Silvano Antonio Gutierrez

Expediente 605/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
605/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Silvano Antonio Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el promovente del presente juicio de amparo fue debidamente notificado del auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, toda vez que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de referencia, en el que se tuvo desechada la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    a las nueve horas del veintitres de agosto de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictados en los autos del juicio de amparo 605/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Silvano Antonio Gutiérrez, contra actos de la Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 605/2022-A. Desechamiento de demanda. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, que señala: En ese orden, la lectura íntegra a la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado consiste en la determinación dictada en veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 4578/2021, en que se negó al quejoso la solicitud de ampliación del plazo de investigación complementaria por el término de dos meses, planteada por su Defensor particular y como consecuencia de ello la apertura a juicio oral en el aludido expediente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior así se estima, en virtud de que son actos intraprocesales cuya ejecución no es de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se tratan de derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, mismos que dada la etapa en que fueron emitidos en el juicio penal de origen, concretamente antes de la audiencia intermedia, no son susceptibles de reclamarse en el juicio de amparo indirecto, debido a que en ese momento las violaciones formales o intraprocesales no trascienden en su perjuicio, sino hasta que se toman las decisiones definitivas en esa fase del procedimiento, concretamente al celebrarse la audiencia intermedia y dictarse el auto de apertura de juicio. Los artículos previamente citados de la causa de improcedencia del juicio constitucional disponen lo siguiente: Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que materialmente afecten derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes III. Cuando reclamen de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan De los preceptos jurídicos transcritos puede colegirse que los actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, son aquellos que transgreden los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Entonces, con base en estas disposiciones se afirma que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos considerados como de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que, tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que estos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos puramente sustantivos. Es decir, se plasmó que las consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Razonamientos jurídicos que derivan de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente Por tanto, los actos de naturaleza procesal, por regla general, no son impugnables en amparo indirecto, porque no suponen afectación cierta, directa e irreparable a los derechos sustantivos del gobernado, en la medida en que la violación de esos derechos adjetivos pueda ser subsanada si éste obtiene resolución favorable en sus intereses, y en caso contrario, tales irregularidades pueden combatirse por conducto del juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución que ponga fin al juicio. Así las cosas, en la especie el acto reclamado es la determinación dictada en veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 4578/2021, en que se negó al quejoso la solicitud de ampliación del plazo de investigación complementaria por el término de dos meses, planteada por su Defensor particular y como consecuencia de ello la apertura a juicio oral en el aludido expediente. Luego, es dable advertir que el acto reclamado es de naturaleza meramente procesal, en tanto que sólo se negó la ampliación del plazo de la investigación complementaria; situación que de ningún modo produce afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, esto es, la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, por citar algunos, pues no se le impidió el libre ejercicio de estos derechos en forma presente. Aunado de que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad la parte quejosa refirió que -por lo menos- la solicitud de ampliación de dicho término se le había otorgado en dos ocasiones. Esto es, independientemente de que la violación procesal pueda o no causar algún perjuicio, la Ley de Amparo señala que el amparo indirecto sólo procederá cuando se reclamen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por tales actos deberá entenderse, únicamente, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego entonces, solamente los actos que se susciten durante la etapa intermedia en el procedimiento penal serán impugnables en el amparo indirecto, cuando causen afectación material a un derecho sustantivo, por lo cual, para estos fines quedan totalmente excluidos los actos procesales, aun cuando causen una afectación en grado predominante o superior. En la especie, cobran aplicación los siguientes criterios: Tesis IV.1o.P27 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Octubre de 2019, con número de registro 2020733; que refiere Tesis XVII. 1o.P.A.63 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Julio de 2018, con número de registro 2017381; de rubro y texto Tesis XVII. 1o.P.A.37 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Octubre de 2016, con número de registro 2012837; que expone Tesis I.4o.P.35 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del tenor literal siguiente Ahora, ello no significa que las violaciones procesales cometidas en la etapa intermedia dentro del procedimiento penal necesariamente tengan que combatirse hasta el juicio de amparo directo, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 10a.), de rubro: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL", resolvió que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio oral, lo que significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, ya que, de lo contrario, por regla general se entenderá que agotaron su derecho para inconformarse. Lo anterior es así, porque de conformidad con los artículos 212, 213, 321, 322, 323, 334, 347 y 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se infiere que el procedimiento penal acusatorio se conforma de distintas etapas investigación (investigación inicial e investigación complementaria intermedia y juicio. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Por su parte, la etapa intermedia o de preparación del juicio comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Esta etapa tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. La etapa intermedia culmina con el dictado del auto de apertura de juicio. Finalmente, la etapa de juicio empieza con la recepción del auto de apertura y termina con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso, se realiza sobre la base de la acusación y se debe asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Así, dentro del sistema acusatorio el procedimiento penal se compone de distintas etapas, cada una con sus objetivos propios y distintos a los demás. La investigación tiene por objeto reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos; la etapa intermedia tiene por finalidad el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos, y por último, el juicio tiene como propósito decidir acerca de la existencia o no de un delito y, en su caso, respecto a la responsabilidad o no del acusado en su comisión. El inicio de la etapa intermedia da por cerrada definitivamente la investigación, mientras que con el comienzo del periodo de juicio se clausura automáticamente la etapa intermedia. Lo que significa que las cuestiones controvertidas en cada una de las etapas procesales deben quedar definitivamente resueltas antes de que comience la siguiente del procedimiento, de otro modo se trastocaría el curso regular del proceso. De ahí que no pueda sostenerse que las cuestiones debatidas en la etapa intermedia puedan ser objeto de análisis en el juicio de amparo directo, pues todo lo debatido en aquella fase debe quedar definitivamente resuelto antes de que inicie el juicio. De esa manera, en el juicio de amparo directo sólo se analiza lo acontecido en la audiencia de juicio, donde podría actualizarse alguna violación procesal, pero de modo alguno lo sucedido en la etapa intermedia. Por tanto, la lógica del procedimiento penal acusatorio nos indica que todo lo debatido en la etapa intermedia debe quedar definitivamente resuelto antes de que inicie el juicio; asimismo, que mediante el juicio de amparo directo de modo alguno podrían analizarse cuestiones acontecidas en la etapa intermedia, sino sólo lo relativo a la etapa de juicio. Entonces, es a través del juicio de amparo indirecto que pueden combatirse las violaciones procesales ocurridas durante la etapa intermedia, pero después de celebrada la audiencia respectiva, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, si es que las violaciones procesales trascendieron en su perjuicio en la decisión de esa fase del procedimiento. Es así, debido a que de conformidad con el artículo 347, fracciones III, V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales, es en el auto de apertura de juicio oral en que el Juez de Control definirá cuál será la acusación que deberá ser objeto del juicio, las correcciones formales que se hubieren realizado respecto de la misma, y los hechos materia de esa acusación, así como los medios de prueba admitidos que se desahogarán en la audiencia de juicio; por tanto, si las violaciones procesales que reclama la quejosa en este juicio biinstancial estriban en la negativa de ampliar el plazo de la investigación complementaria lo que aduce le impide allegarse de medios probatorios para sostener su defensa, será en aquél auto (apertura de juicio oral) cuando trascenderán dichas violaciones procesales al estar relacionadas con el desahogo de pruebas y la formulación de la acusación. En ese sentido, será ese es el momento procesal oportuno para reclamarlo, debido a que no podrá impugnar con posterioridad esas violaciones procesales en ningún momento y bajo ningún motivo, inclusive al fallarse el juicio en forma definitiva. Situación que imprime a esa determinación final de la fase intermedia (auto de apertura de juicio oral) una afectación de imposible reparación, al cobrar lo actuado en esa etapa definitividad, en tanto que lo acontecido en ella no podrá ser analizado en la etapa de juicio oral; lo cual afectaría hasta ese momento el derecho fundamental de defensa del quejoso de un modo irreparable, al no haber posibilidad de que tales violaciones puedan subsanarse en el amparo directo que en su momento se promueva contra la sentencia definitiva. De ahí que el derecho de impugnar las violaciones ocurridas en relación con la ampliación del plazo de investigación solicitada por la parte quejosa dentro de la causa penal de origen, por sí sólo, no hace procedente el amparo indirecto, pues como ya se destacó, de conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, la acción de amparo resulta improcedente, a menos que se tratara de una resolución con efectos de imposible reparación. En relación con lo expuesto, es orientadora la tesis XXIV.1o.3 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito17, de rubro y texto siguientes Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, relacionada con el numeral 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional y por ende se desecha de plano la presente demanda de amparo de acuerdo con el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, asimismo, se tiene como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, de su parte a Miguel Ángel Meneses Valle, Jesús Eduardo Ortega Díaz, y René Veytia Martínez, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Aurelio Alonso Yáñez, y Jorge Arturo Valdez Villegas, por no contar con cédula registrada, así como a la persona que cita en su escrito de cuenta. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que a partir del diez de agosto de dos mil veinte podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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