Silvia García Cárdenas

Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
01/08/2023

Partes del expediente

  • Silvia García Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, de lo que se advierte que obra en autos copias certificadas del expediente clínico a nombre de la quejosa ********************, mismas que fueron acompañadas como complemento al informe justificado rendido por la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de México; en consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse las constancias de que se trata para que sean glosadas al expediente de origen, sin que sea necesario acusar de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace de la indicación que el cuaderno principal es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b, de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, el presente expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de este acuerdo y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente. Además, terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 18 de tal ordenamiento. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa Silvia García Cárdenas y a su autorizado Edgar Salazar García, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, para que exhibieran el acuse de recibo relativo al trámite de reembolso, que debía hacer la quejosa de manera personal o a través de la persona que designara, sin que al día de la fecha se haya recibido promoción al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "1. La negativa de las autoridades responsables en proporcionarle atención médica integral. 2. La omisión de las responsables en proporcionarle oportuna y gratuitamente todos y cada uno de los medicamentos necesarios para su tratamiento médico. 3. La omisión de las autoridades responsables de realizar acciones administrativas pertinentes y necesarias (tales como compra, distribución de medicamentos a hospitales regionales), que garanticen el abasto y suministro puntual, suficiente, adecuado y oportuno, en el tiempo que sea recetado, de todos y cada uno de los medicamentos necesarios para su tratamiento médico." Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de agosto de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Disconforme con dicha determinación, la quejosa interpuesto recurso de revisión en contra de la referida resolución; por lo que el cuatro de febrero del año en curso, entre otras cosas, se tuvo por recibida la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través de la cual informó que en el amparo en revisión 115/2020 de su estadística, dictó una resolución cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente: "PRIMERO. EN LA MATERIA DEL RECURSO, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SILVIA GARCÍA CÁRDENAS, en contra de los actos reclamados al Hospital General Toluca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Por lo que de lo resuelto en la ejecutoria que se recibió, se advirtió que dicho órgano colegiado, concedió el amparo a Silvia García Cárdenas para los efectos siguientes: "DÉCIMO. Atendiendo a lo argumentado en el considerando que antecede, con apoyo en los artículos 74, fracciones V y VI, y 77, de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa el amparo que solicita, para que la autoridad responsable Hospital General Toluca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE: a) PRECISE y ACREDITE las acciones administrativas que, en el ámbito de su competencia, ha realizado a efecto de SURTIR de manera continua, oportuna y suficiente a la quejosa Silvia García Cárdenas el medicamento prescrito capecitabina (tabletas de 500 mg), es decir, en las cantidades y plazos que se indiquen en las recetas que expida el médico tratante, lo que implica el suministro de cualquier otro medicamento que resulte indispensable para salvaguardar el estado de salud de la quejosa respecto del padecimiento en estudio para su TRATAMIENTO, a fin de SALVAGUARDAR y REESTABLECER el estado de salud de la quejosa respecto del padecimiento en estudio. b) En el ámbito de sus correspondientes facultades, se coordine con las autoridades del propio Instituto en el cumplimiento de la presente ejecutoria, para que para que SE DÉ TRÁMITE y PROCEDA AL REEMBOLSO, en los términos de la normatividad aplicable, de la cantidad erogada por la quejosa Silvia García Cárdenas, el cuatro de junio de dos mil veinte, por la COMPRA del medicamento capecitabina (tabletas de 500 mg), conforme al TIQUE y FACTURA respectivos, expedidos por PHARMA PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (FARMACIA San Pablo, sucursal Metepec)." Atento a lo ordenado por el Ad quem, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el treinta de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número, remitido por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual remitió el oficio 01520400/DIR/OFM0046/2021 signado por el Director del Hospital General Toluca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el cual informó en vías de cumplimiento, las gestiones realizadas respecto a la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del cual se apreció que efectivamente remitió las gestiones respecto al cumplimiento respecto del inciso a), no así del inciso b), por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera total cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, el diecinueve de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio sin número, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, en atención al cumplimiento del punto b) de la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, refirió que en estricto apego a la normatividad aplicable al presente asunto; es decir, el Reglamento de Quejas Médicas y Solicitudes de Reembolso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en específico en su Capítulo Séptimo, por ser un procedimiento a instancia de parte, debería de ser la quejosa o a través de la persona que designara, quien diera inicio al trámite correspondiente, aunado a que es un requisito anexar los documentos que en el formato de este se establecen. Por tanto, lo anterior se hizo del conocimiento a la quejosa Silvia García Cárdenas, en diversas ocasiones a través del domicilio que señaló en autos, del que obra en la demanda y por medio de su autorizado, para que realizara la solicitud respectiva al trámite de reembolso, de manera personal o a través de la persona que designara y una vez que contara con el acuse de recibo correspondiente lo exhibiera ante este órgano jurisdiccional y se requirió a la autoridad responsable Hospital General Toluca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, para que una vez que recibiera el trámite realizado por la parte quejosa para el reembolso de que se trata, se coordinara inmediatamente con las autoridades del propio Instituto, para que se diera trámite y procediera el reembolso, en los términos de la normatividad aplicable, de la cantidad erogada por la quejosa Silvia García Cárdenas, el cuatro de junio de dos mil veinte, por la compra del medicamento capecitabina (tabletas de 500 mg), conforme al ticket y factura respectivos, expedidos por PHARMA PLUS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (Farmacia San Pablo, sucursal Metepec)."; sin embargo, la quejosa fue omisa en emitir algún pronunciamiento a lo anterior, pese a que le fueron hechos diversos requerimientos para tal efecto. En ese sentido, ante el desinterés de la parte quejosa a efecto de realizar los trámites relativos al reembolso precisado en el punto b) de la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, se tiene por conforme a la misma con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable. En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, informó las gestiones en cumplimiento al inciso a) e informó el trámite que debía seguir la quejosa para que se colmara el inciso b), ambos de la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa *******************rcía, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, para que exhibieran el acuse de recibo relativo al trámite de reembolso, que debía hacer la quejosa de manera personal o a través de la persona que designara, sin que al día de la fecha se haya recibido promoción al respecto. Por tanto, ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con lo referido en el párrafo precedente (misma que ha sido reiterada pues mediante proveídos de diecinueve de abril, siete de mayo, siete y veintinueve de junio, todos del año en curso, se le requirió para tales efectos), requiéraseles por última vez para que den cumplimiento a lo anterior; a la quejosa en el domicilio indicado en su demanda de amparo, y al autorizado por medio de la vía electrónica, para que en el término de tres días den cumplimiento a lo indicado en el párrafo que antecede; apercibidos que de no hacerlo se procederá a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, o si no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, ello de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

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