Sidi Mohamed Sidi Mohamed

Expediente 398/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
398/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Salimou Edahi
  • Sidi Mohamed Sidi Mohamed

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de seis de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal, al haberse desechado de plano el juicio de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve David Abraham López Lucas, en representación de Sidi Mohamed, Mohamed Lemin Enehah, Salimou Edahi, Youssouf Chiaa y Ahmed Salem Jiddou, contra actos del Encargado de Oficina de la Estación Migratoria en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 398/2023-B. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el motivo de improcedencia aludido se actualiza toda vez de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo 397/2023-A promovida por Marco Antonio Rodríguez Sánchez, en representación de Jiddou Ahmed Salem, Chia Youssouf, Edahi Salimou, Sidi Mohamed y Enehah Mohamed Lemi, fue presentada a la una con cincuenta y seis minutos del seis de abril de dos mil veintitrés; en la cual se señalaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a.- Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja california, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA b.- Director y/o titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Tijuana de Baja california en su CARÁCTER DE EJECUTORAS. 4.- ACTOS RECLAMADOS: I.- LA POSIBLE ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O RETORNO ASISTIDO, DE LOS HOY QUEJOSOS: Pues esta defensa sabe, que la Autoridad migratoria, desde el día de 4 de abril están violando los derechos humanos, hace firmar devoluciones asistidas a las personas migrantes sin explicarles los alcances de dicha petición, con la promesa que si firman serán liberados al llegar ya sea a la ciudad de México, Villahermosa, Tabasco. POR LO CUAL SOLICITO QUE NO SEAN TRASLADASDAS A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA, debiéndose ordenar se mantengan en la estación migratoria de Mexicali. A si mismo, objeto por lo cual objeto de falso cualquier petición de devolución asistida, que hayan firmado los quejosos. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras a, b." Asimismo, de la demanda que se atiende, la cual fue presentada a las ocho horas con cuatro minutos del seis de abril de dos mil veintitrés mediante el sistema integral de seguimiento de expedientes, radicada bajo número de expediente 398/2023-B, en la cual se señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Encargado de oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California y subalternos con domicilio ubicado en Calle Diamante s/n, Fracc. La Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, C.P. 22640 Tijuana, Baja California. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - 1.- La Privación de la libertad; 2.- fijación de Garantía económica; 3.- Traslado a diversa entidad federativa; 4.- Deportación o Expulsión; 6.- Incomunicación. Por tanto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que, como quedó evidenciado, los actos aquí reclamados consistentes en la orden de deportación, expulsión o repatriación; Incomunicación, restricción a la libertad de tránsito, arbitraria detención en contra de los quejosos Jiddou Ahmed Salem, Chia Youssouf, Edahi Salimou, Sidi Mohamed y Enehah Mohamed Lemi, es materia del diverso juicio de amparo 397/2023-A del índice de este órgano jurisdiccional, promovido a favor de los mismos quejosos, en contra de la misma autoridad responsable; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto. Ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, así como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 397/2023-A, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Notificación. En ese contexto, dado que la presente demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica del promovente, no ha lugar acordar de conformidad el domicilio que indica; por tanto, notifíquese el presente proveído por medio de lista. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista al promovente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL AL PROMOVENTE MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DICTADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve David Abraham López Lucas, en representación de Sidi Mohamed, Mohamed Lemin Enehah, Salimou Edahi, Youssouf Chiaa y Ahmed Salem Jiddou, contra actos del Encargado de Oficina de la Estación Migratoria en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 398/2023-B. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En efecto, el motivo de improcedencia aludido se actualiza toda vez de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo 397/2023-A promovida por Marco Antonio Rodríguez Sánchez, en representación de Jiddou Ahmed Salem, Chia Youssouf, Edahi Salimou, Sidi Mohamed y Enehah Mohamed Lemi, fue presentada a la una con cincuenta y seis minutos del seis de abril de dos mil veintitrés; en la cual se señalaron como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a.- Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja california, EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA b.- Director y/o titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad Tijuana de Baja california en su CARÁCTER DE EJECUTORAS. 4.- ACTOS RECLAMADOS: I.- LA POSIBLE ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O RETORNO ASISTIDO, DE LOS HOY QUEJOSOS: Pues esta defensa sabe, que la Autoridad migratoria, desde el día de 4 de abril están violando los derechos humanos, hace firmar devoluciones asistidas a las personas migrantes sin explicarles los alcances de dicha petición, con la promesa que si firman serán liberados al llegar ya sea a la ciudad de México, Villahermosa, Tabasco. POR LO CUAL SOLICITO QUE NO SEAN TRASLADASDAS A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA, debiéndose ordenar se mantengan en la estación migratoria de Mexicali. A si mismo, objeto por lo cual objeto de falso cualquier petición de devolución asistida, que hayan firmado los quejosos. Acto que se atribuye en su calidad de ejecutora a las autoridades marcadas con las letras a, b." Asimismo, de la demanda que se atiende, la cual fue presentada a las ocho horas con cuatro minutos del seis de abril de dos mil veintitrés mediante el sistema integral de seguimiento de expedientes, radicada bajo número de expediente 398/2023-B, en la cual se señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. Encargado de oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana Baja California y subalternos con domicilio ubicado en Calle Diamante s/n, Fracc. La Esmeralda, Delegación San Antonio de los Buenos, C.P. 22640 Tijuana, Baja California. IV.- ACTOS RECLAMADOS. - 1.- La Privación de la libertad; 2.- fijación de Garantía económica; 3.- Traslado a diversa entidad federativa; 4.- Deportación o Expulsión; 6.- Incomunicación. Por tanto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que, como quedó evidenciado, los actos aquí reclamados consistentes en la orden de deportación, expulsión o repatriación; Incomunicación, restricción a la libertad de tránsito, arbitraria detención en contra de los quejosos Jiddou Ahmed Salem, Chia Youssouf, Edahi Salimou, Sidi Mohamed y Enehah Mohamed Lemi, es materia del diverso juicio de amparo 397/2023-A del índice de este órgano jurisdiccional, promovido a favor de los mismos quejosos, en contra de la misma autoridad responsable; por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto que se pretende reclamar en el presente asunto. Ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, así como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 397/2023-A, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Notificación. En ese contexto, dado que la presente demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin firma electrónica del promovente, no ha lugar acordar de conformidad el domicilio que indica; por tanto, notifíquese el presente proveído por medio de lista. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Notifíquese y por lista al promovente.

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