Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Expediente 391/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
391/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • Servicios Educativos del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA: V I S T O S; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Licenciada *******, Apoderada Legal de *******, por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que siguen: ".III. Autoridad responsable: --- Lo es la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Avenida Eje Vial Juan Gabriel Núm. 2160 Colonia Reforma, en esta Ciudad Juárez Chihuahua" ".IV. Acto reclamado. --- Lo Constituye la Resolución Interlocutoria dictada el 30 de marzo de 2017, por la Responsable en el expediente ******* relativo al reclamo presentado por ******* en contra de *******, en los siguientes términos: "LA JUNTA ACUERDA: La Junta acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones de las partes para los efectos legales a que haya lugar, se tienen a la actora incidentista demanda en el principal ratificando su escrito de incidente de competencia así como ratificando y ofreciendo las pruebas que en dicho escrito exhibe, así como las pruebas aportadas de manera verbal en la presente audiencia, las cuales se mandan agregar a los autos para que obren como legalmente correspondan y alegando lo que a su interés corresponde. Se tiene al demandado incidentista, actor en lo principal dando contestación a la incidencia planteada por su contraria así como ofreciendo las pruebas y alegando respecto a la incidencia, en los términos que hace valer de manera verbal en esta audiencia es por lo que habiendo quedado planteada la Litis en los términos expuestos en cuerpo de la presente audiencia, se tiene que como punto toral de la incidencia que nos ocupa lo es el promovente demandado en el principal se adolece de la falta de competencia de la Junta Especial No. 3 de la Local de Conciciliación y Arbitraje, para conocer del presente asunto en virtud de que manifiesta su representada es un Organismo Público Descentralizado creado por acuerdo No. 31 del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, publicado en el periódico oficial del Gobierno del estado de Chihuahua el 20 de mayo de 1992, el cual inicio si vigencia el 21 de mayo de 1992. Por su parte del demandado incidentista manifiesta que es improcedente el incidente planteado por la parte contraria y deberá declararse improcedente el incidente toda vez que argumenta que las controversias que se someten a cualquier órgano jurisdiccional las partes están obligadas a observar en forma conjunta tanto el derecho sustantivo como el derecho procesal debiendo observar el Tribunal si procesalmente es factible lo que solicitan las partes en este asunto, lo cual sería el incidente que plantea la parte actora incidentista agregando además que procesalmente la parte incidentista ya no estaba en aptitud de promover el incidente pues se actualizó el principio de preclusión el cual rige el procedimiento laboral y que las diversas etapas del proceso se deben desarrollar en forma sucesiva impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, sigue manifestando que en el presente asunto a la demandada ya se le paso el derecho a plantear la incidencia cuando concluyo el periodo de demanda y excepciones, ya que dice que además así lo establece el artículo 703 de la Ley federal del Trabajo y que el presente asuntos se encuentra ya en una etapa diversa y posterior que es el desahogo de pruebas habiendo incluso ya desahogado algunas probanzas por las partes por lo cual sigue manifestando debe declararse se (sic) improcedente el presente incidente en virtud de su promoción extemporánea, por lo que a consideración de quien resuelve la incidencia que nos ocupa, deviene de su naturaleza improcedente pues el presente sumario se encuentra debidamente tramitado ya que como se puede desprender de los autos el presente juicio se encuentra ya en la etapa de desahogo de pruebas y el artículo 701 de la Ley Federal de Trabajo es muy claro en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio debemos declararnos incompetentes en cualquier estado de proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, así mismo el diverso artículo 703 de la Ley de la Materia DISPONE QUE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TRABAJO sólo pueden promoverse por declinatoria y que la declinatoria deberá de oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; y que en ese momento, las Junta después de oír a las partes y recibir a las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a las cuestiones de incompetencia, dictará en el acto la resolución. Circunstancia que en presente asunto ya sucedió y por lo tanto el presente juicio no se encuentra en términos y/o etapa para declararse incompetente y la parte demandada tampoco se encuentra en la etapa que dispone el diverso numeral 703 de la Ley Federal del Trabajo. Y dado lo anteriormente asentado es que estima declarar IMPROCEDENTE el incidente de competencia, por lo que continúese el presente procedimiento en la etapa procesal correspondiente y por lo que gírese exhorto (.) Quedando notificadas las partes comparecientes por conducto de sus apoderados legales. Con lo que terminó la presente firmando los que en ella