Silveiro Rivas López
Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Silveiro Rivas López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se advierte que da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, pues informa los datos de localización e identificación de la víctima del delito de iniciales ******************** y de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, que lleva la causa penal que se sigue en contra del quejoso. Así, en términos del artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se les reconoce a ellos el carácter de terceros interesados en el presente juicio y se ordena la apertura de un cuadernillo de sigilo relativo a este asunto, en el que se glose el oficio de cuenta, con el objeto de mantener sus datos bajo secrecía, incluso en el expediente electrónico respectivo. Lo que antecede, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se requiere al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, a efecto de que, dentro del término de tres días, contado legalmente, proporcione el nombre del asesor jurídico de la víctima del delito, así como sus datos de localización, a efecto de notificarlo de este juicio. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el ordinal 26, dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, se comisiona a la Actuaria adscrita para que se constituya en el domicilio ubicado en calle ***, en esta ciudad, y una vez cerciorada de que es el correcto, emplace a juicio al tercero interesado ***, para lo cual deberá correrle traslado con copia simple de la demanda, entregarle copia simple del auto de admisión, para los efectos ahí descritos y hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que comparezca a este asunto, si a sus intereses conviene, lo que deberá realizar, preferentemente, por escrito. En cuanto al emplazamiento de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, con residencia en esta ciudad, envíesele oficio en el que se adjunte copia del escrito de demanda y del acuerdo de admisión. Lo que antecede, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada Yazmín Meraz Rivera, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/7294/2023 de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el artículo 142, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Informe justificado Luego, agréguese a los autos para que conste como corresponda el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Vista con disco Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Requerimiento sobre terceros interesados Ahora, ya que del informe justificado ni del disco enviado se desprenden los datos de localización de la víctima ni la adscripción del agente del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación relativa a la causa penal 2788/2023, del índice del Juzgado responsable, y toda vez que les asiste el carácter de terceros interesados en este asunto, se requiere al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, a efecto de que, dentro del término de tres días, contado legalmente, proporcione tales elementos a efecto de emplazarlos a juicio. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el ordinal 26, dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica; y por oficio al juez responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1040/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el seis de noviembre de dos mil veintitrés, y turnado al día siguiente a éste órgano jurisdiccional, , en su carácter de defensor particular de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Segundo. Tramitación del incidente. Por auto de ocho de noviembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; le fue solicitado su informe previo a la autoridad responsable; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por ende, se tiene como cierto. Tercero. Suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en audiencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 2788/2023, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad De México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. (.) Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2. La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares, de diez de octubre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 2788/2023. En principio, la defensa acotó que deseaba que se levantara la medida de prisión preventiva justificada y como segunda petición, que se impusiera al aquí quejoso, diversa medida. Luego de escuchar a la defensa, el Juez de Control responsable levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; enseguida, de conformidad con el artículo 154, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, abrió debate y cuestionó a la agente del Ministerio Público para que hiciera la sustentación que, previo, en esa audiencia, refirió que deseaba realizar respecto de la imposición de esa medida cautelar. La agente del Ministerio Público, solicitó, con fundamento en el artículo 19 Constitucional1, 153, 154, 155, fracción XIV, 168, fracción II, y 169, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en atención a los siguientes argumentos: Que el máximo de la pena que en el caso pudiera llegar a imponerse por el delito de que se trata, sin prejuzgar (homicidio calificado en grado de tentativa) pudiera influir en la voluntad del imputado para someterse por sí al proceso, y sustraerse. Que hay sustento para ello en la denuncia