Silvia Elena Tapia Ponce De León
Expediente 381/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silvia Elena Tapia Ponce De León
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se advierte que el Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, remite el juicio de amparo *******, promovido por *******, toda vez que mediante auto de dieciséis de mayo del año en curso determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua en turno, en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se materializa en este municipio. De este modo, el oficiante refiere que del análisis de la demanda así como de los anexos exhibidos por la parte quejosa, permite apreciar que reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, todos con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como de los Oficiales Notificadores y/o Ministros Ejecutores del referido Distrito, la omisión de dar trámite y ordenar diligenciar el exhorto 2/2019, librado por el Juzgado Familiar Tradicional del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esa ciudad, a efecto de llevar a cabo la notificación del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho a *******, ordenada dentro de los autos del juicio de divorcio *******; y por ende el acto reclamado relativo a la omisión de dar trámite y ordenar diligenciar la comunicación oficial de mérito, tendrá ejecución por una autoridad residente en esta ciudad. En ese contexto, con fundamento en los artículos 37 y 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada para el conocimiento de la demanda de amparo, pues el suscrito disiente del criterio del juez oficiante por la razones que más adelante se detallarán. Es conveniente tomar en cuenta los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que establecen: 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los artículos transcritos, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, y 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En esas circunstancias, de lo antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la quejosa en su escrito inicial de demanda, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, solicitó a la Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua, la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de divorcio 631/2018, misma que causó ejecutoria el once de abril de dos mil catorce (sic). 2. En auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, la Juez de origen acordó de conformidad su petición y ordenó librar exhorto al Juez Familiar en turno, residente en Ciudad Juárez, para que en su auxilio se requiriera a *******, acreditara el cumplimiento dado a la cláusula cuarta del convenio aprobado y sancionado, o manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibido que en caso de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa del citado acuerdo de voluntades, comunicación oficial que fue debidamente diligenciada y devuelta a su lugar de origen. 3. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, solicitó al Juez del proceso, que en virtud de que aquél no había dado cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de mayo de la citada anualidad, se procediera a la ejecución forzosa de dicho acuerdo; a lo que el dieciocho de los mismos, el órgano jurisdiccional de origen acordó, que previo a ordenar el embargo respectivo, se procediera a realizar la valuación del bien inmueble ubicado en *******, de aquella localidad, otorgando a ambas partes un término de tres días a fin de que designaran perito, para lo cual ordenó girar exhorto al Juez de lo Familiar en turno en este municipio, a fin de que se notifique al tercero interesado dicha determinación, sin que a la fecha la comunicación oficial haya sido radicada, diligenciada y regresada a su lugar de origen. Ahora bien, resulta importante destacar las manifestaciones hechas por la quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda, de las cuales se desprende que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, la Juez Familiar Tradicional del Distrito Judicial Morelos, libró exhorto al Juez Familiar en turno, en esta ciudad, a fin de que se notifique al tercero interesado el proveído de la misma data, sin que a la fecha tenga conocimiento que dicha comunicación haya sido radicada, diligenciada y devuelta a la exhortante. En ese contexto, la omisión de radicar, diligenciar y devolver a su lugar de origen la citada comunicación oficial, reclamados a las autoridades responsables constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el mandato judicial, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables. Por lo que hasta el momento procesal que nos ocupa, tales razones son suficientes para estimar que el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es el legalmente competente para conocer del presente asunto. Sin que pase desapercibido que el juez oficiante hace alusión a la tesis II.T.31 K, de la Novena Época, registro 173083, del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Materia Común, página 1647, del rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE UN JUEZ DE DISTRITO DE DILIGENCIAR UN EXHORTO. DEBE FINCARSE A FAVOR DE AQUEL EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ EXHORTADO. Cuando la declaratoria de incompetencia se pronuncia antes de celebrarse la audiencia constitucional, y el acto reclamado consiste en la omisión de diligenciar un exhorto por la autoridad exhortada, el cual por su naturaleza negativa