intervinieron, al calce los integrantes de la Junta Especial No. 3, en términos de lo establecido por el Artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, por ante el C. Secretario de Acuerdos con quien se actúa y da fe." SEGUNDO. En la propia demanda la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se vulneraron son los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de amparo se turnó a este juzgado Federal. Mediante auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete se previno a la parte quejosa para que manifestara bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvieran de fundamento a los conceptos de violación, situación que aconteció y mediante auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, fue admitida en sus términos y se formó el expediente respectivo, registrándose con el *******, por lo cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se pidió el informe con justificación, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. CUARTO. Seguido que fue el juicio por las fases procesales correspondientes, el veintisiete de junio de dos mil diecisiete tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción XVII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, pues, aparte de que los actos reclamados en este juicio incumben a un juez de Distrito, tienen ejecución en el lugar donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa es la resolución interlocutoria dictada el treinta de marzo de dos mil diecisiete por la responsable en el expediente laboral *******. Luego, al no colegirse algún otro acto reclamado por la parte impetrante, lo procedente es examinar la existencia del que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. TERCERO. La existencia del acto reclamado por la hoy parte quejosa quedó plenamente demostrado en el juicio que nos ocupa. En efecto, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable en este juicio, porque al rendir el informe justificado reconoció expresamente su existencia, lo cual, sin duda, es una confesión con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en los términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia. Al respecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, se cita la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Improcedencia. El suscrito no advierte, oficiosamente, una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, ni alguna invocada por las partes, por lo cual lo conducente es ocuparse de la procedencia de esta vía. Procedencia. A criterio de este juzgador el juicio de amparo es procedente contra el acto reclamado en esta vía, pues la parte impetrante acude a solicitar su amparo y protección pues se adolece de la resolución dictada en el incidente de competencia que se planteó en el juicio de origen y que no pone fin al litigio, con lo cual opera el supuesto legal establecido en el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, en relación con lo cual, por cierto, opera una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, Agosto de 2015. Tesis: P./J. 17/2015. Página: 5.)" COMPETENCIA. CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE PLANTEADO EN EL JUICIO LABORAL, SIN ULTERIOR RECURSO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, contra la resolución interlocutoria que declara improcedente el incidente de competencia planteado por la demandada en el juicio laboral, sin ulterior recurso, procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que esa determinación tiene por efecto que la quejosa continúe su litigio ante un tribunal que considera legalmente incompetente, por lo que el análisis de ese acto debe realizarse de inmediato en la vía constitucional indirecta, en tanto que podría violar los principios en que se sustenta el derecho de acceso a la impartición de justicia tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna; lo anterior es así, porque si bien la ley de la materia prevé expresamente la procedencia del amparo en la vía indirecta cuando la autoridad responsable se inhibe del conocimiento del asunto así como en el supuesto en el que declara fundada la excepción de competencia por declinatoria, sin hacer alusión expresa respecto de la resolución que declara improcedente el incidente de competencia, las mismas razones jurídicas que imperan en tales hipótesis cobran vigencia tratándose de ésta. De ahí que la resolución que declara improcedente el incidente de competencia planteado por la demandada en el juicio laboral, sin ulterior recurso, debe analizarse de inmediato a través del amparo indirecto. (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, Noviembre de 2015. Tesis: VII.1º.T.2 K (10a.) Página: 3451.) Bien. Ahora que quedó superada la procedencia del juicio de amparo, lo conducente es examinar la constitucionalidad del acto, sin duda, a la luz de los conceptos de violación relativos, respecto de los que, por cierto, no opera la suplencia de la queja deficiente en los términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia mil cuatrocientos treinta y cuatro, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil seiscientos doce del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección, que es del tenor siguiente: SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora. QUINTO. El concepto de violación obra de la foja doce a la