Servicios Jurídicos y Empresariales de Cajeme, Sociedad Civil

Expediente 1438/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1438/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Servicios Jurídicos y Empresariales de Cajeme, Sociedad Civil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo 1438/2021, y testimonio de la ejecutoria emitida por dicho tribunal, en la revisión administrativa ********************, de lo cual se advierte que se confirmó la sentencia dictada por este juzgado, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Glósense las constancias originales del expedientillo formado con motivo del medio de impugnación, con excepción de las constancias que constituyen reproducción fiel de las que obran en este asunto, para evitar agregarlas innecesariamente, pues únicamente duplicarían las existentes, lo que dificultaría el manejo del expediente al tornarse voluminoso, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Sin necesidad de requerir para que se presenten para devolución de documentos, dado que en este asunto no fueron exhibidos. Notifíquese; y, mediante oficio a la autoridad responsable, así como al órgano colegiado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Quinto Circuito, mediante el cual notifica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida el catorce de febrero anterior en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo, radicándose el asunto con el toca 317/2022. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el apoderado legal de la moral parte quejosa, y en atención a las manifestaciones que vierte, se le hace del conocimiento que mediante oficio 5963/2022, de catorce de marzo anterior, se remitió en revisión el juicio de amparo del cual deriva el presente cuadernillo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Juicio de amparo 1438/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las once horas con ocho minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por la responsable. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1438/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por oficio presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, el veintidós del mismo mes y año, Carlos Ernesto Hadad Parra, en su carácter de apoderado de Servicios Jurídicos y Empresariales de Cajeme, Sociedad Civil solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Congreso del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Continuando con el procedimiento, se celebró la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La omisión legislativa absoluta de adecuar el marco normativo en materia fiscal del ámbito local, en términos de lo ordenado en el artículo transitorio segundo del decreto de reforma al primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Congreso del Estado de Sonora, pues no obstante que negó la existencia de la omisión que se le atribuye, tal negativa se encuentra desvirtuada con el informe que rindió, en virtud de que de su lectura se aprecian manifestaciones que evidencian su certeza, ya que la responsable señala que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de ese Poder Legislativo, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, dentro de la cual se encuentra la reforma de los artículos 49 y 146 Quáter del Código Fiscal del Estado de Sonora, con la finalidad de dar cumplimiento a lo normado en el artículo 28 constitucional, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, como se constata en el punto 3 de la Gaceta Parlamentaria número 1408 del año 15, publicada en el Portal Oficial del Congreso del Estado de Sonora, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que puede consultarse en las siguientes páginas electrónicas: http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4298 y http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4280. Apoya lo anterior, la tesis con número de registro electrónico 211004, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Página: 391, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA. Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien, expongan razones tendientes a reforzar una negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos si existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Causa de improcedencia actualizada El estudio de las causas de improcedencia es preferente y de oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión legislativa reclamada por la parte quejosa. En efecto, el dispositivo normativo en cita establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Esta causa de improcedencia se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si el acto no hubiese irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no dejó huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos del acto reclamado, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la primera hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por revocación, y para justificar dicho aserto conviene narrar los antecedentes del acto reclamado, de conformidad con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa y los documentos que anexó a su demanda: El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se hizo la solicitud de información con número de folio 261157021000038 ante la Plataforma Nacional de Transparencia Sonora. El diez de noviembre de esa anualidad, se dio respuesta a dicha petición, en la que se le informó que a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a la información que se atiende, el Congreso del Estado de Sonora, aprobó el once de febrero de dos mil veinte, la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos, mediante acuerdo 231, sin embargo, a la fecha no se había armonizado el marco jurídico en la materia para adecuarlo a la reforma en mención. Ahora, es pertinente dejar establecido, que de las constancias que obran en el presente juicio de amparo, se advierte al rendir su informe justificado la autoridad responsable, Congreso del Estado de Sonora, señala que el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de ese Poder Legislativo, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, dentro de la cual se encuentra la reforma de los artículos 49 y 146 Quáter del Código Fiscal del Estado de Sonora, con la finalidad de dar cumplimiento a lo normado en el artículo 28 constitucional, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, como se constata en el punto 3 de la Gaceta Parlamentaria número 1408 del año 15, publicada en el Portal Oficial del Congreso del Estado de Sonora, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que puede consultarse en las siguientes páginas electrónicas: http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4298 y http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=4280. En efecto, los antecedentes destacados permiten concluir que la omisión legislativa reclamada por la parte quejosa, fue revocada por la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de ese Poder Legislativo, Estado de Sonora, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones fiscales, dentro de la cual se encuentra la reforma de los artículos 49 y 146 Quáter del Código Fiscal del Estado de Sonora, con la finalidad de dar cumplimiento a lo normado en el artículo 28 constitucional, cuya reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de dos mil veinte, como se constata en el punto 3 de la Gaceta Parlamentaria número 1408 del año 15, publicada en el Portal Oficial del Congreso del Estado de Sonora, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, que puede consultarse en las páginas electrónicas antes señaladas, así como también aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, número 53, Sección IV, de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Resulta aplicable al respecto en lo conducente, la tesis 2a. XCIX/2018 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1186, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Registro 2018277, Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EMITE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA OBLIGADA CONSTITUCIONALMENTE A EXPEDIR. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo prevé que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causal de improcedencia está determinada por la imposibilidad de alcanzar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, consistente en obtener la reparación constitucional, lo cual se logra, cuando el acto es de carácter negativo, constriñendo a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que le era constitucionalmente exigible. Por tanto, si la omisión legislativa absoluta consiste en un acto de carácter negativo por el incumplimiento del deber de legislar o de proveer en la esfera administrativa un debido acatamiento, es lógico que si durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad cumple con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente, deja de existir el acto omisivo reclamado y, en consecuencia, al cesar sus efectos, debe sobreseerse en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo." Es decir, la omisión legislativa reclamada cesó al ser revocada por la aprobación del decreto en mención, de diez de diciembre de dos mil veintiuno. En este orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, conforme al artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio amparo. Por lo expuesto y fundado: Se resuelve Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Ernesto Hadad Parra en su carácter de apoderado de Servicios Jurídicos y Empresariales de Cajeme, Sociedad Civil, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO

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