de la víctima, quien el quince de mayo del año en curso, hizo del conocimiento los hechos a la representación social, lo que coincidió con el dicho de dos testigos presenciales; quienes dijeron que, en apariencia, después de que el aquí quejoso acudió alcoholizado al domicilio de la víctima y haberlo lesionado con un arma de fuego, misma que se encasquilló y por esa razón no pudo seguir detonando, se dio a la fuga y que los testigos observaron el domicilio en el que entró para esconderse. Que ello revela la intención de huir del imputado, quien no tiene la intención de someterse al proceso. Que por ello, la pena que, sin prejuzgar, se impondría al imputado y éste al tener conciencia del delito que en apariencia cometió, pudiera influir en su ánimo para darse a la fuga. Que también hay peligro de obstaculización en la investigación, al poder influir en los testigos para tener un procedimiento reticente, pues al ser detenido el imputado no contaba ya con el arma y no fue localizada con posterioridad, por lo que, dijo, al recuperar esa arma podría amedrentar a aquéllos. Que no acreditó el imputado que el arma con que en apariencia cometió el ilícito, fuera legal. Que el imputado es vecino de la víctima y de los testigos, lo que implica riesgo para la vida e integridad de éstos, pues conoce dónde viven. Que de la evaluación de riesgo elaborada por la licenciada Laris Lourdes Aguad Aguilar, del Instituto de Servicios Previos al Juicio, se determinó que el imputado consume alcohol semanalmente y marihuana a diario. Por lo que, concluyó, que no hay otra manera de asegurar la presencia del imputado al proceso ni de evitar los riesgos ya mencionados. A lo anterior, luego de que el Juez responsable permitiera su intervención, la defensa, adujo: Que no existe riesgo de incomparecencia por parte del imputado, pues los datos que éste proporcionó a la licenciada Laris Lourdes Aguad Aguilar, del Instituto de Servicios Previos al Juicio, resultaron verídicos. Que los datos proporcionados sobre su domicilio y residencia habitual resultaron parcialmente consistentes respecto de las fuentes de verificación; que el bien donde vivía hasta antes de ser detenido, es de su propiedad, aunque nunca hizo el cambio relativo ante el Registro Público de la Propiedad, trámite que, adujo, se encontraba ya en curso. Que respecto de la obstaculización, que no hay datos que permitan suponerlo. Que no hay peligro contra la víctima y testigos, que la víctima ya acudió a darse por satisfecho con la reparación del daño y que no tenía inconveniente en que se optara por procedimiento abreviado en favor del imputado o incluso, en una reducción de la pena. Que el aquí quejoso tiene treinta años en su trabajo actual, que no viaja, que no tiene procesos penales anteriores, que no tiene pasaporte por lo que no puede salir del país y que ya cubrió el pago de la reparación del daño. Enseguida, el Juez responsable cuestionó a la agente del Ministerio Público sobre qué concluyó la experta en evaluación de riesgos, a lo que la representación social, puntualizó: Que la licenciada Laris Lourdes Aguad Aguilar, del Instituto de Servicios Previos al Juicio, concluyó tres cosas 1) en cuanto al peligro de la sustracción, riesgos detectados: consume alcohol semanalmente y marihuana a diario, cuenta con familiares fuera del Distrito Judicial Bravos, no tiene dependientes económicos en el Estado, residió veinticinco años en Durango y antes de ser detenido vivía solo; que el aquí quejoso tenía treinta años en su trabajo antes de ser detenido, que no tiene procesos penales anteriores y que no tiene pasaporte. 2) En cuanto a la obstaculización del desarrollo de la investigación, que tiene riesgo detectado pues tiene relación con el lugar de los hechos. 3) En cuanto a los riesgos para la víctima testigos o la comunidad, que existen dos riesgos detectados, que en la carpeta de investigación está determinado quién es la víctima y que conoce a la víctima, quien es su vecino. Luego, la defensa, únicamente acotó: Que deseaba que se tomara en cuenta que el resguardo en su propio domicilio puede ser una de las medidas cautelares a imponer. Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación: Que el artículo 176 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuál es la naturaleza y objeto de las medidas cautelares. Que el juzgador debía tener en cuenta la opinión y evaluación determinada por la unidad supervisora de medidas cautelares, es decir, la evaluación del riesgo del imputado. Que también debe tomarse en cuenta que la representación social sustentó su solicitud en el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, es decir, influir en los testigos; pero estimó que hasta ese momento ese riesgo no estaba actualizado, pues sus argumentos en ese sentido no fueron bastantes para dejar ver elementos objetivos que así lo revelaran. Que también lo sustentó en el comportamiento del imputado posterior al hecho, en términos del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales; al respecto, estimó que sí se actualizaba, pues dijo que como lo refirió la representación social, con los datos de prueba con lo que dio cuenta, se desprendió que se utilizó un arma de fuego para disparar contra la víctima y que no se continuó disparando por una falla en el instrumento bélico; que después de haber realizado esa acción, huyó del lugar de los hechos; lo cual, en términos de razonabilidad lo