Sigi Alfredo Gallardo Robles

Expediente 818/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
818/2015
Año
2015
Actuaciones
30
Última actuación
09/03/2016

Partes del expediente

  • Sigi Alfredo Gallardo Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la medida cautelar solicitada, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, agréguese únicamente como constancia el informe rendido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en virtud de que el presente juicio de amparo es un asunto totalmente concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego, según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral antes invocado del Acuerdo General Conjunto en cita, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la medida cautelar solicitada, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, agréguese únicamente como constancia el informe rendido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en virtud de que el presente juicio de amparo es un asunto totalmente concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2015-I, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de diciembre del año en curso ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Titular de la fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director de Ejecuciones y Medidas Judiciales, Jefe de Gobierno, Juez Vigésimo Tercero de lo Penal, Juez Segundo de Ejecuciones Penales, Director de Prevención y Reinserción Social, todas con sede en México, Distrito Federal, Gobernador del Estado, Fiscal General de Justicia en el Estado, Director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Gobierno Estatal, con sede en Chihuahua, Chihuahua, Director del Centro Estatal de Reinserción Social Número Tres, Fiscal General de Justicia del Estado Zona Norte, cuya denominación correcta es Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director de Ejecución de Penes y Medidas de Seguridad del gobierno Estatal, Director de Inteligencia del Centro de reinserción social Estatal número Tres, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comandante de Seguridad y vigilancia del Centro de Reinserción social Estatal número Tres, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte, Director de Operación Preventiva CIPOL y Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía federal ministerial en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quienes les reclamó la orden de traslado y su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de dos de diciembre pasado, se abrió el incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se celebró el nueve y veintinueve de diciembre de dos mil catorce, así como el trece y veintinueve de enero pasado por las autoridades que en su momento rindieron su informe previo, difiriéndose para esta fecha por la autoridad señalada en la audiencia, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. TERCERO.- Declaratoria de Inexistencia de autoridad. Por proveído de quince de los corrientes, por las razones asentadas en él, se tuvo por inexistente a las autoridades que el quejoso denominó como Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas judiciales y Director de Ejecuciones y Medidas Judiciales (foja 70); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Director de Prevención y Reinserción Social, con sede en México, Distrito Federal, pues si bien no rindió su informe previo, a pesar de que fue debidamente notificado, según constancia de notificación que existe en autos (foja 140); en el caso, dicha omisión no acarrea la presunción legal de certeza del acto que se le reclama, en atención a que, los Jueces Vigésimo Tercero Penal y Segundo de Ejecuciones Penales, ambos con sede en México, Distrito Federal negaron haber emitido la orden de aprehensión que se le reclama, pues no es factible que la autoridad omisa ejecute una orden inexistente, siendo procedente negar la suspensión definitiva con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó ******************** contra los actos y autoridad que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de febrero de dos mil dieciséis. Visto para resolver el juicio de amparo 818/2015-I-1, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de diciembre de dos mil quince, turnado a este Juzgado por razones de competencia en la propia fecha, *************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos reclamados al Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director de Ejecuciones y Medidas Judiciales, Jefe de Gobierno, Juez Vigésimo Tercero de lo Penal, Juez Segundo de Ejecuciones Penales, Director de Prevención y Reinserción Social, todas con sede en México, Distrito Federal, Gobernador del Estado, Fiscal General de Justicia en el Estado, Director de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Gobierno Estatal, con sede en Chihuahua, Chihuahua, Director del Centro Estatal de Reinserción Social Número Tres, Fiscal General de Justicia del Estado Zona Norte, cuya denominación correcta es Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Director de Ejecución de Penes y Medidas de Seguridad del Gobierno Estatal, Director de Inteligencia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comandante de Seguridad y Vigilancia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres cuya denominación correcta es Coordinador Operativo de Seguridad de Vigilancia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte, Director de Operación Preventiva CIPOL y Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quienes les reclamó la orden de traslado y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de diciembre de dos mil quince, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CUARTO. Declaratoria de Inexistencia de autoridad. Por proveído de cuatro y quince de diciembre pasado por las razones asentadas en él, se tuvo por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones Zona Norte, Director de Operación Preventiva CIPOL, Director de Ejecuciones y Medidas de Seguridad del Gobierno del Estado de Chihuahua, Titular de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y Director de Ejecuciones y Medidas Judiciales, con morada en México, Distrito Federal (fojas 32 y 52); y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo en vigor y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama en esencia: La orden de traslado y su ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. De igual forma es aplicable el diverso criterio emitido por la instancia antes citada, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Coordinadora de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Agente del Ministerio Público adscrita a Fiscalía, en ausencia del Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, Jefe de Sede en ausencia del Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado, el Director por sí y en representación del Coordinador Operativo de Seguridad de vigilancia del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Juez Segundo de Ejecución de Sanciones Penales, Juez Vigésimo Tercero Penal del Distrito Federal Director General de Servicios Legales en representación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en sustitución del Fiscal General y Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, al rendir sus informes manifestaron que no son ciertos los actos de que se duele el quejoso. Aunado a lo anterior, la parte quejosa, no aportó pruebas para desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria, que textualmente establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Negativa que se hace extensiva por las autoridades señaladas como Director de Prevención y Reinserción Social del distrito Federal y Director de Ejecuciones y Medidas de Seguridad del Gobierno del Estado de Chihuahua, pues si bien no rindieron su informe justificado, a pesar de que fueron debidamente notificados, según constancia que existe en autos (fojas 85 y 87); en el caso, dicha omisión no conlleva a presumir cierto los actos que se les endilgan, en los términos del párrafo tercero, del artículo 117 de la Ley de Amparo, en atención a que las autoridades ordenadoras Juez Vigésimo Tercero Penal y Juez Segundo de Ejecución Penales negaron haber emitido la orden de traslado que se les reclama y, por ende, no es factible que las autoridades omisas, ejecuten una orden inexistente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ***************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

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