Silverio Pérez Rodríguez
Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 34 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silverio Pérez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del artículo 18 del Acuerdo General relativo. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, contados a partir de este acuerdo, se realizará el proceso de depuración de dicho cuaderno original y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma agréguesele copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la autoridad responsable Magistrada adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Dos con residencia en Tuxpan, Veracruz, los dos cuadernos de pruebas formado con los autos originales del expediente 62/2015 de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Toda vez que en el sumario obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados Silverio y Teodosia; ambos de apellidos Pérez Romero, el auto de once de marzo de la presente anualidad, debido a que al constituirse en el domicilio señalado por los citados terceros para oír y recibir notificaciones, la persona con quien atiende la diligencia le hace del conocimiento que si es el domicilio correcto, pero que no conoce a los nombrados, motivo por el cual no pude recibir ningún tipo de notificación de ellos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágaseles dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad para tal efecto. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no se ha emplazado al presente juicio a Secundino Pérez Romero, a quien le asiste el carácter de tercero interesado, y que en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se precisó que la parte quejosa no compareció a recoger (dentro del término de veinte días otorgado en proveído de tres de enero de la presente anualidad) los edictos que se dejaron a su disposición para emplazar al referido tercero interesado. Asimismo que en el citado auto de catorce de febrero de la presente anualidad, se proveyó atendiendo a la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." (lo subrayado es propio) Ahora bien, toda vez que este Juzgado Federal procedió de oficio a recabar las pruebas pertinentes a fin de corroborar si la parte quejosa tenía o no capacidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes ordenados en autos, pues en el multicitado auto de catorce de febrero de los actuales, se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir de que se encontrara debidamente notificado del mismo, y bajo protesta de decir verdad manifestara su incapacidad económica a fin de solventar el pago de éstos. Asimismo, se le precisó que en caso de manifestar su imposibilidad para sufragar los edictos, ésta debería comprobar su dicho, esto es, tendría que demostrar la incapacidad referida (precisar el por qué no tendría la solvencia económica para sufragar dicho pago). Lo anterior, con la finalidad de ponderar si el pago de los edictos ya ordenados en el presente juicio, deberán ser o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, sin que dicha parte hubiera realizado manifestación alguna, pese a encontrarse debidamente notificada del proveído de catorce de febrero de la presente anualidad, lo que se traduce a que no se ha dejado en estado de indefensión a dicha pate, pues como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, se ha excedido del termino otorgado sin que a la data hiciera si quiera alguna manifestación. Ahora bien, toda vez que el apercibimiento decretado fue que en caso de no realizar manifestación alguna, este Juzgado federal acordaría lo correspondiente, en tal virtud se provee: En el caso, se considera que se actualiza la causa directa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. [.] Dicho numeral establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, más aún, en el caso el impetrante del amparo omitió injustificadamente diligenciarlo Ahora bien, por su parte el artículo 27 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dicho ordenamiento legal establece que la primera notificación a la parte tercera interesada deberá de ser personal, pero cuando no conste en autos el domicilio el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado, si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, asimismo de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Máxime que, incluso el quejoso no compareció a recoger los edictos expedidos para tal efecto y ponderando las particularidades del caso, se desprende que el impetrante tampoco realizó manifestación alguna en torno a la existencia de alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esta naturaleza, por lo que no se actualiza la hipótesis de que el Consejo de la Judicatura Federal, publique a su costa los edictos para emplazar al tercero interesado, por lo que no debe considerarse que se deja en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo, y su omisión de realizar manifestación alguna, se traduce a una falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto. Ahora bien, en el caso, para evidenciar la causa de sobreseimiento previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene hacer una relación de las gestiones que se desprenden de autos, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Secundino Pérez Romero: En auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 5036/2021 proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 196/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Silverio Pérez Rodríguez, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional, motivo por el cual en esa data, se radicó el presente juicio de amparo con el número 196/2021, empero el mismo, se previno a fin de que la parte quejosa aclarara su ocurso constitucional y manifestara si también era su deseo señalar como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio agrario número 62/2015 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al no hacer manifestación alguna la parte quejosa, se admitió la demanda de amparo únicamente por cuanto hace al acto reclamado que el quejoso señaló en su ocurso constitucional, se dio intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, se fijó fecha de audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; esto es, Oliverio, Venancia, Silverio, Secundino, Yolanda, Maclovia, Ranulfo, Carolina y Teodosia; todos de apellidos Pérez Romero, mediante despacho. