Silvia Alejandra Posadas Becerril

Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
605/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Silvia Alejandra Posadas Becerril
  • Juez Sexto de Primera Instancia Especializado En Materia Familiar, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar definitiva. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, contados a partir de este acuerdo, ambos expedientes se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibido por la parte quejosa; de conformidad con el artículo 20 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    (aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar definitiva. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, contados a partir de este acuerdo, ambos expedientes se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibido por la parte quejosa; de conformidad con el artículo 20 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días naturales comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En conclusión, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto que; la autoridad responsable realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio ordinario civil ********************, de su índice, y, 2) En su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la presente ejecutoria y en plenitud de jurisdicción, emita otra, en la que partiendo del estudio del tema del estado de necesidad en el que deberá ponderar lo manifestado por la actora en cuanto a que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y cuidado y crianza de sus hijos de los menores, se pronuncie claramente de todos los rubros que comprenden los alimentos. El Juez responsable mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dejo insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio ordinario civil ********************. Previo a emitir pronunciamiento, las partes llegaron presentaron un convenio ante la autoridad responsable, en el cual se estableció el pago de alimentos, la guardia y custodia, patria potestad y el derecho de convivencia de sus menores hijos de iniciales ********************al resolver lo atinente, mediante resolución de diecinueve de abril de este año, lo aprobó en todas sus partes. Como se puede destacar de las actuaciones remitidas por la autoridad, las partes en el juicio de origen (aquí quejosa y tercera interesada) exhibieron convenio con la finalidad de dar por terminado el litigio, mismo que fue aprobado por la responsable. En ese sentido, al existir un convenio entre las partes, calificado por la responsable, en el que se puso fin al procedimiento natural del que derivó el acto reclamado en este juicio de amparo, se evidencia que ya no existe interés de la parte quejosa en que se cumpla lo mandado en la sentencia de amparo; esto es, que ya no haya instancia de parte agraviada; y, en consecuencia, no se tenga la necesidad de iniciar un incidente de inejecución que, en el supuesto de la imposibilidad, tiene como finalidad la apertura del incidente de cumplimiento sustituto y de pago de daños y perjuicios para lograr la reparación de los derechos humanos violados, y que, en el caso de contumacia, tiene por objeto destituir a la autoridad responsable con tal de que se cumpla la ejecutoria. Ello es así, pues la imposibilidad que se presenta proviene de un cambio de situación jurídica derivada de un acuerdo de voluntades celebrado por las partes ante la autoridad responsable, con la consecuencia de poner fin al juicio natural, situación que no encuadra en la hipótesis del artículo 196 de la Ley de Amparo, en donde se ordena abrir un incidente de inejecución de sentencia para revisarla, cuyo presupuesto de procedencia se sustenta en el interés de que se cumpla la sentencia de amparo para obtener la reparación de los derechos humanos violados, situación que, se reitera, no acontece en el caso de que se ocupa. En vista de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, del cual se deduce que el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo puede terminar con la resolución que declara cumplida la ejecutoria o sin materia el procedimiento, al haberse dado por concluido el juicio origen de esta instancia constitucional con motivo de un acuerdo celebrado entre las partes, resulta evidente que NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR. Se invoca, en apoyo de lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015386 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLV/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1225 Tipo: Aislada RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada." Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente al tercero interesado; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo de la licencia académica concedida a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial y autorizada en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, comunicada mediante oficio CCJ/ST/617/2023, ante la persona secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    (aviso) notificación por lista a la quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales********************, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de once de abril de dos mil veintitrés, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En conclusión, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto que; la autoridad responsable realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la resolución reclamada de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio ordinario civil ********************, de su índice, y, 2) En su lugar, siguiendo los lineamientos trazados en la presente ejecutoria y en plenitud de jurisdicción, emita otra, en la que partiendo del estudio del tema del estado de necesidad en el que deberá ponderar lo manifestado por la actora en cuanto a que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y cuidado y crianza de sus hijos de los menores, se pronuncie claramente de todos los rubros que comprenden los alimentos. El Juez responsable mediante resolución de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dejo insubsistente la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, emitida en los autos del juicio ordinario civil ********************. Previo a emitir pronunciamiento, las partes llegaron presentaron un convenio ante la autoridad responsable, en el cual se estableció el pago de alimentos, la guardia y custodia, patria potestad y el derecho de convivencia de sus menores hijos de iniciales ********************al resolver lo atinente, mediante resolución de diecinueve de abril de este año, lo aprobó en todas sus partes. Como se puede destacar de las actuaciones remitidas por la autoridad, las partes en el juicio de origen (aquí quejosa y tercera interesada) exhibieron convenio con la finalidad de dar por terminado el litigio, mismo que fue aprobado por la responsable. En ese sentido, al existir un convenio entre las partes, calificado por la responsable, en el que se puso fin al procedimiento natural del que derivó el acto reclamado en este juicio de amparo, se evidencia que ya no existe interés de la parte quejosa en que se cumpla lo mandado en la sentencia de amparo; esto es, que ya no haya instancia de parte agraviada; y, en consecuencia, no se tenga la necesidad de iniciar un incidente de inejecución que, en el supuesto de la imposibilidad, tiene como finalidad la apertura del incidente de cumplimiento sustituto y de pago de daños y perjuicios para lograr la reparación de los derechos humanos violados, y que, en el caso de contumacia, tiene por objeto destituir a la autoridad responsable con tal de que se cumpla la ejecutoria. Ello es así, pues la imposibilidad que se presenta proviene de un cambio de situación jurídica derivada de un acuerdo de voluntades celebrado por las partes ante la autoridad responsable, con la consecuencia de poner fin al juicio natural, situación que no encuadra en la hipótesis del artículo 196 de la Ley de Amparo, en donde se ordena abrir un incidente de inejecución de sentencia para revisarla, cuyo presupuesto de procedencia se sustenta en el interés de que se cumpla la sentencia de amparo para obtener la reparación de los derechos humanos violados, situación que, se reitera, no acontece en el caso de que se ocupa. En vista de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, del cual se deduce que el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo puede terminar con la resolución que declara cumplida la ejecutoria o sin materia el procedimiento, al haberse dado por concluido el juicio origen de esta instancia constitucional con motivo de un acuerdo celebrado entre las partes, resulta evidente que NO EXISTE MATERIA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR. Se invoca, en apoyo de lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015386 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CLV/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, página 1225 Tipo: Aislada RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada." Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y electrónicamente al tercero interesado; por oficio a la autoridad responsable; y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así lo proveyó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo de la licencia académica concedida a la Titular de este órgano por la Comisión de Carrera Judicial y autorizada en términos del artículo 183, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, comunicada mediante oficio CCJ/ST/617/2023, ante la persona secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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