no tiene ejecución material, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece: "Es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material.", la competencia para conocer del juicio de amparo promovido contra dicho acto debe fincarse a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez exhortado, pues el acto omisivo es el que origina la jurisdicción, a pesar de que ese párrafo se refiera a la emisión de resoluciones y no a omisiones, toda vez que ambas hipótesis no requieren de ejecución material, que es el elemento que esa disposición toma en cuenta para determinar la competencia. Del criterio invocado por el órgano jurisdiccional declinante, destaca que cuando el acto reclamado consiste en la omisión de diligenciar un exhorto, por su naturaleza negativa no tiene ejecución material; por lo que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece las reglas de competencia por razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, una de las cuales dispone que cuando el acto reclamado no requiere de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) , determinó que esa regla competencial debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método: sistemático, teleológico, lógico, u otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad y eficiencia de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita. En consecuencia, una omisión como la abstención de radicar, diligenciar y devolver a su lugar de origen una comunicación oficial, per se, no tiene un efecto distinto de la inhibición de la autoridad de actuar y, por tanto, tampoco requiere de ejecución material alguna, por lo que el competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra esa omisión es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, sin que sea factible considerar la posibilidad de que la omisión citada tenga efectos positivos si se otorga al quejoso el amparo solicitado, pues ésa es una interpretación que escapa a la literalidad contenida en el artículo 37 referido. Misma consideración se realiza por lo que hace a la jurisprudencia de la Primera Sala con número de registro 181610 del rubro AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE; pues en la ejecutoria que dio origen a dicho criterio quedó establecido que el acto reclamado lo constituía el auto de exequendo, en el cual se contiene la orden de requerimiento de pago y/o embargo; y que para ejecutar dicha orden, el Juez ordinario, mediante una actuación procesal, giró un exhorto con el objetivo esencial de solicitar el apoyo de otro Juez de la misma jerarquía que tuviera jurisdicción en el lugar donde debía ejecutarse el requerimiento de pago y/o embargo. Así, el Alto Tribunal del país determinó que el libramiento de dicho exhorto no implicaba ni constituía un acto de ejecución y, por ende, no debía tomarse como base para determinar la competencia en un juicio constitucional, porque en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo (vigente en la época de los hechos), sería Juez competente aquel en cuya jurisdicción debía tener ejecución el acto reclamado. Por tanto, debido a la naturaleza de tales actos y a la circunscripción territorial en que se desenvuelven, sólo pueden ser llevados a cabo por las autoridades a quienes les fue solicitada y encomendada su ejecución. Continuó diciendo la Primera Sala que de conformidad con la citada regla de competencia, para conocer de un juicio de garantías es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse el acto reclamado (auto de exequendo), en el que se contiene la orden de requerimiento de pago y/o embargo, de manera que cuando un Juez determina girar un exhorto a otro Juez de una localidad distinta facultándolo para que dicte las medidas conducentes a su diligenciación, resulta claro que si el amparo se promueve contra el auto de exequendo y aun contra el exhorto, el competente para conocer del juicio debe ser el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba diligenciarse dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad ejecutora tiene una actuación fundamental porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada, y en esa condición es quien enfrenta directamente al particular. Sin embargo, de las manifestaciones vertidas por la quejosa en su demanda de amparo, se desprende que se duele que no se haya radicado, diligenciado y devuelto a su lugar de origen la comunicación oficial 2/2019, que contiene el proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el cual debe ser notificado a ******* a fin de que designe perito de su parte para practicar el avaluó de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Así las cosas, en la especie se actualiza la tercera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, de manera que quien es competente para conocer del juicio de amparo es el juez de distrito declinante; en consecuencia, no se acepta la competencia propuesta. En tal virtud, fórmese cuaderno de antecedentes con fotocopia certificada de las constancias conducentes y devuélvase el expediente original al juzgado remitente, solicitándole acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, sin que sea necesario ordenar la notificación personal a la promovente del amparo, toda vez que al no haberse aceptado la competencia del presente juicio, es evidente que este juzgado federal no se vinculó con el procedimiento. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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