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se apersonaron al presente juicio los terceros interesados Silverio y Teodosia; ambos de apellidos Pérez Romero. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se apersonaron al presente juicio los terceros interesados Yolanda, Maclovia, Ranulfo, Carolina, Oliverio y Venancia; todos de apellidos Pérez Romero. En proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el despacho 310/2021 (616/2021) del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, mediante el cual devolvió parcialmente diligenciado el citado despacho, esto en virtud de la imposibilidad que manifestó el fedatario adscrito a dicho Juzgado, para emplazar al tercero interesado Secundino Pérez Romero; y toda vez que del informe justificado rendido por la responsable, se advirtió un domicilio en el cual podía ser localizado dicho tercero, se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a fin de lograr el emplazamiento. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 23826/2021, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, a través del cual devolvió sin diligenciar el exhorto 433/2021 (882/2021), motivo por el cual se requirió a la parte quejosa para que señalara el domicilio actual y correcto de dicha parte. Ante el incumplimiento de lo anterior por parte del impetrante del amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se inició la investigación, de oficio, del domicilio del multicitado tercero interesado, girándose oficios al: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis del Registro Federal de Electores de la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 4. Jefe del Departamento de la Comisión Federal de Electricidad; 5. Comisión del Agua del Estado de Veracruz; 6. Teléfonos de México; 7. Director del Catastro Municipal; 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad en la Séptima Zona Registral; 9. Encargado del Registro Civil; y 10. Jefa de Jurisdicción Sanitaria; todas con residencia en esta ciudad, así como al 11. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, domiciliado en Xalapa de Enríquez, Veracruz; a fin de que informaran si en sus registros tenían algún domicilio a nombre del tercero interesado Secundino Pérez Romero. Fueron recibidos todos los oficios de las autoridades requeridas, algunos contestados en sentido negativo, e infructuosa la búsqueda en los domicilios proporcionados por éstas que contestaron en sentido afirmativo. Por ello, mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado Secundino Pérez Romero, auto que se notificó al quejoso por lista de acuerdos el cuatro de enero siguiente y sin que el impetrante o alguno de sus autorizados haya comparecido a este juzgado para recoger los edictos que se dejaron a su disposición, o bien, a manifestar la imposibilidad física, económica o de cualquier otro tipo que tuvieran para tal efecto. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal procedió de oficio a recabar las pruebas pertinentes a fin de corroborar si la parte quejosa tenía o no capacidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes ya ordenados en autos, esto a fin de ponderar si el pago éstos, deberían ser o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, pese a encontrase debidamente notificada, lo anterior atendiendo a que el presente juicio de amparo es de materia agraria. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no haber comparecido a recoger los edictos que se pusieron a su disposición para lograr el emplazamiento del multicitado tercero interesado, y que en diverso auto de catorce de febrero de los actuales, (atendiendo a que el presente juicio es de materia agraria) tal como lo dispone la jurisprudencia citada en líneas que anteceden, este juzgado federal procedió de oficio a recabar información para determinar si el pago de los edictos ordenados serían o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual se otorgó el termino de tres días a la parte quejosa para que manifestara su imposibilidad económica -en caso de que así fuera- para el pago de los edictos, sin que dicha parte realizara manifestación alguna. Motivo por el cual, toda vez que ya transcurrieron los veinte días que refiere el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, así como el plazo posterior de tres días otorgado en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, por tanto, es inconcuso que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del tercero interesado Secundino Pérez Romero, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No debe olvidarse que, finalmente, el ordenar el emplazamiento por edictos fue producto de que pese a las investigaciones realizadas no se conoció domicilio eficaz donde llevarlo a cabo y la parte quejosa mantuvo silencio en todos los requerimientos que se le hicieron para que proporcionara a este juzgado una dirección certera donde localizar al citado tercero interesado, y de igual forma en auto de catorce de febrero de los actuales, en el cual se le otorgo el término de tres días para manifestar su imposibilidad económica y demostrar la misma. (esto en virtud de que el presente juicio es de materia agraria y atendiendo a la jurisprudencia ya citada) Así, se advierte que la parte