Servicios de Salud de Sonora
Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Sonora
- Francisca Lourdes Ballesterios Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Del oficio de cuenta suscrito por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida el veintidós de junio pasado, en autos del juicio de amparo en revisión laboral 44/2022, del que se desprende que se confirmó la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Acúsese recibo de estilo de la copia certificada del testimonio de ejecutoria en trato, así como de los autos originales del juicio de amparo 682/2021 de este órgano y tres legajos de pruebas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Valoración incidente. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable de las constancias que tuvo a bien remitir con su informe con justificación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que el trece de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Por otra parte, se advierte que en el presente cuaderno incidental se concedió la suspensión definitiva, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, quince de octubre de dos mil veintiuno. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por el apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 682/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con doce minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por el presidente de la junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, por sí y en representación de la junta que preside, y el actuario notificador adscrito a ésta, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, moral quejosa, tercera interesada y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran del referido informe. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar los formulados por la tercera interesada. El juez acuerda: Téngase por formuladas las manifestaciones de la tercer interesada y por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo.. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 682/2021; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitido por razón de turno al día hábil siguiente, a este órgano jurisdiccional, Servicios de Salud de Sonora, por conducto de su apoderado legal Ramón López Castro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del presidente de la junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Una vez subsanada la prevención formulada en autos, en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de tercera interesada a Francisca Lourdes Ballesteros Villa; quien, mediante escrito recibido el cuatro de agosto se apersonó a juicio. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado es declarativo y emitido por una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano judicial, lo que lo dota de competencia. III. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: La resolución incidental de liquidación de veinte de mayo de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente 3157/2015JE1, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y su ejecución. IV. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto que se reclama de la junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, su presidente y el actuario notificador adscrito a ésta, pues así se advierte de la lectura del informe con justificación que al efecto rindieron. Lo que se corrobora con las documentales que aportaron las autoridades responsables antes mencionadas, las cuales dada su naturaleza pública, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, intitulada: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causas de improcedencia -infundadas- En primer orden, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que hacen valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV; sin embargo, en virtud de que como ya se dijo, de las propias constancias allegadas al sumario se advierte la existencia del acto reclamado que se les atribuye. Asimismo, hacen valer la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, consistente en que el inconforme previo al juicio de derechos debe agotar el recurso ordinario que conceda la ley en materia del trabajo; no obstante, en el presente caso, no hay necesidad de agotar el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, debido a la naturaleza especial independiente que tiene el incidente de liquidación del laudo respecto del diverso procedimiento de ejecución de éste, ya que aquél es precisamente en el que se establece el importe de las prestaciones en las que hubo condena, y constituye un requisito previo y necesario para la ejecución de laudo. Consideraciones que derivaron en la jurisprudencia 2a./J. 67/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO. La interpretación armónica de los artículos 761 al 765, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo, permite concluir que si al emitir el laudo correspondiente en un juicio laboral, la Junta omite cuantificar el importe de la condena por la que se deberá despachar ejecución, cualquiera de las partes puede promover el incidente de liquidación respectivo, debiéndose estimar que la resolución interlocutoria que le pone fin o el acuerdo que lo deseche de plano, no forman parte del procedimiento de ejecución del laudo, en primer lugar, porque es emitido por la Junta y no únicamente por su presidente y, en segundo lugar, porque en esa resolución sólo se establece el importe líquido de las prestaciones de la condena, lo cual constituye un requisito previo para hacer ejecutable el laudo; de ahí que dichas resoluciones no puedan reputarse como actos de ejecución