Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez
Expediente 941/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Se da cuenta con certificación Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término concedido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en proveído de quince de febrero del año en curso, transcurrió del veinte al veintidós del mismo mes y año, sin que haya dado cumplimiento con lo solicitado, esto es, remitir copia autógrafa del acuerdo de doce de febrero del año en curso, dictado en el juicio ordinario laboral 3A-1739/2010, que contenga las correspondientes firmas, o bien, una copia certificada de ese acuerdo, asentando que es una reimpresión y que el original si se encuentra debidamente firmado por los funcionarios judiciales. Lo anterior, debido a que de la constancia anexa al oficio remitido por la Junta responsable el catorce de febrero del presente año, en la oficialía de partes de este juzgado, se advirtió que la misma no contenía la firma del presidente de dicha junta. Se requiere autoridad responsable En consecuencia, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con el requerimiento formulado en proveído de quince de febrero, atendiendo a los lineamientos precisados en párrafos anteriores; esto, con la finalidad de acordar lo conducente, respecto al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada. Subsisten apercibimientos En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de seis de febrero de este año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil diecinueve. Autoridad responsable remite constancias Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por la Auxiliar en Funciones de Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia del acuerdo de doce de febrero de este año, dictado en el juicio laboral número 3C-1739/2010, con lo que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se requiere constancias Sin embargo, como en la parte final de dicha determinación se asienta que la acordaron y firman el Presidente y Secretaria de la Junta Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, pero la resolución en comento no contiene firma del presidente de dicha junta; se estima necesario, requerir a la autoridad laboral en cita para que, dentro del término de tres siguientes contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia autógrafa del acuerdo de doce de los actuales, que contenga las correspondientes firmas; o bien, una copia certificada de ese acuerdo, asentando que es una reimpresión y que el original si se encuentra debidamente firmado por los funcionarios judiciales. Apercibimiento En el entendido de que subsisten los apercibimientos que le fueron formulados en auto de seis de febrero de este año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 941/2018 promovido por Mariano Barojas Rodríguez apoderado de Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le resultó el carácter de terceros interesados a persona alguna dada la naturaleza de los actos reclamados. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. En este acto, se hace constar y CERTIFICA: Que la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado del oficio 15728 que contiene el auto a través del cual se le solicitó, según se advierte de las constancias que obran en autos en específico la foja 12. EL JUEZ: Respecto de la omisión del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, continúese con la celebración de la audiencia dado que la omisión anotada, no es obstáculo para ello. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda; asimismo, obra en cuaderno de pruebas por separado copia certificada del expediente laboral 3C-1739/2010, medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 941/2018-VII, promovido por Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, por conducto de sus apoderados contra actos que reclama de la Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día; Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, por conducto de sus apoderados, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- a) La omisión de emitir el auto de admisión de pruebas, dictar resolución interlocutoria y notificar a las partes actos derivados de la tercería excluyente de preferencia JIII-1/2018 b)La omisión de admitir en trámite el incidente no especificado de nulidad de escrituras, señalar fecha para la audiencia incidental y notificar a las partes; y c)La omisión de admitir en trámite la tercería preferente de crédito, señalar fecha para la audiencia incidental y notificar a las partes, actos derivados del expediente ordinario número 3C-1739/2010. En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, se formó el expediente y lo registró bajo el número 941/2018; y por auto de doce de noviembre de dos mil dieciocho admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de la responsable de emitir auto respectivo a la conducencia de admisión de pruebas, así como la admisión o desechamiento de la tercería preferente de crédito promovida a su vez dentro de la diversa tercería excluyente de preferencia número JIII-1/2018, derivada del expediente original número 3C-1739/2010, del índice de la responsable. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres, fue omisa en rendir su informe, no obstante que fue notificado del oficio por el cual se le solicitó. No obstante lo anterior, no procede tener por cierta la omisión reclamada, puesto que la omisión reclamada lo es la omisión de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas, así como admitir o desechar la tercería de preferencia de crédito de la parte actora; por lo tanto, no compete a dicho fedatario público actuar al respecto, puesto que al no existir el proveído en el que se realice pronunciamiento relativo, no le asiste la obligación de notificar su contenido. En ese orden de ideas, ante la inexistencia de la omisión reclamada a la anotada autoridad responsable, y dada la falta de pruebas por parte de la quejosa que demostrara lo contrario, resulta procedente con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto a dicha autoridad se refiere. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Sexta Época Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XLIII, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 181 "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 4689/57. Adolfo Aguilar Borja y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Franco Carreño. Sexta Epoca, Primera Parte: Volumen XLIII, página 181. Amparo en revisión 6131/57. Antonio Macías Caballero y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volumen XLIII, página 181. Amparo en revisión 1275/55. Rodolfo Luna y coagraviados. 3 de enero de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Angel González de la Vega. Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 310, página 209". CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia de la omisión que se le reclama. En esos términos, en razón de que la responsable aceptó la omisión que se le reclama, lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, dicha existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas de la tercería excluyente de preferencia número 1/2018, derivada del expediente original número 3C-1739/2010, del índice de la responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Por lo que respecta al acto que por esta vía se reclama, debe decirse, que no hay término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, el cual puede reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo que, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis del texto literal y datos del localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 545/2004. J. Concepción Lomelí Rodríguez. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: César Augusto Vera Guerrero". SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En esencia, el requirente de protección de garantías alude que la omisión en que la Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado ha incurrido, consistente en dictar el auto respectivo a la admisión de pruebas, así como la admisión o desechamiento de la tercería preferente de crédito planteada por la parte actora en el juicio de origen, vulnera en su perjuicio la pronta y expedita impartición de justicia, prerrogativa consagrada en el artículo 17 Constitucional, la cual impone a los tribunales a impartir justicia en los términos establecidos en las leyes que rige el acto. No obstante, refiere que a pesar de que en el juicio natural desde el once de octubre de dos mil dieciocho, se reservó el acuerdo de pruebas, así como la admisión o desechamiento de la tercería planteada por la parte actora, hasta la fecha de presentación de la demanda no se ha proveído al respecto, por lo que desde su perspectiva, no se le imparte justicia en los lapsos de tiempo establecidos en la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no se ha dictado el auto de admisión de pruebas y admisión o desechamiento de la tercería preferente de crédito planteada por la parte actora en el juicio de origen. Al respecto asiste razón al demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta. Efectivamente, el tribunal responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie el laudo con que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento legal. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con la Junta responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Como se anticipó, tales argumentos resultan fundados, lo anterior, por los motivos que se expondrán más adelante. Cabe hacer una relación cronológica de los hechos que derivaron en el acto que por esta vía se reclama de la siguiente manera: Mediante escrito presentado el trece de julio de dos mil dieciocho, el apoderado de HSBC, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, grupo Financiero HSBC, promovió tercería excluyente de preferencia dentro del juicio ordinario laboral J-III-1739/2010, y ofreció medios de prueba. En proveído de uno agosto de dos mil dieciocho, la responsable determinó formar por cuerda separada el cuaderno de la tercería excluyente de preferencia, la admitió señalando fecha para la celebración de audiencia incidental, ordenando correr traslado a las partes. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciocho, los apoderados de la parte trabajadora dieron contestación a la mencionada demanda de tercería excluyente de preferencia presentada, ofrecieron pruebas y además promovieron incidente de nulidad de escritura, así como una diversa tercería preferente de crédito y seguido el procedimiento por sus trámites legales, el once de octubre de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de la tercería excluyente de preferencia, y se reservó proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas, así como la diversa tercería planteada por la parte actora, sin que se desprenda de las constancias remitidas que se haya proveído al respecto. Luego, como ya se mencionó, el quejoso reclama la omisión de dictar el auto respectivo a la admisión de pruebas, así como la admisión o desechamiento de la tercería preferente de crédito planteada por la parte actora dentro de la tercería excluyente de preferencia, promovida a su vez en el expediente laboral J-III-1739/2010, del índice de la responsable Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad capital. Como se señaló, la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre la junta responsable al no emitir el acuerdo respectivo, puesto que ha omitido dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 977, de la Ley Federal del Trabajo, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, como se verá a continuación: El artículo 17 de la Constitución Federal, dice lo siguiente: "...