Servando Chávez Lechuga

Expediente 325/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
325/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Servando Chávez Lechuga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; siete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de seis de julio de dos mil diecisiete (foja 62), sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el quejoso *******, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido del presente acuerdo al mencionado quejoso. Una vez hecho lo anterior, devuelva la comunicación oficial correspondiente, con las constancias que acrediten su cumplimiento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil diecisiete. VISTO para dictar la resolución de cumplimiento en el expediente de amparo indirecto *******, promovido por *******; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, turnado el mismo día a este juzgado, *******, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, a quien le reclamó lo siguiente: La orden para que el quejoso fuera traslado del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba inicialmente privado de su libertad deambulatoria al Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con residencia en esta ciudad, así como la correspondiente ejecución de dicho mandato. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de veintiocho de marzo del año que transcurre (foja 7), se admitió a trámite el juicio el amparo *******; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades responsables; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional (foja 23) y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo, para que el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, efectuara lo siguiente: a) Deje insubsistente el oficio ******* (foja 15), de veinte de agosto de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En proveído de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (foja 36), se declaró que la sentencia de amparo había causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, se requirió el cumplimiento respectivo. CUARTO. Determinación emitida por la Autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido el doce de junio de dos mil diecisiete (foja 40), en la oficialía de partes de este juzgado, la responsable remitió copia certificada del acuerdo dictado el cinco de junio de la presente anualidad (foja 42), en el que dejó insubsistente el oficio *******, de veinte de agosto de dos mil catorce y ordenó que el quejoso fuera retornado al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como copia certificada de la orden de internamiento en el centro penitenciario previamente aludido y de un certificado médico de ingreso, expedido el ocho de junio del año en curso, por el medico de turno, adscrito al centro de reclusión en cita. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Atento a lo narrado en párrafos que preceden, por proveído de trece de junio del presente año (foja 47), se ordenó girar despacho al Juez de Distrito en turno, en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a efecto de darle vista al quejoso personalmente, con el oficio y anexos remitidos por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que: el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, dejó insubsistente el oficio *******, de veinte de agosto de dos mil catorce y retornó al quejoso al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua, en que se encontraba inicialmente privado de su libertad deambulatoria, tal como se estableció en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al imperante, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la Autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto *******, ha quedado cumplida. SEGUNDO. Se ordena agregar a los autos el oficio y anexo remitidos por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante los cuales devolvió debidamente diligenciado el exhorto *******, enviado por este Juzgado Federal, a fin de notificar al quejoso, el auto de trece de junio del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; con transcripción del presente proveído, acúsese a la autoridad oficiante, el recibo respectivo. TERCERO. En virtud de que el quejoso *******, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con sede en Aquiles, Serdán, Chihuahua; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Turno, en Chihuahua, Capital, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva ordenar a quien corresponda, notifique personalmente el contenido de la presente resolución al quejoso, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita. CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 86, 104 y 105 de la Ley de Amparo vigente al dos de abril de dos mil trece, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de esta legislación, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua: a) Deje insubsistente el oficio ******* (foja 15), de veinte de agosto de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgado, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Apercibida que de no hacerlo así dentro del término que se les señala: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a *******; y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de la inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien le reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO.- La modificación de la pena privativa de libertad que compurgamos consistente en ordenar y ejecutar mi traslado de una centro penitenciario a otro, sin nuestra autorización expresa, sin concederme previa garantía de audiencia y alejándome del Centro Penitenciario más cercano a nuestro domicilio, atribuyéndose la responsable una facultad que está reservada exclusivamente al Poder Judicial (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número ******* y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, la orden y ejecución de la misma, para que el quejoso fuera traslado del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba inicialmente privado de su libertad deambulatoria al Centro de Reinserción Social Estatal número tres, con residencia en esta ciudad. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, al rendir su informe justificado (fojas 13 a 18), aceptó la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistente en ordenar y ejecutar el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad. La aceptación de la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada, de las que se deduce que por oficio ******* (foja 15), de veinte de agosto de dos mil catorce, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, ordenó que el quejoso y otros, fueran trasladados del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua al Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con residencia en esta ciudad; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia o de sobreseimiento hechas valer por las partes, ni que este juzgador advierta, de oficio, que se actualice alguna, se impone procede abordar al estudio del fondo del asunto que se plantea. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la Ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Determinación que adopta este órgano jurisdiccional. Los conceptos de violación resultan esencialmente fundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Como preámbulo al análisis de la cuestión efectivamente planteada, el presente asunto no se analizará en función a las reglas particulares de esta materia (administrativa), porque con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, que se extendió al modelo del sistema penitenciario al establecerse que se organizará sobre la base de respeto a los derechos humanos. Por ello, actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender al traslado de internos, sino a las autoridades judiciales, en particular a los jueces a quienes la Ley encomienda la ejecución en materia penal; y será a la luz de esta particular naturaleza que se analizará la constitucionalidad del acto tildado de ilegal. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, de Octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, del siguiente tenor: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada. En la especie, el solicitante del amparo aduce sustancialmente que el mandamiento emitido por la autoridad responsable para trasladarlo del centro penitenciario en el que se encontraba recluido, esto es, del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en Ciudad Juárez, vulnera sus derechos humanos de debido proceso, legalidad, de protección integral, reintegración social y familiar, porque lo aleja injustificadamente del lugar en donde se lleva su proceso penal y donde tiene arraigo familiar, esto es, en la ciudad de Chihuahua. Como se adelantó, lo alegado por el quejoso es fundado, al ser suplido en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracciones II y III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para evidenciar la transgresión a los derechos el quejoso, es oportuno apreciar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Por su parte, en el artículo 18 constitucional, en lo que interesa, se establece las siguientes premisas: Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de reclusión será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Asimismo, el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Federal estatuye que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre este tópico, en la jurisprudencia P./J. 20/2012, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 1, materia constitucional, página 15, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que a partir de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondía, en exclusiva, al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encontraran las relativas al traslado de los sentenciados. Lo estimado por el legislador se corrobora en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consistían en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos podrían suceder eventos que debe deberían ser supervisados por la autoridad judicial, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios, así como el lugar donde debía extinguirse la pena. Asimismo, el Alto Tribunal consideró que como en dicha iniciativa se precisó que una de las finalidades de la reforma planteaba la necesidad de restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional, debía prevalecer que la determinación relativa al traslado de sentenciados de un centro penitenciario a otro, se encontrara reservada al Poder Judicial, conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio jurisprudencial P./J. 20/2012, al que se ha hecho referencia, es del siguiente tenor: MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en términos del artículo quinto transitorio del decreto respectivo, corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados, lo que se corrobora con la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a los artículos 18, 21 y 104 constitucionales, presentada en la sesión del 4 de octubre de 2007 de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la cual se destacó que los periodos de vida que los reclusos pasan en prisión cumpliendo sus sentencias no consisten en el simple transcurso del tiempo, pues en esos lapsos suceden muchos eventos que debe supervisar la autoridad judicial como, por ejemplo, la aplicación de penas alternativas a la de prisión, la concesión de beneficios o el lugar donde deba extinguirse la pena, siendo esta iniciativa la única en la que se hizo referencia a reservar la atribución citada a la autoridad judicial, entre las valoradas expresamente en el dictamen de origen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la referida Cámara, presentado en la sesión del 11 de diciembre de 2007, que a la postre daría lugar a las citadas reformas constitucionales, en el cual se precisó que estas reformas plantean restringir la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial, mediante la creación de la figura de "Jueces de ejecución de sentencias", dependientes de este Poder, en aras de que la totalidad de las facetas que integran el procedimiento penal queden bajo control jurisdiccional. Esta base jurídica pone de manifiesto que tratándose de delitos que merezcan pena privativa de la libertad, dará lugar a la prisión preventiva, que para dicha reclusión