quejosa al no haber acreditado haber recogido los edictos para su publicación al día de hoy, y al no hacer manifestación alguna en torno a su imposibilidad económica para realizar la publicación de estos, lo que se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo, y al ser así, es inconcuso que debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la quejosa recoger, acreditar y haber entregado para su publicación los edictos que se le dejaron a su disposición, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; o en su caso hacer manifestación alguna en torno a la imposibilidad económica que pudiese tener para ello, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto, además porque así lo disponen expresamente las jurisprudencias que se citan a continuación, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito. La jurisprudencia en comento es la siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Con lo anterior, la suscrita no soslaya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 164074 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2010 Página: 416 EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior es así, ya que si bien se debe ponderar una vez que haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte disconforme haya acudido a manifestar imposibilidad alguna para pagarlos y/o publicarlos y menos aún haya acreditado en autos carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 2a./J.108/2010 transcrita, pues no cobraba aplicación ante la falta de la parte quejosa de expresar imposibilidad alguna. Incluso, ni la parte quejosa, ni alguno de sus autorizados manifestaron algún impedimento legal que hayan tenido para recogerlos o realizarlo, ni tampoco se atendió al requerimiento de catorce de febrero de los actuales, en el cual se le preció que manifestara su imposibilidad económica (si existía), esto a fin de que este juzgado federal ponderara que los edictos ordenados corrieran a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, realizara alguna manifestación que demostrara ante la suscrita un interés en la continuación de este juicio de amparo. Todo esto, a pesar de estar debidamente notificado de los autos de tres de enero de dos mil veintidós y del diverso de catorce de febrero de la presente anualidad, en los que se le hizo de su conocimiento el plazo y términos que se establecen para la publicación de edictos; y atendiendo a la naturaleza del presente juicio, se le requirió para que -de existir- manifestara su imposibilidad económica a fin de pondera la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que tampoco se desatiende la diversa jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." Lo anterior, en virtud de que se insiste, este Juzgado federal realizó todas las gestiones que se precisan en la citada jurisprudencia, tal y como se advierte de autos, sin que la parte quejosa atendiera a ningún requerimiento, o hiciera manifestación alguna, motivo por el cual, al no acreditarse la incapacidad económica y al no hacer ninguna manifestación en torno a ello, no existen indicios que confirmen su imposibilidad económica pues tal y como se cita en la jurisprudencia que antecede, "exclusivamente en este supuesto", se solicita al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado. En virtud de lo anterior, por la relatoría efectuada, y las constancias que obran en autos, tenemos que se debe ponderar ambos derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho de la quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el derecho que tiene la parte tercera interesada a intervenir en todas las etapas del juicio a fin de que subsista el acto reclamado y defender su derecho de reparación del daño. En consecuencia, en acatamiento a las jurisprudencias antes citadas y al dispositivo 63, fracción II de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, pues ante la omisión de la parte quejosa para recoger los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, y al no realizar manifestación alguna en torno a su imposibilidad económica según lo requerido en auto de catorce de febrero de la presente anualidad, provoca la falta de conocimiento del tercero interesado Secundino Pérez Romero, para que pueda defenderse en el presente asunto; siendo relevante su emplazamiento, pues tiene interés directo en que el acto subsista; y por tratarse del amparo indirecto sí estaría en posibilidad de ofertar pruebas con el objeto de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado por el impetrante, y siempre que no se opongan esas pruebas al artículo 75 de la Ley de Amparo. Por ello, se considera que existe imposibilidad para resolver de fondo el presente asunto, pues si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a los derechos de la multicitada parte tercera interesada, al no aplicar, por lo expuesto, ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere tales jurisprudencias. Además, se considera que con el sobreseimiento que se decreta en el presente juicio, no se irroga perjuicio al derecho de acceso a la justicia que establece el artículo 17 de la Carta Magna a favor del aquí quejoso, pues en principio el llamamiento a juicio a los terceros interesados es un presupuesto procesal establecido tanto en la jurisprudencia como en la Ley de Amparo. Aunado que hasta el momento, no se advierte que el quejoso tenga alguna imposibilidad que le haya impedido recoger los edictos para su publicación dentro del término establecido, y tampoco justificó el carecer de los recursos monetarios para efectuar la publicación del mismo, además que cuenta con autorizados para que le tramitaran el presente juicio de amparo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Por otro lado, si bien es cierto existe la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 161091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 84/2011 Página: 266 EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer a recogerlos o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera al quejoso el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estaría impedido para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de un juicio de amparo indirecto en materia agraria, lo que implica que el quejoso no está privado de su libertad. Ello es claro e inconcuso, pues como se advierte de autos la parte quejosa no manifestó ni mucho menor acreditó algún impedimento legal que haya tenido para realizarlo o algo que demuestre interés en la continuación de este juicio de amparo. Congruente con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución reclamado por el quejoso a las autoridades ejecutoras, al no haberse reclamado por vicios propios. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto por el inciso c), fracción I del artículo 81 de la ley de la materia, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia de le ley. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que no se ha emplazado al presente juicio a Secundino Pérez Romero, a quien le asiste el carácter de tercero interesado, y que en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se precisó que la parte quejosa no compareció a recoger (dentro del término de veinte días otorgado en proveído de tres de enero de la presente anualidad) los edictos que se dejaron a su disposición para emplazar al referido tercero interesado. Asimismo que en el citado auto de catorce de febrero de la presente anualidad, se proveyó atendiendo a la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." (lo subrayado es propio) Ahora bien, toda vez que este Juzgado Federal procedió de oficio a recabar las pruebas pertinentes a fin de corroborar si la parte quejosa tenía o no capacidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes ordenados en autos, pues en el multicitado auto de catorce de febrero de los actuales, se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir de que se encontrara debidamente notificado del mismo, y bajo protesta de decir verdad manifestara su incapacidad económica a fin de solventar el pago de éstos. Asimismo, se le precisó que en caso de manifestar su imposibilidad para sufragar los edictos, ésta debería comprobar su dicho, esto es, tendría que demostrar la incapacidad referida (precisar el por qué no tendría la solvencia económica para sufragar dicho pago). Lo anterior, con la finalidad de ponderar si el pago de los edictos ya ordenados en el presente juicio, deberán ser o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; sin que la parte quejosa hiciera manifestación alguna, sin que dicha parte hubiera realizado manifestación alguna, pese a encontrarse debidamente notificada del proveído de catorce de febrero de la presente anualidad, lo que se traduce a que no se ha dejado en estado de indefensión a dicha pate, pues como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, se ha excedido del termino otorgado sin que a la data hiciera si quiera alguna manifestación. Ahora bien, toda vez que el apercibimiento decretado fue que en caso de no realizar manifestación alguna, este Juzgado federal acordaría lo correspondiente, en tal virtud se provee: En el caso, se considera que se actualiza la causa directa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que prevé: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. [.] Dicho numeral establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso no acredite sin causa razonable haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, más aún, en el caso el impetrante del amparo omitió injustificadamente diligenciarlo Ahora bien, por su parte el artículo 27 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Dicho ordenamiento legal establece que la primera notificación a la parte tercera interesada deberá de ser personal, pero cuando no conste en autos el domicilio el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado, si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, asimismo de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercera interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. Máxime que, incluso el quejoso no compareció a recoger los edictos expedidos para tal efecto y ponderando las particularidades del caso, se desprende que el impetrante tampoco realizó manifestación alguna en torno a la existencia de alguna imposibilidad para cubrir un gasto de esta naturaleza, por lo que no se actualiza la hipótesis de que el Consejo de la Judicatura Federal, publique a su costa los edictos para emplazar al tercero interesado, por lo que no debe considerarse que se deja en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo, y su omisión de realizar manifestación alguna, se traduce a una falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto. Ahora bien, en el caso, para evidenciar la causa de sobreseimiento previsto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene hacer una relación de las gestiones que se desprenden de autos, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada Secundino Pérez Romero: En auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 5036/2021 proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 196/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Silverio Pérez Rodríguez, por propio derecho, en el que dicho juzgado federal declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, declinándola a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional, motivo por el cual en esa data, se radicó el presente juicio de amparo con el número 196/2021, empero el mismo, se previno a fin de que la parte quejosa aclarara su ocurso constitucional y manifestara si también era su deseo señalar