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial..." El precepto constitucional citado establece en favor de los gobernados la garantía individual de acceso a la jurisdicción, mediante la cual el Estado se hace cargo de la función jurisdiccional, que demanda del individuo la renuncia a hacerse justicia por propia mano y a ejercer violencia para ejercer su derecho. Las calidades de dicha garantía, son la existencia de tribunales donde se imparta justicia expedita, es decir, sin obstáculos de ninguna naturaleza para acceder a la jurisdicción, "en los plazos y términos que fijen las leyes"; de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; además de asegurar que los tribunales que la impartan sean independientes. En atención a la pretensión planteada por la promovente del amparo, resulta necesario determinar el contenido de la calidad de la garantía individual de acceso a la jurisdicción, relativa a la impartición de justicia "en los plazos y términos que fijen las leyes", para lo cual debe precisarse el significado de dicha expresión, empleada en la redacción del artículo 17 constitucional. De las discusiones que las Cámaras del Congreso de la Unión han hecho a lo largo de la institución del artículo 17 y las reformas que ha sufrido, se desprende que el propósito del Constituyente Permanente, al incluir en el texto constitucional la expresión "en los plazos y términos que fijen las leyes", fue el de constreñir al legislador a crear leyes que establecieran los plazos y procedimientos, conforme a las cuales los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, garantía que se satisface desde el momento mismo en que las legislaturas ordinarias dan cumplimiento a ese imperativo, al crear, emitir o formular las leyes que prevén los procedimientos y términos con base en los cuales se desarrollarán los juicios sometidos a la jurisdicción del juzgador. La interpretación directa del artículo 17 constitucional, en relación con el tema a examen, tiene apoyo en la doctrina jurisprudencial, pues el Tribunal en Pleno y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su integración durante la Quinta Época, sostuvieron las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 604, Tomo XXII, y 1013, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: Época: Quinta Época Registro: 280219 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXII Materia(s): Común Tesis: Página: 605 "ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. Amparo civil directo 1485/25. Lukín viuda de Schacht Catalina y coagraviados. 13 de marzo de 1928. Unanimidad de once votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Época: Quinta Época Registro: 358559 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLVIII Materia(s): Común Tesis: Página: 1014 "ADMINISTRACION DE JUSTICIA, EXPEDICION DE LA. El artículo 17 de la Constitución Federal, al elevar a la categoría de garantía individual la expedita administración de justicia, limitó esa garantía a los términos y plazos que fijen las leyes correspondientes; lo que quiere decir que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales de los tribunales de la República, han de fijarse las normas que regulan las actividades de las partes y de los Jueces, para obtener la intervención de éstos, para que decidan sobre las cuestiones surgidas entre particulares; por lo que desde este punto de vista la mayor o menor amplitud de acción en el tiempo, concedida a los litigantes, no debe considerarse sino como una forma procesal más o menos técnica o jurídica, pero nunca contraria a la disposición constitucional citada. Amparo civil en revisión 2443/35. Arriaga Agapito, quiebra de. 18 de abril de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Bazdresch. La publicación no menciona el nombre del ponente". En conclusión, el artículo 17 constitucional, tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas respectivas. Precisado lo anterior, conviene señalar el contenido de los artículos 685, 686, 771, 977, 978 y 979, de la vigente Ley Federal del Trabajo de aplicación. "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley.". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.." "Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno o por la Junta Especial que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: (ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; (ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; (ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Catorce de esta Ley; (ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y (ADICIONADA, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. (ADICIONADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) "Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería". (ADICIONADA CON LOS ARTICULOS QUE LA INTEGRAN, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Sección Segunda De la preferencia de créditos (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la Ley les concede en dicha disposición. (ADICIONADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata dejando a salvo sus derechos". Del contenido de los artículos trascritos, se colige que el trámite del derecho laboral es inmediato, teniendo la autoridad la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, en modo tal que se cumpla con el imperativo de dar celeridad a los juicios, ya que en su defecto se alargarían indefinidamente. Asimismo, que las tercerías se tramitarán por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución. Sin