Servidor público Fernando Zaragoza Martínez

Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
582/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Servidor público Fernando Zaragoza Martínez
  • Carlos Alberto Angelino Barrón
  • Iván García Mijares Hernández
  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, máxime que este juicio no representa relevancia documental. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis ********************. Recepción de exhorto. Glósese a los autos el oficio con anexos remitido por el secretario adscrito al Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto **, del índice de este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece ********************. Baja de comunicación oficial enviada. En esa tesitura, dese de baja la comunicación oficial enviada, ******************** ******************** y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de junio de dos mil veintitrés. Designación de defensa. Glósese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el titular de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual designa a la licenciada **, para fungir como defensora pública de *** -quien funge como representante común de la parte quejosa en el presente juicio de derechos-. En esa virtud, pónganse a su vista las constancias que integran este juicio de derechos, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la defensora pública federal en cita. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de junio de dos mil veintitrés. 1. Recepción de conflicto. Glósese a los autos el oficio con anexos remitidos por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila, mediante el cual remite la resolución relativa al conflicto competencial 30/2023, suscitado entre el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, y este órgano judicial, de la cual se advierte que el órgano plenario resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, es legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de amparo presentada por ******************** y otros. [.] Acúsese el recibo de estilo del conflicto competencial 30/2023, del control del oficiante. 2. Suspensión de plano. Este juzgador no hará mayor pronunciamiento respecto a la suspensión de plano que solicitó la parte quejosa, pues el veintitrés de abril del presente año, dentro del juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, la titular de ese órgano jurisdiccional concedió la suspensión de plano a la parte accionante de amparo. 3. Prevención. Ahora bien, del estudio integral del escrito presentado electrónicamente se advierte lo siguiente: Parte quejosa ********************; ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** Autoridad responsable Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México; y otras autoridades. Al respecto, este juzgador advierte irregularidades en el escrito de demanda, por lo cual, a fin de acordar lo que en derecho corresponda respecto de la admisión de la demanda, conforme a lo establecido en el artículo 108, fracciones III, IV y V, en relación con el diverso numeral 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se hace necesario requerir a los promoventes, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en lo siguiente: Manifiesten con claridad y precisión cuál es el acto particular que le reclaman a cada una de las autoridades señaladas como responsables (jueces de Distrito); pues en relación con tal eventualidad, se advierte que indican a esas autoridades, con residencia en la totalidad de circuitos de este país, aduciendo genéricamente que, entre otros actos, reclaman "violación al principio pro persona" e "inaplicación de criterios internacionales"; sin embargo, no mencionan ni las especializaciones de los jueces de Distrito a que se refieren, ni derivado de qué expedientes o actuaciones concretas de dichos juzgadores se oponen tales reclamos; lo que también se hace necesario para establecer de manera concreta la Litis constitucional. Lo anterior significa, que la parte quejosa deberá precisar qué es lo que reclama a cada uno de los jueces de distrito con residencia distinta a la localidad en la que se encuentran internados los impetrantes, incluyendo también, la especialización, de ser el caso y el número de causa penal o expediente del que emerja el reclamo que le oponen a cada juzgador federal. Manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de manera cronológica los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que, este dato resulta ser un requisito indispensable de la demanda de amparo, según se establece en el artículo 108 de la ley de la materia. Por último, tampoco se soslaya que de acuerdo al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE- se han presentado un gran número de demandas (más de 31388) en distintas partes del país, relativas al mismo formato de demanda en el que aquí se promueve y en el que intervienen de manera repetida diversos quejosos de los que aquí promueven, entre otros, ********************, lo que pudiera dar lugar a cuestionar la intencionalidad de la presentación de dichas demandas y, en su caso, a ordenar vista al Ministerio Público Federal, al no manifestarse, ni apreciarse cuál es el motivo justificado por el que se presentan repetidamente dichos libelos, lo que, en determinado momento puede ser ocasión de obstrucción en la impartición de la justicia federal, con todas sus consecuencias legales. Por lo anterior, deberá explicar el motivo o motivos que le impelen a la presentación de esa diversidad de petitorias de amparo, en las que substancialmente se opone el mismo reclamo constitucional. No pasa inadvertido para este juzgador la solicitud de los peticionarios, relativa a la medida suspensional, la cual piden sustentando en el artículo 22 Constitucional; sin embargo, como ya se dijo, está surtiendo efectos la concedida el veintitrés de abril del presente año, otorgada por la titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, dentro del juicio de amparo ********************, de su índice. Debe acotarse que la prevención efectuada, no resulta una pretensión injustificada de este órgano de control Constitucional, sino que, parte de la voluntad de este juzgador de cumplir a cabalidad con los principios relativos a una eficaz y pronta aplicación de justicia que tutela el artículo 17 Constitucional en favor de los gobernados, para lo cual se considera necesario que la demanda cumpla con los requisitos de exigibilidad que alude el numeral 108 de la Ley de Amparo, determinando con precisión los actos que de cada autoridad se reclame, así como los antecedentes de dichos actos, expuestos bajo protesta de decir verdad y las autoridades que, en su caso, deben intervenir en el sumario constitucional. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de proceder a emitir pronunciamiento en torno a la procedencia del sumario y la competencia de este órgano de control constitucional. Se cita en su contenido, al respecto, la tesis I.1o.A.9 K, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CASO EN EL QUE DEBE DESECHARSE ANTE EL SEÑALAMIENTO DE UN CONSIDERABLE NÚMERO DE AUTORIDADES RESPONSABLES. El ánimo que motivó al Constituyente a prever la institución de amparo no puede identificarse con la posibilidad de obtener una especie de privilegio que impida en forma absoluta y general la operación de un amplísimo número de autoridades señaladas como responsables en la esfera jurídica del gobernado, cuando la afectación que aduzca no encuentre un enlace, basado en principios razonables, con hechos verosímiles o de probable realización, pues su finalidad no consiste en escudar a los particulares para que desarrollen en forma incontrolada las actividades reguladas por el orden jurídico, lo cual funda la obligación del Juez constitucional de analizar, desde la promoción del juicio, su relación efectiva con la finalidad constitucional pensada para dicho medio de impugnación, que consiste en remediar un exceso concreto proveniente de uno o varios órganos del Estado, lo cual orilló al legislador a prever la exigencia a cargo del quejoso de señalar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado en su demanda, cuya ratio legis es evitar el goce ilícito de beneficios cautelares o restitutorios mediante una demanda de garantías sustentada en la narración de hechos apartados de la realidad, por lo que el carácter excepcional de una promoción con ese grado de universalidad deriva que su tramitación requiera de la aportación o del sustento, no de las pruebas de la certeza de los actos reclamados, pero sí de los elementos que hagan creíble la magna intervención del gran número de autoridades que teme el particular, considerando que una demanda sustentada en hechos de realización inconcebible, cuya suscitación se aparta de las reglas de la lógica y de la experiencia judicial, no puede gozar, como el común de los casos, de presunción de veracidad, si se atiende a principios de racionalidad, destacando que el acceso de la parte quejosa a los tribunales se vería afectado, en ese caso, por cuestiones imputables a ella. En consecuencia, el señalamiento de un número considerable de autoridades responsables de la emisión de cierto acto, sustentado solamente en una exposición de antecedentes, de naturaleza tal que produzca en la mente del juzgador una percepción objetiva de su falta de verosimilitud, sin la existencia de cuando menos indicios que pudieran revertir esa apreciación resultante de principios lógicos, en ciertos casos específicos puede constituir un motivo notorio de improcedencia, aunque solamente de la parte de la demanda que, a juicio del a quo, implique tal abuso, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103 y 107 constitucionales, así como en los artículos 73, fracción XVIII, 11 y 116, fracción IV, de la ley mencionada, cuando se esté en presencia de una falta ostensible de relación de la pretensión del gobernado con la finalidad destinada por el Constituyente para el juicio de garantías, cuya tramitación afectaría, por un lado, el orden público, dada la paralización injustificada de gran número de autoridades; por otro, los derechos de quienes acuden a los tribunales por una justicia pronta y expedita, dañando en última instancia la legitimidad del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que puede provocar que se dicten medidas cautelares o restitutorias alejadas de la realidad, fomentando su más probable desacato con base en intereses de los poderes públicos más sólidos y justificados, sin perjuicio de que en aquellos casos en los que sea dudosa, es decir, no sea ostensible la relación de la pretensión del gobernado con el objeto constitucional de la acción de amparo, deba prevenirse al particular para los efectos pertinentes, antes de tener por no interpuesta la demanda en la parte que distorsione la naturaleza jurídica del juicio de garantías, que se aparte del propósito constitucional destinado a cumplir" Apercíbase que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido para ello, su demanda se tendrá por no presentada, conforme lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 4. Representante común. En término del artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte promovente se designa como representante común a ********************. 5. Domicilio. Conforme a lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones de carácter personal relativas al presente juicio de amparo, el lugar en el que se encuentran recluidos -penitenciaria de la Ciudad de México-. 6. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. 7. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 8. Autorizados. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no tiene designado asesor jurídico o defensor en el presente asunto. En consecuencia, a fin de garantizar efectivamente la igualdad de acceso a la justicia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado (defensor o asesor) para que represente con ese carácter a la parte quejosa en el trámite del presente juicio, en contra de los actos reclamados al director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades, que considera violatorios de sus derechos humanos, lo cual constituye la litis en este juicio de amparo, que constitucionalmente es un derecho de índole federal, mediante la cual el gobernado busca proteger sus derechos fundamentales. Asimismo, requiérase para que una vez designada la defensa de la parte quejosa, acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional en horas hábiles, -a saber, de lunes a viernes en un horario de nueve a quince horas- a fin de llevar a cabo la diligencia de aceptación de cargo. En el entendido de que la petición que se realiza al instituto de defensa pública, deriva también de la obligación que tiene este juzgador como garante de los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del peticionario de amparo, por ser una persona privada de su libertad. Es de invocarse en apoyo a lo acordado, la jurisprudencia V.3o.P.A. J/1, registro 2016971, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2171, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios". Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con tal requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. 9. Exhorto. En esa virtud, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición de su numeral 2, gírese atento exhorto al juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en Turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de la Ciudad de México, señalado como lugar donde se encuentran recluidos los agraviados, para que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique personalmente a la parte quejosa: ********************; ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** ******************** La presente determinación, anexando para tal efecto copia de la demanda de amparo. En la inteligencia que se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias, incluyendo habilitar días y horas inhábiles e imponer las medidas de apremio que la ley establezca; hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial en comento a la brevedad posible. Sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), expide dicha constancia. 10. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 11. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 12. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 13. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese vía exhorto a ********************, en su carácter de representante común de la parte promovente, y mediante oficio a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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