como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio agrario número 62/2015 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 32, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. En auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, al no hacer manifestación alguna la parte quejosa, se admitió la demanda de amparo únicamente por cuanto hace al acto reclamado que el quejoso señaló en su ocurso constitucional, se dio intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, se fijó fecha de audiencia constitucional, se solicitaron los informes justificados correspondientes y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; esto es, Oliverio, Venancia, Silverio, Secundino, Yolanda, Maclovia, Ranulfo, Carolina y Teodosia; todos de apellidos Pérez Romero, mediante despacho. En proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se apersonaron al presente juicio los terceros interesados Silverio y Teodosia; ambos de apellidos Pérez Romero. En auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se apersonaron al presente juicio los terceros interesados Yolanda, Maclovia, Ranulfo, Carolina, Oliverio y Venancia; todos de apellidos Pérez Romero. En proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el despacho 310/2021 (616/2021) del Juez Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Papantla, Veracruz, mediante el cual devolvió parcialmente diligenciado el citado despacho, esto en virtud de la imposibilidad que manifestó el fedatario adscrito a dicho Juzgado, para emplazar al tercero interesado Secundino Pérez Romero; y toda vez que del informe justificado rendido por la responsable, se advirtió un domicilio en el cual podía ser localizado dicho tercero, se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, a fin de lograr el emplazamiento. En auto de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 23826/2021, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, a través del cual devolvió sin diligenciar el exhorto 433/2021 (882/2021), motivo por el cual se requirió a la parte quejosa para que señalara el domicilio actual y correcto de dicha parte. Ante el incumplimiento de lo anterior por parte del impetrante del amparo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se inició la investigación, de oficio, del domicilio del multicitado tercero interesado, girándose oficios al: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 3. Jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis del Registro Federal de Electores de la Quinta Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; 4. Jefe del Departamento de la Comisión Federal de Electricidad; 5. Comisión del Agua del Estado de Veracruz; 6. Teléfonos de México; 7. Director del Catastro Municipal; 8. Encargado del Registro Público de la Propiedad en la Séptima Zona Registral; 9. Encargado del Registro Civil; y 10. Jefa de Jurisdicción Sanitaria; todas con residencia en esta ciudad, así como al 11. Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "1" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, domiciliado en Xalapa de Enríquez, Veracruz; a fin de que informaran si en sus registros tenían algún domicilio a nombre del tercero interesado Secundino Pérez Romero. Fueron recibidos todos los oficios de las autoridades requeridas, algunos contestados en sentido negativo, e infructuosa la búsqueda en los domicilios proporcionados por éstas que contestaron en sentido afirmativo. Por ello, mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado Secundino Pérez Romero, auto que se notificó al quejoso por lista de acuerdos el cuatro de enero siguiente y sin que el impetrante o alguno de sus autorizados haya comparecido a este juzgado para recoger los edictos que se dejaron a su disposición, o bien, a manifestar la imposibilidad física, económica o de cualquier otro tipo que tuvieran para tal efecto. En auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal procedió de oficio a recabar las pruebas pertinentes a fin de corroborar si la parte quejosa tenía o no capacidad económica para sufragar el pago de los edictos correspondientes ya ordenados en autos, esto a fin de ponderar si el pago éstos, deberían ser o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, pese a encontrase debidamente notificada, lo anterior atendiendo a que el presente juicio de amparo es de materia agraria. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no haber comparecido a recoger los edictos que se pusieron a su disposición para lograr el emplazamiento del multicitado tercero interesado, y que en diverso auto de catorce de febrero de los actuales, (atendiendo a que el presente juicio es de materia agraria) tal como lo dispone la jurisprudencia citada en líneas que anteceden, este juzgado federal procedió de oficio a recabar información para determinar si el pago de los edictos ordenados serían o no a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual se otorgó el termino de tres días a la parte quejosa para que manifestara su imposibilidad económica -en caso de que así fuera- para el pago de los edictos, sin que dicha parte realizara manifestación alguna. Motivo por el cual, toda vez que ya transcurrieron los veinte días que refiere el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, así como el plazo posterior de tres días otorgado en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, por tanto, es inconcuso que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del tercero interesado Secundino Pérez Romero, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No debe olvidarse que, finalmente, el ordenar el emplazamiento por edictos fue producto de que pese a las investigaciones realizadas no se conoció domicilio eficaz donde llevarlo a cabo y la parte quejosa mantuvo silencio en todos los requerimientos que se le hicieron para que proporcionara a este