Silvia Islas García

Expediente 667/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
667/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Silvia Islas García

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que la impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del doce al veintiséis de diciembre del dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6513/2022, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Islas García, por propio derecho, contra actos del Encargado del Despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa (Gabriel García Parra) , por violación a los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 667/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". El citado artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa señala como actos reclamados: "a) La imposición de la medida de seguridad consistente en "CLAUSURA TEMPORAL TOTAL DE TODA Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL LUGAR DONDE 'SE REALIZARON OBRAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ZONA. FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y/O TERRENOS GANADOS AL MAR Y/O AL ESTERO, UBICADA EN EL·LOCAL "LA FOCA DE ORO" EN LA LOCALIDAD. DE CASITAS MUNICIPIO DE TECOLUTLA, VER.", a .través del acuerdo de emplazamiento No. 220/22. b) La orden de clausura No. PFPA/36.3/2C.27.5/0001/2022, de fecha ocho de noviembre de dos mil veintidós. De la autoridad responsable ejecutora le reclamo: a) El acta de clausura No. PFPA/36.3/2C.27.5/0001-22, de fecha nueve de noviembre de dos mil veintidós." En el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El precepto transcrito consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el de definitividad, consistente en que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, esto es, contra los que ya no proceda recurso, juicio o medio de defensa alguno por el que puedan ser revocados, modificados o nulificados; ello, con las excepciones contempladas en el mismo numeral y que operan a tal carga procesal en tratándose de actos administrativos. Dicho principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que si existiendo dicho medio ordinario de impugnación el quejoso no lo interpone, el amparo deviene improcedente. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los promuevan, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Una vez que se ha señalado la razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, cabe destacar que además de los anteriores extremos, la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. En el caso, el acto que se combate es la orden de clausura en el local "la foca de oro" en la localidad de casitas municipio de Tecolutla, Veracruz, número PFPA/36.3/2C.27.5/0001/2022, de ocho de noviembre de dos mil veintidós y su ejecución; acto reclamado del cual, se considera que el juicio de amparo es improcedente, pues previo a acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto por el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz-Llave. El artículo antes citado establece: "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: (.) II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; (.)". Ahora bien, en relación a los actos administrativos, los artículos 2, fracciones I, IV y VI y 260, del Código antes citado, disponen: "Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: I. Acto administrativo: declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de la Administración Pública, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; (.) IV. Administración pública: Las dependencias, centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; (.) (.) VI. Autoridad: Los servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público que, con fundamento en la ley, realizan actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; (.)". "Artículo 260. Los interesados afectados por los actos o resoluciones definitivos de las autoridades, así como por los dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en este Código o intentar el juicio contencioso ante el Tribunal. El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido." De los numerales antes expuestos, se advierte que acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, externa, particular y ejecutiva, emanada de cualquier servidor público estatal o municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, reconocer, declarar, modificar o extinguir una situación jurídica concreta para la satisfacción del interés general; Bajo ese contexto, el acto que se reclama se encuentra comprendido dentro de los actos administrativos y por ende, puede ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo que establece el numeral 280 antes citado. De modo que, en observancia al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a la presentación de su demanda debió agotar en su caso, el juicio contencioso establecido por la ley que rige el acto; por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, sin que se esté en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 61 fracción XX citado, pues es factible la suspensión del acto reclamado mediante la interposición de citado juicio contencioso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Esto es así, pues basta con remitirse al contenido de los artículos 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, para verificar que tratándose del juicio contencioso administrativo, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, la cual debe resolverse en el término de veinticuatro horas y podrá otorgarse mientras no se haya dictado sentencia, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público ni se deje sin materia el juicio. Asimismo, dicha suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, o bien, dar efectos restitutorios, según sea el caso; además, establece el otorgamiento de una garantía que tiene por objeto reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Los artículos en cita, son del tenor siguiente: "Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda." "Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. [.] La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." "Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos." "Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. [.]" "Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor." "Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor." "Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." (Énfasis añadido) De esta manera, la medida cautelar prevista en el juicio contencioso administrativo no exige mayores requisitos ni mayor plazo para proveer sobre su procedencia que la Ley de Amparo; por lo que no se está en la hipótesis de excepción que señala el artículo 61 fracción XX de esta última. En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que impugna. Lo anterior, sin que pasen desapercibidas las tesis aisladas: "Época: Décima Época Registro: 2011857 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV Materia(s): Común, Administrativa Tesis: VII.1o.A.15 A (10a.) Página: 2938 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO NO ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE UN PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO SOLICITADA EN UN MOMENTO DIVERSO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el juicio de amparo procede contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que ésta fija para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para otorgar la provisional. En estas condiciones, si el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no señala específicamente un plazo para que el tribunal correspondiente se pronuncie respecto de la suspensión provisional del acto controvertido solicitada en un momento diverso a la presentación de la demanda del juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 y demás relativos de ese ordenamiento, con lo cual deja a las partes en estado de inseguridad jurídica y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de veinticuatro horas que al efecto indica la Ley de Amparo, es innecesario agotar dicho juicio antes de promover el amparo indirecto, al actualizarse una excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo." "Época: Décima Época Registro: 2011676 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Materia(s): Común, Administrativa Tesis: X.3 A (10a.) Página: 2808 JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ. ES INNECESARIO AGOTARLO, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL CÓDIGO LOCAL QUE LO REGULA SON MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece como excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo, que la suspensión de los actos reclamados conforme a la ley que los rija, no tenga los mismos alcances que los que prevé aquella ley reglamentaria; supuesto éste que se actualiza tratándose del juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues los alcances de la suspensión contenidos en sus numerales 305, 305 Bis y 306 son menores a los instituidos para el juicio constitucional, ya que se reducen a mantener las cosas en el estado que guardaban al momento de solicitarse, y aun cuando el citado código establece que se concederá la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, lo cierto es que limita ese beneficio a los casos en que se afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien para conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, mientras que la Ley de Amparo exige que sea jurídica y materialmente posible ese restablecimiento, por lo que la suspensión en el amparo, como medida cautelar, tiene mayores alcances, pues el Juez de Distrito interviene no con una actitud conservativa o paralizante, sino con la obligación de dictar todas las medidas necesarias y decretar, mediante imposición de obligaciones, todo lo conducente para colocar los derechos del quejoso en el estado que tenían antes de la presentación de la demanda." Ello, pues dichos criterios parten de la interpretación que se realizó de los requisitos que establecían los artículos 280, 305, 305 Bis y 306, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, vigentes en el año dos mil dieciséis; sin embargo, estos requisitos fueron modificados al reformarse los citados 305 y 305 bis, el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave. Así, como parte de la reforma, se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio; por tanto, no se consideran aplicables los criterios señalados en líneas precedentes. Máxime que se trata de criterios aislados, cuya aplicación no es obligatoria para este órgano jurisdiccional, como lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo. Asimismo, el propio Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, establece la procedencia del juicio contencioso administrativo, sin que sea necesario remitirse a reglamento alguno; incluso, no se trata de violaciones directas a la constitución pues no se impugna un acto legislativo. Así las cosas, se considera que antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual pudo ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama, sin que se encuentre en alguna de las hipótesis de excepción que establece el propio artículo 61 fracción XX de la ley de la materia. En razón de lo expuesto y con apoyo en los artículos 113, en relación con el 61, fracción XX de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizado de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Eduardo Hernández Montero, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Oficial "A", para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que la impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificada vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: Eduardohdzmontero. Se significa a la ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitada para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

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