preventiva se destinarán centros especiales y, que las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos; asimismo, que tratándose de la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En esa línea de pensamiento, es inconcuso que en tratándose del traslado de reos de un centro penitenciario a otro, la autoridad judicial es la única competente para ordenarlo, pues así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la interpretación que realizó sobre el artículo 21, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea que se encuentren recluidos con motivo del establecimiento de la medida de prisión preventiva o en ejecución de la pena impuesta, porque con la referida orden de traslado, se modifican las condiciones en que el individuo afecto a una causa penal debe permanecer en prisión (preventiva o compurgando la pena impuesta), y el único ente facultado para variar el lugar en que ella se desarrolle es el Juzgador que la fijó. Además, tratándose de la prisión preventiva es necesario considerar que la orden de traslado afecta el derecho fundamental consistente en que aquélla se cumpla en el lugar del juicio, lo que a su vez, podría afectar o imposibilitar la realización de otros derechos rectores del proceso penal y elevados a rango fundamental, por estar inmersos en los artículos 16, tercer párrafo, 17, segundo párrafo, 18, primer párrafo, y 20, apartado A, fracciones III a IX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) celeridad, que se efectúa en condiciones que coadyuvan a la rápida solución del caso -y no en las que tiendan a hacer lenta esa decisión-; b) inmediatez, que tiende a asegurar la presencia real entre Juez e inculpado y que sea el mismo juzgador que participa en el desahogo de las pruebas quien las pondere al momento de juzgar; y c) defensa plena, consistente en que el inculpado, de manera personal -no sólo a través de un defensor-, esté en posibilidad real de participar en la preparación y desahogo de pruebas y del uso de medios de impugnación que la ley le brinda; de ahí la necesidad de que sea el juez de proceso quien sea el que determine en lugar donde deba quedar recluido el procesado. En la especie, de las constancias que obran en autos, se aprecia que el solicitante del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que se encontraba en el Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, con residencia en Aquiles Serdán. De igual modo, aparece que mediante la emisión del oficio ******* (foja 15), de veinte de agosto de dos mil catorce, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, ordenó el traslado, del aquí quejoso Servando Chávez Lechuga, del Centro de Reinserción Social Estatal número uno, ubicado en Aquiles Serdán al Centro de Reinserción Social Estatal número tres, en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar en el que quedó internado. En este orden de ideas, si la orden de traslado reclamada fue emitida por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, y no así por el juez o jueces ante los cuales se encuentra a disposición, que son las autoridades competentes para emitir dichos actos, es evidente que se trastoca en perjuicio del ahora inconforme el derecho humano contemplado en el artículo 16 constitucional, en el sentido de que todo acto de autoridad debe emanar de autoridad competente, requisito que, en la especie, no se cumple, pues como se dijo, la orden de traslado de mérito fue emitida por el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua. No obsta que el comunicado que contiene la orden de traslado del impetrante del amparo, se encuentre fundamentado en los artículos 1, 2, fracciones III, IV, V, 8, 16, fracciones I, inciso a) y b), II, inciso a), fracción III, inciso c), d) y e), 17, 22, 42, 53, 54, 59, 123, 146, 148, 154 y 155, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, pues con independencia de que en ellas se establezca: 1) la competencia de la autoridad administrativa en la administración del sistema penitenciario; 2) que atañe a los procesados que se encuentren internados en los centros de reinserción estatales o distritales, de tratamiento especial, o instituciones abiertas del Estado; 3) que corresponde a la Dirección General, como unidad administrativa del Gobierno del Estado, asumir la dirección y organización del Sistema, quien cuenta con diversas atribuciones y facultades; 4) que para el traslado de procesados será necesaria la autorización expresa del juez de la causa a cuya disposición se encuentre, salvo los casos de notoria urgencia en los que se ponga en peligro la vida o la integridad física de los internos o la seguridad y el orden del Centro, debiendo notificar a dicha autoridad al siguiente día hábil y, 5) que si el traslado del sentenciado es necesario o urgente, la Dirección general lo ejecutará, aún sin el consentimiento del interno, debiendo mediar una razón inmediata o grave que lo justifique, hipótesis en las cuales dará aviso inmediato al juez de ejecución para los efectos a que haya lugar; esas facultades que atribuye la legislación local no pueden contravenir lo preceptuado en los artículos 18 y 21 constitucionales. En tales condiciones, en virtud de que el acto reclamado fue emitido por una autoridad que carece de competencia legal para ello, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua: a) Deje insubsistente el oficio ******* (foja 15), de veinte de agosto de dos mil catorce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. b) Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro de Reinserción Social Estatal número uno, ubicado en Aquiles Serdán, Chihuahua, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. c) Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Dados los efectos por los cuales se concede el amparo, resulta innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación contenidos en la demanda, pues en cumplimiento a esta sentencia quedarán sin efectos los aspectos ahí impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 168, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, materia común, página 113, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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