Silvestre Yerena Martínez
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Silvestre Yerena Martínez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil diecinueve. INFORMA AVOCAMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa de recibo del oficio 5934 por medio del cual se remitió el cuaderno de amparo X-498/2019, formado con motivo de la demanda promovida por Silvestre Yerena Martínez, contra actos de la Magistrada de la Quinta Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudad; asimismo, de tal oficio se obtiene que se avocó al conocimiento de dicho asunto. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009 En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no existe documento en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con los mismos, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran seis meses a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA LEGAL. Visto el escrito de demanda promovida por Silvestre Yerena Martínez, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Una vez analizada la demanda de garantías, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer de la misma, por los motivos y consideraciones que a continuación se expondrán: La quejosa, señaló como acto reclamado: "La sentencia definitiva de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el toca II-1/2019, relativo al recurso de denegada apelación interpuesto por el defensor y el aquí quejoso, en contra del auto que negó admitir el recurso de apelación dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia en Zinapécuaro, Michoacán, dentro del proceso penal 19/2014, instruido contra el aquí quejoso, por la comisión del delito de Abigeato". Ahora, de los antecedentes de la demanda de garantías, se aprecia que el Juez Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, dictó un acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve en el proceso penal 19/2014, por el cual acordó no ha lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de doce del mismo mes y año, toda vez que les había fenecido el término para realizarlo. Inconformes con dicha determinación el aquí quejoso y su defensor interpusieron recurso de denegada apelación, el cual conoció la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, registrada bajo el número toca II-1/2019, confirmando el auto por de veintiocho de febrero del año en curso. De lo transcrito, se colige, que lo que se duele el promovente es la resolución dictada en el toca II-1/2019, del índice de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual confirmó el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, derivado del proceso penal 19/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, por el que no admitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia definitiva de doce de febrero del año en curso; acto respecto del cual, las leyes comunes no conceden un recurso alguno que hacer valer, por la que pudiera ser modificada o revocada, por lo que respecto a dicho acto reclamado debe conocer los Tribunales Colegiados de Circuito; ya que constituye una determinación que deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva, la que constituye una resolución que pone fin al juicio; por tanto, en su contra procede el amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio. En efecto, el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el proceso penal 19/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, por el que no admitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, reviste el carácter de una resolución definitiva inmodificable, toda vez que su interposición, se realizó con motivo del auto que no admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en el proceso penal de origen; asimismo, las leyes comunes no prevén un recurso ordinario que pueda revocar o modificar dicha resolución, sin que pueda analizarse mediante el juicio de amparo biistancial, por tratarse de un acto definitivo. Así las cosas, evidentemente existe un vínculo jurídico causal que hace lógico determinar que la dictada en el toca II-1/2019, del índice de la Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual confirmó el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, derivado del proceso penal 19/2014, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zinapécuaro, Michoacán, por el que no admitió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra la sentencia definitiva de doce de febrero del año en curso, no admite recurso alguno y respecto de la cual resulta ser procedente el amparo directo, pues se insiste, constituye una determinación que deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva, la que constituye una resolución que pone fin al juicio; por tanto, en su contra procede el amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio. Es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J.97/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por los tribunales judiciales que pongan fin al juicio y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan modificarse o revocarse; asimismo, los artículos 44 y 46 de la Ley citada señalan que puede promoverse amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio, precisando que éstas son las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario. En congruencia con lo anterior, se concluye que la determinación que desecha o declara infundado el recurso de denegada apelación y deja firme el desechamiento de la apelación intentada contra una sentencia definitiva constituye una resolución que pone fin al juicio y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, pues al dejar intocada la sentencia de primera instancia que resolvió el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, además de que tanto los artículos 307 y 308 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, como los diversos 435 a 442 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que aluden al indicado recurso, no prevén algún medio de defensa en su contra". Asimismo, la Jurisprudencia 77/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 841, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y textos: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". En esa tesitura, es inconcuso que de acuerdo a los preceptos legales 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 170 fracción I párrafo segundo de la Ley de Amparo Vigente, que el acto reclamado en esta vía, es materia de amparo directo y no indirecto, ya que se trata de una resolución que puso fin al procedimiento penal de primera instancia, toda vez que, lo que dio origen a la denegada apelación interpuesta por el hoy quejoso, fue el no tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por éste contra la sentencia definitiva, el cual se declaró extemporáneo. En efecto los preceptos en cita en el párrafo precedente, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: Fracción III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado al fallo." Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; De los preceptos legales en comento, se obtiene que cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, entre otros, el juicio de garantías sólo procederá contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, contra las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, según lo disponen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con el 34 de la Ley de Amparo Vigente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 170 fracción I párrafo segundo, del mismo cuerpo de leyes, se entiende por sentencia definitiva la que decide el juicio en lo principal, respecto de la cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas; también se consideran como sentencias definitivas, las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia; y por último, se entenderá por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De tal forma que se estima que en el presente caso el acto reclamado es una resolución que decidió en definitiva el juicio, en tal virtud, de acuerdo a los artículos antes trascritos, la materia del juicio que se promueve, es de amparo directo y la autoridad competente para conocer de tal, es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, al estimarse que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo Vigente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar, acompañándole al efecto, el original del juicio de amparo X-498/2019 y cinco copias de la demanda de garantías. Fórmese cuadernillo de antecedentes y solicítese a la Superioridad, se sirva acusar recibo de estilo. Los criterios jurisprudenciales que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema del mismo; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Sin que haya lugar a tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales en los estrados de este Juzgado de Distrito, dado que dicha circunstancia no la prevé ni la ley de la materia, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente por disposición expresa de su numeral 2°; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se tiene a la parte quejosa autorizando a Cuauhtémoc Manzo Reyes, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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