Sheila Marina Ibarra Domínguez
Expediente 1213/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Sheila Marina Ibarra Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.Del dispositivo antes transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, la resolución emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en audiencia celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, de su índice, en la que rechazó la solicitud de imponer otra medida cautelar de ********************al dictarse auto de vinculación a proceso. No obstante, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 14374, se tuvo a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó que realizó las gestiones conducentes a fin de hacer disponibles las constancias relativas a la causa penal de origen ********************, de su índice, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de las que se advierte que en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, resolvió dejar sin efectos la medida de ********************que le había impuesto al aquí quejoso, y en su lugar le impuso las medidas cautelares previstas en las fracciones II y V del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: II. Exhibición de garantía económica, por la cantidad de $********************), que deberá presentar dentro de los cinco días siguientes al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley. V. No salir del Estado ni del país sin autorización del Juez. Asimismo, ordenó la inmediata libertad del quejoso por lo que hace a la causa penal de origen, como consecuencia de haber levantado la medida restrictiva de la libertad -acto que en esta vía constitucional se reclama-. Lo que se tiene a la vista como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del código adjetivo de procedimientos civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la Tesis: I.1o.A.14 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 1946, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de Por tanto, si con posterioridad a fecha de presentación de demanda de amparo que dio origen al presente asunto, la autoridad responsable determinó levantar la prisión preventiva de carácter oficioso y en su lugar impuso al quejoso diversas medidas cautelares, en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional de los actos reclamados en el escrito de demanda, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha el quejoso cuenta con diversas medidas cautelares, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia aludida. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro: Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro: Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: En esa tesitura, se advierte que se actualiza una manifiesta causal de improcedencia, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable por los motivos que la integran la Jurisprudencia 2a./J.10/2003 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 386, Novena Época, marzo de dos mil tres, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Robustece lo anterior, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de texto y rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para hoy; sin embargo, del estado de autos se obtiene que se encuentra transcurriendo la vista a las partes de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con motivo del informe justificado rendido por la autoridad responsable en auto de nueve de octubre del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios que remite la autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado solicitado y con su contenido dese vista a las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiente a la autoridad responsable, informando que Sheila Marina Ibarra Domínguez, es defensora pública federal del aquí quejoso. En tal virtud, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le tiene por reconocido a Sheila Marina Ibarra Domínguez, el carácter con el que se ostenta. Luego, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), se advierte que en el rubro "expedientes electrónicos relacionados" se puede visualizar las constancias relativas a la causa penal 81/2023 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138, 141, 144 y 146, todos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gabriel Rico Medina, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese.
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