juzgado una dirección certera donde localizar al citado tercero interesado, y de igual forma en auto de catorce de febrero de los actuales, en el cual se le otorgo el término de tres días para manifestar su imposibilidad económica y demostrar la misma. (esto en virtud de que el presente juicio es de materia agraria y atendiendo a la jurisprudencia ya citada) Así, se advierte que la parte quejosa al no haber acreditado haber recogido los edictos para su publicación al día de hoy, y al no hacer manifestación alguna en torno a su imposibilidad económica para realizar la publicación de estos, lo que se traduce en una falta de interés tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo, y al ser así, es inconcuso que debe sobreseerse el presente asunto. Esto debe ser así, pues, con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio de la parte tercera interesada, era obligación de la quejosa recoger, acreditar y haber entregado para su publicación los edictos que se le dejaron a su disposición, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; o en su caso hacer manifestación alguna en torno a la imposibilidad económica que pudiese tener para ello, y al no haberlo hecho así, es dable sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto, además porque así lo disponen expresamente las jurisprudencias que se citan a continuación, cuya aplicación resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito. La jurisprudencia en comento es la siguiente: "Época: Novena Época Registro: 186587 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 64/2002 Página: 211 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Con lo anterior, la suscrita no soslaya el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 164074 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2010 Página: 416 EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Lo anterior es así, ya que si bien se debe ponderar una vez que haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si la parte quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos; empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que la parte disconforme haya acudido a manifestar imposibilidad alguna para pagarlos y/o publicarlos y menos aún haya acreditado en autos carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 2a./J.108/2010 transcrita, pues no cobraba aplicación ante la falta de la parte quejosa de expresar imposibilidad alguna. Incluso, ni la parte quejosa, ni alguno de sus autorizados manifestaron algún impedimento legal que hayan tenido para recogerlos o realizarlo, ni tampoco se atendió al requerimiento de catorce de febrero de los actuales, en el cual se le preció que manifestara su imposibilidad económica (si existía), esto a fin de que este juzgado federal ponderara que los edictos ordenados corrieran a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, realizara alguna manifestación que demostrara ante la suscrita un interés en la continuación de este juicio de amparo. Todo esto, a pesar de estar debidamente notificado de los autos de tres de enero de dos mil veintidós y del diverso de catorce de febrero de la presente anualidad, en los que se le hizo de su conocimiento el plazo y términos que se establecen para la publicación de edictos; y atendiendo a la naturaleza del presente juicio, se le requirió para que -de existir- manifestara su imposibilidad económica a fin de pondera la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que tampoco se desatiende la diversa jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 174730 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Julio de 2006 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 91/2006 Página: 349 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso de que se requiera emplazar a un tercero perjudicado de quien se desconoce su domicilio, es necesario que el juzgador agote las siguientes etapas: requerir al quejoso para que lo proporcione; de no obtener dato cierto, requerir a las autoridades responsables para que lo señalen; en caso de no obtenerse, iniciar un procedimiento de investigación requiriendo a autoridades de cualquier índole que pudieran conocerlo, y si ello no arroja un resultado satisfactorio, deberá ordenarse el emplazamiento por medio de edictos a costa del promovente del juicio. Ahora bien, derivado de tal disposición, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, sostuvo que el incumplimiento del quejoso de recoger los edictos, pagar su publicación y exhibirla, da lugar al sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; sin embargo, este criterio no es aplicable en materia agraria, pues resulta evidente que si la regulación específica de la materia tiene como finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la clase campesina, ello implica la obligación del juzgador de considerar ciertos aspectos para la toma de decisiones; de manera que de presentarse los supuestos mencionados hasta ordenar el emplazamiento del tercero perjudicado a través de edictos a costa del quejoso con apercibimiento de aplicarle medidas de apremio en caso de no acatar tal decisión, y darse el caso de que el promovente comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existan indicios que confirmen tal situación, el juzgador debe, exclusivamente en este supuesto, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría a los sujetos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo en estado de indefensión." Lo anterior, en virtud de que se insiste, este Juzgado federal realizó todas las gestiones que se precisan en la citada jurisprudencia, tal y como se advierte de autos, sin que la parte quejosa atendiera a ningún requerimiento, o hiciera manifestación alguna, motivo por el cual, al no acreditarse la incapacidad económica y al no hacer ninguna manifestación