impugnables a través del recurso de revisión establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que en esas condiciones, no cabe agotar este recurso antes de promover en su contra la demanda de amparo, que debe ser indirecto en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." VI. Antecedentes del acto reclamado Para una mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes: Mediante laudo dictado el once de octubre de dos mil dieciocho y su aclaración de veintidós de noviembre siguiente, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el amparo directo 612/2017, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró procedente la acción intentada por Francisca Lourdes Ballesteros Villa, y se condenó a Servicios de Salud de Sonora, a la reinstalación de la actora en el puesto de administradora del Centro de Capacitación para la Salud, y al pago de salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional e incrementos salariales generados desde la fecha del despido; además, que en caso de negarse a reinstalarla en el puesto que venía desempeñando, a cubrirle la indemnización legal de tres meses de salario, más los veinte días por años de servicios, en términos de lo establecido por los numerales 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Inconforme con esa determinación, la moral demandada -aquí quejosa- promovió el juicio de amparo directo 41/2019, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, de esta ciudad, mismo que, por ejecutoria de diez de octubre de dos mil diecinueve, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Seguido el procedimiento de ejecución, la actora promovió incidente de liquidación de laudo, por lo que mediante proveído de veintidós de noviembre siguiente, se tuvo por interpuesta dicha incidencia y se corrió traslado a la parte demandada incidentista. El dos de diciembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia incidental de liquidación, en la que la junta responsable tuvo al apoderado legal de Servicios de Salud de Sonora, contestando la demanda incidental y ofreciendo las pruebas de su parte. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se dictó resolución en la que declaró procedente el incidente de liquidación de laudo y condenó a la demandada al pago de la cantidad de $1'226,727.78 (un millón doscientos veintiséis mil setecientos veintisiete pesos 78/100 moneda nacional), por concepto de las prestaciones de salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, entre otros. Contra esa determinación, la excepcionante promovió juicio de amparo indirecto, el cual tocó conocer a este órgano jurisdiccional, radicado bajo el número 198/2021, en el que, seguidos los trámites, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que la junta responsable dejara insubsistente la resolución recurrida y con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos de la sentencia constitucional, se pronunciara sobre los argumentos planteados por la parte demandada en el incidente de liquidación, resolviendo lo que en derecho correspondiera. El veinte de mayo de dos mil veintiuno, en cumplimiento a dicha resolución de amparo, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, dejó sin efectos la resolución de veintisiete de enero de dos mil veinte, y procedió a emitir una nueva resolución en donde, de nuevo, declaró procedente el incidente de liquidación de laudo y condenó a la demandada al pago de la cantidad de $1'092,641.14 (un millón noventa y dos mil seiscientos cuarenta y un pesos 14/100 moneda nacional), por concepto de las prestaciones de salarios caídos, aguinaldo, prima vacacional, entre otros. -Esta última determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo- VII. Estudio de fondo Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia y, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte que se configure alguna, procede enseguida analizar el fondo de la controversia constitucionalmente planteada, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la citada ley no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Precisado lo anterior, este juzgador estima que por cuestión de técnica jurídica los conceptos de violación se analizarán bajo el principio de estricto derecho, toda vez que en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En el primer concepto de violación, la moral quejosa esencialmente señala que se vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la autoridad responsable incurrió en violación del principio de legalidad en sus vertientes de congruencia, seguridad jurídica y debido proceso, pues omitió tomar en consideración las objeciones formuladas al contestar la plantilla de liquidación. Al efecto, el apoderado legal de la demandada -aquí quejosa-, esencialmente sostiene, que en la determinación reclamada la junta responsable indebidamente omitió tomar en consideración las objeciones que previamente realizó a las pruebas ofrecidas por la actora en el incidente de liquidación, a saber, confesional expresa, instrumental pública de actuaciones y tabulador de sueldos acordado para los empleados de base del Gobierno del Estado de Sonora, Organismos Públicos Descentralizados e Instituciones Afiliadas, emitido por el Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (SUTSPES). El motivo de disenso antes reseñado es inoperante. En primer término, resulta oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rindan las autoridades responsables; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el juez de distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la Litis en el juicio de amparo indirecto, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgador y lo que es materia de la controversia en el juicio, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. Asimismo, el Máximo Tribunal del País sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio. Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Precisado lo anterior, en el caso concreto, la parte quejosa es omisa en combatir directamente las consideraciones producidas por la junta responsable en la determinación de veinte de mayo dos mil veintiuno, a través de la cual, reconoció la existencia de objeción de pruebas ofertadas por la actora, y ante su ineficiencia, condenó a su representada al pago de diversas prestaciones laborales, esto es, omite exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la junta responsable para concluir en el sentido en que lo hizo, a razón de que carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada le causa una afectación, ya que prescinde de señalar los motivos por los que considera hubo omisión de la autoridad responsable al emitir la actuación reclamada. En efecto, de la parte conducente de esa determinación, se advierten las consideraciones siguientes: "Ante ello, el actor del presente juicio, compareció el día 02 de septiembre de 2019 a la audiencia incidental de liquidación, con el fin de cumplir con lo que se ordenó en laudo de 11 de octubre de 2018, exhibiendo un escrito constante de 08 fojas útiles y anexas las pruebas documentales que fueron objetadas por la parte demandada, por lo que deberá de analizarse su procedencia para los efectos que fueron ofrecidas; lo que se deberá servir para corroborar la veracidad de los incrementos salariales que fueron otorgados a los trabajadores al servicio del estado a nivel estatal. (.) La parte actora previniendo la objeción de la demandada respecto de las mencionadas copias simples de documentos oficiales, también ofreció como perfeccionamiento de ellas, COTEJO Y COMPULSA de las mismas aduciendo que se encuentran sus originales en poder del SINDICATO UNICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO SUSTPES, y ofrece el domicilio para ello; (.) (.), con el fin de mejor proveer, y en razón de QUE LA PARTE DEMANDADA OBJETO LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA ACTORA, y con el fin de corroborar que los incrementos que la parte actora ofrece en su plantilla no resultan excesivos, así como hacer expedita la impartición de justicia, es por lo que se procede al desahogo de la INSPECCIÓN Y FE JUDICIAL en lugar de la propuesta por la parte actora consistente en COTEJO Y COMPULSA (.) (.) debemos señalar que coinciden los incrementos salariales que señala el actor en su plantilla de liquidación con las pruebas que viene ofreciendo en su escrito, por lo que al haber consultado y haber dado fe el Secretario Dictaminador que esta Junta al momento de emitir el proyecto a Incidente de liquidación, el cual fue puesto a la vista de esta Potestad laboral, por lo que al adminicular todos y cada uno de los documentos que ofrece el actor en su escrito probatorio consistentes en documentales públicas en copias fotostáticas, cuentan con valor de indicios, mismas que al haber sido verificado su existencia, nos lleva a concluir que se trata de una prueba plena en favor de la parte actora. (.) Pruebas que al ser objetadas por la parte demandada y que comprobada su existencia, así como la veracidad de los incrementos salariales señalados por la actora, los cuales de manera alguna resultan ser desproporcionados, se le tiene por admitidas como originales. (.) Además, debe señalarse que no obstante de que la parte demandada objeta tanto los incrementos salariales como la existencia de los documentos ofrecidos por la parte trabajadora, no ofrece prueba alguna que desvirtúe lo señalado por la actora. (.) Lo que, sumado al desahogo de la prueba de inspección practicada por el secretario proyectista, se tiene como existencia plena de los documentos objetados, por lo que todos y cada uno de ellos, se deben de tener que las copias exhibidas por la actora son perfectas para demostrar los hechos pretendidos, (.) (.) Dichos porcentajes no obstante de ser objetados por la parte demandada, al no probar dicha parte que no existieron tales incrementos salariales y no probar que los documentos ofrecidos por la actora en copias imples no son reales e inexistentes, por lo que los incrementos que señala la actora deberá aplicar al momento de emitir la liquidación correspondiente, debiendo recordar que existen diversas prestaciones que ya se encuentra condenada la demandada y que se deben cubrir en la misma diligencia. De lo anterior, se evidencia la inoperancia de los motivos de violación en análisis, pues la parte quejosa se limitó a manifestar que incorrectamente la junta laboral fue omisa en cuanto a las objeciones realizadas a los medios de prueba de la parte actora. Sin embargo, con esos argumentos no controvierte frontalmente las consideraciones plasmadas por la junta responsable en la determinación reclamada, esto es, que las pruebas documentales ofrecidas por la trabajadora, pese a ser objetadas por la parte demandada, se acreditó su existencia por la junta laboral, por lo que se tuvieron por admitidas como originales; menos aún las razones por las cuales se tuvo a la demandada incidentista sin desvirtuar la pretensión de la actora. Como se dijo, si bien no es menester que la expresión de los conceptos de violación se realicen con determinada formalidad o solemnidad, sí resulta indispensable que se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, señalándose con claridad