embargo, en el caso a estudio, la Junta responsable, desde el once de octubre de dos mil dieciocho, reservó proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas, así como admitir o desechar la preferencia de crédito; sin embargo, hasta la fecha no ha realizado pronunciamiento al respecto, no obstante que han transcurrido más de dos meses. De ahí que la junta responsable pasó por alto el contenido del artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo, dado que ha sido omisa en proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas, así como admitir o desechar la preferencia de crédito, lo que evidencia su actuar de manera contraria a los términos previstos por la ley, generando una violación en perjuicio del gobernado. Así, es claro que la actuación de la responsable violenta derechos humanos del quejoso, específicamente, el derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 constitucional, el cual entre otros aspectos, como ya se dijo, conlleva la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, a ministrar justicia en los plazos establecidos en la ley según se expuso previamente, circunstancia que como se acaba de demostrar no aconteció en el caso a estudio. Consecuentemente lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a la parte quejosa. Ahora, a fin de establecer cuáles son los efectos para los que se habrá de conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, es necesario precisar lo siguiente: El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Por lo tanto, si el artículo 17 constitucional, en la parte que interesa, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, debe otorgarse el amparo para que respete y cumpla lo que exige dicho precepto constitucional. Sin embargo, los alcances de dicha protección federal deben limitarse a la etapa procesal específica donde ocurrió la violación, pues así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número CV/2013 (10ª.) de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación". De ahí, que si se tiene en cuenta que la parte quejosa compareció a reclamar en la presente instancia constitucional, substancialmente, la omisión de la Junta responsable de proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas, así como admitir o desechar la preferencia de crédito, considerando la etapa procesal en que se encuentra el controvertido de origen, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, contra el acto reclamado a la Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, para el efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de su competencia, realice lo siguiente: - Para el caso de que a la fecha de que cause ejecutoria la presente resolución, no haya emitido proveído relativo a las pruebas ofrecidas, así como el relativo a admitir o desechar la tercería de preferencia de crédito, deberá de emitir por escrito dicha resolución dentro de la diversa tercería excluyente de preferencia número 1/2018, derivada del juicio laboral J-III-1739/2010. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77, fracción II de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, en contra de la omisión reclamada a la autoridad responsable Actuario adscrito a la Junta responsable, atento a las razones contenidas en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, respecto de la omisión reprochada a la Junta Especial número tres de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones y para los efectos precisados en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de noviembre de dos mil dieciocho. SE RECONOCE EL CARÁCTER QUE OSTENTA. Vista la demanda de amparo que promueve Mariano Barojas Rodríguez quien se ostenta apoderado de Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de poder general, que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a Mariano Barojas, el carácter de apoderado de Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, con el que comparecen a gestionar a esta instancia constitucional. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por Mariano Barojas Rodríguez apoderado de Sharbaal Nicolás Delgado Domínguez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y otras autoridades, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicite. Deberán acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. NO HA LUGAR A EMPLAZAR A TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a las personas morales y físicas que la parte quejosa señala en su demanda, toda vez que no encuadran en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III, de la Ley de la Materia, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda no se advierte que tengan un interés contrario al de la parte quejosa; aunado a que su llamamiento a juicio sólo retardaría el procedimiento dentro del mismo, sin pasar por alto que el acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo. SE ADMITEN PRUEBAS Con apoyo a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde ahora se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que se acompaña a la demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el acto de la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que señala en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo dada la naturaleza del acto reclamado. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Severo Francisco Riqueño124/2023
- Severo Padilla Garibay486/2021
- Severo Padilla Garibay631/2022
- Shaday Guerrero Flores1330/2023
- Shaila Bibiana Bautista Villar441/2021
- Shantal Macarena Chávez Pacheco499/2022
- Sharbal Nicolás Delgado Domínguez1322/2019
- Sidronio Torres Garibay688/2017
- Sigfrido Rosales Elizalde1215/2021
- Silverio Avalos Pérez111/2022
- Silvestre Camacho Miranda y Otros.858/2017
- Silvestre Picazo Cedeño646/2017