consideró como un dato objetivo de que existe voluntad de someterse al procedimiento. En cuanto al siguiente elemento que adujo la agente del Ministerio Público respecto a la existencia de riesgo para la víctima y para los testigos, consideró el Juez responsable que sí existe, porque es vecino de éstos y los conoce, además, que es asiduo a la ingesta de bebidas etílicas y drogas; lo que sustentó aquélla en los datos de prueba que refirió. Lo que se corroboró por la autoridad supervisora, quien al evaluar el riesgo que se dio a conocer; que estimó actualizados porque el hecho cometido con un arma de fuego disparado en contra de la víctima, quien es su vecino y que en apariencia derivó de su consumo de bebidas alcohólicas y de drogas, hasta ese momento no estaba desvirtuado de forma alguna. Que esa cercanía, de enfrentar el quejoso el proceso en libertad, podía implicar un riesgo de que se diera una nueva forma de agresión, que pudiera trastocar la integridad física o la vida de la víctima, en términos del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cual, acotó, así fue considerado por la licenciada Laris Lourdes Aguad Aguilar, del Instituto de Servicios Previos al Juicio. Que el hecho de que se haya efectuado el pago de la reparación del daño, no desvirtúa el riesgo que se puede generar para la víctima, derivado del contexto personal del aquí quejoso, así como su inclinación de consumo de sustancias tóxicas. Que el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que tratándose de imposición de medidas cautelares debe de prevalecer el principio de mínima intervención y en ese sentido, consideró que realizando una ponderación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada hecha valer por la representación social, la misma resulta adecuada, necesaria, idónea y proporcional para garantizar la integridad física y la propia existencia de la víctima, así como el alto riesgo de sustracción del imputado, pues derivado de esos factores, dijo, en términos de razonabilidad, que pudiera sustraerse de la acción de la justicia, máxime que no es originario de esta ciudad y tiene familiares en otros lugares. Respecto a lo que dijo la defensa, en cuanto a que el aquí quejoso es propietario del inmueble donde radicaba antes de su detención, dijo que eso no había sido acreditado, pues el propio defensor dijo que estaba en trámite que el citado bien se pudiera a nombre del imputado. Por esas razones, impuso la medida de prisión preventiva justificada, por todo el tiempo que dure el proceso, no pudiendo exceder de un año (diez de octubre de dos mil veinticuatro). Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de diez de octubre de dos mil veintidós, se refirió que en la causa penal 2788/2023, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan hechos considerados por la ley como delito (homicidio calificado en grado de tentativa); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de asegurar la presencia del imputado en el proceso (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la medida cautelar de prisión preventiva justificada que impuso el Juez de Control responsable al aquí quejoso, como asentó bien el Juez responsable, el imputado no solo conoce a la víctima y a los testigos, quienes se encuentran identificados en la carpeta de investigación, sino que conoce su domicilio, pues es vecino de ellos; lo que implica, un riesgo para tales personas, más, ante la tendencia que se destacó, tiene el aquí quejoso, de consumir bebidas alcohólicas y drogas. Así, como lo puntualizó el Juez responsable, de dejar en libertad al aquí quejoso -al optar por la imposición de diversa medida cautelar- la víctima y los testigos estarían en riesgo latente de ser agredidos por el aquí directo quejoso, quien, se insiste, suele consumir bebidas etílicas y drogas, ante el influjo de las cuales, podría atentar contra la integridad o vida de aquéllos. Pero además, como lo expuso el Juez de Control responsable, existe riesgo de sustracción por parte del imputado, debido a que no es originario de esta ciudad, no se encuentra acreditado hasta este momento que resida en esta localidad y tiene familiares fuera de la misma. Además, no tiene dependientes económicos en el Estado de Chihuahua y se dijo que vivía solo, por lo que no está acreditado vínculo alguno que lo sostenga en esta ciudad. Asimismo, el Juez de Control responsable señaló que esa falta de arraigo, implica la facilidad que tendría, en su caso, para extraerse de la acción de la Justicia; por lo que, efectivamente, es la privación de su libertad justificada, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, precisamente la medida cautelar que va a garantizar la obtención de los fines legítimos que se persiguen, a saber, que siga presente en el procedimiento y no impida su desarrollo, así como que no eluda la acción de la Justicia. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, y al realizar tal ejercicio, se advierte que no existe medida diversa que resulte más idónea o proporcional, por las razones que han sido asentadas. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, resultando de mayor relevancia éste último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva a ********************, por las razones señaladas en el último considerando de esta resolución incidental. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
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