Silvia Garfias Colín
Expediente 106/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/06/2023
Partes del expediente
- Silvia Garfias Colín
- Legislatura del Estado Libre y Soberano de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra del proveído de uno de junio de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción II y, 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. d) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión serán transferidos una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el presente cuaderno y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, primero de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de este juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, sin que realizara manifestación alguna con relación a la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. En consecuencia, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo; previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las partes del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Quince de abril de dos mil veintitrés. Diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La aplicación del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y como consecuencia, la omisión de reintegrar a la parte quejosa las cantidades retenidas con motivo de dicha normativa. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Garfias Colín Silvia, para que el Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que causara ejecutoria la presente sentencia; efectuara lo siguiente: 1. Deje de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de Garfias Colín Silvia, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo: y, 2. Devuelva en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que la quejosa Garfias Colín Silvia, manifestó bajo protesta de decir verdad haber tomado conocimiento de último descuento reclamado (quince de enero de dos mil veintitrés) -pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad- máxime que de considerar una fecha anterior, ello podría constituir un consentimiento tácito respecto de la aplicación realizada en dichos pagos de pensión, así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la presente sentencia protectora". Posteriormente, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsables su cumplimiento. Así, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio sin número (con anexos), signado por el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitía entre otros copia certificada del comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de abril del año en curso, expedido en favor de la parte quejosa; sin embargo, dado que de dicho comprobante se advertía que la autoridad responsable no cumplía con la directriz de la concesión del amparo, pues aun cuando realizó la devolución retroactiva de las deducciones indebidas de servicio médico, seguía reteniendo a la quejosa por concepto de servicios de salud, el 6% del monto total de su pensión, no así el 4.625%, como le fuera ordenado en la sentencia. Motivos por los cuales se volvió a requerir a la responsable el cumplimiento total a dicho fallo protector. En cumplimiento a lo anterior, el veintidós de mayo del presente año, se tuvo por recibido el oficio sin número (con anexos), signado por el apoderado y representante legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, al que remitió copia digitalizada del oficio 207C0401520101L/dP/5437/2023, así como de los comprobantes de pago atinentes al mes de abril y primera quincena de mayo, expedidos en favor de Garfias Colín Silvia, de los cuales se advierte que la Jefa del Departamento de Pensiones dejó de aplicar a la quejosa la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para en su lugar enterar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, y al efecto precisó que aun cuando en el talón de pago podía advertirse en el apartado de deducciones la clave 5540 por $986.50 correspondiente al 6%, en el apartado de percepciones se establecía la clave 2403 denominada "DEV. POR DEDUC. INDEB. DE SERVICIO MEDICO", por la cantidad de $229.09, que resulta de la diferencia entre el 6% y 4.625, esto es 1.375%. Además, del comprobante atinente a la primera quincena de abril del presente año, se advierte que la responsable devolvió a la quejosa la diferencia de aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir del quince de enero al quince de abril del año en curso. Constancias a las cuales por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, pues en el particular dejó de aplicarse a la quejosa Garfias Colín Silvia, la obligación de enterar el 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y en su lugar entera el porcentaje mínimo, esto es 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada; y se le devolvió la diferencia ya pagada; consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de las Mercedes Rojas Colín, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (por duplicado y con anexos), a través del cual, el Apoderado Legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; asimismo, remite las constancias necesarias para acreditar lo vertido. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y el diverso recibido el pasado diecinueve de abril, así como, con sus anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable dio cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito mediante el cual, José Domingo Montañez Álvaro, en su calidad de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, desahoga la vista concedida en acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo; en principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La aplicación del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y como consecuencia, la omisión de reintegrar a la parte quejosa las cantidades retenidas con motivo de dicha normativa. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Garfias Colín Silvia, para que el Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, una vez que causara ejecutoria la presente sentencia; efectuara lo siguiente: ".1. Deje de aplicar, en el caso concreto, en perjuicio de Garfias Colín Silvia, la obligación de enterar la cuota del 6% del monto de su pensión, prevista en el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, impugnado, hasta en tanto se reforme, debiendo enterar el porcentaje mínimo, esto es, el del 4.625% establecido en la fracción I, del diverso artículo 32 de la legislación citada, aplicable para los servidores públicos en activo: y, 2. Devuelva en una sola exhibición únicamente la diferencia que resulte entre aplicar la cuota del 6% y la del 4.625%, esto es, el 1.375%, a partir de la fecha en que la quejosa Garfias Colín Silvia, manifestó bajo protesta de decir verdad haber tomado conocimiento de último descuento reclamado (quince de enero de dos mil veintitrés) -pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad- máxime que de considerar una fecha anterior, ello podría constituir un consentimiento tácito respecto de la aplicación realizada en dichos pagos de pensión, así como la diferencia que resulte de los subsiguientes descuentos realizados, hasta en tanto se cumplimente la presente sentencia protectora". Posteriormente, el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la responsable su cumplimiento. Así, en auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio sin número (con anexos), signado por el apoderado legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual, remitió copia certificada del comprobante de pago correspondiente a la primera quincena de abril del año en curso, expedido en favor de la parte quejosa, en la que se advierten los siguientes rubros: Así como, copia del oficio 207C0401520101L/dP/3840/2023 de diez de abril de dos mil veintitrés, donde el Encargado de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, informa que ya no se aplicará en la esfera jurídica de la quejosa, la obligación de enterar el 6% por cuota de servicios de salud, debiendo enterar únicamente el porcentaje mínimo de 4.625%. Constancias remitidas por la autoridad responsable que por ser documentos públicos tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En ese sentido, del comprobante de pago, se advierte que la autoridad responsable pagó a Garfias Colín Silvia por concepto de pensión la cantidad de $16,441.65 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 65/00 M.N.) y dedujo por concepto de servicios de salud $986.50 (novecientos ochenta y seis pesos 50/00 M.N.), que corresponde al 6% de su pensión; además, hizo una devolución por concepto de deducciones indebidas de servicio médico por el monto de $1,374.52 (mil trescientos setenta y cuatro pesos 52/00 M.N.). De lo anterior se advierte que, como incluso lo hace valer el autorizado de la quejosa en el ocurso de cuenta, la autoridad responsable no ha cumplido con la directriz de la concesión de amparo establecida, pues aun cuando realizó la devolución retroactiva de las deducciones indebidas de servicio médico, se advierte que sigue reteniendo a Garfias Colín Silvia por concepto de servicios de salud, el 6% del monto total de su pensión, no así el 4.625%, como le fuera ordenado en la sentencia. Circunstancia que se evidencia con base en la operación aritmética siguiente: Monto de pensión: $16,441.65 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 65/00 M.N.) por 0.06 que es el equivalente al 6%, da como resultado de $986.49 (novecientos ochenta y seis pesos 49/00 M.N.) Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular no se ha dado cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase nuevamente al Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento total a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 192 y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
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