cuál es la lesión o agravio que estiman le causa la determinación impugnada, así como los motivos que lo originan, para que éstos puedan ser analizados en la sentencia. Por consiguiente, las consideraciones que se exponen no van dirigidas a descalificar y evidenciar la ilegalidad de los fundamentos y consideraciones precisadas. Resultan aplicables las jurisprudencias 36 y 1a./J. 19/2012 (9a.), del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida." "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En otro orden de ideas, en el segundo concepto de violación, el apoderado legal de la moral quejosa, esencialmente refirió que se vulneran en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que la autoridad responsable incurrió en violación del principio de legalidad en sus vertientes de seguridad jurídica y debido proceso. Con motivo de que en la resolución reclamada la autoridad responsable llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección y fe judicial en forma contraria a los artículos 827, 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto vigente hasta el uno de mayo de dos mil diecinueve, preveía lo siguiente: "Artículo 827.- La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los períodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma. Artículo 828.- Admitida la prueba de inspección por la Junta, deberá señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de apremio que procedan. Artículo 829.- En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta; II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben inspeccionarse; III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos." Por lo que la junta responsable, llevó el desahogo de la prueba de inspección y fe judicial contrario a la ley en materia laboral, porque una vez ofrecida -por motu proprio-, no señaló día, hora y lugar para su desahogo ni otorgó margen para que las partes y sus apoderados participaran en la formulación de objeciones u observaciones que estimaren pertinentes. Lo anterior es inoperante, pues resulta un hecho notorio para quien resuelve, que Servicios de Salud de Sonora promovió diversa demanda constitucional, la cual fue turnada a este juzgado, donde se registró bajo número 198/2021, contra el incidente de liquidación dictado previamente al que se reclama en el presente juicio, y donde enunció la misma violación procesal en contra de la autoridad señalada como responsable; sin embargo, en aquél asunto la quejosa se limitó a señalar su inconformidad sin realizar manifestaciones tendientes a combatir, descalificar o evidenciar la ilegalidad de los fundamentos y consideraciones de la junta responsable y, por ende, se declaró inoperante el motivo de disenso. De ahí que, el tópico de desahogo de prueba de inspección y fe judicial en el incidente de liquidación de laudo del juicio laboral 3157/2015, constituye cosa juzgada, debido a la firmeza que adquirió con motivo del amparo indirecto 198/2021. En efecto, la institución de la cosa juzgada salvaguarda la inmutabilidad de las sentencias que hayan causado ejecutoria, lo que implica que las cuestiones resueltas en éstas no son susceptibles de ser analizadas nuevamente en otro juicio de la misma clase, con la finalidad de evitar el riesgo de fallos contradictorios y tutelar los principios de certeza y seguridad jurídica. Así, la actualización de la cosa juzgada constituye un obstáculo para que el juez de amparo examine planteamientos que hayan sido materia de estudio en un juicio de amparo previo, por lo que los conceptos de violación relacionados con las cuestiones ya resueltas deben ser declarados inoperantes. Razonar en un sentido diverso, desembocaría en permitir la promoción ilimitada de juicios constitucionales por cada violación que -se estimara- faltó considerar en un juicio anterior, o perfeccionar aquellos conceptos declarados inoperantes, precisamente por no haberse hecho valer, a pesar de estar en plena aptitud de hacerlo y, por tanto, no ser materia de pronunciamiento del fallo elevado a la categoría de cosa juzgada, originándose con ello todo lo contrario que persigue la institución de orden público de la cosa juzgada, esto es, otorgar seguridad jurídica a las partes que intervengan en los juicios. Es de carácter orientador la tesis 1a. LXVI/2017 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, a página 576, Libro 43, Tomo I, correspondiente a la Décima Época, con registro digital 2014643, que señala: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." Consecuentemente, ante lo inoperante de los conceptos de violación y al no estar en alguna de las hipótesis en la que la queja deficiente deba suplirse lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado por Servicios de Salud de Sonora. Negativa que se hace extensiva a las autoridades responsables presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, y actuario ejecutor adscrito a ésta, toda vez que no se combatió por vicios propios sino como consecuencia de la determinación controvertida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 91, visible en la página 72, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la tercera interesada, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 43, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Tomo VI, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Servicios de Salud de Sonora, contra el acto y autoridades señaladas en los capítulos III y IV, del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado VII. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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