/2022 (con anexos), comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, adjuntando para acreditar su dicho copia simple del oficio 222C0101040200L/758/2022 suscrito por el Subdirector Jurídico y Representante legal del Director General del IFREM de trece de junio de la presente anualidad, a través del cual informó que el cheque número 0004792 valido por la cantidad debidamente actualizada de $21,172.71 (veintiún mil ciento setenta y dos pesos 71/100M.N.) de la institución bancaria "CITIBANAMEX" en favor de Silvia Ibarra Vega, queda a disposición de la parte quejosa para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa Silvia Ibarra Vega en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 248/2021, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de diecisiete de junio del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La inconstitucionalidad del artículo 95, fracción II, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, en el capítulo respectivo de tarifa o concepto, inciso 6, y tercer párrafo, mediante el cual se impone a la quejosa la obligación de pagar derechos de registro. 2. Su aplicación mediante la determinación de pago respecto del referido precepto legal. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, mediante auto de doce de julio del año pasado, se tuvo a la quejosa Silvia Ibarra Vega, interponiendo recurso de revisión en contra de la misma. Motivo por el cual, en proveído de tres de junio pasado, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitiendo el testimonio en versión digital con evidencia criptográfica de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual de doce mayo de la presente anualidad, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio, respecto de los actos que se atribuyeron al Secretario de Finanza, Subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Finanzas, Secretario General de Gobierno) y Director General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", todos del Estado de México por los motivos precisados en el considerando décimo. TERCERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Silvia lbarra Vega, contra el acto reclamado y autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por las consideraciones expuestas en el penúltimo considerando de la misma, y para los efectos precisados en el último de tales considerandos. CUARTO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva." Y, en atención a lo resuelto a dicha ejecutoria, se advierte que la superioridad determinó los siguientes efectos: ". que la autoridad responsable Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma, Estado de México realice lo siguiente: a) No aplique a la quejosa, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracción II, rango 6 de la tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil veintiuno. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a la agraviada por concepto de derecho de inscripción del embargo; por ende, deberá devolver la cantidad que pago por el concepto referido, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación; cantidad que deberá encontrarse debidamente actualizada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deben pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberán hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata. [.]" Por lo que, en la referida fecha, es decir, el tres de junio del año en curso, se requirió a la autoridad responsable, su cumplimiento. Posteriormente, el diecisiete de junio pasado, la Registradora de la Propiedad y del Comercio de Lerma de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Instituto de la Función Registral del Estado de México, mediante oficio con número 222C0101030105T/713/2022 (con anexos), comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, adjuntando para acreditar su dicho copia simple del oficio 222C0101040200L/758/2022 suscrito por el Subdirector Jurídico y Representante legal del Director General del IFREM de trece de junio de la presente anualidad, a través del cual informó que el cheque número 0004792 valido por la cantidad debidamente actualizada de $21,172.71 (veintiún mil ciento setenta y dos pesos 71/100M.N.) de la institución bancaria "CITIBANAMEX" en favor de Silvia Ibarra Vega, queda a disposición de la parte quejosa para su entrega y recepción en el Departamento de Tesorería del Instituto de la Función Registral del Estado de México, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa Silvia Ibarra Vega en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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