veinte del juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. El concepto de violación resulta inoperante. La inoperancia del único concepto de violación deriva de que la parte impetrante se concreta a efectuar meras afirmaciones sin sustento jurídico, pues omite exponer las razones y motivos por los cuales a su parecer, fue incorrecto que la junta atendiera la extemporalidad de la solicitud de inhibirse y que declarara improcedente el incidente de competencia. Al respecto, cabe destacar que a la parte quejosa le atañe probar la inconstitucionalidad del acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, a través de los conceptos de violación relativos, en términos del artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, lo cual se cumple cuando se expresan los motivos que evidencian, precisamente, la inconstitucionalidad del acto, lo que no acontece en el caso. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en la que sostuvo que para que proceda el estudio de los conceptos de violación basta con que en ellos se exprese la causa de pedir. Sin embargo, también resolvió que lo anterior de manera alguna implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin exponer, razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Por su aplicación, cabe invocarse las tesis de jurisprudencia sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1339. Página: 1501.) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón." (Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1332. Página: 1496.) En ese orden de ideas, la Junta en la resolución que se impugna expuso que el incidente de competencia era improcedente, porque su promoción fue extemporánea, ya que el sumario se encontraba debidamente tramitado, pues se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas y el artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo es claro en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deben declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas y el diverso 703 de dicha ley dispone que las cuestiones de competencia en materia de trabajo sólo pueden promoverse por declinatoria y que la declinatoria deberá de oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones, en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde y que en ese momento, las juntas después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, dictará la resolución, pero que dicha circunstancia no sucedió en el caso, porque el juicio laboral no se encuentra en el término y/o etapa para declararse incompetente y la parte demandada tampoco se encuentra en la etapa que dispone el numeral 703 de la Ley Laboral. Ahora, si contra tales argumentos la parte quejosa en sus conceptos de violación se concreta a efectuar meras afirmaciones sin sustento jurídico, pues omite exponer las razones y motivos por los cuales a su parecer, fue incorrecto que la Junta responsable declarara improcedente el incidente de competencia por extemporáneo, y emite razonamientos de fondo tendientes a evidenciar la incompetencia de la Junta responsable para conocer del juicio laboral En tal tesitura, lo procedente en este caso es desestimar, por inoperantes, los conceptos de violación de que se habla, porque la parte impetrante no expuso los motivos que revelan los vicios de legalidad que le atribuye al acto reclamado en este juicio, pese a que tiene la carga procesal de hacerlo en los términos del artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En fin, al resultar inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa y no operar la suplencia de la queja deficiente, en los términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente en este negocio es negar la protección constitucional demandada en este juicio, en cuanto a la resolución emitida dentro del incidente de competencia obrante en el juicio laboral, atento a que la propia parte impetrante basa su pretensión en que la autoridad responsable debe declinar su competencia a organismos creados para conflictos entre descentralizados y sus trabajadores, pero en ningún momento combate el punto toral de la resolución de la autoridad responsable, que es justamente la temporalidad en la solicitud del incidente de competencia que planteó la parte actora. Por todo lo expuesto y fundado se llega a la siguiente: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, en contra de la autoridad y acto indicado en el considerando segundo de esta ejecutoria. Notifíquese Personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la que suscribe, Secretaria Encargada del Despacho por licencia del titular, no está facultada para fallar en definitiva el presente asunto, según lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en lo que aquí interesa, establece: Artículo 43. Cuando un juez de distrito falte por un término menor a quince días al despacho del juzgado, el secretario respectivo practicará las diligencias y dictará las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. (.) Por tanto, se difiere la audiencia que habría de celebrarse en esta fecha y se señalan las diez horas con diez minutos del veintisiete de junio de dos mil diecisiete, para su verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.*lh

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*eam

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