en torno a ello, no existen indicios que confirmen su imposibilidad económica pues tal y como se cita en la jurisprudencia que antecede, "exclusivamente en este supuesto", se solicita al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto relacionado con la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado. En virtud de lo anterior, por la relatoría efectuada, y las constancias que obran en autos, tenemos que se debe ponderar ambos derechos subjetivos públicos que están en juego, pues por un lado se tiene el derecho de la quejosa de acceso a la justicia, y por el otro, el derecho que tiene la parte tercera interesada a intervenir en todas las etapas del juicio a fin de que subsista el acto reclamado y defender su derecho de reparación del daño. En consecuencia, en acatamiento a las jurisprudencias antes citadas y al dispositivo 63, fracción II de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el presente juicio de amparo, pues ante la omisión de la parte quejosa para recoger los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pusieron a su disposición, y al no realizar manifestación alguna en torno a su imposibilidad económica según lo requerido en auto de catorce de febrero de la presente anualidad, provoca la falta de conocimiento del tercero interesado Secundino Pérez Romero, para que pueda defenderse en el presente asunto; siendo relevante su emplazamiento, pues tiene interés directo en que el acto subsista; y por tratarse del amparo indirecto sí estaría en posibilidad de ofertar pruebas con el objeto de demostrar la constitucionalidad del acto reclamado por el impetrante, y siempre que no se opongan esas pruebas al artículo 75 de la Ley de Amparo. Por ello, se considera que existe imposibilidad para resolver de fondo el presente asunto, pues si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a los derechos de la multicitada parte tercera interesada, al no aplicar, por lo expuesto, ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere tales jurisprudencias. Además, se considera que con el sobreseimiento que se decreta en el presente juicio, no se irroga perjuicio al derecho de acceso a la justicia que establece el artículo 17 de la Carta Magna a favor del aquí quejoso, pues en principio el llamamiento a juicio a los terceros interesados es un presupuesto procesal establecido tanto en la jurisprudencia como en la Ley de Amparo. Aunado que hasta el momento, no se advierte que el quejoso tenga alguna imposibilidad que le haya impedido recoger los edictos para su publicación dentro del término establecido, y tampoco justificó el carecer de los recursos monetarios para efectuar la publicación del mismo, además que cuenta con autorizados para que le tramitaran el presente juicio de amparo, por lo que se considera que sí estuvo en posibilidad de cumplir la carga procesal que le correspondía y que era necesaria para poder proseguir esta instancia constitucional. Por otro lado, si bien es cierto existe la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 161091 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 84/2011 Página: 266 EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es preciso destacar que dicho criterio jurisprudencial emanó de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados y en materia de amparo directo; en la que se tomó en consideración, que en muchos de esos casos los quejosos ya se encontraban internos en el reclusorio y que por esas condiciones no podían comparecer a recogerlos o tener el dinero para pagar su publicación, en cuyo caso se dijo, debe manifestarlo ante el órgano jurisdiccional y éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera al quejoso el acceso a la justicia, máxime que tratándose de amparo directo estaría impedido para volver a promoverlo. Circunstancias que no coinciden con las del caso particular, pues aquí se trata de un juicio de amparo indirecto en materia agraria, lo que implica que el quejoso no está privado de su libertad. Ello es claro e inconcuso, pues como se advierte de autos la parte quejosa no manifestó ni mucho menor acreditó algún impedimento legal que haya tenido para realizarlo o algo que demuestre interés en la continuación de este juicio de amparo. Congruente con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia establecido en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución reclamado por el quejoso a las autoridades ejecutoras, al no haberse reclamado por vicios propios. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber; porque se encuentra previsto por el inciso c), fracción I del artículo 81 de la ley de la materia, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de amparo, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia de le ley. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa como está ordenado en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; personalmente a los terceros interesados Silverio, Teodosia, Yolanda, Maclovia, Ranulfo, Carolina, Oliverio y Venancia; todos de apellidos Pérez Romero; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal en la forma prevista en la Ley de Amparo; y por oficio a las autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha emplazado al tercero interesado Secundino Pérez Romero; máxime que, por auto de tres de enero del año en curso, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,372 expedientes
- Sheila Yamileth Segura Hernández292/2020
- Sheima Adali Morales Parra8/2023
- Shyrlen Yunuen Espinosa Márquez321/2023
- Silpa Espino Machuca38/2015
- Silverio Basilio González271/2018
- Silverio Ortega Hernández129/2021
- Silvestre Arenas Girón663/2018
- Silvestre Cárdenas Hernández599/2022
- Silvestre Ferral Ortega135/2017
- Silvestre González Blanco500/2019
- Silvestre Hernández Gabino80/2023
- Silvia Alejandra Posadas Becerril605/2022